El Gobierno de Pérez Touriño ha incrementado en 10.000 personas el número de funcionarios que trabajan para la Xunta. El aumento incrementará el gasto en 1.000 millones respecto a la anterior legislatura.
Así lo denunció, según recoge este viernes el diario La Razón, el secretario general del PP de Galicia, Alfonso Rueda. En rueda de prensa, comparó el incremento de funcionarios promovido por el actual Gobierno con el impulsado durante la anterior legislatura. Mientras que durante el último Gobierno popular se crearon 112.700 puestos de trabajo, de los cuales el 4 por ciento eran funcionarios, en la actual legislatura se han creado sólo 57.000, de los que el 21 por ciento corresponde a personal de la Xunta.
Según Rueda, el incremento en 10.000 personas del número de funcionarios en cuatro años supondrá un incremento de 1.000 millones de euros en el gasto público. Además, el dirigente del PP de Galicia explicó que las personas contratadas, en su mayoría, se incorporarán a la plantilla de la administración de las Consejerías, lo que deja a la Xunta sin la excusa de que el aumento de contrataciones se ha producido en Educación y Sanidad. En concreto, en sólo tres años y medio, según recoge La Razón, la plantilla de la administración de Consejerías ha aumentado un 24 por ciento.
Para Rueda, cifras como éstas evidencian la "irresponsabilidad" y "falta de criterio" del Gobierno del PSOE y BNG. En su opinión, los datos son "demoledores" y no valen tampoco excusas como el aumento de traspasos desde el Ejecutivo central, que según indicó, no se ha producido, o la creación de nuevos órganos porque no figuran en la estadística del Ministerio de Administraciones Públicas.
viernes, noviembre 28, 2008
miércoles, noviembre 26, 2008
El PSOE se queda solo defendiendo la opacidad en las cuentas de la SGAE
El debate sobre el canon digital ha vuelto al Senado con la aprobación de una moción, apoyada por todos los grupos parlamentarios menos el PSOE, que pide al Ministerio de Cultura que presente en el Parlamento un informe anual sobre las entidades de gestión y la distribución de lo que recaudan.
Así lo ha puesto de manifiesto el diputado de la Entesa Catalana de Progrés, Jordi Guillot, autor de la moción original, a la que se presentaron cuatro enmiendas, tres del Grupo Popular y una de CiU, y que finalmente fue modificada con una transacción de todos los grupos menos el PSOE, aprobada por 135 votos a favor y 103 en contra. Para Guillot, la sesión de este miércoles quiere transmitir el "mensaje de que existe un debate" sobre el canon digital; que "queremos el control parlamentario" de la recaudación del mismo y que "no hay otro interés que el general".
Y es que la moción aprobada pide al Ministerio de Cultura que presente en el Parlamento el estudio que encargó en enero a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios sobre el sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Además, reclama a Cultura un informe anual sobre las memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas, además de datos sobre cómo distribuye la recaudación.
El Senado insta al Gobierno a iniciar el proceso de traspaso de las competencias para el control y fiscalidad de las entidades de gestión a las Comunidades Autónomas –en las que así lo establezca su estatuto–.
Otro de los puntos del texto pide al Ministerio que dirige César Antonio Molina crear un grupo de trabajo que evalúe la legislación de los derechos de autor "en equilibrio" con los nuevos retos de la sociedad de la información.
El PP seguirá "presentando batalla"
Guillot ha subrayado que el canon digital está cuestionado tras la reforma "al gusto de las sociedades de gestión" de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006, porque es preciso proteger los derechos de los autores pero "no con tasas indiscriminadas e injustas", sobre las que hace falta un control público.
Tras aceptar la enmienda transaccional, el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que en 2009 "seguirá presentando batalla en sede parlamentaria" para la eliminación del canon digital, porque, según el senador José María Chiquillo, es una "inmoralidad porque es una tasa preventiva", cuyo reparto se hace de "forma arbitraria y opaca".
Por su parte, el portavoz de CiU, Jordi Vilalloana, ha advertido de que no se podrá resolver la polémica sin una alternativa a la compensación por copia privada. Es decir, sólo hay dos sistemas: el europeo, que permite la copia a cambio del canon que compensa al creador; o, el anglosajón, que penaliza la copia de una creación artística.
