viernes, abril 27, 2007

El PSOE de Ibiza pactó una comisión de 1,5 millones de euros a cambio de la adjudicación de unas obras

Unas grabaciones al que fuera secretario general de los socialistas de Ibiza hasta el pasado mes de noviembre, Roque López, han destapado un escándalo de corrupción sin precedentes en la isla. Lo destapa este jueves El Mundo. La empresa adjudicataria de la obras en el centro histórico ya estuvo implicada en el "caso Roldán". En esas grabaciones, el socialista explica a una compañera de partido que parte del cohecho ya ha sido abonado al partido.

El programa que dirige Federico Jiménez Losantos en la COPE, La Mañana, ha emitido parte de unas grabaciones en las que el secretario general de los socialistas de Ibiza hasta noviembre reconoce que el partido pactó con una promotora implicada en el caso Roldán el cobro de comisiones. El PSOE ingresaría 1,5 millones de euros a cambio de adjudicar las obras de reforma del centro histórico de la isla a la empresa Brues. El Mundo, que destapa todos los detalles, explica que se trata sólo del primer capítulo del "mayor escándalo de corrupción conocido en Ibiza".

En las grabaciones, el ex líder del PSOE en Ibiza habla del "mayor pastel de la historia de la ciudad". Cuenta el diario este jueves que son 12 horas de conversaciones sobre la adjudicación del concurso Eivissa Centre para la rehabilitación integral del caso histórico de la ciudad. La obra está presupuestada en 120 millones de euros, a cargo de una empresa mixta integrada por el Ayuntamiento socialista y la promotora Brues, la adjudicataria. El socialista Roque López sostiene en esas grabaciones que parte de la comisión pactada ya ha llegado a las arcas del partido.
Las conversaciones en las que se refiere a este escándalo se produjeron cuando todavía estaba al frente del PSOE y son lo suficientemente explícitas. En la que ha difundido la COPE detalla que el partido pactó con el presidente de la promotora Brues el cobro de una comisión de 1,5 millones de euros y que ese cobro se concretó con el empresario Antonio Pinal, implicado a principios de los años 90 en el caso Roldán.

Según las conversaciones de López, a cambio de esa comisión el PSOE de Ibiza, que controla el Ayuntamiento en coalición con Izquierda Unidad y Esquerra Republicana de Cataluña, adjudicaba el mayor proyecto de reforma de la ciudad a la promotora Brues. Los detalles del pacto se los traslada López a su compañera de partido Sandra Mayans, concejal de Fiestas y Juventud, cuando ésta le habla indignada por las irregularidades que ha detectado en la adjudicación de obra pública.

Este es un extracto de la conversación entre ambos difundida por la COPE y El Mundo:

Sandra Mayans: "Yo lo que no puedo entender es la defensa a ultranza para que se contrate a una empresa. Esto parece una minimarbella".

Roque López: "Pues esas defensas siempre cuestan algo y no sé por dónde vamos a salir".

S.M.: "Hombre, no, me vas a contar a mí... Lo que está claro es que está todo enmerdao, muy enmerdao".

R.L.: "Tú sabes que una de las cosas más importantes que se mueven en la construcción es el dinero negro... Yo, como empresario, puedo decir que me interesa escriturar el piso en 50 millones de pesetas aunque el piso valga 70 [...] y sobre los 20 millones de pesetas restantes no hay control [...] La empresa municipal no puede funcionar con dinero negro".

Y continúa Roque López su exposición: "Brues ingresará, así por encima, un promedio de 10 millones de pesetas en negro por piso y unos 20 millones de pesetas por local. Por eso nos puede ofrecer 250 millones de pesetas [...] y, por eso, hay esa lucha feroz por la conservación de la Secretaría, de todo el entorno. Por eso yo no entendía nada".

S.M.: "Claro, llegó un momento en que yo decía que aquí pasa algo. No es normal este nerviosismo, estas ganas de acuchillamiento a todo el mundo".

miércoles, abril 25, 2007

El juez archiva la causa abierta contra el PP de Melilla por la impresión de solicitudes electorales

PSOE Y PRISA ACUSARON A LOS POPULARES DE INTENTO DE "PUCHERAZO"

A pesar de las acusaciones tanto del PSOE como del Grupo Prisa de intento de "pucherazo", el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado este lunes el "sobreseimiento libre y archivo" de la causa abierta por el encargo del PP melillense a una imprenta para que hiciera copias de impresos de solicitud de voto por correo. El popular ha explicado que de esta forma el caso "tiene efecto de cosa juzgada" y ha agregado que "no hay nada pecaminoso en el tan cacareado asunto de los impresos".

