Los ingenieros de informática han lamentado que el Gobierno aprobara el viernes la regulación de los estudios de varias ingenierías y no así los de ingeniería informática, y han advertido de que el Ejecutivo "sumirá a este país en un desfase tecnológico de 50 años".
El Consejo de Ministros aprobó, en su última reunión del año, las condiciones de los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones de Ingeniero Técnico e Ingeniero.
El Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos en Informática y el Comité de Creación del Consejo de Colegios de Ingenieros en Informática, que agrupa a todos los colegios profesionales de ingenieros en informática de España, se han referido a esta decisión del Gobierno en una nota de prensa conjunta remitida el sábado.
En este sentido, los informáticos, que han anunciado movilizaciones mensuales, han señalado que "con esta medida del Gobierno, los estudios de ingeniería e ingeniería técnica informática pasan de estar regulados a estar desregulados".
"Para más inri, se reconocen competencias en materia de informática a otras ingenierías, como son las de Telecomunicaciones, suponiendo esto nuevamente un grave agravio e, incluso, insulto a los 130.000 ingenieros e ingenieros técnicos en informática y a los 90.000 estudiantes de estas ingenierías", ha remachado este colectivo.
Los ingenieros de informática han recordado que en el resto de Europa la informática es "una carrera reconocida, perfectamente regulada y cuya profesión está regulada en países como Alemania, Francia, Italia, Grecia, Islandia, Portugal o Reino Unido".
El pasado 18 de diciembre, varios miles de ingenieros informáticos se concentraron en 34 ciudades españolas para pedir al Gobierno que regule la profesión y elabore las directrices de las nuevas titulaciones de Ingenierías Técnicas e Ingeniería Informática.
En esa ocasión, los estudiantes pidieron al Ministerio de Ciencia e Innovación que elabore una ficha de directrices específicas para las titulaciones de Ingeniería Informática, en las mismas condiciones que el resto de ingenierías, y en un plazo inferior a tres meses.
domingo, diciembre 28, 2008
sábado, diciembre 27, 2008
Futbolistas vascos se manifiestan en Bilbao junto a miembros de Batasuna-ETA
Futbolistas del Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Deportivo Alavés han encabezado la manifestación convocada en Bilbao por una plataforma de apoyo a las selecciones vascas. Los jugadores han portado una pancarta con el lema "Euskal Herria, una nación, una selección, una federación".
Una gran ikurriña abría la movilización, convocada por Esait, que ha partido de la Plaza Aita Donosti para recorrer las principales calles de la capital vizcaína, encabezada por jugadores de la Real Sociedad, como Mikel Labaka o Jon Ansotegi, del Alavés, como Gaizka Garitano, o del Athletic, como Joseba Garmendia, entre otros Entre los deportistas vascos que han participado en la marcha también se encontraban Eba Ferreira, del Athletic femenino, el ex futbolista del club rojibanco y portavoz de Esait, Ricardo Mendiguren, el ex futbolista de la Real, Aitor López Rekarte, el pelotari Xabi Galarza, o el surfista Iker Acero.
Una amplia representación de Batasuna-ETA también se ha sumando a la manifestación, entre ellos, la miembro de la Mesa Nacional de la formación, Jone Goirizelaia, el dirigente de HB, Tasio Erkizia, la portavoz del PCTV, Nekane Erauskin, el representante de ANV, Aitor Bezares, y los ex dirigentes de LAB, Rafa Díez Usabiaga o Txutxi Ariznabarreta. También han estado presentes en el acto la secretaria de organización de EA, Elisa Sainz de Murieta, y los dirigentes de Aralar Josu Murgia y Dani Maeztu., así como miembros de diferentes agrupaciones sindicales como ELA, LAB, ELB, HIRU y STE-EILAS.
'Euskal Herria' en lugar de 'Euskadi'
La manifestación se ha celebrado después de que el pasado 23 de diciembre la selección vasca no jugara el partido amistoso contra Irán en San Mamés por negarse a disputar el encuentro bajo la denominación de 'selección de Euskadi' y querer jugar como 'Euskal Herria'.
El pasado 13 de noviembre, 165 futbolistas de élite, entre ellos la plantilla del Athletic en pleno y los jugadores seleccionables de la Real, Alavés y Eibar, firmaron un documento, apoyado el 3 de diciembre por otro suscrito por 798 deportistas vascos, en el anunciaron que no jugarían dicho encuentro con el nombre de "Euskadi".
La selección vasca de fútbol disputó sus encuentros desde 1937 a 2006 con el nombre de "Euskadi" y en 2007, a petición de los futbolistas, se cambió por el de "Euskal Herria". Para el partido ante Irán, la Federación vasca, organizadora del encuentro, había optado por recuperar la antigua nomenclatura.
Una gran ikurriña abría la movilización, convocada por Esait, que ha partido de la Plaza Aita Donosti para recorrer las principales calles de la capital vizcaína, encabezada por jugadores de la Real Sociedad, como Mikel Labaka o Jon Ansotegi, del Alavés, como Gaizka Garitano, o del Athletic, como Joseba Garmendia, entre otros Entre los deportistas vascos que han participado en la marcha también se encontraban Eba Ferreira, del Athletic femenino, el ex futbolista del club rojibanco y portavoz de Esait, Ricardo Mendiguren, el ex futbolista de la Real, Aitor López Rekarte, el pelotari Xabi Galarza, o el surfista Iker Acero.
Una amplia representación de Batasuna-ETA también se ha sumando a la manifestación, entre ellos, la miembro de la Mesa Nacional de la formación, Jone Goirizelaia, el dirigente de HB, Tasio Erkizia, la portavoz del PCTV, Nekane Erauskin, el representante de ANV, Aitor Bezares, y los ex dirigentes de LAB, Rafa Díez Usabiaga o Txutxi Ariznabarreta. También han estado presentes en el acto la secretaria de organización de EA, Elisa Sainz de Murieta, y los dirigentes de Aralar Josu Murgia y Dani Maeztu., así como miembros de diferentes agrupaciones sindicales como ELA, LAB, ELB, HIRU y STE-EILAS.
'Euskal Herria' en lugar de 'Euskadi'
La manifestación se ha celebrado después de que el pasado 23 de diciembre la selección vasca no jugara el partido amistoso contra Irán en San Mamés por negarse a disputar el encuentro bajo la denominación de 'selección de Euskadi' y querer jugar como 'Euskal Herria'.
El pasado 13 de noviembre, 165 futbolistas de élite, entre ellos la plantilla del Athletic en pleno y los jugadores seleccionables de la Real, Alavés y Eibar, firmaron un documento, apoyado el 3 de diciembre por otro suscrito por 798 deportistas vascos, en el anunciaron que no jugarían dicho encuentro con el nombre de "Euskadi".
La selección vasca de fútbol disputó sus encuentros desde 1937 a 2006 con el nombre de "Euskadi" y en 2007, a petición de los futbolistas, se cambió por el de "Euskal Herria". Para el partido ante Irán, la Federación vasca, organizadora del encuentro, había optado por recuperar la antigua nomenclatura.
martes, diciembre 23, 2008
Si el lanzazapatos hubiera apuntado a Sadam...
Muntazer al Zaidi: he aquí el nombre del nuevo héroe de multitud de musulmanes. El presidente Bush visitaba por sorpresa Irak y daba una rueda de prensa con el premier Nuri al Maliki; en un momento dado de la misma, el reportero Al Zaidi gritó: "Ésta es tu despedida, perro", y acto seguido lanzó un zapato a Bush. Y luego otro. No consiguió su objetivo porque el presidente norteamericano estuvo ágil y logró esquivarlos. Más tarde, y haciendo gala de su sentido del humor, Bush comentó: "Era del número 42".
El hermano del lanzazapatos ha dicho que éste es un tipo "algo nervioso" que "odia sobre todas las cosas la violencia y las bombas". Su empresa, la cadena de televisión iraquí radicada en Egipto Al Bagdadia, se ha negado a disculpase por el comportamiento de su reportero, a quien, de hecho, considera "un árabe orgulloso y un hombre de mente abierta".
Según informan los medios de comunicación, este odiador de la violencia admira al Che Guevara. El emigrante cubano Humberto Fontova, autor de Exposing the Real Che Guevara (El verdadero Che Guevara) atribuye al argentino unas 14.000 ejecuciones. Hay testimonios que aseguran que este icono de innumerables radicales asesinó personalmente a centenares de personas, niños y mujeres embarazadas incluidas. Dejo aquí la digresión.
Varios de los reporteros iraquíes presentes en la referida rueda de prensa pidieron disculpas al presidente de los Estados Unidos. Tal y como hizo notar un periodista, "fue un reportero quien redujo [a Al Zaidi] antes de que los guardaespaldas iraquíes o estadounidenses pudieran alcanzarle". Sin embargo, en EEUU muchos de los medios aborrecedores de Bush parecían exultar; sin lugar a dudas, veían en los zapatazos de Al Zaidi una vindicación de su propia hostilidad hacia la guerra.
Chris Cuomo, de Good Morning America (ABC), dijo: "¿Se acuerda de cuando fue derribada la estatua de Sadam Husein? Todo el mundo empezó a arrojarle los zapatos.... ¿Por qué? Mostraban su desprecio. Es un insulto de gran calibre". Y un reportero del Early Show de la CBS, lo que sigue:
El mensaje de progreso de Bush quedó eclipsado en Bagdad por una nueva muestra de su impopularidad (...) El simbolismo no pasó inadvertido a los iraquíes, que en ocasiones se sirven de sus zapatos para manifestar un desprecio extremo, como se pudo ver cuando, hace cinco años, los marines echaron abajo la estatua de Sadam Husein.
Esto pudo leerse en Los Angeles Times:
Cuando el periodista iraquí lanzó los zapatos al presidente Bush, Oriente Medio vio su propia versión de Joe el Fontanero. Igual que sus reproches a Barack Obama catapultaron a la fama a Joe Wurzelbacher, el estallido de ira [de Al Zeidi] contra Bush (...) le ha hecho célere en todo Oriente Medio.
¿Joe el Fontanero? ¿Estamos hablando de ese ciudadano de clase media que, con toda la educación del mundo, preguntó al entonces candidato demócrata a la Casa Blanca por sus ideas sobre el reparto de la riqueza? ¿O es que hay otro vídeo, del que nadie ha tenido noticia hasta la fecha, en que se ve al amigo Joe tirarle a Obama un par de llaves inglesas a la cabeza y llamándole "perro"?
Llegados a este punto, convendría plantearse varias preguntas. Para empezar, imaginemos que los zapatos hubieran alcanzado su objetivo. ¿Qué habría pasado si Bush hubiera sido alcanzado en un ojo y resultado herido de gravedad? Después de todo, en pleno caos, la secretaria de Prensa Dana Perino resultó herida, precisamente, en un ojo como consecuencia del impacto de un micrófono. ¿Habrían encontrado tan gracioso el suceso los medios si el objetivo hubiera sido Obama? Después de todo, es bastante creíble que el presidente electo reciba más amenazas de lo normal.
Esto nos lleva a otra pregunta sustanciosa: ¿cómo permitió el Servicio Secreto que un mismo sujeto lanzara no uno, sino dos ataques?
Ahora supongamos que el periodista iraquí hubiera lanzado sus zapatos a Sadam Husein.
Durante sus 24 años de gobierno terrorífico, Sadam dio muerte a unos 300.000 iraquíes. Algunos hablan de más de un millón. Esto significa que, en el mejor de los casos –es un decir–, durante los seis últimos años Sadam habría matado a unas 75.000 personas. Desde la invasión de Irak por parte de la coalición, en marzo de 2003, el Iraq Body Count –que muchos consideran fiable– sitúa la cifra de muertes violentas de civiles iraquíes entre 89.000 y 98.000, cifra que incluye a los insurgentes y a las víctimas de éstos. No obstante, Irak tiene un Gobierno democrático multiconfresional, una mejor situación económica y una prensa libre.
"En todo el centro de Irak –relataba la BBC sólo unos meses después de la caída de Sadam Husein– emergen emisoras independientes de radio y televisión, que llenan el vacío dejado por la fenecida cadena nacional (...) Luego de años y más años de censura, os iraquíes están saludando con entusiasmo las posibilidades de la prensa libre. Junto a estas emisoras improvisadas, el iraquí tiene a su disposición periódicos de todo el espectro político".
¿Qué le deparará el futuro al lanzazapatos? "[Con Sadam Husein,] cualquier insulto al presidente o a los invitados del presidente solía castigarse con la pena capital", explica el productor de NBC News Ghazi Balkiz. Mientras Al Zaidi permanezca bajo custodia, no tendrá que temer que lo saquen con los pies por delante. ¿Quién sabe? Lo mismo hasta le devuelven los zapatos.
© Laurence A. Elder Distributed by Creators Syndicate Inc.
El hermano del lanzazapatos ha dicho que éste es un tipo "algo nervioso" que "odia sobre todas las cosas la violencia y las bombas". Su empresa, la cadena de televisión iraquí radicada en Egipto Al Bagdadia, se ha negado a disculpase por el comportamiento de su reportero, a quien, de hecho, considera "un árabe orgulloso y un hombre de mente abierta".
Según informan los medios de comunicación, este odiador de la violencia admira al Che Guevara. El emigrante cubano Humberto Fontova, autor de Exposing the Real Che Guevara (El verdadero Che Guevara) atribuye al argentino unas 14.000 ejecuciones. Hay testimonios que aseguran que este icono de innumerables radicales asesinó personalmente a centenares de personas, niños y mujeres embarazadas incluidas. Dejo aquí la digresión.
Varios de los reporteros iraquíes presentes en la referida rueda de prensa pidieron disculpas al presidente de los Estados Unidos. Tal y como hizo notar un periodista, "fue un reportero quien redujo [a Al Zaidi] antes de que los guardaespaldas iraquíes o estadounidenses pudieran alcanzarle". Sin embargo, en EEUU muchos de los medios aborrecedores de Bush parecían exultar; sin lugar a dudas, veían en los zapatazos de Al Zaidi una vindicación de su propia hostilidad hacia la guerra.
Chris Cuomo, de Good Morning America (ABC), dijo: "¿Se acuerda de cuando fue derribada la estatua de Sadam Husein? Todo el mundo empezó a arrojarle los zapatos.... ¿Por qué? Mostraban su desprecio. Es un insulto de gran calibre". Y un reportero del Early Show de la CBS, lo que sigue:
El mensaje de progreso de Bush quedó eclipsado en Bagdad por una nueva muestra de su impopularidad (...) El simbolismo no pasó inadvertido a los iraquíes, que en ocasiones se sirven de sus zapatos para manifestar un desprecio extremo, como se pudo ver cuando, hace cinco años, los marines echaron abajo la estatua de Sadam Husein.
Esto pudo leerse en Los Angeles Times:
Cuando el periodista iraquí lanzó los zapatos al presidente Bush, Oriente Medio vio su propia versión de Joe el Fontanero. Igual que sus reproches a Barack Obama catapultaron a la fama a Joe Wurzelbacher, el estallido de ira [de Al Zeidi] contra Bush (...) le ha hecho célere en todo Oriente Medio.
¿Joe el Fontanero? ¿Estamos hablando de ese ciudadano de clase media que, con toda la educación del mundo, preguntó al entonces candidato demócrata a la Casa Blanca por sus ideas sobre el reparto de la riqueza? ¿O es que hay otro vídeo, del que nadie ha tenido noticia hasta la fecha, en que se ve al amigo Joe tirarle a Obama un par de llaves inglesas a la cabeza y llamándole "perro"?
Llegados a este punto, convendría plantearse varias preguntas. Para empezar, imaginemos que los zapatos hubieran alcanzado su objetivo. ¿Qué habría pasado si Bush hubiera sido alcanzado en un ojo y resultado herido de gravedad? Después de todo, en pleno caos, la secretaria de Prensa Dana Perino resultó herida, precisamente, en un ojo como consecuencia del impacto de un micrófono. ¿Habrían encontrado tan gracioso el suceso los medios si el objetivo hubiera sido Obama? Después de todo, es bastante creíble que el presidente electo reciba más amenazas de lo normal.
Esto nos lleva a otra pregunta sustanciosa: ¿cómo permitió el Servicio Secreto que un mismo sujeto lanzara no uno, sino dos ataques?
Ahora supongamos que el periodista iraquí hubiera lanzado sus zapatos a Sadam Husein.
Durante sus 24 años de gobierno terrorífico, Sadam dio muerte a unos 300.000 iraquíes. Algunos hablan de más de un millón. Esto significa que, en el mejor de los casos –es un decir–, durante los seis últimos años Sadam habría matado a unas 75.000 personas. Desde la invasión de Irak por parte de la coalición, en marzo de 2003, el Iraq Body Count –que muchos consideran fiable– sitúa la cifra de muertes violentas de civiles iraquíes entre 89.000 y 98.000, cifra que incluye a los insurgentes y a las víctimas de éstos. No obstante, Irak tiene un Gobierno democrático multiconfresional, una mejor situación económica y una prensa libre.
"En todo el centro de Irak –relataba la BBC sólo unos meses después de la caída de Sadam Husein– emergen emisoras independientes de radio y televisión, que llenan el vacío dejado por la fenecida cadena nacional (...) Luego de años y más años de censura, os iraquíes están saludando con entusiasmo las posibilidades de la prensa libre. Junto a estas emisoras improvisadas, el iraquí tiene a su disposición periódicos de todo el espectro político".
¿Qué le deparará el futuro al lanzazapatos? "[Con Sadam Husein,] cualquier insulto al presidente o a los invitados del presidente solía castigarse con la pena capital", explica el productor de NBC News Ghazi Balkiz. Mientras Al Zaidi permanezca bajo custodia, no tendrá que temer que lo saquen con los pies por delante. ¿Quién sabe? Lo mismo hasta le devuelven los zapatos.
© Laurence A. Elder Distributed by Creators Syndicate Inc.
martes, diciembre 16, 2008
Trabajo ficha a niños de catorce y quince años para maquillar la destrucción de empleo
El Gobierno intenta evitar el hundimiento de afiliaciones a la Seguridad Social a toda costa. El método es incluir a menores de 16 años en las listas bajo el pretexto de actualizar sus seguros escolares, según conoció en exclusiva LD.
El Ministerio de Trabajo continúa en su batalla por maquillar las cifras del mercado laboral ante la debacle que se está produciendo en España como consecuencia de la crisis económica. En lugar de adoptar políticas activas de empleo, la estrategia del Ejecutivo es cocinar las estadísticas y garantizar públicamente las prestaciones aunque la caja estatal esté vacía.
Primero el ministro Celestino Corbacho decidió sacar de las listas de parados a los desempleados que estuvieran asistiendo a cursos de formación, después planteó la salida de los registros del INEM de los prejubilados, y ahora apuesta por elevar las afiliaciones incluyendo a niños que no están en edad de trabajar.
Según confirmaron a LD padres afectados, centros escolares y funcionarios del INEM, algunas escuelas e institutos están entregando a menores de 16 años unos documentos por los cuales la Tesorería General de la Seguridad Social “procede a asignar” un número de afiliación a los escolares, distinto al de sus padres, a pesar de que no están en edad de trabajar y, por lo tanto, no cotizan al sistema de protección estatal
LD ha podido documentar varios de estos casos, que afectan a dos provincias españolas, aunque desde los Servicios Públicos de Empleo del Ministerio de Trabajo se admite que son miles los niños menores de 16 a los que se les asigna el número de afiliación:
"En muchos institutos, colegios concertados y privados, de toda España se ha afiliado a clases enteras de alumnos de 14 y 15 años con la excusa del seguro escolar, aunque la edad legal para trabajar son los 16 años cumplidos, salvo en el caso especial de menores que ejercen una actividad artística no continua, como, por ejemplo los actores. Sin embargo, en otros centros, según hemos comprobado, esta no es la pauta seguida. En estos últimos lo único que se requiere a los padres es el abono de la cuota anual del seguro escolar cuando matriculan a sus hijos", explica un funcionario del INEM.
El Ministerio de Trabajo continúa en su batalla por maquillar las cifras del mercado laboral ante la debacle que se está produciendo en España como consecuencia de la crisis económica. En lugar de adoptar políticas activas de empleo, la estrategia del Ejecutivo es cocinar las estadísticas y garantizar públicamente las prestaciones aunque la caja estatal esté vacía.
Primero el ministro Celestino Corbacho decidió sacar de las listas de parados a los desempleados que estuvieran asistiendo a cursos de formación, después planteó la salida de los registros del INEM de los prejubilados, y ahora apuesta por elevar las afiliaciones incluyendo a niños que no están en edad de trabajar.
Según confirmaron a LD padres afectados, centros escolares y funcionarios del INEM, algunas escuelas e institutos están entregando a menores de 16 años unos documentos por los cuales la Tesorería General de la Seguridad Social “procede a asignar” un número de afiliación a los escolares, distinto al de sus padres, a pesar de que no están en edad de trabajar y, por lo tanto, no cotizan al sistema de protección estatal
LD ha podido documentar varios de estos casos, que afectan a dos provincias españolas, aunque desde los Servicios Públicos de Empleo del Ministerio de Trabajo se admite que son miles los niños menores de 16 a los que se les asigna el número de afiliación:
"En muchos institutos, colegios concertados y privados, de toda España se ha afiliado a clases enteras de alumnos de 14 y 15 años con la excusa del seguro escolar, aunque la edad legal para trabajar son los 16 años cumplidos, salvo en el caso especial de menores que ejercen una actividad artística no continua, como, por ejemplo los actores. Sin embargo, en otros centros, según hemos comprobado, esta no es la pauta seguida. En estos últimos lo único que se requiere a los padres es el abono de la cuota anual del seguro escolar cuando matriculan a sus hijos", explica un funcionario del INEM.
sábado, diciembre 13, 2008
Aguirre desmonta las consignas de Mayo del 68: "Quieren igualar la ignorancia de todos"
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha dicho este sábado que los liberales tienen pendiente "un ajuste de cuentas" con el Mayo del 68 para combatir "los dogmas pedagógicos y políticos" de sus herederos.