En nombre del Grupo Socialista, el senador Imanol Zubero también ha recordado que es preciso una alternativa si se quiere eliminar el canon y ha hecho una "lectura positiva" del tono del debate.
El Congreso dio luz verde ayer a una Proposición No de Ley que insta al Gobierno a impulsar una estrategia consensuada y eficaz contra la "piratería" cultural en internet, con acuerdo de los sectores implicados y con "equilibrio" entre todos los derechos.
Así lo ha puesto de manifiesto el diputado de la Entesa Catalana de Progrés, Jordi Guillot, autor de la moción original, a la que se presentaron cuatro enmiendas, tres del Grupo Popular y una de CiU, y que finalmente fue modificada con una transacción de todos los grupos menos el PSOE, aprobada por 135 votos a favor y 103 en contra. Para Guillot, la sesión de este miércoles quiere transmitir el "mensaje de que existe un debate" sobre el canon digital; que "queremos el control parlamentario" de la recaudación del mismo y que "no hay otro interés que el general".
Y es que la moción aprobada pide al Ministerio de Cultura que presente en el Parlamento el estudio que encargó en enero a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios sobre el sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Además, reclama a Cultura un informe anual sobre las memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas, además de datos sobre cómo distribuye la recaudación.
El Senado insta al Gobierno a iniciar el proceso de traspaso de las competencias para el control y fiscalidad de las entidades de gestión a las Comunidades Autónomas –en las que así lo establezca su estatuto–.
Otro de los puntos del texto pide al Ministerio que dirige César Antonio Molina crear un grupo de trabajo que evalúe la legislación de los derechos de autor "en equilibrio" con los nuevos retos de la sociedad de la información.
El PP seguirá "presentando batalla"
Guillot ha subrayado que el canon digital está cuestionado tras la reforma "al gusto de las sociedades de gestión" de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006, porque es preciso proteger los derechos de los autores pero "no con tasas indiscriminadas e injustas", sobre las que hace falta un control público.
Tras aceptar la enmienda transaccional, el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que en 2009 "seguirá presentando batalla en sede parlamentaria" para la eliminación del canon digital, porque, según el senador José María Chiquillo, es una "inmoralidad porque es una tasa preventiva", cuyo reparto se hace de "forma arbitraria y opaca".
Por su parte, el portavoz de CiU, Jordi Vilalloana, ha advertido de que no se podrá resolver la polémica sin una alternativa a la compensación por copia privada. Es decir, sólo hay dos sistemas: el europeo, que permite la copia a cambio del canon que compensa al creador; o, el anglosajón, que penaliza la copia de una creación artística.
En nombre del Grupo Socialista, el senador Imanol Zubero también ha recordado que es preciso una alternativa si se quiere eliminar el canon y ha hecho una "lectura positiva" del tono del debate.
El Congreso dio luz verde ayer a una Proposición No de Ley que insta al Gobierno a impulsar una estrategia consensuada y eficaz contra la "piratería" cultural en internet, con acuerdo de los sectores implicados y con "equilibrio" entre todos los derechos.
martes, noviembre 25, 2008
¿Austeridad? Los funcionarios de las CCAA se disparan un 92% en la última década
El empleo público está de moda. Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos disparan la contratación de funcionarios y la única forma de financiar el incremento de los costes salariales es mediante la subida de tasas e impuestos.
Los españoles prefieren trabajar para las Administraciones Públicas, ya que, como norma general, las exigencias en el desempeño de la actividad laboral no son tan importantes como en el sector privado, el puesto de trabajo está asegurado y los horarios suelen ser mejores que los de los ciudadanos que son empleados por empresas privadas.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recogen este testigo y disparan las contrataciones de funcionarios, en contra de los criterios de austeridad y eficiencia que deberían caracterizar las políticas que desarrollan este tipo de instituciones públicas.
Y como el empleo público estatal se reduce, aumentan las desigualdades en la prestación de servicios públicos que no dependen de la Administración Central.
Los datos así lo reflejan. Entre 1998 y 2007, la población de España ha crecido un 12,2% según la oficina estadística europea (Eurostat), contando con los procesos de regularización de inmigrantes acometidos durante la pasada legislatura por el entonces ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Jesús Caldera. Sin embargo, en el mismo periodo los funcionarios han aumentado un 22%.
