La ley Sinde y el cambio que promete el PP

Editorial que comparto en gran parte...

Tras terminar la convención del PP, expresábamos nuestras dudas sobre si ese cambio de Gobierno que los populares ven tan cercano implicaría un cambio real respecto a las políticas de Zapatero. Si debemos juzgar por el acuerdo al que ha llegado con el PSOE y CiU sobre la ley Sinde, no cabe sino concluir que un Gobierno de Mariano Rajoy sería más de lo mismo.

Durante los últimos años se han sucedido las causas abiertas por entidades de gestión, empresas del sector del entretenimiento y organizaciones patronales contra diversos sitios web de enlaces a redes P2P. Estas páginas no albergan contenido alguno que vulnere ningún derecho de autor. Se limitan a enlazar, apuntar al lugar donde pueden descargarse música, películas y series televisivas, que generalmente son los ordenadores de otros usuarios. Por esa misma razón los jueces, sistemáticamente, las han considerado perfectamente legales.

Esa es la razón de la ley Sinde. No se trata de acabar más rápido con una ilegalidad manifiesta, sino de encontrar una vía que permite cerrar por la vía administrativa aquello que los jueces se negaban a cerrar respetando escrupulosamente la legalidad. Ante semejante atropello, el PSOE decidió incluir la figura de un juez en el proceso. Pero era un engaño: además de dar al propietario del sitio web afectado sólo un par de días para defenderse, el juez sólo debía decidir si consideraba que el cierre atacaba la libertad de expresión. No decidía sobre el fondo de la cuestión. De modo que las quejas no disminuyeron: si acaso aumentaron de volumen ante el intento de tomarle el pelo a los ciudadanos.

El PP tomó la bandera de los internautas poniéndose en contra de la ley, pero ganándose la desconfianza de muchos al considerar que su apoyo dependía sólo de que hubiera mayores garantías y una mayor participación de los jueces en el proceso. La suspicacia estaba más que justificada: el acuerdo al que ha llegado con el partido de Zapatero no es más que una reedición del intento del PSOE de tomarnos el pelo. Ahora se incluye a otro juez al comienzo del proceso, pero tampoco decidirá sobre si la web debe cerrarse o no: sólo sobre si pedir a la policía los datos sobre el propietario viola los derechos a la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

El rechazo a la ley Sinde resultaba tremendamente atractivo para el PP. Los sectores a los que podía perjudicar que esta norma no fuera aprobada son claramente contrarios al partido de Rajoy, así que nada puede ganar apoyándolos. En cambio, podría lograr votos poniéndose del lado de los internautas. Finalmente seguirá disfrutando de los amables epítetos de los principales espadas de la industria del entretenimiento y perderá los apoyos que podría haber reunido. Pero como llevamos viendo desde unos meses antes del congreso búlgaro de Valencia, al PP sus votantes le traen sin cuidado. Les basta esperar a que caiga el PSOE para hacer sus mismas políticas en casi todo, internet incluido.

Cavaco Silva, presidente de Portugal con el 53% de los votos.

Otro país de Europa que da la espalda a las políticas socialistas. Al final España será el único país de Europa que tenga que sufrir la lacra de un gobierno socialista...

Tal y como señalaban los sondeos el conservador Cavaco Silva habría obtenido la victoria en las elecciones presidenciales portuguesas de este domingo.

El candidato conservador Aníbal Cavaco Silva ha sido reelegido como presidente de Portugal en primera vuelta con el 52,94 por ciento de los votos frente al 19,75 por ciento de Manuel Alegre, candidato de la izquierda, según los datos oficiales difundidos por la Comisión Nacional Electoral, a falta de completar el escrutinio en once consulados.

En el discurso pronunciado nada más conocer los resultados, Silva indicó que estos no representan únicamente su victoria sino "también la de la verdad sobre la calumnia". "El pueblo portugués no se ha dejado engañar, la honra ha ganado a la infamia", insistió el presidente en referencia al elevado tono de la campaña electoral.

En este sentido, el mandatario indicó que esta campaña se ha desarrollado "en condiciones muy difíciles" debido a "los políticos que han preferido el camino de la calumnia y de la mentira" y que han llegado a "denigrar" su "dignidad personal". Por su parte, se confesó satisfecho de haber cumplido con lo prometido: "no recurrir a insultos o ataques de naturaleza personal".

Más allá de estas cuestiones, Silva se comprometió a "ser el presidente de todo Portugal, de todos sin excepción" y a desarrollar un mandato "activo" e "influyente", apegado a la realidad que atraviesa el país. "Para mí Portugal estará siempre primero, voy a ser el presidente del pueblo, pero no voy a vender ilusiones a los portugueses", subrayó.

Gran abstención
La gran protagonista de las elecciones presidenciales portuguesas ha sido la elevada abstención que ha alcanzado el 53,37 por ciento, 15 puntos más que en los comicios de 2006, cuando el 38,15 por ciento de los ciudadanos del censo electoral no ejerció su derecho al voto, según informa el diario luso 'Público'.
El distrito más afectado por la baja participación ha sido el de las islas Azores, con un 68,9 por ciento de abstención, lo que significa que apenas votaron tres de cada diez habitantes; seguido de Braganza y Vila Real, donde las bajas temperaturas han marcado la jornada, con un 60,9 y un 59,9 por ciento, respectivamente.
Además de la abstención, también ha sido significativo el elevado número de votos en blanco y nulos. En total se han registrado 191.000 de los primeros y 86.000 de los segundos, lo que representa un 4,3 y un 1,9 por ciento, respectivamente. Estas cifras superan los niveles históricos de estos índices, registrados en 1991 cuando las papeletas en blanco sumaron un dos por ciento y las nulas un uno.

Los sondeos de opinión realizados con motivo de estas elecciones apuntan que los factores que han propiciado esta abstención son el descontento con la situación social que enfrenta el país y la falta de credibilidad de la clase política, que genera un alto grado de indiferencia por parte de la ciudadanía.