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que comparte el eslogan acuñado en el mayo del 68 en el que se defendía la teoría del "prohibido prohibir", y dijo defenderlo en un momento en el que los españoles viven "con un Gobierno que constantemente demuestra un afán intolerable de intervenir en los comportamientos de las personas hasta en las decisiones más intimas".
Aguirre hizo esta afirmación durante su intervención en las jornadas Adiós a mayo del 68 organizadas en el CEU por la Unión Democrática de Estudiantes (UDE) y las Nuevas Generaciones del PP de Madrid, en las que manifestó que el embrión de aquel movimiento tiene valores que pueden compartir los políticos que, como ella, colocan "la libertad como móvil central de su actividad política".
"Este ajuste de cuentas que tenemos pendiente nos tiene que llevar a criticar y a combatir políticamente a los que para luchar con el autoritarismo acabaron con la autoridad académica y moral del profesor y a los que para ofrecer a todos oportunidades iguales han caído en el absurdo de igualar la ignorancia de todos bajando el listón y a los que buscaban ser abiertos y dialogantes con todos han terminado en el relativismo moral del todo vale", dijo la presidenta madrileña.
La dirigente regional indicó que los efectos "más nefastos" de la revuelta de mayo del 68 se han producido en el campo de la educación donde, según dijo, "todavía hoy están más vivos", y se refirió en concreto a la situación de la España actual.
Además, subrayó que los liberales consideran que la Educación sirve para transmitir conocimiento y preparar a los jóvenes para la vida, por lo que abogó por combatir los dogmas pedagógicos y políticos de aquel mayo del 68 "porque al final los que se apropian de la herencia de aquel movimiento de origen libertario son partidos de izquierda que huérfanos del marxismo encontraron en las simplezas del mayo la base dogmática de sus propuestas esenciales, sobre todo en Educación".
Así, recalcó que partidos como el comunista que "practicaba el más estricto autoritarismo" propuso la desaparición del papel del profesor como autoridad, en la desaparición de los exámenes y de las calificaciones para "evitar traumas a los alumnos" o en la consideración de la transmisión del saber como algo secundario frente a la transmisión de valores.
A su juicio, es "curioso", que los partidos marxistas predicaran estas propuestas en Occidente "mientras que en la Unión Soviética o en sus países satélites no permitían la menor relajación y conservaban un sistema estricto educativo basado en el esfuerzo, el mérito y en la pura y dura transmisión de los conocimientos".
Romanticismo de adolescentes
La jefa del Ejecutivo autonómico manifestó que el mayo del 68 es un movimiento basado "únicamente en algunas intuiciones, eslóganes o frases más o menos brillantes que han tenido éxito e influencia" en la sociedad, y apuntó que la "inmensa mayoría" de aquellos grafittis "son sólo la expresión de un romanticismo adolescente bastante cursi", poniendo como ejemplo la frase "debajo de lo adoquines está la playa". "No deja de ser una metáfora simplona sin significado preciso", agregó.
Tras reseñar que el espíritu de mayo del 68 está aun vivo en la vida y en política, indicó que la base sobre la que surgió el mayo del 68, la búsqueda de libertad, "era una pretensión sana". Además, aseveró que las ansias de libertad, "inconcretas, desordenadas e infantiles" hicieron que las revueltas levantaran curiosidad en mucha gente.
Aguirre recordó que tras los primero momentos de las revueltas se produjo un "curioso fenómeno de fagocitación" en el que "los partidos de izquierda y de extrema izquierda van a hacer suyos" algunos de los eslóganes del mayo del 68 para convertirlos en dogmas de sus políticas.
"De esta manera, que lo que nació como trasgresión de los dogmas tradicionales acabó convertido en dogma en sí mismo y lo que tenía que ser una revuelta antiestatalista acabó como armazón ideológico de los partidos mas estatalistas del arco político", añadió.
"1989, la revolución de la libertad"
En su intervención, el secretario general de Nuevas Generaciones de Madrid, Germán Alcayde, ha apostado por "cerrar la puerta al lamentable legado del Mayo del 68" y dar la bienvenida en los próximos meses al veinte aniversario de la "revolución de la libertad" de 1989 que supuso "la caída del imperio soviético y el fracaso del socialismo".
Por su parte, el presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, Álvaro Vermoet, también ha hecho un llamamiento a decir adiós a todo lo que representa el Mayo del 68, a no poder tener unos planes de estudios sensatos en Humanidades, a la indisciplina, a la violencia en las aulas y a los profesores sin autoridad legal ni moral.
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que comparte el eslogan acuñado en el mayo del 68 en el que se defendía la teoría del "prohibido prohibir", y dijo defenderlo en un momento en el que los españoles viven "con un Gobierno que constantemente demuestra un afán intolerable de intervenir en los comportamientos de las personas hasta en las decisiones más intimas".
Aguirre hizo esta afirmación durante su intervención en las jornadas Adiós a mayo del 68 organizadas en el CEU por la Unión Democrática de Estudiantes (UDE) y las Nuevas Generaciones del PP de Madrid, en las que manifestó que el embrión de aquel movimiento tiene valores que pueden compartir los políticos que, como ella, colocan "la libertad como móvil central de su actividad política".
"Este ajuste de cuentas que tenemos pendiente nos tiene que llevar a criticar y a combatir políticamente a los que para luchar con el autoritarismo acabaron con la autoridad académica y moral del profesor y a los que para ofrecer a todos oportunidades iguales han caído en el absurdo de igualar la ignorancia de todos bajando el listón y a los que buscaban ser abiertos y dialogantes con todos han terminado en el relativismo moral del todo vale", dijo la presidenta madrileña.
La dirigente regional indicó que los efectos "más nefastos" de la revuelta de mayo del 68 se han producido en el campo de la educación donde, según dijo, "todavía hoy están más vivos", y se refirió en concreto a la situación de la España actual.
Además, subrayó que los liberales consideran que la Educación sirve para transmitir conocimiento y preparar a los jóvenes para la vida, por lo que abogó por combatir los dogmas pedagógicos y políticos de aquel mayo del 68 "porque al final los que se apropian de la herencia de aquel movimiento de origen libertario son partidos de izquierda que huérfanos del marxismo encontraron en las simplezas del mayo la base dogmática de sus propuestas esenciales, sobre todo en Educación".
Así, recalcó que partidos como el comunista que "practicaba el más estricto autoritarismo" propuso la desaparición del papel del profesor como autoridad, en la desaparición de los exámenes y de las calificaciones para "evitar traumas a los alumnos" o en la consideración de la transmisión del saber como algo secundario frente a la transmisión de valores.
A su juicio, es "curioso", que los partidos marxistas predicaran estas propuestas en Occidente "mientras que en la Unión Soviética o en sus países satélites no permitían la menor relajación y conservaban un sistema estricto educativo basado en el esfuerzo, el mérito y en la pura y dura transmisión de los conocimientos".
Romanticismo de adolescentes
La jefa del Ejecutivo autonómico manifestó que el mayo del 68 es un movimiento basado "únicamente en algunas intuiciones, eslóganes o frases más o menos brillantes que han tenido éxito e influencia" en la sociedad, y apuntó que la "inmensa mayoría" de aquellos grafittis "son sólo la expresión de un romanticismo adolescente bastante cursi", poniendo como ejemplo la frase "debajo de lo adoquines está la playa". "No deja de ser una metáfora simplona sin significado preciso", agregó.
Tras reseñar que el espíritu de mayo del 68 está aun vivo en la vida y en política, indicó que la base sobre la que surgió el mayo del 68, la búsqueda de libertad, "era una pretensión sana". Además, aseveró que las ansias de libertad, "inconcretas, desordenadas e infantiles" hicieron que las revueltas levantaran curiosidad en mucha gente.
Aguirre recordó que tras los primero momentos de las revueltas se produjo un "curioso fenómeno de fagocitación" en el que "los partidos de izquierda y de extrema izquierda van a hacer suyos" algunos de los eslóganes del mayo del 68 para convertirlos en dogmas de sus políticas.
"De esta manera, que lo que nació como trasgresión de los dogmas tradicionales acabó convertido en dogma en sí mismo y lo que tenía que ser una revuelta antiestatalista acabó como armazón ideológico de los partidos mas estatalistas del arco político", añadió.
"1989, la revolución de la libertad"
En su intervención, el secretario general de Nuevas Generaciones de Madrid, Germán Alcayde, ha apostado por "cerrar la puerta al lamentable legado del Mayo del 68" y dar la bienvenida en los próximos meses al veinte aniversario de la "revolución de la libertad" de 1989 que supuso "la caída del imperio soviético y el fracaso del socialismo".
Por su parte, el presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, Álvaro Vermoet, también ha hecho un llamamiento a decir adiós a todo lo que representa el Mayo del 68, a no poder tener unos planes de estudios sensatos en Humanidades, a la indisciplina, a la violencia en las aulas y a los profesores sin autoridad legal ni moral.
jueves, diciembre 11, 2008
El Gobierno financiará a los alcaldes a cambio de publicidad
El Gobierno obligará a los ayuntamientos agraciados con dinero del fondo de inversión estatal para infraestructuras a colocar un cartel en las obras que publicite la labor del Ejecutivo. A los alcaldes que no cumplan esta premisa se les retirará el dinero.
El Gobierno no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de hacer publicidad de sus iniciativas a costa del bolsillo de los ciudadanos. El plan de inversión en infraestructuras de 8.000 millones de euros –destinado a los ayuntamientos- establece un requisito fundamental para los consistorios que reciban dinero de este fondo: que los alcaldes coloquen un cartel de propaganda.
Moncloa no quiere dejar nada al azar, y para asegurarse que ningún alcalde coloque esta pancarta publicitaria en algún lugar escondido, o que sea tan pequeña que no pueda ser localizada por los viandantes, establece con precisión las características de la misma:
“Los ayuntamientos, mancomunidades o agrupaciones de municipios a los que se haya autorizado la financiación de las obras, deberán velar por la instalación de un cartel anunciados con un tamaño mínimo de 1,5 metros de largo y 1 metro de alto, ubicado en un lugar visible desde el inicio hasta, al menos, la finalización de la obra”, reza la resolución del Ministerio de Administraciones Públicas.
Pero, el Gobierno no considera suficientes estas indicaciones y va más allá, al establecer que “en el cartel deberá hacerse constar la leyenda “Fondo de inversión local para el empleo – Gobierno de España” y se indicará al menos la denominación del proyecto, el presupuesto y el grado de ejecución”.
Las condiciones técnicas del cartel serán publicadas “próximamente” en la dirección electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas y, cuando se trate de obras de ejecución directa, “el cartel anunciador se ubicará en un lugar visible a la entrada de las vías de acceso al casco urbano del correspondiente municipio”.
El cartel será proporcionado por las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno del territorio donde se encuentren los consistorios.
En lengua cooficial
El Ejecutivo, no ha querido dejar la cuestión lingüística fuera de esta exigencia, y señala que “en los ayuntamientos situados en territorios con lengua cooficial, el cartel anunciador se podrá redactar en dicha lengua”. Es decir, que en municipios de Cataluña, Galicia, País Vasco, Baleares, Valencia los municipios podrán obviar el español en sus pancartas de publicidad del Gobierno.
Para superar el posible rechazo de algunos alcaldes a esta medida, el Ejecutivo es taxativo: “El incumplimiento de esta obligación será causa de reintegro de los recursos recibidos con cargo al Fondo, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Ley”.
El Gobierno no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de hacer publicidad de sus iniciativas a costa del bolsillo de los ciudadanos. El plan de inversión en infraestructuras de 8.000 millones de euros –destinado a los ayuntamientos- establece un requisito fundamental para los consistorios que reciban dinero de este fondo: que los alcaldes coloquen un cartel de propaganda.
Moncloa no quiere dejar nada al azar, y para asegurarse que ningún alcalde coloque esta pancarta publicitaria en algún lugar escondido, o que sea tan pequeña que no pueda ser localizada por los viandantes, establece con precisión las características de la misma:
“Los ayuntamientos, mancomunidades o agrupaciones de municipios a los que se haya autorizado la financiación de las obras, deberán velar por la instalación de un cartel anunciados con un tamaño mínimo de 1,5 metros de largo y 1 metro de alto, ubicado en un lugar visible desde el inicio hasta, al menos, la finalización de la obra”, reza la resolución del Ministerio de Administraciones Públicas.
Pero, el Gobierno no considera suficientes estas indicaciones y va más allá, al establecer que “en el cartel deberá hacerse constar la leyenda “Fondo de inversión local para el empleo – Gobierno de España” y se indicará al menos la denominación del proyecto, el presupuesto y el grado de ejecución”.
Las condiciones técnicas del cartel serán publicadas “próximamente” en la dirección electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas y, cuando se trate de obras de ejecución directa, “el cartel anunciador se ubicará en un lugar visible a la entrada de las vías de acceso al casco urbano del correspondiente municipio”.
El cartel será proporcionado por las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno del territorio donde se encuentren los consistorios.
En lengua cooficial
El Ejecutivo, no ha querido dejar la cuestión lingüística fuera de esta exigencia, y señala que “en los ayuntamientos situados en territorios con lengua cooficial, el cartel anunciador se podrá redactar en dicha lengua”. Es decir, que en municipios de Cataluña, Galicia, País Vasco, Baleares, Valencia los municipios podrán obviar el español en sus pancartas de publicidad del Gobierno.
Para superar el posible rechazo de algunos alcaldes a esta medida, el Ejecutivo es taxativo: “El incumplimiento de esta obligación será causa de reintegro de los recursos recibidos con cargo al Fondo, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Ley”.
jueves, diciembre 04, 2008
El alcalde de Getafe llama "tontos de los cojones" a los votantes del PP
LA IZQUIERDA SIEMPRE RETRATÁNDOSE...
Tras una hora de continuados ataques contra la Comunidad de Madrid, el alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, utilizó una mesa redonda sobre política social para llamar "tontos de los cojones" a los votantes del PP.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, ha ido más allá en sus críticas a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Esperanza Aguirre. Según ha informado la Cadena COPE, el Ayuntamiento de la localidad ha colgado en su web un vídeo en el que califica como "tontos de los cojones" a los votantes "de la derecha", en referencia al Partido Popular.
El regidor hacía estas declaraciones en una mesa redonda para hablar de política social, donde no ahorró en ataques contra la Comunidad de Madrid. Contexto que utilizó para preguntarse: "¿Por qué hay tanto tonto de los cojones que votan a la derecha?".
Este miércoles, Pedro Castro, no se dio por aludido al ser preguntado por la frase en la que insultaba a los votantes de la derecha. "Si está colgada en mi blog seguramente sea producto de alguna comunicación que haya entrado, desde luego institucional con absoluta seguridad que no", afirmó.
El presidente de la FEMP fue interpelado sobre estas palabras durante la firma de un convenio con el director del CNI, pero no reconoció haberlas pronunciado y aventuró que procedían de algún ciudadano con los que chatea habitualmente.
"Seguro que no la he provocado yo, será fruto del debate. Porque chateo con los ciudadanos al menos una hora diaria, es un ejercicio muy sano -argumentó-. Que esté colgada en el blog puede estarlo como todas las comunicaciones, esa comunicación fluida a veces te pone en la pared, pero merece la pena el riesgo".
Sin embargo, y pese a que reiteró que la frase sería fruto de alguna comunicación exterior al Ayuntamiento, rechazó la expresión. "Sí puede proceder de unos correos que entran, como hay libertad absoluta -continuó-. Si es así, lamento esa expresión".
El PP pide explicaciones
Por su parte, fuentes próximas al Ejecutivo de Getafe acusaron al PP de sacar de contexto la frase del alcalde. A su juicio, Castro se pronunció de esta forma al calor de un debate con los vecinos, por lo que señalaron que es necesario "contextualizar". "Estamos cercanos con los vecinos y debatimos con ellos", agregaron.
Esta respuesta se produce después de que el PP haya pedido explicaciones a unas palabras con las que, a juicio de los populares, el alcalde de Getafe "no sólo insulta a los que votan a la derecha sino a todos los que creen en la democracia y en valores tan fundamentales como la libertad ideológica, el pluralismo y la tolerancia ya sean de derechas o de izquierdas".
Tras una hora de continuados ataques contra la Comunidad de Madrid, el alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, utilizó una mesa redonda sobre política social para llamar "tontos de los cojones" a los votantes del PP.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, ha ido más allá en sus críticas a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Esperanza Aguirre. Según ha informado la Cadena COPE, el Ayuntamiento de la localidad ha colgado en su web un vídeo en el que califica como "tontos de los cojones" a los votantes "de la derecha", en referencia al Partido Popular.
El regidor hacía estas declaraciones en una mesa redonda para hablar de política social, donde no ahorró en ataques contra la Comunidad de Madrid. Contexto que utilizó para preguntarse: "¿Por qué hay tanto tonto de los cojones que votan a la derecha?".
Este miércoles, Pedro Castro, no se dio por aludido al ser preguntado por la frase en la que insultaba a los votantes de la derecha. "Si está colgada en mi blog seguramente sea producto de alguna comunicación que haya entrado, desde luego institucional con absoluta seguridad que no", afirmó.
El presidente de la FEMP fue interpelado sobre estas palabras durante la firma de un convenio con el director del CNI, pero no reconoció haberlas pronunciado y aventuró que procedían de algún ciudadano con los que chatea habitualmente.
"Seguro que no la he provocado yo, será fruto del debate. Porque chateo con los ciudadanos al menos una hora diaria, es un ejercicio muy sano -argumentó-. Que esté colgada en el blog puede estarlo como todas las comunicaciones, esa comunicación fluida a veces te pone en la pared, pero merece la pena el riesgo".
Sin embargo, y pese a que reiteró que la frase sería fruto de alguna comunicación exterior al Ayuntamiento, rechazó la expresión. "Sí puede proceder de unos correos que entran, como hay libertad absoluta -continuó-. Si es así, lamento esa expresión".
El PP pide explicaciones
Por su parte, fuentes próximas al Ejecutivo de Getafe acusaron al PP de sacar de contexto la frase del alcalde. A su juicio, Castro se pronunció de esta forma al calor de un debate con los vecinos, por lo que señalaron que es necesario "contextualizar". "Estamos cercanos con los vecinos y debatimos con ellos", agregaron.
Esta respuesta se produce después de que el PP haya pedido explicaciones a unas palabras con las que, a juicio de los populares, el alcalde de Getafe "no sólo insulta a los que votan a la derecha sino a todos los que creen en la democracia y en valores tan fundamentales como la libertad ideológica, el pluralismo y la tolerancia ya sean de derechas o de izquierdas".
martes, diciembre 02, 2008
Las filtraciones sobre los vuelos de la CIA terminan salpicando al Ejecutivo Zapatero
La tortilla se ha dado la vuelta. Zapatero, Moratinos y Alonso negaron tener conocimiento de los vuelos de la CIA. Pero Exteriores y Defensa les han delatado. Llamazares aporta pruebas de que mentían y el PP refresca la memoria al Gobierno.
Esta semana, El País ha vuelto a la carga con una serie de informaciones sobre los vuelos de la CIA con destino a la base norteamericana de Guantánamo, en Cuba, que pasaban por España. Las mismas estaban encaminadas, sin complejos, en la campaña de desprestigio hacia el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. El problema es que la tortilla se ha dado la vuelta y las filtraciones interesadas han terminado salpicando al Gobierno de Zapatero y a sus Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores.
Así, según la documentación de que dispone la Audiencia Nacional, de los once polémicos vuelos que pasaron por suelo español, tan sólo dos lo hicieron durante los últimos años del Gobierno de José María Aznar. Los otros nueve, pasaron por suelo español durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.
De hecho, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, aumentó la polémica al denunciar el lunes que el Ejecutivo Zapatero ordenó que no se hablara sobre los vuelos de la CIA, pese a que Estados Unidos le había confirmado "por escrito" que estos vuelos "no transportaban pasajeros ni carga que pudiesen ser controvertidos para España". Así, hizo públicos dos faxes y una nota interior, fechados los días 26, 27 y 30 de noviembre de 2007, en los que el por entonces secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, ordenaba que no se remitiera información relativa a las autorizaciones de los vuelos de Estados Unidos.
Tras la denuncia del dirigente comunista, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y el portavoz del PSOE en el Congreso y ex ministro de Defensa, José Antonio Alonso, negaron el mismo lunes tener información alguna sobre esos vuelos al ser preguntados por la prensa. Sin embargo, con sendos comunicados, Defensa y Exteriores han dejado este martes en evidencia las mentiras de los tres políticos.
El Ministerio de Exteriores emitió este martes un comunicado de prensa en el que viene a reconocer que impuso un apagón informativo sobre estos vuelos lamentando que IU haya roto el secreto del sumario "para interpretar de manera parcial y no objetiva" documentos relacionados con los vuelos de la CIA a su paso por España con presos que eran llevados a la cárcel de Guantánamo.
Según dijo, esa documentación fue remitida a la Audiencia Nacional por el Ministerio y consta en el sumario de la investigación en curso que lleva a cabo esa instancia judicial. Además, recuerda que la coalición comunista forma parte de la acusación particular, por lo que dispone de estos documentos. Por último, según dicen, éstos "confirman la voluntad" del Gobierno de colaborar con la Justicia y no la opacidad de la gestión del Ejecutivo en el asunto tal y como les acusaba Llamazares.