Fuente: Patronal catalana con datos de Trabajo
Un funcionario por cada 9 trabajadores
Como consecuencia, al cierre del pasado año había un funcionario por cada 8,7 trabajadores en activo, cifra calculada en virtud de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Y las “estrellas” de este aumento son las Comunidades Autónomas, que han elevado en un 92% su personal, lo que supone un aumento de más de 623.000 personas cuyos sueldos los pagan todas las personas que trabajan en el sector privado.
El proceso de descentralización parece estar detrás de este increíble incremento en las plantillas autonómicas. Y, como casi siempre, el mayor volumen en términos absolutos lo tiene Andalucía, que con 489.671 empleados lidera la contratación de empleados públicos, al mismo tiempo que ocupa los primeros lugares en las cifras de parados que publica el Ministerio de Trabajo.
Tras los gobiernos regionales, los ayuntamientos también han engordado sus plantillas, con un aumento del 18,74% en el personas al servicio consistorial, lo que representa un crecimiento en valores absolutos de 465.682 personas. Y financiar sus salarios no va a ser fácil, una vez que la principal fuente de financiación municipal -el suelo- ha perdido valor como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Subidas de tasas e impuestos municipales
Como consecuencia de este mayor coste que deberán soportar las arcas consistoriales, los municipios ya han comenzado a subir los impuestos y las tasas que son de su competencia. Los ciudadanos y pequeñas empesas van a ver cómo aumentan sus facturas de pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los impuestos de circulación, entre otros.
La principal novedad de este aumento de la carga fiscal es el momento en el que se produce. Alimentados por la sobrevaloración de los inmuebles, los ayuntamientos y los gobiernos regionales han tirado la casa por la ventana y se han comprometido con una estructura de costes que, en la actualidad, no pueden afrontar. Y esto ocurre al mismo tiempo que la economía española destruye empleo a una velocidad de vértigo, lo que lastra el poder adquisitivo de las familias y, por lo tanto, cercena el consumo y las tasas e impuestos asociados a esta variable.
Dentro de este proceso descentralizador, el Estado ha reducido el personal a su cargo en 267.345 personas, para situar el volumen total de empleados públicos en las 561.551 personas. Con todo ello, los ciudadanos que trabajan para las Administraciones Públicas han crecido un 22%, con un total de 2,58 millones de personas.
Pero la trasferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas y ayuntamientos no es la única razón de este aumento del personal que trabaja para los gobiernos regionales y municipales.
De hecho, el personal autonómico y consistorial ha aumentado de forma conjunta en más de un millón de trabajadores entre 1997 y 2008, mientras que la reducción de plantilla estatal no alcanza ni la cuarta parte de este volumen.
Empleados públicos vs Sector privado
Si se analiza el índice que compara los empleados públicos respecto a los asalariados del sector privado, la región que más apuesta por los funcionarios es Extremadura, con una tasa del 28,68%. Le siguen Castilla y León, con un 20,53%; Andalucía, con un 18,51% y Aragón, con el 17,44%. En el total nacional, existen 15,4 empleados públicos por cada 100 trabajadores de empresas no públicas.
La repercusión económica que tiene sobre la actividad productiva española esta enorme carga de empleo público es incalculable. Ya que a la cifra total de los salarios hay que sumar el coste que supone en términos de eficiencia.
Los menores incentivos para desempeñar la actividad laboral que tiene el sector público respecto del sector privado son otro aspecto que dificultan el cálculo del gasto en funcionarios y el retorno de este colectivo en términos de productividad al resto de la economía.
De momento, la Administración y los Sindicatos de la Función Pública han pactado un incremento salarial del 3,8% para el próximo año, en un documento que fija, por primera vez, las condiciones salariales de los funcionarios para un periodo de tres años.
A pesar de que el pacto inicial representaba una subida del 3%, adicionalmente se ha acordado un incremento adicional del 0,8% de la masa salarial en la Administración General del Estado, distribuido en una aportación del 0,5% al Plan de Pensiones y el 0,3% a la adopción de medidas destinadas a la mejora de resultados e incremento de la eficacia de los servicios públicos.
El resto de los mortales deberá conformarse con la actualización del IPC si disponen de cláusula de revisión salarial. Además, el Gobierno ha decidido no actualizar el Impuesto sobre la Renta con la inflación (lo que se denomina técnicamente la deflactación de la tarifa de este impuesto). Como consecuencia, los españoles deberán pagar 400 euros más -de media- cuando hagan su declaración.