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), anunció este lunes el "sobreseimiento libre y archivo" de la causa abierta por el encargo realizado desde el PP melillense a una imprenta de copias de impresos de solicitud de voto por correo. Imbroda aseguró a los periodistas que el Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla decretó, en un auto fechado el 20 de abril, "el sobreseimiento libre y archivo de la causa", lo que "tiene efecto de cosa juzgada". "No hay nada pecaminoso en el tan cacareado asunto de los impresos", agregó.

El gerente del PP de Melilla y responsable del encargo a la imprenta, Javier Lence, se encontraba imputado en este caso por un supuesto delito de falsedad documental en relación con un posible fraude electoral, según trascendió una vez levantado el secreto de sumario. Imbroda añadió que está previsto que esta tarde el presidente del PP local, Arturo Esteban, ofrezca una rueda de prensa en la que dará más información sobre este asunto.

El encargo de los impresos se conoció a raíz de las escuchas telefónicas efectuadas a la imprenta Marfeme de la ciudad autónoma, que estaba siendo investigada por una supuesta falsificación de documentos y etiquetas de productos. Conocidos estos hechos, la Junta Electoral de Zona dio traslado de los mismos a un juzgado de Melilla para que determinara la existencia o no de una vulneración de la Ley Electoral, a la vez que el PSOE y Coalición por Melilla se presentaron como acusación particular en el caso.

El PP ha justificado el encargo de las solicitudes de voto en la escasez de estos documentos en Correos y en su intención de facilitar el acceso al sufragio, ante las numerosas peticiones de información recibidas en el partido por parte de afiliados y simpatizantes.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Melilla aseguró que el proceso de voto por correo se está produciendo en la ciudad con "absoluta normalidad" y sin que se haya producido en ningún momento escasez de solicitudes, de las que "hay más que suficientes para atender la demanda".

Según esta institución, el Ministerio del Interior remitió a Melilla el pasado 3 de abril 4.750 impresos de solicitud de voto por correo que fueron entregados a Correos y de los que hasta el pasado día 20 los ciudadanos habían retirado 935 ejemplares.

El secretario general del PP, Angel Acebes, espera que se pida perdón al PP después de tanta "mentira y calumnia" y adelantó que los 'populares' melillenses afectados podrían presentar demandas por la vía penal. Cuando se le preguntó por el comunicado emitido desde la Junta Electoral avisando que de no cualquier tipo de impreso es válido para poder ejercer el voto por correo, Acebes subrayó que "algunos van a intentar dar la vuelta" al asunto "con tal de no pedir disculpas".

martes, abril 24, 2007

La Audiencia Nacional absuelve a los 18 acusados por Garzón en el caso del lino

La Audiencia Nacional ha absuelto este lunes a los 18 acusados por el caso del supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino. El fallo supone otro varapalo a la instrucción del juez Garzón. Hace medio año, el tribunal decidió excluir del juicio a Nicolás López de Coca, ex director general del Fondo de Garantía Agraria. La imputación por parte del magistrado se hizo pública tres días antes de las elecciones de 2003 y sirvió a José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha, para cerrar su campaña.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido entre siete meses y tres años de prisión para los acusados del supuesto fraude que, según sus conclusiones, había tenido lugar en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura.

Seis años después de la apertura de la carte, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional finalmente ha decidido absolver a los 18 agricultores y empresarios imputados.

El tribunal que preside Fernando Bermúdez de la Fuente había citado para este lunes a las partes para escuchar el dictamen. Además de las penas de cárcel, la acusación también pedía multas de entre 6.000 y 191.000 euros a los 18 agricultores y responsables de empresas transformadoras de lino acusados.

La acusación estaba integrada por el Ministerio Fiscal, las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Comunidades Europeas. La investigación se inició a raíz de la comunicación a las autoridades españolas, en marzo de 2001, de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que alertó de irregularidades en el uso de las ayudas a la transformación de lino.