Es decir, Exteriores reconoce que tenían conocimiento de los vuelos y que se ordenó un apagón informativo sobre ellos, pero critica que Llamazares revele un secreto de sumario. De este modo, dejan en evidencia que Moratinos mintió el lunes al decir que no tenía conocimiento de esos vuelos. El Partido Popular recuerda que el ministro de Exteriores admitió que conocía la existencia de los mismos y subrayó su legalidad en una comparecencia ante el Parlamento Europeo en 2006. Incluso llega a destacar en esa comparecencia que existen sospechas de que hubiese detenidos en un vuelo que hizo escala en Palma de Mallorca el 15 de septiembre de 2004, ya bajo el Gobierno Zapatero.
Minutos después, dentro de la política de sálvese quien pueda, era el ministerio de Defensa quien intentaba salir airoso de la polémica a través de otro comunicado. En él, el Ministerio de Carmen Chacón dice que tenía conocimiento de los vuelos, que califica de "plenamente legales" porque "cumplían con lo previsto en el artículo 25.2 del convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos. Es decir, que no transportaban ni pasajeros ni carga que pudiesen ser controvertidos para España". De igual forma, reconoce que Estados Unidos cumplió el protocolo y avisó de ellos con cuarenta y ocho horas de antelación.
Defensa también reconoce, en relación con los vuelos realizados en la etapa de Gobierno del Partido Popular, que "no tiene constancia de ningún vuelo o escala en territorio español por parte de aeronaves de las Fuerzas de los Estados Unidos de naturaleza ilegal, o que de algún modo hubiera podido contravenir los acuerdos internacionales suscritos por España en esta materia".
Defensa reconoce tener conocimiento de los vuelos y resulta difícil creer que quien fue el titular de la cartera durante media legislatura no tuviese conocimiento de esos vuelos. De igual forma, si al menos dos ministerios tenían conocimiento de los mismos, parece igualmente difícil que el presidente del Gobierno no lo supiera.
La embajada de Estados Unidos en España aseguró este martes haber cumplido con sus "deberes" en virtud del convenio bilateral que mantiene con España sobre Defensa asegurando que informó al Gobierno español de todos y cada uno de los vuelos que pasaron por España.
Esta semana, El País ha vuelto a la carga con una serie de informaciones sobre los vuelos de la CIA con destino a la base norteamericana de Guantánamo, en Cuba, que pasaban por España. Las mismas estaban encaminadas, sin complejos, en la campaña de desprestigio hacia el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. El problema es que la tortilla se ha dado la vuelta y las filtraciones interesadas han terminado salpicando al Gobierno de Zapatero y a sus Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores.
Así, según la documentación de que dispone la Audiencia Nacional, de los once polémicos vuelos que pasaron por suelo español, tan sólo dos lo hicieron durante los últimos años del Gobierno de José María Aznar. Los otros nueve, pasaron por suelo español durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.
De hecho, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, aumentó la polémica al denunciar el lunes que el Ejecutivo Zapatero ordenó que no se hablara sobre los vuelos de la CIA, pese a que Estados Unidos le había confirmado "por escrito" que estos vuelos "no transportaban pasajeros ni carga que pudiesen ser controvertidos para España". Así, hizo públicos dos faxes y una nota interior, fechados los días 26, 27 y 30 de noviembre de 2007, en los que el por entonces secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, ordenaba que no se remitiera información relativa a las autorizaciones de los vuelos de Estados Unidos.
Tras la denuncia del dirigente comunista, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y el portavoz del PSOE en el Congreso y ex ministro de Defensa, José Antonio Alonso, negaron el mismo lunes tener información alguna sobre esos vuelos al ser preguntados por la prensa. Sin embargo, con sendos comunicados, Defensa y Exteriores han dejado este martes en evidencia las mentiras de los tres políticos.
El Ministerio de Exteriores emitió este martes un comunicado de prensa en el que viene a reconocer que impuso un apagón informativo sobre estos vuelos lamentando que IU haya roto el secreto del sumario "para interpretar de manera parcial y no objetiva" documentos relacionados con los vuelos de la CIA a su paso por España con presos que eran llevados a la cárcel de Guantánamo.
Según dijo, esa documentación fue remitida a la Audiencia Nacional por el Ministerio y consta en el sumario de la investigación en curso que lleva a cabo esa instancia judicial. Además, recuerda que la coalición comunista forma parte de la acusación particular, por lo que dispone de estos documentos. Por último, según dicen, éstos "confirman la voluntad" del Gobierno de colaborar con la Justicia y no la opacidad de la gestión del Ejecutivo en el asunto tal y como les acusaba Llamazares.
Es decir, Exteriores reconoce que tenían conocimiento de los vuelos y que se ordenó un apagón informativo sobre ellos, pero critica que Llamazares revele un secreto de sumario. De este modo, dejan en evidencia que Moratinos mintió el lunes al decir que no tenía conocimiento de esos vuelos. El Partido Popular recuerda que el ministro de Exteriores admitió que conocía la existencia de los mismos y subrayó su legalidad en una comparecencia ante el Parlamento Europeo en 2006. Incluso llega a destacar en esa comparecencia que existen sospechas de que hubiese detenidos en un vuelo que hizo escala en Palma de Mallorca el 15 de septiembre de 2004, ya bajo el Gobierno Zapatero.
Minutos después, dentro de la política de sálvese quien pueda, era el ministerio de Defensa quien intentaba salir airoso de la polémica a través de otro comunicado. En él, el Ministerio de Carmen Chacón dice que tenía conocimiento de los vuelos, que califica de "plenamente legales" porque "cumplían con lo previsto en el artículo 25.2 del convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos. Es decir, que no transportaban ni pasajeros ni carga que pudiesen ser controvertidos para España". De igual forma, reconoce que Estados Unidos cumplió el protocolo y avisó de ellos con cuarenta y ocho horas de antelación.
Defensa también reconoce, en relación con los vuelos realizados en la etapa de Gobierno del Partido Popular, que "no tiene constancia de ningún vuelo o escala en territorio español por parte de aeronaves de las Fuerzas de los Estados Unidos de naturaleza ilegal, o que de algún modo hubiera podido contravenir los acuerdos internacionales suscritos por España en esta materia".
Defensa reconoce tener conocimiento de los vuelos y resulta difícil creer que quien fue el titular de la cartera durante media legislatura no tuviese conocimiento de esos vuelos. De igual forma, si al menos dos ministerios tenían conocimiento de los mismos, parece igualmente difícil que el presidente del Gobierno no lo supiera.
La embajada de Estados Unidos en España aseguró este martes haber cumplido con sus "deberes" en virtud del convenio bilateral que mantiene con España sobre Defensa asegurando que informó al Gobierno español de todos y cada uno de los vuelos que pasaron por España.
La Seguridad Social pierde 671.000 afiliados y el paro roza los tres millones de personas
CONTINUAN LOS RECORDS NEGATIVOS DEL SOCIALISMO...
La economía española avanza hacia los tres millones de parados, tras aumentar en más de 171.000 los desempleados en noviembre. En el último año, el paro ha crecido en casi 900.000 personas, con 671.000 afiliados menos a la Seguridad Social.
La sangría del mercado laboral español es imparable. Aunque el Gobierno sigue pregonando que su principal objetivo es luchar contra el desempleo, los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración constatan los problemas estructurales de la economía nacional.
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM) creció un 6% en noviembre en términos mensuales, lo que supone un aumento de 171.243 personas. De esta forma, la cifra total de desempleados roza ya la barrera de los tres millones (2.989.269 personas), el mayor volumen desde febrero de 1996.
Los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración constatan la octava subida del paro consecutiva y es casi cuatro veces superior a la registrada en noviembre del año pasado, cuando el desempleo se incrementó en 45.896 personas. En toda la serie histórica comparable, que comienza en 1996, el paro ha subido siempre en noviembre, aunque nunca tanto como este año.
Pero lo más preocupante, si cabe, es la salida masiva de cotizantes a la Seguridad Social, lo que hace peligrar las cuentas de este organismo público, sobre todo en una situación como la actual, con un gasto público comprometido que elevará el déficit del Estado por encima del 4% el próximo año, según reconoce el Gobierno. Además, los planes anti-crisis del Ejecutivo hipotecan el 30% del PIB, con 300.000 millones de euros.
En concreto, la afiliación media a la Seguridad Social se situó en 18,7 millones de ocupados durante el pasado noviembre, lo que representa una caída del 3,46% en tasa de evolución interanual. El sistema de protección pierde cotizantes a una velocidad de vértigo (671.000 en el último año), como reflejan las estadísticas oficiales.
Afiliados medios a la Seguridad Social (variación interanual, en %)
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
La educación es el único sector productivo dentro del Régimen General de la Seguridad Social que aumentó en noviembre, con 23.465 afiliados medios, que representan una tasa de crecimiento mensual del 3,49%. En términos interanuales, las actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales siguen siendo las que más suben con 90.594 afiliados medios más que hace un año, lo que representa una subida del 7,87%.
Los sectores que experimentaron las bajadas más significativas de la afiliación, con respecto al mes de octubre fueron la hostelería, con 70.198 afiliados medios menos (lo que supone una caída del 7,01%); la construcción, 52.845 afiliados medios menos (-3,46%); la industria manufacturera, 30.807 afiliados menos (-1,39%); y las actividades inmobiliarias y servicios empresariales, 25.440 afiliados menos (-1,22%).
900.000 parados más en un año
En cuanto a las cifras de desempleo, en los últimos doce meses el paro ha crecido un 42,7%, es decir, que la economía española ha destruido 894.796 empleos desde noviembre del pasado año. Le evolución refleja el error de diagnóstico del Gobierno, que sólo ha empezado a preocuparse por la sangría laboral hace unos meses.
De hecho, algunos responsables del Ministerio de Trabajo e Inmigración siguen con la venda en los ojos, como la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, quien explicó este martes que “aunque seguimos atravesando un periodo de gran dificultad, el dato de noviembre refleja una desaceleración del aumento del paro”.
Y es que Rojo afirma estar “convencida de que la implementación de las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de empleo, permitirán mejorar la situación del mercado de trabajo”.
La secretaria de Empleo no mencionó a qué medidas se refiere, si al plan de 11.000 millones de euros para la “dinamización de la economía”, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, o a la intención del departamento ministerial de sacar de la lista del paro a los prejubilados.
Por sectores, el paro se dispara en todas las actividades. Los servicios siguen su travesía en el desierto con el mayor repunte del desempleo, 97.697 personas más que en octubre, lo que representa una subida del 5,9%. La construcción expulsó a 40.453 personas (un 8,4% más), la industria a 22.717 (un 6,5% más) y la agricultura destruyó 5.792 empleos, lo que supone un incremento del 6,1%.
Por su parte, en la rúbrica del colectivo sin empleo anterior, la subida mensual es del 1,7%, con 4.584 parados más que en octubre. Por sexos, el paro masculino se disparó un 73,5% en los ultimos doce meses, con 613.733 desempleados más; mientras que el femenino crece en 281.063 mujeres, lo que representa un crecimiento del 22,3%.
En distribución geográfica, el desempleo sube en todas las comunidades autónomas, encabezando la lista Cataluña, con 24.837 parados más, y Andalucía, que expulsó del mercado a 23.972 personas.
Trabajo observa "signos de dinamismo"
A pesar de esta aluvión de malos datos, que sitúan a España en la cabeza de la destrucción de empleo de la Unión Europea e incluso de las economías que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la secretaria de Empleo considera que “el mercado de trabajo sigue dando signos de dinamismo, como lo demuestra el hecho de que en noviembre las empresas realizaron gran número de contratos indefinidos”.
Es decir, que para Maravillas Rojo, lo importante es que se hayan firmado 129.123 contratos fijos, pasando a un segundo plano que España ha perdido casi 900.000 empleos en el último año.
Para terminar de rizar el rizo, Rojo destacó que “existe un amplio flujo de personas que pasan del desempleo al empleo y del empleo al desempleo, y ello nos conduce a un dato relevante: más de la mitad de los desempleados llevan en el registro menos de 4 meses”.
A pesar de este intento por maquillar unas cifras desalentadoras, las perspectivas para los próximos meses no son nada optimistas. A este ritmo de destrucción de empleo, España concluirá el año superando con crece los tres millones de parados, justo cuando la economía entra en recesión y con todos los sectores en caída libre de actividad.
De momento, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reconoce que el desempleo seguirá aumentando, al menos, hasta el segundo semestre del año que viene. "Esperamos que el paro deje de crecer en el segundo semestre del próximo año", señaló el ministro, quien pide, además, "tiempo para que las medidas anticrisis puedan ser efectivas".
La economía española avanza hacia los tres millones de parados, tras aumentar en más de 171.000 los desempleados en noviembre. En el último año, el paro ha crecido en casi 900.000 personas, con 671.000 afiliados menos a la Seguridad Social.
La sangría del mercado laboral español es imparable. Aunque el Gobierno sigue pregonando que su principal objetivo es luchar contra el desempleo, los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración constatan los problemas estructurales de la economía nacional.
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM) creció un 6% en noviembre en términos mensuales, lo que supone un aumento de 171.243 personas. De esta forma, la cifra total de desempleados roza ya la barrera de los tres millones (2.989.269 personas), el mayor volumen desde febrero de 1996.
Los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración constatan la octava subida del paro consecutiva y es casi cuatro veces superior a la registrada en noviembre del año pasado, cuando el desempleo se incrementó en 45.896 personas. En toda la serie histórica comparable, que comienza en 1996, el paro ha subido siempre en noviembre, aunque nunca tanto como este año.
Pero lo más preocupante, si cabe, es la salida masiva de cotizantes a la Seguridad Social, lo que hace peligrar las cuentas de este organismo público, sobre todo en una situación como la actual, con un gasto público comprometido que elevará el déficit del Estado por encima del 4% el próximo año, según reconoce el Gobierno. Además, los planes anti-crisis del Ejecutivo hipotecan el 30% del PIB, con 300.000 millones de euros.
En concreto, la afiliación media a la Seguridad Social se situó en 18,7 millones de ocupados durante el pasado noviembre, lo que representa una caída del 3,46% en tasa de evolución interanual. El sistema de protección pierde cotizantes a una velocidad de vértigo (671.000 en el último año), como reflejan las estadísticas oficiales.
Afiliados medios a la Seguridad Social (variación interanual, en %)
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
La educación es el único sector productivo dentro del Régimen General de la Seguridad Social que aumentó en noviembre, con 23.465 afiliados medios, que representan una tasa de crecimiento mensual del 3,49%. En términos interanuales, las actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales siguen siendo las que más suben con 90.594 afiliados medios más que hace un año, lo que representa una subida del 7,87%.
Los sectores que experimentaron las bajadas más significativas de la afiliación, con respecto al mes de octubre fueron la hostelería, con 70.198 afiliados medios menos (lo que supone una caída del 7,01%); la construcción, 52.845 afiliados medios menos (-3,46%); la industria manufacturera, 30.807 afiliados menos (-1,39%); y las actividades inmobiliarias y servicios empresariales, 25.440 afiliados menos (-1,22%).
900.000 parados más en un año
En cuanto a las cifras de desempleo, en los últimos doce meses el paro ha crecido un 42,7%, es decir, que la economía española ha destruido 894.796 empleos desde noviembre del pasado año. Le evolución refleja el error de diagnóstico del Gobierno, que sólo ha empezado a preocuparse por la sangría laboral hace unos meses.
De hecho, algunos responsables del Ministerio de Trabajo e Inmigración siguen con la venda en los ojos, como la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, quien explicó este martes que “aunque seguimos atravesando un periodo de gran dificultad, el dato de noviembre refleja una desaceleración del aumento del paro”.
Y es que Rojo afirma estar “convencida de que la implementación de las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de empleo, permitirán mejorar la situación del mercado de trabajo”.
La secretaria de Empleo no mencionó a qué medidas se refiere, si al plan de 11.000 millones de euros para la “dinamización de la economía”, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, o a la intención del departamento ministerial de sacar de la lista del paro a los prejubilados.
Por sectores, el paro se dispara en todas las actividades. Los servicios siguen su travesía en el desierto con el mayor repunte del desempleo, 97.697 personas más que en octubre, lo que representa una subida del 5,9%. La construcción expulsó a 40.453 personas (un 8,4% más), la industria a 22.717 (un 6,5% más) y la agricultura destruyó 5.792 empleos, lo que supone un incremento del 6,1%.
Por su parte, en la rúbrica del colectivo sin empleo anterior, la subida mensual es del 1,7%, con 4.584 parados más que en octubre. Por sexos, el paro masculino se disparó un 73,5% en los ultimos doce meses, con 613.733 desempleados más; mientras que el femenino crece en 281.063 mujeres, lo que representa un crecimiento del 22,3%.
En distribución geográfica, el desempleo sube en todas las comunidades autónomas, encabezando la lista Cataluña, con 24.837 parados más, y Andalucía, que expulsó del mercado a 23.972 personas.
Trabajo observa "signos de dinamismo"
A pesar de esta aluvión de malos datos, que sitúan a España en la cabeza de la destrucción de empleo de la Unión Europea e incluso de las economías que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la secretaria de Empleo considera que “el mercado de trabajo sigue dando signos de dinamismo, como lo demuestra el hecho de que en noviembre las empresas realizaron gran número de contratos indefinidos”.
Es decir, que para Maravillas Rojo, lo importante es que se hayan firmado 129.123 contratos fijos, pasando a un segundo plano que España ha perdido casi 900.000 empleos en el último año.
Para terminar de rizar el rizo, Rojo destacó que “existe un amplio flujo de personas que pasan del desempleo al empleo y del empleo al desempleo, y ello nos conduce a un dato relevante: más de la mitad de los desempleados llevan en el registro menos de 4 meses”.
A pesar de este intento por maquillar unas cifras desalentadoras, las perspectivas para los próximos meses no son nada optimistas. A este ritmo de destrucción de empleo, España concluirá el año superando con crece los tres millones de parados, justo cuando la economía entra en recesión y con todos los sectores en caída libre de actividad.
De momento, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reconoce que el desempleo seguirá aumentando, al menos, hasta el segundo semestre del año que viene. "Esperamos que el paro deje de crecer en el segundo semestre del próximo año", señaló el ministro, quien pide, además, "tiempo para que las medidas anticrisis puedan ser efectivas".
domingo, noviembre 30, 2008
El paro en España sube hasta el 12,8% en octubre, la mayor tasa de la UE
La tasa de paro en la zona euro se situó en el 7,7% en octubre, cuatro décimas por encima del mismo mes de 2007 y una décima más que en septiembre, con España como el miembro con mayor tasa de paro por sexto mes consecutivo al alcanzar el 12,8%, informó Eurostat.
Al mismo tiempo, en el conjunto de la Unión Europea el desempleo alcanzó el 7,1%, una décima más que en septiembre y dos décimas por encima de octubre de 2007.
De este modo, entre los países miembros de la UE, España registró la mayor tasa de desempleo (12,8%), seguida de Eslovaquia (10%), mientras que los menores índices se observaron en Holanda (2,5%), Austria (3%) y Dinamarca (3,2%).
Asimismo, España volvió a registrar el mayor incremento del desempleo al pasar del 8,5% al 12,8% en los últimos doce meses, mientras que Polonia experimentó el mayor descenso al reducir su tasa de paro en 2,3 puntos porcentuales, hasta el 6,4%. En el conjunto de la UE, quince estados registraron descensos en la tasa de paro, once la aumentaron y uno se mantuvo estable.
Por otro lado, el desempleo masculino en la zona euro aumentó al 7,2% en octubre, siete décimas por encima del dato del año anterior, y en el 6,8% en la UE, cuatro décimas más que en septiembre de 2007, mientras que la tasa de paro femenino pasó del 8,2% al 8,3% en la eurozona. En la UE, disminuyó una décima, hasta el 7,5%.
El paro en la UE se sitúa de media en el 7,1%
En el caso de España, la tasa de paro masculina alcanzó en octubre el 12%, frente al 11,2% de septiembre, mientras que la tasa de desempleo femenino se situó en el 13,8%, cinco décimas más que en septiembre. En ambos casos las más altas de la UE.
Además, la tasa de desempleo entre los jóvenes (menores de 25 años) se situó en el 15,9% en la zona euro y en el conjunto de la UE, frente al 14,6% y 14,9% de octubre de 2007, respectivamente. En este aspecto, España vuelve a aparecer como el país con mayor tasa de desempleo (28,1%) de la UE.
Al mismo tiempo, en el conjunto de la Unión Europea el desempleo alcanzó el 7,1%, una décima más que en septiembre y dos décimas por encima de octubre de 2007.
De este modo, entre los países miembros de la UE, España registró la mayor tasa de desempleo (12,8%), seguida de Eslovaquia (10%), mientras que los menores índices se observaron en Holanda (2,5%), Austria (3%) y Dinamarca (3,2%).
Asimismo, España volvió a registrar el mayor incremento del desempleo al pasar del 8,5% al 12,8% en los últimos doce meses, mientras que Polonia experimentó el mayor descenso al reducir su tasa de paro en 2,3 puntos porcentuales, hasta el 6,4%. En el conjunto de la UE, quince estados registraron descensos en la tasa de paro, once la aumentaron y uno se mantuvo estable.
Por otro lado, el desempleo masculino en la zona euro aumentó al 7,2% en octubre, siete décimas por encima del dato del año anterior, y en el 6,8% en la UE, cuatro décimas más que en septiembre de 2007, mientras que la tasa de paro femenino pasó del 8,2% al 8,3% en la eurozona. En la UE, disminuyó una décima, hasta el 7,5%.