¿Se avecinan recortes?
A ello se suma la mayor oferta pública de empleo realizada en España, que fue aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de enero, con 35.895 plazas. Una oferta especialmente dirigida a potenciar los efectivos de la Administración General del Estado (AGE) en las unidades de atención al ciudadano y de prestación directa de servicios.
El Consejo de Ministros aprobó entonces cuatro Reales Decretos de Oferta de Empleo Público 2008 para la AGE y sus organismos, Cuerpo Nacional de Policía, Cuerpo de la Guardia Civil y Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la crisis económica obligará a las Administraciones públicas a apretarse en cinturón. Tarea, no obstante, difícil dado el aumento sustancial que han experimentado las plantillas públicas a lo largo de los últimos 10 años.
De este modo, el Gobierno dio marcha atrás recientemente al incremento del número de funcionarios. La Oferta de Empleo Público para 2009 se reducirá en 70% respecto a la oferta de 2008, según anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La Generalidad anuncia despidos
Un recorte que comienza a materializarse también en algunas CCAA. Así, la Generalidad prevé que entre 2008 y 2009 se jubilen 2.149 funcionarios autonómicos, cuyas plazas por regla general no se cubrirán, según avanzó el lunes el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, el republicano Jordi Ausàs. La medida forma parte del paquete anticrisis aprobado por el Gobierno autonómico para ahorrar costes, informa Europa Press.
Del total de bajas, 79 tendrán la obligación legal de jubilarse, puesto que ya habrán cumplido los 70 años. El resto, 2.070 trabajadores, se encuentran o se encontrarán en la franja de edad de entre 65 y 69 años, la edad voluntaria de jubilación.
Ausàs dijo que la "amortización" de estos puestos de trabajo mediante jubilaciones irá acompañada de otros medidas orientadas a dibujar "un nuevo modelo" de administración pública catalana que potencie equipos de trabajo especializados y mejor formados.
Decreto anticrisis
Entre el primer paquete de medidas anticrisis que aprobó el Consejo Ejecutivo, destaca la relativa a esta cuestión, que establece que "no se sustituirá el personal de las consejerías y entidades del sector público de la Generalidad que cause baja por jubilación, excedencia o finalización del vínculo laboral".
"En caso de que la baja afecte a lugares de mando, y que sea imprescindible su cobertura, se compensará con bajas" en otras plazas y la "reasignación" de personal entre las consejerías.
Sólo podrán cubrirse estas plazas "excepcionalmente" en casos "debidamente justificados" y con el informe favorable de la Comisión de Coordinación Corporativa de la Generalidad.
Los españoles prefieren trabajar para las Administraciones Públicas, ya que, como norma general, las exigencias en el desempeño de la actividad laboral no son tan importantes como en el sector privado, el puesto de trabajo está asegurado y los horarios suelen ser mejores que los de los ciudadanos que son empleados por empresas privadas.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recogen este testigo y disparan las contrataciones de funcionarios, en contra de los criterios de austeridad y eficiencia que deberían caracterizar las políticas que desarrollan este tipo de instituciones públicas.
Y como el empleo público estatal se reduce, aumentan las desigualdades en la prestación de servicios públicos que no dependen de la Administración Central.
Los datos así lo reflejan. Entre 1998 y 2007, la población de España ha crecido un 12,2% según la oficina estadística europea (Eurostat), contando con los procesos de regularización de inmigrantes acometidos durante la pasada legislatura por el entonces ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Jesús Caldera. Sin embargo, en el mismo periodo los funcionarios han aumentado un 22%.
Fuente: Patronal catalana con datos de Trabajo
Un funcionario por cada 9 trabajadores
Como consecuencia, al cierre del pasado año había un funcionario por cada 8,7 trabajadores en activo, cifra calculada en virtud de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Y las “estrellas” de este aumento son las Comunidades Autónomas, que han elevado en un 92% su personal, lo que supone un aumento de más de 623.000 personas cuyos sueldos los pagan todas las personas que trabajan en el sector privado.
El proceso de descentralización parece estar detrás de este increíble incremento en las plantillas autonómicas. Y, como casi siempre, el mayor volumen en términos absolutos lo tiene Andalucía, que con 489.671 empleados lidera la contratación de empleados públicos, al mismo tiempo que ocupa los primeros lugares en las cifras de parados que publica el Ministerio de Trabajo.