El paro en la UE se sitúa de media en el 7,1%
En el caso de España, la tasa de paro masculina alcanzó en octubre el 12%, frente al 11,2% de septiembre, mientras que la tasa de desempleo femenino se situó en el 13,8%, cinco décimas más que en septiembre. En ambos casos las más altas de la UE.
Además, la tasa de desempleo entre los jóvenes (menores de 25 años) se situó en el 15,9% en la zona euro y en el conjunto de la UE, frente al 14,6% y 14,9% de octubre de 2007, respectivamente. En este aspecto, España vuelve a aparecer como el país con mayor tasa de desempleo (28,1%) de la UE.
viernes, noviembre 28, 2008
La Xunta se gasta 1.000 millones en la contratación de nuevos funcionarios
El Gobierno de Pérez Touriño ha incrementado en 10.000 personas el número de funcionarios que trabajan para la Xunta. El aumento incrementará el gasto en 1.000 millones respecto a la anterior legislatura.
Así lo denunció, según recoge este viernes el diario La Razón, el secretario general del PP de Galicia, Alfonso Rueda. En rueda de prensa, comparó el incremento de funcionarios promovido por el actual Gobierno con el impulsado durante la anterior legislatura. Mientras que durante el último Gobierno popular se crearon 112.700 puestos de trabajo, de los cuales el 4 por ciento eran funcionarios, en la actual legislatura se han creado sólo 57.000, de los que el 21 por ciento corresponde a personal de la Xunta.
Según Rueda, el incremento en 10.000 personas del número de funcionarios en cuatro años supondrá un incremento de 1.000 millones de euros en el gasto público. Además, el dirigente del PP de Galicia explicó que las personas contratadas, en su mayoría, se incorporarán a la plantilla de la administración de las Consejerías, lo que deja a la Xunta sin la excusa de que el aumento de contrataciones se ha producido en Educación y Sanidad. En concreto, en sólo tres años y medio, según recoge La Razón, la plantilla de la administración de Consejerías ha aumentado un 24 por ciento.
Para Rueda, cifras como éstas evidencian la "irresponsabilidad" y "falta de criterio" del Gobierno del PSOE y BNG. En su opinión, los datos son "demoledores" y no valen tampoco excusas como el aumento de traspasos desde el Ejecutivo central, que según indicó, no se ha producido, o la creación de nuevos órganos porque no figuran en la estadística del Ministerio de Administraciones Públicas.
Así lo denunció, según recoge este viernes el diario La Razón, el secretario general del PP de Galicia, Alfonso Rueda. En rueda de prensa, comparó el incremento de funcionarios promovido por el actual Gobierno con el impulsado durante la anterior legislatura. Mientras que durante el último Gobierno popular se crearon 112.700 puestos de trabajo, de los cuales el 4 por ciento eran funcionarios, en la actual legislatura se han creado sólo 57.000, de los que el 21 por ciento corresponde a personal de la Xunta.
Según Rueda, el incremento en 10.000 personas del número de funcionarios en cuatro años supondrá un incremento de 1.000 millones de euros en el gasto público. Además, el dirigente del PP de Galicia explicó que las personas contratadas, en su mayoría, se incorporarán a la plantilla de la administración de las Consejerías, lo que deja a la Xunta sin la excusa de que el aumento de contrataciones se ha producido en Educación y Sanidad. En concreto, en sólo tres años y medio, según recoge La Razón, la plantilla de la administración de Consejerías ha aumentado un 24 por ciento.
Para Rueda, cifras como éstas evidencian la "irresponsabilidad" y "falta de criterio" del Gobierno del PSOE y BNG. En su opinión, los datos son "demoledores" y no valen tampoco excusas como el aumento de traspasos desde el Ejecutivo central, que según indicó, no se ha producido, o la creación de nuevos órganos porque no figuran en la estadística del Ministerio de Administraciones Públicas.
miércoles, noviembre 26, 2008
El PSOE se queda solo defendiendo la opacidad en las cuentas de la SGAE
El debate sobre el canon digital ha vuelto al Senado con la aprobación de una moción, apoyada por todos los grupos parlamentarios menos el PSOE, que pide al Ministerio de Cultura que presente en el Parlamento un informe anual sobre las entidades de gestión y la distribución de lo que recaudan.
Así lo ha puesto de manifiesto el diputado de la Entesa Catalana de Progrés, Jordi Guillot, autor de la moción original, a la que se presentaron cuatro enmiendas, tres del Grupo Popular y una de CiU, y que finalmente fue modificada con una transacción de todos los grupos menos el PSOE, aprobada por 135 votos a favor y 103 en contra. Para Guillot, la sesión de este miércoles quiere transmitir el "mensaje de que existe un debate" sobre el canon digital; que "queremos el control parlamentario" de la recaudación del mismo y que "no hay otro interés que el general".
Y es que la moción aprobada pide al Ministerio de Cultura que presente en el Parlamento el estudio que encargó en enero a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios sobre el sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Además, reclama a Cultura un informe anual sobre las memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas, además de datos sobre cómo distribuye la recaudación.
El Senado insta al Gobierno a iniciar el proceso de traspaso de las competencias para el control y fiscalidad de las entidades de gestión a las Comunidades Autónomas –en las que así lo establezca su estatuto–.
Otro de los puntos del texto pide al Ministerio que dirige César Antonio Molina crear un grupo de trabajo que evalúe la legislación de los derechos de autor "en equilibrio" con los nuevos retos de la sociedad de la información.
El PP seguirá "presentando batalla"
Guillot ha subrayado que el canon digital está cuestionado tras la reforma "al gusto de las sociedades de gestión" de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006, porque es preciso proteger los derechos de los autores pero "no con tasas indiscriminadas e injustas", sobre las que hace falta un control público.
Tras aceptar la enmienda transaccional, el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que en 2009 "seguirá presentando batalla en sede parlamentaria" para la eliminación del canon digital, porque, según el senador José María Chiquillo, es una "inmoralidad porque es una tasa preventiva", cuyo reparto se hace de "forma arbitraria y opaca".
Por su parte, el portavoz de CiU, Jordi Vilalloana, ha advertido de que no se podrá resolver la polémica sin una alternativa a la compensación por copia privada. Es decir, sólo hay dos sistemas: el europeo, que permite la copia a cambio del canon que compensa al creador; o, el anglosajón, que penaliza la copia de una creación artística.
En nombre del Grupo Socialista, el senador Imanol Zubero también ha recordado que es preciso una alternativa si se quiere eliminar el canon y ha hecho una "lectura positiva" del tono del debate.
El Congreso dio luz verde ayer a una Proposición No de Ley que insta al Gobierno a impulsar una estrategia consensuada y eficaz contra la "piratería" cultural en internet, con acuerdo de los sectores implicados y con "equilibrio" entre todos los derechos.
Así lo ha puesto de manifiesto el diputado de la Entesa Catalana de Progrés, Jordi Guillot, autor de la moción original, a la que se presentaron cuatro enmiendas, tres del Grupo Popular y una de CiU, y que finalmente fue modificada con una transacción de todos los grupos menos el PSOE, aprobada por 135 votos a favor y 103 en contra. Para Guillot, la sesión de este miércoles quiere transmitir el "mensaje de que existe un debate" sobre el canon digital; que "queremos el control parlamentario" de la recaudación del mismo y que "no hay otro interés que el general".
Y es que la moción aprobada pide al Ministerio de Cultura que presente en el Parlamento el estudio que encargó en enero a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios sobre el sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Además, reclama a Cultura un informe anual sobre las memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas, además de datos sobre cómo distribuye la recaudación.
El Senado insta al Gobierno a iniciar el proceso de traspaso de las competencias para el control y fiscalidad de las entidades de gestión a las Comunidades Autónomas –en las que así lo establezca su estatuto–.
Otro de los puntos del texto pide al Ministerio que dirige César Antonio Molina crear un grupo de trabajo que evalúe la legislación de los derechos de autor "en equilibrio" con los nuevos retos de la sociedad de la información.
El PP seguirá "presentando batalla"
Guillot ha subrayado que el canon digital está cuestionado tras la reforma "al gusto de las sociedades de gestión" de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006, porque es preciso proteger los derechos de los autores pero "no con tasas indiscriminadas e injustas", sobre las que hace falta un control público.
Tras aceptar la enmienda transaccional, el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que en 2009 "seguirá presentando batalla en sede parlamentaria" para la eliminación del canon digital, porque, según el senador José María Chiquillo, es una "inmoralidad porque es una tasa preventiva", cuyo reparto se hace de "forma arbitraria y opaca".
Por su parte, el portavoz de CiU, Jordi Vilalloana, ha advertido de que no se podrá resolver la polémica sin una alternativa a la compensación por copia privada. Es decir, sólo hay dos sistemas: el europeo, que permite la copia a cambio del canon que compensa al creador; o, el anglosajón, que penaliza la copia de una creación artística.
En nombre del Grupo Socialista, el senador Imanol Zubero también ha recordado que es preciso una alternativa si se quiere eliminar el canon y ha hecho una "lectura positiva" del tono del debate.
El Congreso dio luz verde ayer a una Proposición No de Ley que insta al Gobierno a impulsar una estrategia consensuada y eficaz contra la "piratería" cultural en internet, con acuerdo de los sectores implicados y con "equilibrio" entre todos los derechos.
martes, noviembre 25, 2008
¿Austeridad? Los funcionarios de las CCAA se disparan un 92% en la última década
El empleo público está de moda. Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos disparan la contratación de funcionarios y la única forma de financiar el incremento de los costes salariales es mediante la subida de tasas e impuestos.
Los españoles prefieren trabajar para las Administraciones Públicas, ya que, como norma general, las exigencias en el desempeño de la actividad laboral no son tan importantes como en el sector privado, el puesto de trabajo está asegurado y los horarios suelen ser mejores que los de los ciudadanos que son empleados por empresas privadas.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recogen este testigo y disparan las contrataciones de funcionarios, en contra de los criterios de austeridad y eficiencia que deberían caracterizar las políticas que desarrollan este tipo de instituciones públicas.
Y como el empleo público estatal se reduce, aumentan las desigualdades en la prestación de servicios públicos que no dependen de la Administración Central.
Los datos así lo reflejan. Entre 1998 y 2007, la población de España ha crecido un 12,2% según la oficina estadística europea (Eurostat), contando con los procesos de regularización de inmigrantes acometidos durante la pasada legislatura por el entonces ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Jesús Caldera. Sin embargo, en el mismo periodo los funcionarios han aumentado un 22%.
Fuente: Patronal catalana con datos de Trabajo
Un funcionario por cada 9 trabajadores
Como consecuencia, al cierre del pasado año había un funcionario por cada 8,7 trabajadores en activo, cifra calculada en virtud de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Y las “estrellas” de este aumento son las Comunidades Autónomas, que han elevado en un 92% su personal, lo que supone un aumento de más de 623.000 personas cuyos sueldos los pagan todas las personas que trabajan en el sector privado.
El proceso de descentralización parece estar detrás de este increíble incremento en las plantillas autonómicas. Y, como casi siempre, el mayor volumen en términos absolutos lo tiene Andalucía, que con 489.671 empleados lidera la contratación de empleados públicos, al mismo tiempo que ocupa los primeros lugares en las cifras de parados que publica el Ministerio de Trabajo.
Tras los gobiernos regionales, los ayuntamientos también han engordado sus plantillas, con un aumento del 18,74% en el personas al servicio consistorial, lo que representa un crecimiento en valores absolutos de 465.682 personas. Y financiar sus salarios no va a ser fácil, una vez que la principal fuente de financiación municipal -el suelo- ha perdido valor como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Subidas de tasas e impuestos municipales
Como consecuencia de este mayor coste que deberán soportar las arcas consistoriales, los municipios ya han comenzado a subir los impuestos y las tasas que son de su competencia. Los ciudadanos y pequeñas empesas van a ver cómo aumentan sus facturas de pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los impuestos de circulación, entre otros.
La principal novedad de este aumento de la carga fiscal es el momento en el que se produce. Alimentados por la sobrevaloración de los inmuebles, los ayuntamientos y los gobiernos regionales han tirado la casa por la ventana y se han comprometido con una estructura de costes que, en la actualidad, no pueden afrontar. Y esto ocurre al mismo tiempo que la economía española destruye empleo a una velocidad de vértigo, lo que lastra el poder adquisitivo de las familias y, por lo tanto, cercena el consumo y las tasas e impuestos asociados a esta variable.
Dentro de este proceso descentralizador, el Estado ha reducido el personal a su cargo en 267.345 personas, para situar el volumen total de empleados públicos en las 561.551 personas. Con todo ello, los ciudadanos que trabajan para las Administraciones Públicas han crecido un 22%, con un total de 2,58 millones de personas.
Pero la trasferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas y ayuntamientos no es la única razón de este aumento del personal que trabaja para los gobiernos regionales y municipales.
De hecho, el personal autonómico y consistorial ha aumentado de forma conjunta en más de un millón de trabajadores entre 1997 y 2008, mientras que la reducción de plantilla estatal no alcanza ni la cuarta parte de este volumen.
Empleados públicos vs Sector privado
Si se analiza el índice que compara los empleados públicos respecto a los asalariados del sector privado, la región que más apuesta por los funcionarios es Extremadura, con una tasa del 28,68%. Le siguen Castilla y León, con un 20,53%; Andalucía, con un 18,51% y Aragón, con el 17,44%. En el total nacional, existen 15,4 empleados públicos por cada 100 trabajadores de empresas no públicas.
La repercusión económica que tiene sobre la actividad productiva española esta enorme carga de empleo público es incalculable. Ya que a la cifra total de los salarios hay que sumar el coste que supone en términos de eficiencia.
Los menores incentivos para desempeñar la actividad laboral que tiene el sector público respecto del sector privado son otro aspecto que dificultan el cálculo del gasto en funcionarios y el retorno de este colectivo en términos de productividad al resto de la economía.
De momento, la Administración y los Sindicatos de la Función Pública han pactado un incremento salarial del 3,8% para el próximo año, en un documento que fija, por primera vez, las condiciones salariales de los funcionarios para un periodo de tres años.
A pesar de que el pacto inicial representaba una subida del 3%, adicionalmente se ha acordado un incremento adicional del 0,8% de la masa salarial en la Administración General del Estado, distribuido en una aportación del 0,5% al Plan de Pensiones y el 0,3% a la adopción de medidas destinadas a la mejora de resultados e incremento de la eficacia de los servicios públicos.
El resto de los mortales deberá conformarse con la actualización del IPC si disponen de cláusula de revisión salarial. Además, el Gobierno ha decidido no actualizar el Impuesto sobre la Renta con la inflación (lo que se denomina técnicamente la deflactación de la tarifa de este impuesto). Como consecuencia, los españoles deberán pagar 400 euros más -de media- cuando hagan su declaración.
¿Se avecinan recortes?
A ello se suma la mayor oferta pública de empleo realizada en España, que fue aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de enero, con 35.895 plazas. Una oferta especialmente dirigida a potenciar los efectivos de la Administración General del Estado (AGE) en las unidades de atención al ciudadano y de prestación directa de servicios.
El Consejo de Ministros aprobó entonces cuatro Reales Decretos de Oferta de Empleo Público 2008 para la AGE y sus organismos, Cuerpo Nacional de Policía, Cuerpo de la Guardia Civil y Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la crisis económica obligará a las Administraciones públicas a apretarse en cinturón. Tarea, no obstante, difícil dado el aumento sustancial que han experimentado las plantillas públicas a lo largo de los últimos 10 años.
De este modo, el Gobierno dio marcha atrás recientemente al incremento del número de funcionarios. La Oferta de Empleo Público para 2009 se reducirá en 70% respecto a la oferta de 2008, según anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La Generalidad anuncia despidos
Un recorte que comienza a materializarse también en algunas CCAA. Así, la Generalidad prevé que entre 2008 y 2009 se jubilen 2.149 funcionarios autonómicos, cuyas plazas por regla general no se cubrirán, según avanzó el lunes el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, el republicano Jordi Ausàs. La medida forma parte del paquete anticrisis aprobado por el Gobierno autonómico para ahorrar costes, informa Europa Press.
Del total de bajas, 79 tendrán la obligación legal de jubilarse, puesto que ya habrán cumplido los 70 años. El resto, 2.070 trabajadores, se encuentran o se encontrarán en la franja de edad de entre 65 y 69 años, la edad voluntaria de jubilación.
Ausàs dijo que la "amortización" de estos puestos de trabajo mediante jubilaciones irá acompañada de otros medidas orientadas a dibujar "un nuevo modelo" de administración pública catalana que potencie equipos de trabajo especializados y mejor formados.
Decreto anticrisis
Entre el primer paquete de medidas anticrisis que aprobó el Consejo Ejecutivo, destaca la relativa a esta cuestión, que establece que "no se sustituirá el personal de las consejerías y entidades del sector público de la Generalidad que cause baja por jubilación, excedencia o finalización del vínculo laboral".
"En caso de que la baja afecte a lugares de mando, y que sea imprescindible su cobertura, se compensará con bajas" en otras plazas y la "reasignación" de personal entre las consejerías.
Sólo podrán cubrirse estas plazas "excepcionalmente" en casos "debidamente justificados" y con el informe favorable de la Comisión de Coordinación Corporativa de la Generalidad.
Los españoles prefieren trabajar para las Administraciones Públicas, ya que, como norma general, las exigencias en el desempeño de la actividad laboral no son tan importantes como en el sector privado, el puesto de trabajo está asegurado y los horarios suelen ser mejores que los de los ciudadanos que son empleados por empresas privadas.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recogen este testigo y disparan las contrataciones de funcionarios, en contra de los criterios de austeridad y eficiencia que deberían caracterizar las políticas que desarrollan este tipo de instituciones públicas.
Y como el empleo público estatal se reduce, aumentan las desigualdades en la prestación de servicios públicos que no dependen de la Administración Central.
Los datos así lo reflejan. Entre 1998 y 2007, la población de España ha crecido un 12,2% según la oficina estadística europea (Eurostat), contando con los procesos de regularización de inmigrantes acometidos durante la pasada legislatura por el entonces ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Jesús Caldera. Sin embargo, en el mismo periodo los funcionarios han aumentado un 22%.
Fuente: Patronal catalana con datos de Trabajo
Un funcionario por cada 9 trabajadores
Como consecuencia, al cierre del pasado año había un funcionario por cada 8,7 trabajadores en activo, cifra calculada en virtud de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Y las “estrellas” de este aumento son las Comunidades Autónomas, que han elevado en un 92% su personal, lo que supone un aumento de más de 623.000 personas cuyos sueldos los pagan todas las personas que trabajan en el sector privado.
El proceso de descentralización parece estar detrás de este increíble incremento en las plantillas autonómicas. Y, como casi siempre, el mayor volumen en términos absolutos lo tiene Andalucía, que con 489.671 empleados lidera la contratación de empleados públicos, al mismo tiempo que ocupa los primeros lugares en las cifras de parados que publica el Ministerio de Trabajo.
Tras los gobiernos regionales, los ayuntamientos también han engordado sus plantillas, con un aumento del 18,74% en el personas al servicio consistorial, lo que representa un crecimiento en valores absolutos de 465.682 personas. Y financiar sus salarios no va a ser fácil, una vez que la principal fuente de financiación municipal -el suelo- ha perdido valor como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Subidas de tasas e impuestos municipales
Como consecuencia de este mayor coste que deberán soportar las arcas consistoriales, los municipios ya han comenzado a subir los impuestos y las tasas que son de su competencia. Los ciudadanos y pequeñas empesas van a ver cómo aumentan sus facturas de pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los impuestos de circulación, entre otros.
La principal novedad de este aumento de la carga fiscal es el momento en el que se produce. Alimentados por la sobrevaloración de los inmuebles, los ayuntamientos y los gobiernos regionales han tirado la casa por la ventana y se han comprometido con una estructura de costes que, en la actualidad, no pueden afrontar. Y esto ocurre al mismo tiempo que la economía española destruye empleo a una velocidad de vértigo, lo que lastra el poder adquisitivo de las familias y, por lo tanto, cercena el consumo y las tasas e impuestos asociados a esta variable.
Dentro de este proceso descentralizador, el Estado ha reducido el personal a su cargo en 267.345 personas, para situar el volumen total de empleados públicos en las 561.551 personas. Con todo ello, los ciudadanos que trabajan para las Administraciones Públicas han crecido un 22%, con un total de 2,58 millones de personas.
Pero la trasferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas y ayuntamientos no es la única razón de este aumento del personal que trabaja para los gobiernos regionales y municipales.
De hecho, el personal autonómico y consistorial ha aumentado de forma conjunta en más de un millón de trabajadores entre 1997 y 2008, mientras que la reducción de plantilla estatal no alcanza ni la cuarta parte de este volumen.
Empleados públicos vs Sector privado
Si se analiza el índice que compara los empleados públicos respecto a los asalariados del sector privado, la región que más apuesta por los funcionarios es Extremadura, con una tasa del 28,68%. Le siguen Castilla y León, con un 20,53%; Andalucía, con un 18,51% y Aragón, con el 17,44%. En el total nacional, existen 15,4 empleados públicos por cada 100 trabajadores de empresas no públicas.
La repercusión económica que tiene sobre la actividad productiva española esta enorme carga de empleo público es incalculable. Ya que a la cifra total de los salarios hay que sumar el coste que supone en términos de eficiencia.
Los menores incentivos para desempeñar la actividad laboral que tiene el sector público respecto del sector privado son otro aspecto que dificultan el cálculo del gasto en funcionarios y el retorno de este colectivo en términos de productividad al resto de la economía.
De momento, la Administración y los Sindicatos de la Función Pública han pactado un incremento salarial del 3,8% para el próximo año, en un documento que fija, por primera vez, las condiciones salariales de los funcionarios para un periodo de tres años.
A pesar de que el pacto inicial representaba una subida del 3%, adicionalmente se ha acordado un incremento adicional del 0,8% de la masa salarial en la Administración General del Estado, distribuido en una aportación del 0,5% al Plan de Pensiones y el 0,3% a la adopción de medidas destinadas a la mejora de resultados e incremento de la eficacia de los servicios públicos.
El resto de los mortales deberá conformarse con la actualización del IPC si disponen de cláusula de revisión salarial. Además, el Gobierno ha decidido no actualizar el Impuesto sobre la Renta con la inflación (lo que se denomina técnicamente la deflactación de la tarifa de este impuesto). Como consecuencia, los españoles deberán pagar 400 euros más -de media- cuando hagan su declaración.
¿Se avecinan recortes?
A ello se suma la mayor oferta pública de empleo realizada en España, que fue aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de enero, con 35.895 plazas. Una oferta especialmente dirigida a potenciar los efectivos de la Administración General del Estado (AGE) en las unidades de atención al ciudadano y de prestación directa de servicios.
El Consejo de Ministros aprobó entonces cuatro Reales Decretos de Oferta de Empleo Público 2008 para la AGE y sus organismos, Cuerpo Nacional de Policía, Cuerpo de la Guardia Civil y Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la crisis económica obligará a las Administraciones públicas a apretarse en cinturón. Tarea, no obstante, difícil dado el aumento sustancial que han experimentado las plantillas públicas a lo largo de los últimos 10 años.
De este modo, el Gobierno dio marcha atrás recientemente al incremento del número de funcionarios. La Oferta de Empleo Público para 2009 se reducirá en 70% respecto a la oferta de 2008, según anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La Generalidad anuncia despidos
Un recorte que comienza a materializarse también en algunas CCAA. Así, la Generalidad prevé que entre 2008 y 2009 se jubilen 2.149 funcionarios autonómicos, cuyas plazas por regla general no se cubrirán, según avanzó el lunes el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, el republicano Jordi Ausàs. La medida forma parte del paquete anticrisis aprobado por el Gobierno autonómico para ahorrar costes, informa Europa Press.
Del total de bajas, 79 tendrán la obligación legal de jubilarse, puesto que ya habrán cumplido los 70 años. El resto, 2.070 trabajadores, se encuentran o se encontrarán en la franja de edad de entre 65 y 69 años, la edad voluntaria de jubilación.
Ausàs dijo que la "amortización" de estos puestos de trabajo mediante jubilaciones irá acompañada de otros medidas orientadas a dibujar "un nuevo modelo" de administración pública catalana que potencie equipos de trabajo especializados y mejor formados.
Decreto anticrisis
Entre el primer paquete de medidas anticrisis que aprobó el Consejo Ejecutivo, destaca la relativa a esta cuestión, que establece que "no se sustituirá el personal de las consejerías y entidades del sector público de la Generalidad que cause baja por jubilación, excedencia o finalización del vínculo laboral".
"En caso de que la baja afecte a lugares de mando, y que sea imprescindible su cobertura, se compensará con bajas" en otras plazas y la "reasignación" de personal entre las consejerías.
Sólo podrán cubrirse estas plazas "excepcionalmente" en casos "debidamente justificados" y con el informe favorable de la Comisión de Coordinación Corporativa de la Generalidad.
lunes, noviembre 24, 2008
Las Juventudes Socialistas de Arganda se burlan de un concejal del PP por ser homosexual
UN CAPITULO MAS DE LAS HIPOCRESÍAS DE LA IZQUIERDA...
El alcalde de Arganda del Rey ha exigido una rectificación al PSOE por un artículo aparecido en la revista de las Juventudes Socialistas de la localidad con conmentarios ofensivos aludiendo a la orientación sexual del concejal de Juventud y Cultura.
El artículo aparece en el número 28 de la Revista del Grupo Municipal Socialista de Arganda del Rey correspondiente al mes de noviembre. En él, las juventudes socialistas dicen literalmente:
* “Porque tenemos a un concejal de juventud que no sabe ni preparar un programa de actividades de Otoño. ¡Ojo al documento! Actividades que bien las podía haber organizado la revista 'Super Pop', y todas las películas seleccionadas de 'un gran interés cultural', por ejemplo '300' que con tanto torso desnudo podemos suponer cual es el tipo de interés que ha visto en ella nuestro concejal”.
El alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, acompañado por los miembros del Gobierno de la ciudad y cargos políticos, leyó este lunes un comunicado denunciado que en el escrito “se vierten críticas sobre la gestión de la Concejalía de Juventud de este Ayuntamiento que, claramente, rebasan los límites lógicos, razonables y respetables de la crítica política, intentando desprestigiar la gestión del Concejal de Juventud por su orientación sexual, en una actitud claramente homofóbica y atentatoria contra las libertades y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”.
Asimismo, a través del comunicado, el alcalde de Arganda del Rey, ha apoyado, en nombre del Gobierno de la ciudad, al concejal de Juventud de Arganda del Rey, “por su gestión participativa, abierta y plural al servicio de todos los jóvenes de nuestra ciudad sin distinción alguna de sexo, raza, religión o pensamiento”.
De la misma manera, Ginés López ha querido resaltar el absoluto rechazo del Gobierno Municipal “a todos aquellos que no respeten, se burlen, acosen, discriminen o sean intolerantes con la libertad sexual de cualquier ciudadano o ciudadana y, en este caso particular, del concejal de Juventud, bien sea de forma física, psicológica o propagandística, demostrando una clara homofobia”.
El alcalde de Arganda del Rey ha subrayado también que “en política no vale todo” y ha instado al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arganda del Rey y, en especial, a su Portavoz, a una “pública e inmediata rectificación; solicitando, a su vez, su compromiso de lealtad en el ejercicio honorable de la oposición política y desterrando para siempre las prácticas de ataque personal, discriminatorio y ofensivo para sus compañeros de Corporación Municipal y de cualquier persona, hombre o mujer, que no piensen como ellos”.
Para finalizar, Ginés López ha aclarado que el Gobierno Municipal se reserva el ejercicio de las acciones judiciales oportunas por la vulneración de los derechos fundamentales y de las libertades públicas que también lo son del concejal de Juventud del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Según publica Telemadrid en su página web, el secretario general de Juventudes Socialistas de Arganda del Rey, David Azcona, ha pedido disculpas en un comunicado al concejal de Juventud de Arganda, Francisco Javier Díaz. “Reconocemos lo desacertado del comentario y rectificaremos en el próximo número".
El alcalde de Arganda del Rey ha exigido una rectificación al PSOE por un artículo aparecido en la revista de las Juventudes Socialistas de la localidad con conmentarios ofensivos aludiendo a la orientación sexual del concejal de Juventud y Cultura.
El artículo aparece en el número 28 de la Revista del Grupo Municipal Socialista de Arganda del Rey correspondiente al mes de noviembre. En él, las juventudes socialistas dicen literalmente:
* “Porque tenemos a un concejal de juventud que no sabe ni preparar un programa de actividades de Otoño. ¡Ojo al documento! Actividades que bien las podía haber organizado la revista 'Super Pop', y todas las películas seleccionadas de 'un gran interés cultural', por ejemplo '300' que con tanto torso desnudo podemos suponer cual es el tipo de interés que ha visto en ella nuestro concejal”.
El alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, acompañado por los miembros del Gobierno de la ciudad y cargos políticos, leyó este lunes un comunicado denunciado que en el escrito “se vierten críticas sobre la gestión de la Concejalía de Juventud de este Ayuntamiento que, claramente, rebasan los límites lógicos, razonables y respetables de la crítica política, intentando desprestigiar la gestión del Concejal de Juventud por su orientación sexual, en una actitud claramente homofóbica y atentatoria contra las libertades y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”.
Asimismo, a través del comunicado, el alcalde de Arganda del Rey, ha apoyado, en nombre del Gobierno de la ciudad, al concejal de Juventud de Arganda del Rey, “por su gestión participativa, abierta y plural al servicio de todos los jóvenes de nuestra ciudad sin distinción alguna de sexo, raza, religión o pensamiento”.
De la misma manera, Ginés López ha querido resaltar el absoluto rechazo del Gobierno Municipal “a todos aquellos que no respeten, se burlen, acosen, discriminen o sean intolerantes con la libertad sexual de cualquier ciudadano o ciudadana y, en este caso particular, del concejal de Juventud, bien sea de forma física, psicológica o propagandística, demostrando una clara homofobia”.
El alcalde de Arganda del Rey ha subrayado también que “en política no vale todo” y ha instado al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arganda del Rey y, en especial, a su Portavoz, a una “pública e inmediata rectificación; solicitando, a su vez, su compromiso de lealtad en el ejercicio honorable de la oposición política y desterrando para siempre las prácticas de ataque personal, discriminatorio y ofensivo para sus compañeros de Corporación Municipal y de cualquier persona, hombre o mujer, que no piensen como ellos”.
Para finalizar, Ginés López ha aclarado que el Gobierno Municipal se reserva el ejercicio de las acciones judiciales oportunas por la vulneración de los derechos fundamentales y de las libertades públicas que también lo son del concejal de Juventud del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Según publica Telemadrid en su página web, el secretario general de Juventudes Socialistas de Arganda del Rey, David Azcona, ha pedido disculpas en un comunicado al concejal de Juventud de Arganda, Francisco Javier Díaz. “Reconocemos lo desacertado del comentario y rectificaremos en el próximo número".
domingo, noviembre 23, 2008
La Xunta impone el gallego en las escuelas a través de un Consorcio dirigido por Quintana
Según informa La Razón, la Xunta ha creado un Consorcio para gestionar las "galescolas" con el fin de "ideologizar" a los niños de 0 a 3 años. Además, está presionando a los municipios con restarles las subvenciones de las guarderías si no se adhieren a él.
La Xunta quiere que los niños aprendan gallego antes incluso de que sepan hablar. Tal y como dice La Razón, las "galescolas" se han convertido en una pesadilla para muchos desde que el BNG se percatara de que la "mejor cantera" para la lengua gallega son los niños: ahora, los niños de 0 a 3 años tomarán el biberón de la mañana al ritmo del Himno gallego.
El proyecto del Consorcio gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, promovido y presidido por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, está regido por ex altos cargos del propio BNG. Éste se ofrece como un sistema de "colaboración entre iguales" dirigido a conseguir la "conciliación de la vida familiar y la laboral". De ese modo, se presentaban a los gallegos unas escuelas que, sin embargo, empiezan ahora a tener problemas debido a la confrontación de competencias.
Hasta ahora, los ayuntamientos dirigían los servicios sociales, según La Razón, y era la Xunta la que estaba obligada a transferir las ayudas. Pero la creación del Consorcio busca controlar y gestionar las "galescolas", de tal manera que si un consistorio no se adhiere a dicha sociedad ve mermadas sus subvenciones o se queda sin ellas.
El proyecto ha sido contestado confuerza por algunos municipios, asegura La Razón. Acusan a Quintana de utilizar métodos casi "mafiosos" para conseguir la integración de todos los ayuntamientos gallegos al Consorcio. De ese modo, la "imposición" o "coacción" tiene más rasgos claros.
Desde el PP de Galicia, la Portavoz de Asuntos Sociales, Susana López Abella, acusa a Quintana de querer "asfixiar" económicamente a las escuelas municipales, y así lograr que cierren o se integren. Si no lo hacen, les acosan con inspecciones o disminuyen las ayudas de la Xunta destinadas a las escuelas (incluso cuando provienen de la UE). "Esta entidad se escapa al control parlamentario y en 2009 administrará 100 millones de euros", denuncia López Abella.
"Los contratos y todo lo gestiona el Consorcio, los consistorios son meros convidados de piedra", critica a su vez Celso Rodríguez, concejal de Terras Galegas en La Guardia, Pontevedra. De ese modo, según La Razón, Ayuntamientos como los de Sober, Borborás o Arbo, que en 2006 recibieron 26.000, 18.000 y 20.380 euros para guarderías, en 2007 vieron reducidas sus ayudas en un 37 por ciento.
Ahora, Galicia posee una red de 79 "galescolas" con 3.900 plazas, de las cuales sólo 23 son de nueva creación y 15 de ellas ya estaban comprometidas con los ayuntamientos por el Gobierno gallego del PP. El resto eran guarderías municipales que fueron absorbidas por la sociedad creada por Quintana.
Según un estudio de López Abella "cada plaza de "galescolas" cuesta el doble que las gestionadas por municipios": si las primeras tiene un coste de 2.500 euros, las segundas ven multiplicado su coste hasta los 5.000, según La Razón. La clara intención subyacente es ideologizar a los niños, siguiendo el modelo vasco o catalán. "No sé si lo que quieren es galleguizar o crear al nuevo hombre gallego", dice el concejal de La Guardia.
Como recuerda La Razón, Galicia Bilingüe ya advirtió de que obligar a un niño a cambiar su lengua materna por otra "puede producir perjuicios psicológicos y empujarles al fracaso escolar".
Mas información:
http://www.larazon.es/noticia/el-bng-impone-el-biberon-en-gallego
La Xunta quiere que los niños aprendan gallego antes incluso de que sepan hablar. Tal y como dice La Razón, las "galescolas" se han convertido en una pesadilla para muchos desde que el BNG se percatara de que la "mejor cantera" para la lengua gallega son los niños: ahora, los niños de 0 a 3 años tomarán el biberón de la mañana al ritmo del Himno gallego.
El proyecto del Consorcio gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, promovido y presidido por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, está regido por ex altos cargos del propio BNG. Éste se ofrece como un sistema de "colaboración entre iguales" dirigido a conseguir la "conciliación de la vida familiar y la laboral". De ese modo, se presentaban a los gallegos unas escuelas que, sin embargo, empiezan ahora a tener problemas debido a la confrontación de competencias.
Hasta ahora, los ayuntamientos dirigían los servicios sociales, según La Razón, y era la Xunta la que estaba obligada a transferir las ayudas. Pero la creación del Consorcio busca controlar y gestionar las "galescolas", de tal manera que si un consistorio no se adhiere a dicha sociedad ve mermadas sus subvenciones o se queda sin ellas.
El proyecto ha sido contestado confuerza por algunos municipios, asegura La Razón. Acusan a Quintana de utilizar métodos casi "mafiosos" para conseguir la integración de todos los ayuntamientos gallegos al Consorcio. De ese modo, la "imposición" o "coacción" tiene más rasgos claros.
Desde el PP de Galicia, la Portavoz de Asuntos Sociales, Susana López Abella, acusa a Quintana de querer "asfixiar" económicamente a las escuelas municipales, y así lograr que cierren o se integren. Si no lo hacen, les acosan con inspecciones o disminuyen las ayudas de la Xunta destinadas a las escuelas (incluso cuando provienen de la UE). "Esta entidad se escapa al control parlamentario y en 2009 administrará 100 millones de euros", denuncia López Abella.
"Los contratos y todo lo gestiona el Consorcio, los consistorios son meros convidados de piedra", critica a su vez Celso Rodríguez, concejal de Terras Galegas en La Guardia, Pontevedra. De ese modo, según La Razón, Ayuntamientos como los de Sober, Borborás o Arbo, que en 2006 recibieron 26.000, 18.000 y 20.380 euros para guarderías, en 2007 vieron reducidas sus ayudas en un 37 por ciento.
Ahora, Galicia posee una red de 79 "galescolas" con 3.900 plazas, de las cuales sólo 23 son de nueva creación y 15 de ellas ya estaban comprometidas con los ayuntamientos por el Gobierno gallego del PP. El resto eran guarderías municipales que fueron absorbidas por la sociedad creada por Quintana.
Según un estudio de López Abella "cada plaza de "galescolas" cuesta el doble que las gestionadas por municipios": si las primeras tiene un coste de 2.500 euros, las segundas ven multiplicado su coste hasta los 5.000, según La Razón. La clara intención subyacente es ideologizar a los niños, siguiendo el modelo vasco o catalán. "No sé si lo que quieren es galleguizar o crear al nuevo hombre gallego", dice el concejal de La Guardia.
Como recuerda La Razón, Galicia Bilingüe ya advirtió de que obligar a un niño a cambiar su lengua materna por otra "puede producir perjuicios psicológicos y empujarles al fracaso escolar".
Mas información:
http://www.larazon.es/noticia/el-bng-impone-el-biberon-en-gallego
sábado, noviembre 22, 2008
La Diputación de La Coruña dice que el uso del castellano es "otra forma de violencia de género"
Los nacionalistas gallegos siguen derrochando el erario público en pos de sus fines políticos y su última ocurrencia ha sido el editar un díptico que asegura que la utilización del castellano por parte de las mujeres y el poco uso del gallego que hacen "es otra forma de violencia de género".
La utilización del castellano por parte de las mujeres gallegas "es otra forma de violencia de género". Esto es lo que opinan los nacionalistas de esta comunidad, que creen que las féminas de Galicia no utilizan mucho la lengua cooficial debido a la presión social. Sin embargo, lo más grave es que esta consideración esta financiada con dinero público a través de un díptico editado por el Servicio de Normalización Lingüística de la Universidad de La Coruña, realizado en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación provincial, y que lleva como título Contra la violencia, defendamos la lengua.
"Queremos aprovechar la fecha del 25 de noviembre, día de la no violencia contra las mujeres, para hacer pública nuestra denuncia de ser esta otra forma de violencia que debe ser erradicada para recuperar nuestra dignidad y manifestar públicamente nuestro compromiso de construirnos, individual y colectivamente, en la lengua propia de este país", se asegura en el texto.
Esta nueva ocurrencia del nacionalismo gallego, recogido por el blog Contando Estrelas, dice también que "el preocupante escaso uso del gallego" por parte de las mujeres provoca "una subordinación exigida por el mismo sistema que promueve la división del trabajo entre los sexos y que saca beneficios del oculto trabajo femenino". Es decir, según los nacionalistas la desigualdad existente entre hombres y mujeres viene determinada por el uso del castellano y los posibles maltratos por culpa de los castellanoparlantes que presionan para que se use esta lengua.
La utilización del castellano por parte de las mujeres gallegas "es otra forma de violencia de género". Esto es lo que opinan los nacionalistas de esta comunidad, que creen que las féminas de Galicia no utilizan mucho la lengua cooficial debido a la presión social. Sin embargo, lo más grave es que esta consideración esta financiada con dinero público a través de un díptico editado por el Servicio de Normalización Lingüística de la Universidad de La Coruña, realizado en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación provincial, y que lleva como título Contra la violencia, defendamos la lengua.
"Queremos aprovechar la fecha del 25 de noviembre, día de la no violencia contra las mujeres, para hacer pública nuestra denuncia de ser esta otra forma de violencia que debe ser erradicada para recuperar nuestra dignidad y manifestar públicamente nuestro compromiso de construirnos, individual y colectivamente, en la lengua propia de este país", se asegura en el texto.
Esta nueva ocurrencia del nacionalismo gallego, recogido por el blog Contando Estrelas, dice también que "el preocupante escaso uso del gallego" por parte de las mujeres provoca "una subordinación exigida por el mismo sistema que promueve la división del trabajo entre los sexos y que saca beneficios del oculto trabajo femenino". Es decir, según los nacionalistas la desigualdad existente entre hombres y mujeres viene determinada por el uso del castellano y los posibles maltratos por culpa de los castellanoparlantes que presionan para que se use esta lengua.
jueves, noviembre 20, 2008
Los ingenieros informáticos colapsan la web de Justicia
Ingenieros de informática han logrado que el sitio web del Ministerio de Justicia "esté inestable" a base de visitar la página. El colectivo denuncia así la falta de compromiso del Gobierno y reivindica "de forma pacífica y legal" equiparar la informática con el resto de las ingenierías.
Según un correo electrónico emitido a las redacciones de todos los diarios nacionales, la caída de la página web del ministerio de Justicia se ha conseguido de forma pacífica y legal, "al no hacer uso de ningún tipo de código malicioso, sino a base de entrar y salir todo el rato en la página", haciendo que la misma no cargue correctamente, provocando lentitud en su servicio, así como diversos mensajes de error.
Los ingenieros informáticos reivindican que el Ministerio de Ciencia e Innovación el compromiso de elaborar una ficha de directrices específicas para las titulaciones de Ingenierías Técnicas e Ingeniería en Informática, en las mismas condiciones que el resto de ingenierías. Asimismo, reclaman el compromiso de incluir en la transposición de la directiva europea de servicios las profesiones de ingeniero técnico e ingeniero de informática.
Por último, tanto estudiantes como licenciados desean obtener del Ministerio de Industria el compromiso de elaborar y llevar al Parlamento una ley que regule las atribuciones profesionales del sector.
Según el colectivo, la ingeniería informática se encuentra en una situación de agravio comparativo respecto al resto de las ingenierías. El miércoles los ingenieros informáticos se manifestaron (de 35.000 a 40.000 personas, según el colectivo) y afirman no confiar en las palabras del director general de universidades, Felipe Petriz, que les "transmitió buenas palabras, pero nada más". Es por ello que aseguran que seguirán con sus actividades de protesta, siempre bajo la legalidad vigente.
"No comprendemos como puede ser tan difícil que se pongan de acuerdo dos ministerios siendo del mismo Gobierno y del mismo partido político", concluye el comunicado.
Según un correo electrónico emitido a las redacciones de todos los diarios nacionales, la caída de la página web del ministerio de Justicia se ha conseguido de forma pacífica y legal, "al no hacer uso de ningún tipo de código malicioso, sino a base de entrar y salir todo el rato en la página", haciendo que la misma no cargue correctamente, provocando lentitud en su servicio, así como diversos mensajes de error.