Tras los gobiernos regionales, los ayuntamientos también han engordado sus plantillas, con un aumento del 18,74% en el personas al servicio consistorial, lo que representa un crecimiento en valores absolutos de 465.682 personas. Y financiar sus salarios no va a ser fácil, una vez que la principal fuente de financiación municipal -el suelo- ha perdido valor como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Subidas de tasas e impuestos municipales
Como consecuencia de este mayor coste que deberán soportar las arcas consistoriales, los municipios ya han comenzado a subir los impuestos y las tasas que son de su competencia. Los ciudadanos y pequeñas empesas van a ver cómo aumentan sus facturas de pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los impuestos de circulación, entre otros.
La principal novedad de este aumento de la carga fiscal es el momento en el que se produce. Alimentados por la sobrevaloración de los inmuebles, los ayuntamientos y los gobiernos regionales han tirado la casa por la ventana y se han comprometido con una estructura de costes que, en la actualidad, no pueden afrontar. Y esto ocurre al mismo tiempo que la economía española destruye empleo a una velocidad de vértigo, lo que lastra el poder adquisitivo de las familias y, por lo tanto, cercena el consumo y las tasas e impuestos asociados a esta variable.
Dentro de este proceso descentralizador, el Estado ha reducido el personal a su cargo en 267.345 personas, para situar el volumen total de empleados públicos en las 561.551 personas. Con todo ello, los ciudadanos que trabajan para las Administraciones Públicas han crecido un 22%, con un total de 2,58 millones de personas.
Pero la trasferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas y ayuntamientos no es la única razón de este aumento del personal que trabaja para los gobiernos regionales y municipales.
De hecho, el personal autonómico y consistorial ha aumentado de forma conjunta en más de un millón de trabajadores entre 1997 y 2008, mientras que la reducción de plantilla estatal no alcanza ni la cuarta parte de este volumen.
Empleados públicos vs Sector privado
Si se analiza el índice que compara los empleados públicos respecto a los asalariados del sector privado, la región que más apuesta por los funcionarios es Extremadura, con una tasa del 28,68%. Le siguen Castilla y León, con un 20,53%; Andalucía, con un 18,51% y Aragón, con el 17,44%. En el total nacional, existen 15,4 empleados públicos por cada 100 trabajadores de empresas no públicas.
La repercusión económica que tiene sobre la actividad productiva española esta enorme carga de empleo público es incalculable. Ya que a la cifra total de los salarios hay que sumar el coste que supone en términos de eficiencia.
Los menores incentivos para desempeñar la actividad laboral que tiene el sector público respecto del sector privado son otro aspecto que dificultan el cálculo del gasto en funcionarios y el retorno de este colectivo en términos de productividad al resto de la economía.
De momento, la Administración y los Sindicatos de la Función Pública han pactado un incremento salarial del 3,8% para el próximo año, en un documento que fija, por primera vez, las condiciones salariales de los funcionarios para un periodo de tres años.
A pesar de que el pacto inicial representaba una subida del 3%, adicionalmente se ha acordado un incremento adicional del 0,8% de la masa salarial en la Administración General del Estado, distribuido en una aportación del 0,5% al Plan de Pensiones y el 0,3% a la adopción de medidas destinadas a la mejora de resultados e incremento de la eficacia de los servicios públicos.
El resto de los mortales deberá conformarse con la actualización del IPC si disponen de cláusula de revisión salarial. Además, el Gobierno ha decidido no actualizar el Impuesto sobre la Renta con la inflación (lo que se denomina técnicamente la deflactación de la tarifa de este impuesto). Como consecuencia, los españoles deberán pagar 400 euros más -de media- cuando hagan su declaración.
¿Se avecinan recortes?
A ello se suma la mayor oferta pública de empleo realizada en España, que fue aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de enero, con 35.895 plazas. Una oferta especialmente dirigida a potenciar los efectivos de la Administración General del Estado (AGE) en las unidades de atención al ciudadano y de prestación directa de servicios.
El Consejo de Ministros aprobó entonces cuatro Reales Decretos de Oferta de Empleo Público 2008 para la AGE y sus organismos, Cuerpo Nacional de Policía, Cuerpo de la Guardia Civil y Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la crisis económica obligará a las Administraciones públicas a apretarse en cinturón. Tarea, no obstante, difícil dado el aumento sustancial que han experimentado las plantillas públicas a lo largo de los últimos 10 años.