Los ingenieros informáticos reivindican que el Ministerio de Ciencia e Innovación el compromiso de elaborar una ficha de directrices específicas para las titulaciones de Ingenierías Técnicas e Ingeniería en Informática, en las mismas condiciones que el resto de ingenierías. Asimismo, reclaman el compromiso de incluir en la transposición de la directiva europea de servicios las profesiones de ingeniero técnico e ingeniero de informática.
Por último, tanto estudiantes como licenciados desean obtener del Ministerio de Industria el compromiso de elaborar y llevar al Parlamento una ley que regule las atribuciones profesionales del sector.
Según el colectivo, la ingeniería informática se encuentra en una situación de agravio comparativo respecto al resto de las ingenierías. El miércoles los ingenieros informáticos se manifestaron (de 35.000 a 40.000 personas, según el colectivo) y afirman no confiar en las palabras del director general de universidades, Felipe Petriz, que les "transmitió buenas palabras, pero nada más". Es por ello que aseguran que seguirán con sus actividades de protesta, siempre bajo la legalidad vigente.
"No comprendemos como puede ser tan difícil que se pongan de acuerdo dos ministerios siendo del mismo Gobierno y del mismo partido político", concluye el comunicado.
miércoles, noviembre 19, 2008
Ingenieros informáticos y estudiantes se movilizan por una regulación
En una convocatoria sin precedentes, miles ingenieros informáticos de toda España, así como los estudiantes de las facultades y escuelas universitarias de Informática, se han manifestado durante la jornada de hoy por la regulación de su profesión y el futuro de su titulación.
En Madrid la marcha tuvo lugar enfrente del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, donde se ha congregado al menos un millar de personas, según testigos. En Valencia, se han congregado unas 2.500 personas, mientras que en Barcelona también han salido a las calles. En Valladolid, medio millar. Y así, en otras capitales como Zaragoza, Sevilla, Alicante, Santiago de Compostela, Murcia, Mérida, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo y León.
Son muchas las organizaciones, colegios autonómicos y asociaciones que se han sumado a las protestas y apoyan las reivindicaciones de un sector que suma más de 200.000 personas, entre ingenieros informáticos y estudiantes.
El origen de las protestas está en una serie de reivindicaciones encaminadas a garantizar el futuro de la titulación de Ingeniería Informática, la única ingeniería que no cuenta con ficha académica.
Así, los convocantes exigen al Ministerio de Ciencia e Innovación que elabore una ficha de directrices específicas para las titulaciones de Ingenierías Técnicas e Ingeniería en Informática, en las mismas condiciones que el resto de ingenierías; al Gobierno, que incluya en la transposición de la directiva europea de servicios las profesiones de Ingeniero Técnico y de Ingeniero en Informática; y al Ministerio de Industria, que elabore y entregue al Parlamento una ley que regule las atribuciones profesionales del sector.
Por una regulación
[foto de la noticia]
En un comunicado, la Asociación de Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Informática (ALI) recuerda que la profesión no está regulada.
"La regulación profesional es una competencia reservada al Estado, por lo que es el Ministerio correspondiente (en este caso, el de Industria) el que debe tomar la iniciativa legislativa, ya que constitucionalmente tiene que hacerse por Ley aprobada en el Congreso de los Diputados, previo informe del Ministerio de Ciencia e Innovación", explica el comunicado.
Asimismo, la nota recuerda que los informáticos "tienen un título universitario, por lo que disponemos de conocimientos específicos reglados". "El ámbito profesional de la informática no ha sido regulado, por más que algunas ingenierías como Telecomunicaciones pretendan apropiárselo ante la actitud pasiva del Gobierno", afirma.
El futuro de la titulación
La ALI asegura que "las titulaciones de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática, y aún en el supuesto de que se descatalogaran, no pueden perder sus competencias académicas" en ningún caso.
En cuanto al futuro de los títulos, la nueva ordenación de las enseñanzas Universitarias Oficiales, da al Gobierno potestad para la creación de los títulos y para establecer las "directrices propias de esos títulos" cuando den lugar a profesiones reguladas. En los títulos correspondientes a las profesiones no reguladas (como los de Informática), son las Universidades las que crean los títulos Oficiales.
A pesar de que la CODDI (Conferencia de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Informática) se ha comprometido a establecer determinadas titulaciones en informática, así como sus fichas, existe un riesgo de que los conocimientos de las Ingenierías informáticas queden demasiado dispersos.
Garmendia escucha
En declaraciones en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a EFE, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, la titular ministerial, Cristina Garmendia, ha precisado esta mañana que la regulación de las profesiones no es competencia del departamento, pero sí el reconocimiento académico y las titulaciones.
"Desde luego, ahí estamos abiertos a escuchar -ha señalado-, a ayudar, y a entender las reivindicaciones, y también a trabajar en colaboración con los otros dos Ministerios competentes aquí: Industria y Economía y Hacienda".
En Madrid la marcha tuvo lugar enfrente del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, donde se ha congregado al menos un millar de personas, según testigos. En Valencia, se han congregado unas 2.500 personas, mientras que en Barcelona también han salido a las calles. En Valladolid, medio millar. Y así, en otras capitales como Zaragoza, Sevilla, Alicante, Santiago de Compostela, Murcia, Mérida, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo y León.
Son muchas las organizaciones, colegios autonómicos y asociaciones que se han sumado a las protestas y apoyan las reivindicaciones de un sector que suma más de 200.000 personas, entre ingenieros informáticos y estudiantes.
El origen de las protestas está en una serie de reivindicaciones encaminadas a garantizar el futuro de la titulación de Ingeniería Informática, la única ingeniería que no cuenta con ficha académica.
Así, los convocantes exigen al Ministerio de Ciencia e Innovación que elabore una ficha de directrices específicas para las titulaciones de Ingenierías Técnicas e Ingeniería en Informática, en las mismas condiciones que el resto de ingenierías; al Gobierno, que incluya en la transposición de la directiva europea de servicios las profesiones de Ingeniero Técnico y de Ingeniero en Informática; y al Ministerio de Industria, que elabore y entregue al Parlamento una ley que regule las atribuciones profesionales del sector.
Por una regulación
[foto de la noticia]
En un comunicado, la Asociación de Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Informática (ALI) recuerda que la profesión no está regulada.
"La regulación profesional es una competencia reservada al Estado, por lo que es el Ministerio correspondiente (en este caso, el de Industria) el que debe tomar la iniciativa legislativa, ya que constitucionalmente tiene que hacerse por Ley aprobada en el Congreso de los Diputados, previo informe del Ministerio de Ciencia e Innovación", explica el comunicado.
Asimismo, la nota recuerda que los informáticos "tienen un título universitario, por lo que disponemos de conocimientos específicos reglados". "El ámbito profesional de la informática no ha sido regulado, por más que algunas ingenierías como Telecomunicaciones pretendan apropiárselo ante la actitud pasiva del Gobierno", afirma.
El futuro de la titulación
La ALI asegura que "las titulaciones de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática, y aún en el supuesto de que se descatalogaran, no pueden perder sus competencias académicas" en ningún caso.
En cuanto al futuro de los títulos, la nueva ordenación de las enseñanzas Universitarias Oficiales, da al Gobierno potestad para la creación de los títulos y para establecer las "directrices propias de esos títulos" cuando den lugar a profesiones reguladas. En los títulos correspondientes a las profesiones no reguladas (como los de Informática), son las Universidades las que crean los títulos Oficiales.
A pesar de que la CODDI (Conferencia de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Informática) se ha comprometido a establecer determinadas titulaciones en informática, así como sus fichas, existe un riesgo de que los conocimientos de las Ingenierías informáticas queden demasiado dispersos.
Garmendia escucha
En declaraciones en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a EFE, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, la titular ministerial, Cristina Garmendia, ha precisado esta mañana que la regulación de las profesiones no es competencia del departamento, pero sí el reconocimiento académico y las titulaciones.
"Desde luego, ahí estamos abiertos a escuchar -ha señalado-, a ayudar, y a entender las reivindicaciones, y también a trabajar en colaboración con los otros dos Ministerios competentes aquí: Industria y Economía y Hacienda".
Gloria Lago, en Estrasburgo: "Europa ya sabe lo que está sucediendo en Galicia"
La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, explicó este miércoles en Estrasburgo a los representantes de todos los grupos con representación en el Parlamento Europeo, excepto el socialista, la imposición del gallego que pretende la Xunta de Galicia y pidió la ayuda de las instituciones europeas para defender los derechos de los hablantes en castellano.
Gloria Lago y José Manuel Pousada, presidenta y vicepresidente de Galicia Bilingüe viajaron este miércoles a Estrasburgo para alertar a los representantes políticos europeos de la la pérdida de derechos que están sufriendo muchos ciudadanos gallegos como consecuencia de la política lingüística que desarrolla el Gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño.
Según informa Galicia Bilingüe en un comunicado, se desplazaron hasta Estrasburgo "tanto para demandar el apoyo de las instituciones europeas como para abrirles los ojos a la realidad de la imposición idiomática que las autoridades autonómicas disfrazan cuando
acuden a justificarse ante la UE".
Les escucharon en persona representantes de más de 16 países, varios eurodiputados del Grupo Popular –el Partido Socialista no respondió a la solicitud de entrevista de Galicia Bilingüe– los portavoces de las demás organizaciones con representación en la Cámara europea y el presidente del Parlamento, Hans-Gert Pöttering.
Gloria Lago informó de las restricciones de derechos que están sufriendo muchos gallegos, especialmente en el ámbito de la Educación. "Recientemente –sostuvo la presidenta del colectivo–, desde la llegada al Gobierno autonómico de Galicia de una coalición formada por nacionalistas y socialistas, los ciudadanos nos estamos viendo sometidos a un proceso de imposición lingüística que nos aboca paulatinamente a un monolingüismo en gallego en la enseñanza y en la Administración, que lleva visos de extenderse a otros ámbitos, coartando las libertades de una parte de la población y perjudicando la formación de muchos escolares".
La asociación exlplica que "tras relacionar múltiples ejemplos de esas políticas de Touriño, como la señalización en carreteras, calles, ayuntamientos y otros organismos oficiales, la redacción de información de interés como la hospitalaria únicamente en gallego, la intención de sancionar a los comerciantes si rotulan en castellano, o la limitación de ayudas y subvenciones a ámbitos y actividades que excluyan el español, Lago se extendió al denunciar los efectos del denostado decreto que regula el uso del gallego en los colegios".
La presidenta de Galicia Bilingüe recordó la recomendación de la UNESCO en cuanto a los beneficios de recibir la enseñanza en lengua materna, como ocurre hoy con más del 90 por ciento de los escolares europeos, y alertó a los eurodiputados sobre el proceso de completa erradicación del español de los centros educativos, donde a menudo se tilda al castellano de idioma invasor no apto para la formación cultural. Añadió además que los libros de texto de lengua gallega no sólo contienen léxico, morfología, sintaxis o literatura, sino en gran medida ideología y política lingüística.
"Las autoridades –expuso Gloria Lago– afirman sin rubor que la educación es un sector estratégico para recuperar o ganar hablantes, y se utilizan argumentos falaces para justificar la inmersión. Se falsean datos sobre las políticas lingüísticas de otros países o se intenta tranquilizar a los padres con el absurdo argumento de que el español ya se aprende en la calle, obviando que el registro culto de un idioma se consigue en la escuela".
Gloria Lago puntualizó que entre los objetivos de Galicia Bilingüe no está la defensa de idioma alguno, sino la de derechos de los hablantes de dos lenguas que son oficiales. "En Galicia no existe conflicto entre comunidades lingüísticas –indicó– y muchos gallego hablantes nos muestran también su descontento con la actual situación, pues aunque quieren que sus hijos reciban la primera enseñanza en el idioma materno, desearían una mayor presencia del español en las etapas posteriores porque son conscientes del beneficio que eso supondría para la formación del alumno".
Lago relacionó después, una a una, las demandas de la asociación, especificando que pretende que las señalizaciones estén en los dos idiomas, que la Administración atienda a los ciudadanos en la lengua que estos elijan, que no se prime el conocimiento del gallego sobre la competencia profesional a la hora de contratar a un empleado público, que las subvenciones oficiales no estén completamente condicionadas por el uso del idioma, que cese el adoctrinamiento en la enseñanza y que los padres o los alumnos, si tienen edad suficiente, puedan elegir la lengua vehicular, teniendo la otra como asignatura obligatoria en todas las etapas educativas.
"Los defensores de la imposición –continuó la presidenta– llaman segregacionistas a los padres que pedimos poder elegir, lo que viene a suponer acusar a muchos gobiernos europeos de segregacionistas. Uno de los principios básicos de un sistema democrático es permitir escoger a los ciudadanos entre varias opciones compatibles". "Por todo eso –añadió finalmente– hemos venido hasta aquí, a una institución que es el símbolo de la democracia en Europa, para hacerles conscientes del grave problema que sufrimos y pedirles que nos ayuden a encontrar los cauces necesarios para denunciar esta injusta imposición. Necesitamos que toda Europa sepa lo que está sucediendo".
Su intervención provocó un debate en el que participaron distintos eurodiputados para expresar su sorpresa y su condena por la situación en Galicia. Algunos de ellos procedían de países con más de una lengua oficial. En todos los casos los ciudadanos son quienes eligen la lengua en la enseñanza y existe un bilingüismo real y respetuoso con los derechos
de todos, por ello la convivencia es tolerante.
Por otra parte, el eurodiputado portugües Vasco Graca Moura explicó que en el informe sobre el multilingüismo que está preparando para la comisión de cultura y educación de la eurocámara y que se aprobará el próximo feberero piensa plantear como principio la libertad de los padres para elegir la lengua en la que educan a susu hijos.
Gloria Lago y José Manuel Pousada, presidenta y vicepresidente de Galicia Bilingüe viajaron este miércoles a Estrasburgo para alertar a los representantes políticos europeos de la la pérdida de derechos que están sufriendo muchos ciudadanos gallegos como consecuencia de la política lingüística que desarrolla el Gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño.
Según informa Galicia Bilingüe en un comunicado, se desplazaron hasta Estrasburgo "tanto para demandar el apoyo de las instituciones europeas como para abrirles los ojos a la realidad de la imposición idiomática que las autoridades autonómicas disfrazan cuando
acuden a justificarse ante la UE".
Les escucharon en persona representantes de más de 16 países, varios eurodiputados del Grupo Popular –el Partido Socialista no respondió a la solicitud de entrevista de Galicia Bilingüe– los portavoces de las demás organizaciones con representación en la Cámara europea y el presidente del Parlamento, Hans-Gert Pöttering.
Gloria Lago informó de las restricciones de derechos que están sufriendo muchos gallegos, especialmente en el ámbito de la Educación. "Recientemente –sostuvo la presidenta del colectivo–, desde la llegada al Gobierno autonómico de Galicia de una coalición formada por nacionalistas y socialistas, los ciudadanos nos estamos viendo sometidos a un proceso de imposición lingüística que nos aboca paulatinamente a un monolingüismo en gallego en la enseñanza y en la Administración, que lleva visos de extenderse a otros ámbitos, coartando las libertades de una parte de la población y perjudicando la formación de muchos escolares".
La asociación exlplica que "tras relacionar múltiples ejemplos de esas políticas de Touriño, como la señalización en carreteras, calles, ayuntamientos y otros organismos oficiales, la redacción de información de interés como la hospitalaria únicamente en gallego, la intención de sancionar a los comerciantes si rotulan en castellano, o la limitación de ayudas y subvenciones a ámbitos y actividades que excluyan el español, Lago se extendió al denunciar los efectos del denostado decreto que regula el uso del gallego en los colegios".
La presidenta de Galicia Bilingüe recordó la recomendación de la UNESCO en cuanto a los beneficios de recibir la enseñanza en lengua materna, como ocurre hoy con más del 90 por ciento de los escolares europeos, y alertó a los eurodiputados sobre el proceso de completa erradicación del español de los centros educativos, donde a menudo se tilda al castellano de idioma invasor no apto para la formación cultural. Añadió además que los libros de texto de lengua gallega no sólo contienen léxico, morfología, sintaxis o literatura, sino en gran medida ideología y política lingüística.
"Las autoridades –expuso Gloria Lago– afirman sin rubor que la educación es un sector estratégico para recuperar o ganar hablantes, y se utilizan argumentos falaces para justificar la inmersión. Se falsean datos sobre las políticas lingüísticas de otros países o se intenta tranquilizar a los padres con el absurdo argumento de que el español ya se aprende en la calle, obviando que el registro culto de un idioma se consigue en la escuela".
Gloria Lago puntualizó que entre los objetivos de Galicia Bilingüe no está la defensa de idioma alguno, sino la de derechos de los hablantes de dos lenguas que son oficiales. "En Galicia no existe conflicto entre comunidades lingüísticas –indicó– y muchos gallego hablantes nos muestran también su descontento con la actual situación, pues aunque quieren que sus hijos reciban la primera enseñanza en el idioma materno, desearían una mayor presencia del español en las etapas posteriores porque son conscientes del beneficio que eso supondría para la formación del alumno".
Lago relacionó después, una a una, las demandas de la asociación, especificando que pretende que las señalizaciones estén en los dos idiomas, que la Administración atienda a los ciudadanos en la lengua que estos elijan, que no se prime el conocimiento del gallego sobre la competencia profesional a la hora de contratar a un empleado público, que las subvenciones oficiales no estén completamente condicionadas por el uso del idioma, que cese el adoctrinamiento en la enseñanza y que los padres o los alumnos, si tienen edad suficiente, puedan elegir la lengua vehicular, teniendo la otra como asignatura obligatoria en todas las etapas educativas.
"Los defensores de la imposición –continuó la presidenta– llaman segregacionistas a los padres que pedimos poder elegir, lo que viene a suponer acusar a muchos gobiernos europeos de segregacionistas. Uno de los principios básicos de un sistema democrático es permitir escoger a los ciudadanos entre varias opciones compatibles". "Por todo eso –añadió finalmente– hemos venido hasta aquí, a una institución que es el símbolo de la democracia en Europa, para hacerles conscientes del grave problema que sufrimos y pedirles que nos ayuden a encontrar los cauces necesarios para denunciar esta injusta imposición. Necesitamos que toda Europa sepa lo que está sucediendo".
Su intervención provocó un debate en el que participaron distintos eurodiputados para expresar su sorpresa y su condena por la situación en Galicia. Algunos de ellos procedían de países con más de una lengua oficial. En todos los casos los ciudadanos son quienes eligen la lengua en la enseñanza y existe un bilingüismo real y respetuoso con los derechos
de todos, por ello la convivencia es tolerante.
Por otra parte, el eurodiputado portugües Vasco Graca Moura explicó que en el informe sobre el multilingüismo que está preparando para la comisión de cultura y educación de la eurocámara y que se aprobará el próximo feberero piensa plantear como principio la libertad de los padres para elegir la lengua en la que educan a susu hijos.
viernes, noviembre 14, 2008
España será el país con más paro y menor crecimiento en 2009, según la OCDE
A un mes y medio para que concluya 2008, las familias y empresas españolas se preparan para un nuevo año de dificultades. Los últimos datos oficiales constatan la primera contracción del PIB en 15 años y España será el país con una mayor tasa de paro y un menor crecimiento del mundo desarrollado.
Continúan los malos augurios para la economía española. A falta de un mes y medio para el cierre del año, el Gobierno ha decidido, por fin, admitir la gravedad de la situación y los máximos responsables de Moncloa reconocen abiertamente que estamos ante la mayor crisis de los últimos decenios.
Precisamente, este viernes el avance de Contabilidad Nacional Trimestral publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) certifica la primera contracción del Producto Interior Bruto (PIB) en 15 años.
La economía se desinfla un 0,2% y la UE no podrá salvar a España, ya que el PIB de la Eurozona ha vuelto a bajar en el tercer trimestre, un 0,2%, constatando la existencia de recesión (dos trimestres consecutivos de reducción del PIB).
Pese a los mensajes triunfalistas que hace pocos meses eran utilizados por el Ministerio de Economía y Hacienda que negaban la existencia de problemas estructurales en España. El hundimiento del sector inmobiliario y el aumento del paro, han dinamitado los dos pilares en los que se sustenta la economía nacional: la construcción y la demanda interna (el consumo).
Por ello, a la crisis financiera internacional se suma otra de carácter estructural que pone a España en el furgón de cola de los países desarrollados. De hecho, el grupo que engloba a las economías más industrializadas –la OCDE- acaba de realizar unas previsiones en las que España no sale bien parada en términos de productividad, PIB y paro.
España será el país que menos productividad y más desempleo en porcentaje de la población activa tendrá en 2008 de toda la OCDE. Pero lo más destacable es que es el país que peor gestiona su aparato productivo.
En concreto, la desviación del PIB real respecto al potencial (el que debería tener la economía si sus gobernantes adoptaran las políticas adecuadas), es del 3%, la mayor del mundo desarrollado, detras de Islandia e Irlanda, según la OCDE.
La única buena noticia deriva -paradojicamente- del alto componente del crudo en la inflación nacional. El Índice de Precios al Consumo evolucionará en España de una forma más favorable que en el resto de países desarrollados, aunque se trata de una cuestión que habrá que solucionar en el futuro para no sufrir los efectos de la subida del barril de petróleo más que los demás, como ha sucedido en la mayor parte de 2008.
Los datos de Economía son preocupantes
Y no son solamente los organismos internacionales los que pintan este escenario tan negro para España. Pese a que durante el conjunto del año el Gobierno ha pasado más tiempo negando los problemas que buscando vías para solucionarlos, el Ministerio de Economía ha puesto las cartas sobre la mesa.
Eso sí, la forma de hacerlo ha sido mediante la Síntesis de Indicadores Económicos, un documento que periódicamente elabora el departamento que dirige el vicepresidente Solbes y que sirve para anticipar la evolución futura de la economía, así como para analizar la situación actual, a modo de “foto fija”.
Una de las variables estrella a la hora de augurar la marcha de la economía es el Indicador Sintético de Actividad (ISA). Este dato ha estado prácticamente plano durante los últimos años, para iniciar en 2008 un derrumbe sin precedentes. El desplome se ha visto acompañado (o generado) por el hundimiento de las ventas de grandes empresas y la caída de los ciudadanos que trabajan.
Como consecuencia de ello, el clima de confianza ha seguido una senda similar, tanto en el Índice de Producción Industrial (IPI) como en la confianza del sector secundario. Un dato revelador es que el consumo de energía eléctrica (fundamental para producir bienes y servicios) cayó en octubre un 1,7%.
En la misma dirección apunta el indicador PMI de la industria manufacturera, que ha descendido en octubre por segundo mes consecutivo, anotando un nivel de 34,6, inferior en 3,7 puntos al de agosto. Esta cifra sigue alejada del umbral de contracción (50 puntos) que no ha sido rebasado desde noviembre de 2007.
Y qué decir del sector constructor. La confianza de los agentes que operan en este mercado intensificó en octubre su proceso de deterioro anotando un saldo de –38 unidades, doce puntos por debajo del correspondiente al mes de septiembre (-26). Y los indicadores sintéticos de este sector así lo constatan.
Finalmente, todo ello se traduce en más paro. La mayoría de los indicadores del mercado laboral muestran desde hace varios trimestres un tono preocupante, que se está intensificando en los últimos meses, en consonancia con las dificultades económicas.
Ello se ha evidenciado una vez más en la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2008, así como en los registros de afiliación a la Seguridad Social (SS) y del paro registrado de los Servicios Públicos de empleo. Con una caída brutal de las afiliaciones y 800.000 parados más en lo que va de año.
Continúan los malos augurios para la economía española. A falta de un mes y medio para el cierre del año, el Gobierno ha decidido, por fin, admitir la gravedad de la situación y los máximos responsables de Moncloa reconocen abiertamente que estamos ante la mayor crisis de los últimos decenios.
Precisamente, este viernes el avance de Contabilidad Nacional Trimestral publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) certifica la primera contracción del Producto Interior Bruto (PIB) en 15 años.
La economía se desinfla un 0,2% y la UE no podrá salvar a España, ya que el PIB de la Eurozona ha vuelto a bajar en el tercer trimestre, un 0,2%, constatando la existencia de recesión (dos trimestres consecutivos de reducción del PIB).
Pese a los mensajes triunfalistas que hace pocos meses eran utilizados por el Ministerio de Economía y Hacienda que negaban la existencia de problemas estructurales en España. El hundimiento del sector inmobiliario y el aumento del paro, han dinamitado los dos pilares en los que se sustenta la economía nacional: la construcción y la demanda interna (el consumo).
Por ello, a la crisis financiera internacional se suma otra de carácter estructural que pone a España en el furgón de cola de los países desarrollados. De hecho, el grupo que engloba a las economías más industrializadas –la OCDE- acaba de realizar unas previsiones en las que España no sale bien parada en términos de productividad, PIB y paro.
España será el país que menos productividad y más desempleo en porcentaje de la población activa tendrá en 2008 de toda la OCDE. Pero lo más destacable es que es el país que peor gestiona su aparato productivo.
En concreto, la desviación del PIB real respecto al potencial (el que debería tener la economía si sus gobernantes adoptaran las políticas adecuadas), es del 3%, la mayor del mundo desarrollado, detras de Islandia e Irlanda, según la OCDE.
La única buena noticia deriva -paradojicamente- del alto componente del crudo en la inflación nacional. El Índice de Precios al Consumo evolucionará en España de una forma más favorable que en el resto de países desarrollados, aunque se trata de una cuestión que habrá que solucionar en el futuro para no sufrir los efectos de la subida del barril de petróleo más que los demás, como ha sucedido en la mayor parte de 2008.
Los datos de Economía son preocupantes
Y no son solamente los organismos internacionales los que pintan este escenario tan negro para España. Pese a que durante el conjunto del año el Gobierno ha pasado más tiempo negando los problemas que buscando vías para solucionarlos, el Ministerio de Economía ha puesto las cartas sobre la mesa.
Eso sí, la forma de hacerlo ha sido mediante la Síntesis de Indicadores Económicos, un documento que periódicamente elabora el departamento que dirige el vicepresidente Solbes y que sirve para anticipar la evolución futura de la economía, así como para analizar la situación actual, a modo de “foto fija”.
Una de las variables estrella a la hora de augurar la marcha de la economía es el Indicador Sintético de Actividad (ISA). Este dato ha estado prácticamente plano durante los últimos años, para iniciar en 2008 un derrumbe sin precedentes. El desplome se ha visto acompañado (o generado) por el hundimiento de las ventas de grandes empresas y la caída de los ciudadanos que trabajan.
Como consecuencia de ello, el clima de confianza ha seguido una senda similar, tanto en el Índice de Producción Industrial (IPI) como en la confianza del sector secundario. Un dato revelador es que el consumo de energía eléctrica (fundamental para producir bienes y servicios) cayó en octubre un 1,7%.
En la misma dirección apunta el indicador PMI de la industria manufacturera, que ha descendido en octubre por segundo mes consecutivo, anotando un nivel de 34,6, inferior en 3,7 puntos al de agosto. Esta cifra sigue alejada del umbral de contracción (50 puntos) que no ha sido rebasado desde noviembre de 2007.
Y qué decir del sector constructor. La confianza de los agentes que operan en este mercado intensificó en octubre su proceso de deterioro anotando un saldo de –38 unidades, doce puntos por debajo del correspondiente al mes de septiembre (-26). Y los indicadores sintéticos de este sector así lo constatan.
Finalmente, todo ello se traduce en más paro. La mayoría de los indicadores del mercado laboral muestran desde hace varios trimestres un tono preocupante, que se está intensificando en los últimos meses, en consonancia con las dificultades económicas.
Ello se ha evidenciado una vez más en la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2008, así como en los registros de afiliación a la Seguridad Social (SS) y del paro registrado de los Servicios Públicos de empleo. Con una caída brutal de las afiliaciones y 800.000 parados más en lo que va de año.
miércoles, noviembre 12, 2008
Menos de veinte diputados acuden al pleno del Congreso
ESTA ES LA LAMENTABLE CLASE POLITICA QUE TENEMOS EN ESPAÑA...
Sus señorías sólo tienen que acudir al pleno del Congreso tres días a la semana, como mucho. Cobran del erario público, pero parece que les importa muy poco que quienes les pagamos el sueldo, los contribuyentes, veamos día sí, día también el hemiciclo vacío. Este miércoles por la mañana no había ni veinte.
Ante semejante escándalo el presidente del Congreso, José Bono, se limitó a dar un pequeño toque de atención al pedir la conformidad del Pleno del Congreso para reordenar la sesión, señaló que "la opinión de los presentes es mucho más importante que la de los ausentes".
El debate de los Presupuestos Generales del Estado que se celebra estos días en el Pleno del Congreso está siendo seguido en el hemiciclo por pocas decenas de diputados, pese a que comparecen todos los ministros del Gobierno. Este miércoles por la mañana no había ni veinte.
Sólo en las votaciones se puede registrar un aforo completo en el Salón de Plenos pero esas votaciones se concentran y hasta ahora sólo hubo una tanda anoche. Durante los debates, la presencia máxima de diputados en el hemiciclo ronda el centenar, menos de un tercio de la Cámara.
Este miércoles por la mañana, en la tercera jornada de debate, Bono quiso hacer una referencia a la situación. Al informar de un cambio en la organización de la sesión plenaria y del horario de las votaciones, que no se celebrarán antes de las cinco y media de la tarde, el presidente pidió la conformidad de la Cámara y obtuvo el asentimiento de los escasos diputados que estaban en ese momento en el hemiciclo: "La opinión de los presentes es mucho más importante que la de los ausentes", sentenció.
Sus señorías sólo tienen que acudir al pleno del Congreso tres días a la semana, como mucho. Cobran del erario público, pero parece que les importa muy poco que quienes les pagamos el sueldo, los contribuyentes, veamos día sí, día también el hemiciclo vacío. Este miércoles por la mañana no había ni veinte.
Ante semejante escándalo el presidente del Congreso, José Bono, se limitó a dar un pequeño toque de atención al pedir la conformidad del Pleno del Congreso para reordenar la sesión, señaló que "la opinión de los presentes es mucho más importante que la de los ausentes".
El debate de los Presupuestos Generales del Estado que se celebra estos días en el Pleno del Congreso está siendo seguido en el hemiciclo por pocas decenas de diputados, pese a que comparecen todos los ministros del Gobierno. Este miércoles por la mañana no había ni veinte.
Sólo en las votaciones se puede registrar un aforo completo en el Salón de Plenos pero esas votaciones se concentran y hasta ahora sólo hubo una tanda anoche. Durante los debates, la presencia máxima de diputados en el hemiciclo ronda el centenar, menos de un tercio de la Cámara.
Este miércoles por la mañana, en la tercera jornada de debate, Bono quiso hacer una referencia a la situación. Al informar de un cambio en la organización de la sesión plenaria y del horario de las votaciones, que no se celebrarán antes de las cinco y media de la tarde, el presidente pidió la conformidad de la Cámara y obtuvo el asentimiento de los escasos diputados que estaban en ese momento en el hemiciclo: "La opinión de los presentes es mucho más importante que la de los ausentes", sentenció.
A pesar del Ministerio de Aído España cae en el ranking de contribución a la igualdad
El Ministerio de Igualdad parece no conseguir el único objetivo por el que fue creado. Según ha publicado el Foro Económico Mundial, España cae siete puestos en la clasificación de países que más contribuyen a la igualdad de géneros por detrás de países como Filipinas o Sri Lanka.
España ha caído siete puestos en el Índice Global de Disparidad entre Géneros 2008, un ranking entre 128 Estados elaborado por el Foro Económico Mundial, que clasifica cada año a los países que más reducen las desigualdades entre hombres y mujeres, atendiendo a materias como educación, sanidad, participación pública, nivel económico o poder político.
Con estos criterios, Noruega es el país que mejores resultados ha obtenido este año, con una reducción de la "brecha" entre géneros estimada en el 82,39 por ciento respecto de 2007. Le sigue Suecia, con un 81,95 por ciento menos de disparidad y después, Finlandia, desplazada por los países nórdicos a la tercera posición de la tabla, con un porcentaje del 81,39.
España, que el año pasado era uno de los diez países que más avanzaban en el terreno de la igualdad, ocupa ahora el puesto 17, con una reducción de la "brecha" entre géneros del 72,81 por ciento respecto de 2007. Así, se coloca por detrás de vecinos europeos como Francia (puesto número 15), Reino Unido (13) Alemania (11) o Irlanda (8), y de Estados no comunitarios como Filipinas (6), Sri Lanka (12) o Lesotho (16).
El informe del Foro Económico Mundial destaca que más del 75 por ciento de los 128 países analizados ha mejorado sus resultados, lo que "sugiere un progreso global hacia la igualdad entre hombres y mujeres" en todas las materias estudiadas. No obstante, señala la diferencia entre el 80 por ciento de reducción logrado por los tres primeros países de la tabla y el 45 por ciento escaso de los países situados al final de la clasificación: Pakistán, Emiratos Árabes y Yemen.
"Una mayor representación de la mujer en posiciones de liderazgo en gobiernos y entidades financieras es vital tanto para hallar soluciones a la crisis económica actual, como para evitar turbulencias futuras", explicó el fundador y presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab.
El informe de este año abarca a los países donde vive el 92 por ciento de la población mundial, ya que cubre todos los países miembros y candidatos a la Unión Europea, 23 países de Latinoamérica y el Caribe, 23 del África Subsahariana, más de 20 de Asia y 15 de Oriente Medio y África Septentrional.
Por ello, según sus promotores ofrece pruebas sobre el vínculo entre la disparidad entre géneros y el rendimiento económico de países. "Si bien esto no implica causalidad, los posibles pilares teóricos de este vínculo son claros: los países que no capitalizan total y efectivamente una de las mitades de sus recursos humanos corren el riesgo de deteriorar su potencial competitivo", matizó la profesora de Administración de Negocios y Económicas de la Universidad de Berkeley (California), Laura Tyson.
España ha caído siete puestos en el Índice Global de Disparidad entre Géneros 2008, un ranking entre 128 Estados elaborado por el Foro Económico Mundial, que clasifica cada año a los países que más reducen las desigualdades entre hombres y mujeres, atendiendo a materias como educación, sanidad, participación pública, nivel económico o poder político.
Con estos criterios, Noruega es el país que mejores resultados ha obtenido este año, con una reducción de la "brecha" entre géneros estimada en el 82,39 por ciento respecto de 2007. Le sigue Suecia, con un 81,95 por ciento menos de disparidad y después, Finlandia, desplazada por los países nórdicos a la tercera posición de la tabla, con un porcentaje del 81,39.
España, que el año pasado era uno de los diez países que más avanzaban en el terreno de la igualdad, ocupa ahora el puesto 17, con una reducción de la "brecha" entre géneros del 72,81 por ciento respecto de 2007. Así, se coloca por detrás de vecinos europeos como Francia (puesto número 15), Reino Unido (13) Alemania (11) o Irlanda (8), y de Estados no comunitarios como Filipinas (6), Sri Lanka (12) o Lesotho (16).
El informe del Foro Económico Mundial destaca que más del 75 por ciento de los 128 países analizados ha mejorado sus resultados, lo que "sugiere un progreso global hacia la igualdad entre hombres y mujeres" en todas las materias estudiadas. No obstante, señala la diferencia entre el 80 por ciento de reducción logrado por los tres primeros países de la tabla y el 45 por ciento escaso de los países situados al final de la clasificación: Pakistán, Emiratos Árabes y Yemen.
"Una mayor representación de la mujer en posiciones de liderazgo en gobiernos y entidades financieras es vital tanto para hallar soluciones a la crisis económica actual, como para evitar turbulencias futuras", explicó el fundador y presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab.
El informe de este año abarca a los países donde vive el 92 por ciento de la población mundial, ya que cubre todos los países miembros y candidatos a la Unión Europea, 23 países de Latinoamérica y el Caribe, 23 del África Subsahariana, más de 20 de Asia y 15 de Oriente Medio y África Septentrional.
Por ello, según sus promotores ofrece pruebas sobre el vínculo entre la disparidad entre géneros y el rendimiento económico de países. "Si bien esto no implica causalidad, los posibles pilares teóricos de este vínculo son claros: los países que no capitalizan total y efectivamente una de las mitades de sus recursos humanos corren el riesgo de deteriorar su potencial competitivo", matizó la profesora de Administración de Negocios y Económicas de la Universidad de Berkeley (California), Laura Tyson.
martes, noviembre 11, 2008
El presupuesto para la cúpula de la ONU pintada por Barceló es de 18,5 millones de euros
El representante permanente de España ante la sede europea de la ONU, Javier Garrigues, informó de que el presupuesto global para la renovación de la cúpula de la ONU que ha pintado Miqel Barceló (en la imagen con Zapatero) asciende a 18,5 millones de euros. Previamente, el pintor ya había exigido que se dieran públicamente las cifras.
El diplomático señaló en rueda de prensa que "ese es el presupuesto aprobado por el patronato de la fundación ONUART, además de una desviación autorizada del 10 por ciento sobre esta cantidad". Garrigues es también vicepresidente de ONUART, constituida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para patrocinar la obra de Barceló en Ginebra con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.
Además, agregó que "ello cubre la totalidad de los costes, la obra de arte, la obra de ingeniería, los honorarios del artista, el amueblamiento etc". Aunque indicó que todavía es pronto para conocer el total exacto, dijo que "no creo que nos vayamos a pasar de ese 10 por ciento autorizado por encima del presupuesto".
Barceló exigió que se dieran las cifras
Antes de que Garrigues diera las cifras, Miquel Barceló señaló que la fundación ONUART estaba obligada "a dar todas las cifras y que sean públicas". El pintor recalcó que esperaba que de ese modo no se hablara más de si "hemos robado dinero de la boca de los pobres" para financiar la obra.
La cúpula, que será inaugurada el próximo día 18 en un acto al que asistirán los Reyes, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
En su comparecencia, el embajador de España ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra tiene intención de detallar el coste de la obra y el criterio por el que se destinó a ella medio millón de euros del Fondo de Ayuda al Desarrollo, según aseguró este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores.
OTROS ENLACES:
http://www.abc.es/20081106/cultura-cultura/moratinos-oculta-coste-cupula-200811061807.html
http://www.lanacion.es/2008/11/11/espana-asumio-74-millones-de-euros-de-los-mas-de-18-que-costo-rehabilitar-la-sala-decorada-por-barcelo-en-ginebra/
http://www.lanacion.es/2008/11/11/ill-corriere-della-sera-se-hace-eco-del-escandalo-barcelo/
El diplomático señaló en rueda de prensa que "ese es el presupuesto aprobado por el patronato de la fundación ONUART, además de una desviación autorizada del 10 por ciento sobre esta cantidad". Garrigues es también vicepresidente de ONUART, constituida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para patrocinar la obra de Barceló en Ginebra con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.
Además, agregó que "ello cubre la totalidad de los costes, la obra de arte, la obra de ingeniería, los honorarios del artista, el amueblamiento etc". Aunque indicó que todavía es pronto para conocer el total exacto, dijo que "no creo que nos vayamos a pasar de ese 10 por ciento autorizado por encima del presupuesto".
Barceló exigió que se dieran las cifras
Antes de que Garrigues diera las cifras, Miquel Barceló señaló que la fundación ONUART estaba obligada "a dar todas las cifras y que sean públicas". El pintor recalcó que esperaba que de ese modo no se hablara más de si "hemos robado dinero de la boca de los pobres" para financiar la obra.
La cúpula, que será inaugurada el próximo día 18 en un acto al que asistirán los Reyes, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
En su comparecencia, el embajador de España ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra tiene intención de detallar el coste de la obra y el criterio por el que se destinó a ella medio millón de euros del Fondo de Ayuda al Desarrollo, según aseguró este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores.
OTROS ENLACES:
http://www.abc.es/20081106/cultura-cultura/moratinos-oculta-coste-cupula-200811061807.html
http://www.lanacion.es/2008/11/11/espana-asumio-74-millones-de-euros-de-los-mas-de-18-que-costo-rehabilitar-la-sala-decorada-por-barcelo-en-ginebra/
http://www.lanacion.es/2008/11/11/ill-corriere-della-sera-se-hace-eco-del-escandalo-barcelo/
Caso Chiclana: 40.000 viviendas ilegales no motivan la acción de la Justicia
En la localidad gaditana de Chiclana se han construido cerca de 40.000 viviendas ilegales y se acumulan delitos urbanísticos, más de 1.700 expedientes, y contra el medioambiente. Sin embargo la justicia hace oídos sordos.
El gobierno municipal de Chiclana, formado por PP, IU y PA encuentra inexplicable por qué no se ha impulsado desde la Fiscalía Anticorrupción, desde la propia Fiscalía de Cádiz o desde los juzgados de Chiclana, la instrucción de un Caso Chiclana similar a los casos de Marbella y Estepona, a pesar de que la envergadura cuantitativa y cualitativa de las irregularidades (nada menos que de 35 a 40.000 viviendas y construcciones ilegales), es igual o superior a los ejemplos mencionados.
La decisión de investigaciones sistemáticas y agrupadas en Marbella y Estepona destaparon y siguen destapando amplias y complejas redes de corrupción político - empresariales - urbanísticas con las consecuencias penales de todos conocidas. En el caso de Chiclana, aunque en la Ley de Procedimiento Criminal se contempla la posibilidad de que tanto jueces como fiscales puedan encabezar la instrucción de casos que por sus indicios, denuncias o informes policiales merezcan tratamientos singulares, no se ha hecho para sorpresa de una corporación municipal que ha denunciado ante la Fiscalía y ante el Juzgado de Guardia algunos hechos clamorosos.
Una gestión del PSOE
Hay que tener en cuenta que en el caso Chiclana toda la gestión urbanística en su conjunto, la que afecta al Ayuntamiento y la correspondiente a la Junta de Andalucía, corresponde única y exclusivamente el Partido Socialista desde el comienzo de la avalancha de irregularidades en 1983 y hasta el año 2007, año en que la coalición de PP, IU, PA y PSA, el partido de Pedro Pacheco, logró la victoria electoral. Fue entonces cuando se comenzó a denunciar activamente el caso Chiclana.
En el caso Marbella, la operación abierta por el Juez Torres fue dirigida preferentemente hacia Jesús Gil y el partido de GIL. Aunque era sabido que el PSOE había gobernado desde 1979 a 1991 y que los ya entonces numerosos casos de corrupción fueron denunciados incluso por los propios alcaldes socialistas – alguno de aquellos implicó directamente a Jaime Montaner y a José Miguel Salinas, consejero y vicepresidente de la Junta de Andalucía respectivamente aunque fue archivado por prescripción -, el GIL y los Gil así como sus sucesores fueron los principales destinatarios de la investigación.
En el caso Estepona, igualmente, se han superpuesto las gestiones políticas de PSOE y de GIL desde 1983 a 2007 si bien está quedando claro cuál ha sido el comportamiento ilegal y corrupto de su último alcalde, el socialista Antonio Barrientos, que abarca desde irregularidades urbanísticas a compra de votos con empleos municipales.
Operación política
En Chiclana, las irregularidades y presuntos delitos son ampliamente conocidas por la población. Aunque el PP de Chiclana y una parte de IU llevan años denunciando públicamente estas irregularidades y a pesar de que los concejales del PP han presentado denuncias y querellas desde el 22 de julio pasado en la Fiscalía y en el Juzgado de Guardia, sigue sin abrirse una operación especial judicial-policial del caso Chiclana. Sin embargo y no extrañamente, lo que sí se ha puesto en marcha es una operación, en este caso política, para echar del gobierno de Chiclana a quienes quieren que se investigue a fondo y hasta el final el caso Chiclana.
La operación consiste en una moción de censura impulsada por el PSOE tras haber conseguido el apoyo de Pedro Pacheco. De salir adelante dicha moción de censura anunciada por el PSOE para esta misma semana, los que quieren tapar el caso echarán a los que quieren que todo salga a la luz. De ese modo, los responsables políticos de, cuando menos, la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística que ha tenido como resultado la existencia de miles de irregularidades urbanísticas cometidas durante los 24 años de gobiernos socialistas, de 1983 a 2007, desplazarán del gobierno municipal a quienes las han denunciado.
De consumarse esta “operación Chiclana”, el actual equipo de gobierno considera que nunca más volverá a investigarse lo ocurrido en Chiclana durante un cuarto de siglo de irregularidades y corrupción urbanística.
El caso Chiclana
El periodista Pepe Contreras resumía hace casi dos años en El Mundo en qué consiste el caso Chiclana:
“Veinticinco mil fosas sépticas, cientos de inmobiliarias, más de treinta y cinco mil viviendas sin licencia municipal, uno de los principales destinos turísticos de los turoperadores mundiales (con diez mil plazas hoteleras), patria de uno de los clanes más poderosos del PSOE andaluz, sede del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco), valiosos pinares amenazados por la especulación, playas espectaculares, doce núcleos de población definidos, casi dos mil extranjeros censados, setenta y tres mil ciudadanos, trabajo para quien lo quiera y a destajo en el sector de la construcción (aunque hay 4.624 parados oficiales) y un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado desde octubre de 2006 por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).”
25.000 fosas sépticas – lo que puede extrañar a muchos -, son el resultado de otras tantas construcciones irregulares de viviendas y chalés ya que, al no estar consideradas propias del Ayuntamiento ni asunto de su responsabilidad, carecen de los sistemas urbanos habituales de saneamiento y conducción de aguas residuales. Consecuentemente, la evacuación de las aguas fecales se realiza en fosas sépticas, “pozos ciegos” para los andaluces, en su mayoría de carácter individual.
Se está dando el caso de serios problemas de contaminación e incluso de graves riesgos para la salud debido a que los pozos ciegos o fosas sépticas están conectando con los pozos de aguas subterráneas. Tal contacto puede generar un problema sanitario de gran importancia de consumarse una conexión generalizada de los pozos tóxicos con los otros y la contaminación del agua potable.
Alcaldes socialistas
Todas estas irregularidades han ido creciendo desde 1983 a 2007, período gobernado por los siguientes alcaldes socialistas:
a) Sebastián Saucedo Moreno, 1983-1986, que ha sido después y curiosamente Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y es en la actualidad subdelegado del gobierno de España en Cádiz.
b) José Joaquín de Mier Guerra, 1986- 1994, fue además presidente de la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz, vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Desde 1994 fue delegado de la consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz y ahora es el delegado especial del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
c) Manuel Jiménez Barrios, 1994-2003, de mote “chiqui”, actual secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, fue con anterioridad presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. También ha sido consejero de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y de Estadio Olímpico de Sevilla, SA donde coincide nuevamente con Leonardo Chaves, hermano de Manuel Chaves.
d) José María Román Guerrero, 2003-2007, aunque fue teniente de alcalde desde mucho antes. Es hermano de Rafael Román, alias “Franquito” por su parecido con Francisco Franco. Rafael Román es un poder fáctico del PSOE de Cádiz y fue Consejero de Cultura en los primeros tiempos de la Junta de Andalucía.
Aunque la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decidía abrir varias líneas de investigación a promotoras y constructores para esclarecer un posible delito urbanístico no sólo en esta localidad, sino en toda la Costa de la Luz como consecuencia de las informaciones de El Economista, el “caso Chiclana” sigue sin investigarse global e interrelacionadamente.
Según el mencionado diario, el mismo fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, presentó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un informe demoledor en 2006 que ponía el acento en problemas de gran calado como "los delitos urbanísticos, los daños a la naturaleza por obra humana o los atentados al patrimonio histórico". En la memoria de 2007, abogó directamente por la demolición de las construcciones ilegales:
"Mantenemos que, hasta cierto punto, el restablecimiento de la legalidad que supone la demolición es un prius a la sanción, más importante que ésta, sin la cual la represión (penal o administrativa) es una entelequia que no puede cumplir ninguna función preventiva, pues aparece como un coste superior (e incierto) de esa vía heterodoxa de obtener lo que la Ley prohíbe", dice textualmente en la Memoria de 2007. Y agrega: "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?".
Cádiz se convirtió en 2005 en la provincia andaluza donde más diligencias se abrieron por este tipo de delitos: 102; una cifra que supuso un fuerte incremento frente a la registrada en 2004 (73 en total). En 2006 fueron incoadas y tramitadas 101 diligencias informativas. En 2007, 385. De ellas, 211 en la Fiscalía de Cádiz y 174 en la Fiscalía de área de Algeciras. A pesar de la repercusión mediática que han tenido las irregularidades urbanísticas en otras zonas del litoral, como la costa de Málaga, y sobre todo, Marbella, en esta última provincia sólo se investigaron 59 casos durante el año pasado, según el informe del fiscal.
La Fiscalía advirtió ya entonces que la proliferación de casas ilegales, un fenómeno que sigue en plena expansión, se debía a la impunidad que reina en la costa gaditana, propiciada por sentencias laxas contra los propietarios de las mismas, la falta de recursos en los juzgados y la "absoluta renuncia" que hace la Audiencia Provincial "a decretar la demolición de lo construido ilícitamente".
1.700 expedientes dejados prescribir por el equipo de gobierno del PSOE
El PP andaluz ratificó el pasado día 7, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, sus denuncias sobre el presunto archivo masivo de 1.717 expedientes urbanísticos, tras lo que, se espera se impulse definitivamente una investigación por parte de la Fiscalía semejante a las del caso Marbella y Estepona. Este archivo masivo es un procedimiento similar al que se ha dado en Estepona y que originó la “Operación Astapa” contra la corrupción urbanística en este municipio malagueño.
El archivo masivo de expedientes ha producido un perjuicio mínimo de 100 millones de euros para las arcas municipales chiclaneras por esta dejación de funciones, según los cálculos del PP.
El Defensor del Pueblo Andaluz contra el fraude fiscal en Chiclana y por los cortes de luz
Incluso el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, pidió hace un año también la intervención de la Agencia Tributaria ante la sospecha de que pudiese haber también un delito fiscal en Chiclana de la Frontera, donde se contabilizan hasta 40.000 viviendas sin licencia y en condiciones completamente irregulares.
Además, ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad gaditana que corte los servicios a las viviendas ilegales y evite que se firmen nuevos contratos, tal y como explicó el propio Chamizo al diario El Economista:
"Reconozco que es una medida difícil de llevar a cabo en la práctica con las viviendas de uso habitual, pero sí se puede hacer con las segundas residencias. Lo que no se puede permitir es que las construcciones ilegales puedan disponer de los mismos servicios que las legales".
Añadía dicho diario que la clave de todas las irregularidades que se están cometiendo en esta ciudad, que podría acabar por convertirse en otra Marbella, la tiene lo que se conoce ya en ámbitos políticos como el clan socialista de Chiclana, responsables de que en la zona se hayan levantado en pocos años unas 40.000 viviendas ilegales. Los cuatro alcaldes ya mencionados y José Antonio Gómez Periñán, ex concejal de Chiclana y alto cargo de la Junta de Andalucía en Cádiz forman parte del conocido como Clan de Chiclana. Este último es, además, uno de los nexos de unión del clan de Chiclana con el clan de Alcalá, cuyo máximo representante actual es Luís Pizarro, vicesecretario general del PSOE de Andalucía.
Amenazas de muerte contra quienes quieren destapar el caso
El portavoz municipal de Izquierda Unida en Chiclana, José Pedro Butrón, actualmente miembro de la coalición de gobierno, denunció en 2007 ser objeto de una campaña de descrédito por parte de personas del entorno del PSOE –incluso con supuestas amenazas de muerte y agresiones- tras sus denuncias por las irregularidades urbanísticas que se estaban registrando en el término municipal
Según Izquierda Unida, al socialista José María Román, ahora ex alcalde, la ciudad se le fue de las manos por su ineficacia y por las irregularidades denunciadas e intentaba echar la culpa de todos los problemas, presentes y futuros, a los que nada tienen que ver con los mismos. Se intentó crispar la ciudad y el ambiente con acusaciones falsas.
El PSOE, por su parte, anunció la presentación de una querella criminal por calumnias contra José Pedro Butrón, tras culpar éste públicamente al Partido Socialista de haber sido el instigador de las amenazas de muerte recibidas a través de comentarios realizados a personas de su entorno familiar. Butrón dijo: “si me pasa algo a mí o a alguien de mi entorno, haré responsable de ello al PSOE”.
El actual concejal del gobierno de Chiclana por IU-CA es quien, junto a los ecologistas de Agadén y el PP, ha animado las voces críticas ante el caos urbanístico de Chiclana.
El gobierno municipal de Chiclana, formado por PP, IU y PA encuentra inexplicable por qué no se ha impulsado desde la Fiscalía Anticorrupción, desde la propia Fiscalía de Cádiz o desde los juzgados de Chiclana, la instrucción de un Caso Chiclana similar a los casos de Marbella y Estepona, a pesar de que la envergadura cuantitativa y cualitativa de las irregularidades (nada menos que de 35 a 40.000 viviendas y construcciones ilegales), es igual o superior a los ejemplos mencionados.
La decisión de investigaciones sistemáticas y agrupadas en Marbella y Estepona destaparon y siguen destapando amplias y complejas redes de corrupción político - empresariales - urbanísticas con las consecuencias penales de todos conocidas. En el caso de Chiclana, aunque en la Ley de Procedimiento Criminal se contempla la posibilidad de que tanto jueces como fiscales puedan encabezar la instrucción de casos que por sus indicios, denuncias o informes policiales merezcan tratamientos singulares, no se ha hecho para sorpresa de una corporación municipal que ha denunciado ante la Fiscalía y ante el Juzgado de Guardia algunos hechos clamorosos.
Una gestión del PSOE
Hay que tener en cuenta que en el caso Chiclana toda la gestión urbanística en su conjunto, la que afecta al Ayuntamiento y la correspondiente a la Junta de Andalucía, corresponde única y exclusivamente el Partido Socialista desde el comienzo de la avalancha de irregularidades en 1983 y hasta el año 2007, año en que la coalición de PP, IU, PA y PSA, el partido de Pedro Pacheco, logró la victoria electoral. Fue entonces cuando se comenzó a denunciar activamente el caso Chiclana.
En el caso Marbella, la operación abierta por el Juez Torres fue dirigida preferentemente hacia Jesús Gil y el partido de GIL. Aunque era sabido que el PSOE había gobernado desde 1979 a 1991 y que los ya entonces numerosos casos de corrupción fueron denunciados incluso por los propios alcaldes socialistas – alguno de aquellos implicó directamente a Jaime Montaner y a José Miguel Salinas, consejero y vicepresidente de la Junta de Andalucía respectivamente aunque fue archivado por prescripción -, el GIL y los Gil así como sus sucesores fueron los principales destinatarios de la investigación.
En el caso Estepona, igualmente, se han superpuesto las gestiones políticas de PSOE y de GIL desde 1983 a 2007 si bien está quedando claro cuál ha sido el comportamiento ilegal y corrupto de su último alcalde, el socialista Antonio Barrientos, que abarca desde irregularidades urbanísticas a compra de votos con empleos municipales.
Operación política
En Chiclana, las irregularidades y presuntos delitos son ampliamente conocidas por la población. Aunque el PP de Chiclana y una parte de IU llevan años denunciando públicamente estas irregularidades y a pesar de que los concejales del PP han presentado denuncias y querellas desde el 22 de julio pasado en la Fiscalía y en el Juzgado de Guardia, sigue sin abrirse una operación especial judicial-policial del caso Chiclana. Sin embargo y no extrañamente, lo que sí se ha puesto en marcha es una operación, en este caso política, para echar del gobierno de Chiclana a quienes quieren que se investigue a fondo y hasta el final el caso Chiclana.
La operación consiste en una moción de censura impulsada por el PSOE tras haber conseguido el apoyo de Pedro Pacheco. De salir adelante dicha moción de censura anunciada por el PSOE para esta misma semana, los que quieren tapar el caso echarán a los que quieren que todo salga a la luz. De ese modo, los responsables políticos de, cuando menos, la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística que ha tenido como resultado la existencia de miles de irregularidades urbanísticas cometidas durante los 24 años de gobiernos socialistas, de 1983 a 2007, desplazarán del gobierno municipal a quienes las han denunciado.
De consumarse esta “operación Chiclana”, el actual equipo de gobierno considera que nunca más volverá a investigarse lo ocurrido en Chiclana durante un cuarto de siglo de irregularidades y corrupción urbanística.
El caso Chiclana
El periodista Pepe Contreras resumía hace casi dos años en El Mundo en qué consiste el caso Chiclana:
“Veinticinco mil fosas sépticas, cientos de inmobiliarias, más de treinta y cinco mil viviendas sin licencia municipal, uno de los principales destinos turísticos de los turoperadores mundiales (con diez mil plazas hoteleras), patria de uno de los clanes más poderosos del PSOE andaluz, sede del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco), valiosos pinares amenazados por la especulación, playas espectaculares, doce núcleos de población definidos, casi dos mil extranjeros censados, setenta y tres mil ciudadanos, trabajo para quien lo quiera y a destajo en el sector de la construcción (aunque hay 4.624 parados oficiales) y un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado desde octubre de 2006 por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).”
25.000 fosas sépticas – lo que puede extrañar a muchos -, son el resultado de otras tantas construcciones irregulares de viviendas y chalés ya que, al no estar consideradas propias del Ayuntamiento ni asunto de su responsabilidad, carecen de los sistemas urbanos habituales de saneamiento y conducción de aguas residuales. Consecuentemente, la evacuación de las aguas fecales se realiza en fosas sépticas, “pozos ciegos” para los andaluces, en su mayoría de carácter individual.
Se está dando el caso de serios problemas de contaminación e incluso de graves riesgos para la salud debido a que los pozos ciegos o fosas sépticas están conectando con los pozos de aguas subterráneas. Tal contacto puede generar un problema sanitario de gran importancia de consumarse una conexión generalizada de los pozos tóxicos con los otros y la contaminación del agua potable.
Alcaldes socialistas
Todas estas irregularidades han ido creciendo desde 1983 a 2007, período gobernado por los siguientes alcaldes socialistas:
a) Sebastián Saucedo Moreno, 1983-1986, que ha sido después y curiosamente Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y es en la actualidad subdelegado del gobierno de España en Cádiz.
b) José Joaquín de Mier Guerra, 1986- 1994, fue además presidente de la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz, vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Desde 1994 fue delegado de la consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz y ahora es el delegado especial del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
c) Manuel Jiménez Barrios, 1994-2003, de mote “chiqui”, actual secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, fue con anterioridad presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. También ha sido consejero de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y de Estadio Olímpico de Sevilla, SA donde coincide nuevamente con Leonardo Chaves, hermano de Manuel Chaves.
d) José María Román Guerrero, 2003-2007, aunque fue teniente de alcalde desde mucho antes. Es hermano de Rafael Román, alias “Franquito” por su parecido con Francisco Franco. Rafael Román es un poder fáctico del PSOE de Cádiz y fue Consejero de Cultura en los primeros tiempos de la Junta de Andalucía.
Aunque la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decidía abrir varias líneas de investigación a promotoras y constructores para esclarecer un posible delito urbanístico no sólo en esta localidad, sino en toda la Costa de la Luz como consecuencia de las informaciones de El Economista, el “caso Chiclana” sigue sin investigarse global e interrelacionadamente.
Según el mencionado diario, el mismo fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, presentó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un informe demoledor en 2006 que ponía el acento en problemas de gran calado como "los delitos urbanísticos, los daños a la naturaleza por obra humana o los atentados al patrimonio histórico". En la memoria de 2007, abogó directamente por la demolición de las construcciones ilegales:
"Mantenemos que, hasta cierto punto, el restablecimiento de la legalidad que supone la demolición es un prius a la sanción, más importante que ésta, sin la cual la represión (penal o administrativa) es una entelequia que no puede cumplir ninguna función preventiva, pues aparece como un coste superior (e incierto) de esa vía heterodoxa de obtener lo que la Ley prohíbe", dice textualmente en la Memoria de 2007. Y agrega: "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?".
Cádiz se convirtió en 2005 en la provincia andaluza donde más diligencias se abrieron por este tipo de delitos: 102; una cifra que supuso un fuerte incremento frente a la registrada en 2004 (73 en total). En 2006 fueron incoadas y tramitadas 101 diligencias informativas. En 2007, 385. De ellas, 211 en la Fiscalía de Cádiz y 174 en la Fiscalía de área de Algeciras. A pesar de la repercusión mediática que han tenido las irregularidades urbanísticas en otras zonas del litoral, como la costa de Málaga, y sobre todo, Marbella, en esta última provincia sólo se investigaron 59 casos durante el año pasado, según el informe del fiscal.
La Fiscalía advirtió ya entonces que la proliferación de casas ilegales, un fenómeno que sigue en plena expansión, se debía a la impunidad que reina en la costa gaditana, propiciada por sentencias laxas contra los propietarios de las mismas, la falta de recursos en los juzgados y la "absoluta renuncia" que hace la Audiencia Provincial "a decretar la demolición de lo construido ilícitamente".
1.700 expedientes dejados prescribir por el equipo de gobierno del PSOE
El PP andaluz ratificó el pasado día 7, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, sus denuncias sobre el presunto archivo masivo de 1.717 expedientes urbanísticos, tras lo que, se espera se impulse definitivamente una investigación por parte de la Fiscalía semejante a las del caso Marbella y Estepona. Este archivo masivo es un procedimiento similar al que se ha dado en Estepona y que originó la “Operación Astapa” contra la corrupción urbanística en este municipio malagueño.
El archivo masivo de expedientes ha producido un perjuicio mínimo de 100 millones de euros para las arcas municipales chiclaneras por esta dejación de funciones, según los cálculos del PP.
El Defensor del Pueblo Andaluz contra el fraude fiscal en Chiclana y por los cortes de luz
Incluso el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, pidió hace un año también la intervención de la Agencia Tributaria ante la sospecha de que pudiese haber también un delito fiscal en Chiclana de la Frontera, donde se contabilizan hasta 40.000 viviendas sin licencia y en condiciones completamente irregulares.
Además, ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad gaditana que corte los servicios a las viviendas ilegales y evite que se firmen nuevos contratos, tal y como explicó el propio Chamizo al diario El Economista:
"Reconozco que es una medida difícil de llevar a cabo en la práctica con las viviendas de uso habitual, pero sí se puede hacer con las segundas residencias. Lo que no se puede permitir es que las construcciones ilegales puedan disponer de los mismos servicios que las legales".
Añadía dicho diario que la clave de todas las irregularidades que se están cometiendo en esta ciudad, que podría acabar por convertirse en otra Marbella, la tiene lo que se conoce ya en ámbitos políticos como el clan socialista de Chiclana, responsables de que en la zona se hayan levantado en pocos años unas 40.000 viviendas ilegales. Los cuatro alcaldes ya mencionados y José Antonio Gómez Periñán, ex concejal de Chiclana y alto cargo de la Junta de Andalucía en Cádiz forman parte del conocido como Clan de Chiclana. Este último es, además, uno de los nexos de unión del clan de Chiclana con el clan de Alcalá, cuyo máximo representante actual es Luís Pizarro, vicesecretario general del PSOE de Andalucía.
Amenazas de muerte contra quienes quieren destapar el caso
El portavoz municipal de Izquierda Unida en Chiclana, José Pedro Butrón, actualmente miembro de la coalición de gobierno, denunció en 2007 ser objeto de una campaña de descrédito por parte de personas del entorno del PSOE –incluso con supuestas amenazas de muerte y agresiones- tras sus denuncias por las irregularidades urbanísticas que se estaban registrando en el término municipal
Según Izquierda Unida, al socialista José María Román, ahora ex alcalde, la ciudad se le fue de las manos por su ineficacia y por las irregularidades denunciadas e intentaba echar la culpa de todos los problemas, presentes y futuros, a los que nada tienen que ver con los mismos. Se intentó crispar la ciudad y el ambiente con acusaciones falsas.
El PSOE, por su parte, anunció la presentación de una querella criminal por calumnias contra José Pedro Butrón, tras culpar éste públicamente al Partido Socialista de haber sido el instigador de las amenazas de muerte recibidas a través de comentarios realizados a personas de su entorno familiar. Butrón dijo: “si me pasa algo a mí o a alguien de mi entorno, haré responsable de ello al PSOE”.
El actual concejal del gobierno de Chiclana por IU-CA es quien, junto a los ecologistas de Agadén y el PP, ha animado las voces críticas ante el caos urbanístico de Chiclana.
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