De este modo, el Gobierno dio marcha atrás recientemente al incremento del número de funcionarios. La Oferta de Empleo Público para 2009 se reducirá en 70% respecto a la oferta de 2008, según anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La Generalidad anuncia despidos
Un recorte que comienza a materializarse también en algunas CCAA. Así, la Generalidad prevé que entre 2008 y 2009 se jubilen 2.149 funcionarios autonómicos, cuyas plazas por regla general no se cubrirán, según avanzó el lunes el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, el republicano Jordi Ausàs. La medida forma parte del paquete anticrisis aprobado por el Gobierno autonómico para ahorrar costes, informa Europa Press.
Del total de bajas, 79 tendrán la obligación legal de jubilarse, puesto que ya habrán cumplido los 70 años. El resto, 2.070 trabajadores, se encuentran o se encontrarán en la franja de edad de entre 65 y 69 años, la edad voluntaria de jubilación.
Ausàs dijo que la "amortización" de estos puestos de trabajo mediante jubilaciones irá acompañada de otros medidas orientadas a dibujar "un nuevo modelo" de administración pública catalana que potencie equipos de trabajo especializados y mejor formados.
Decreto anticrisis
Entre el primer paquete de medidas anticrisis que aprobó el Consejo Ejecutivo, destaca la relativa a esta cuestión, que establece que "no se sustituirá el personal de las consejerías y entidades del sector público de la Generalidad que cause baja por jubilación, excedencia o finalización del vínculo laboral".
"En caso de que la baja afecte a lugares de mando, y que sea imprescindible su cobertura, se compensará con bajas" en otras plazas y la "reasignación" de personal entre las consejerías.
Sólo podrán cubrirse estas plazas "excepcionalmente" en casos "debidamente justificados" y con el informe favorable de la Comisión de Coordinación Corporativa de la Generalidad.
lunes, noviembre 24, 2008
Las Juventudes Socialistas de Arganda se burlan de un concejal del PP por ser homosexual
UN CAPITULO MAS DE LAS HIPOCRESÍAS DE LA IZQUIERDA...
El alcalde de Arganda del Rey ha exigido una rectificación al PSOE por un artículo aparecido en la revista de las Juventudes Socialistas de la localidad con conmentarios ofensivos aludiendo a la orientación sexual del concejal de Juventud y Cultura.
El artículo aparece en el número 28 de la Revista del Grupo Municipal Socialista de Arganda del Rey correspondiente al mes de noviembre. En él, las juventudes socialistas dicen literalmente:
* “Porque tenemos a un concejal de juventud que no sabe ni preparar un programa de actividades de Otoño. ¡Ojo al documento! Actividades que bien las podía haber organizado la revista 'Super Pop', y todas las películas seleccionadas de 'un gran interés cultural', por ejemplo '300' que con tanto torso desnudo podemos suponer cual es el tipo de interés que ha visto en ella nuestro concejal”.
El alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, acompañado por los miembros del Gobierno de la ciudad y cargos políticos, leyó este lunes un comunicado denunciado que en el escrito “se vierten críticas sobre la gestión de la Concejalía de Juventud de este Ayuntamiento que, claramente, rebasan los límites lógicos, razonables y respetables de la crítica política, intentando desprestigiar la gestión del Concejal de Juventud por su orientación sexual, en una actitud claramente homofóbica y atentatoria contra las libertades y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”.
Asimismo, a través del comunicado, el alcalde de Arganda del Rey, ha apoyado, en nombre del Gobierno de la ciudad, al concejal de Juventud de Arganda del Rey, “por su gestión participativa, abierta y plural al servicio de todos los jóvenes de nuestra ciudad sin distinción alguna de sexo, raza, religión o pensamiento”.
De la misma manera, Ginés López ha querido resaltar el absoluto rechazo del Gobierno Municipal “a todos aquellos que no respeten, se burlen, acosen, discriminen o sean intolerantes con la libertad sexual de cualquier ciudadano o ciudadana y, en este caso particular, del concejal de Juventud, bien sea de forma física, psicológica o propagandística, demostrando una clara homofobia”.
El alcalde de Arganda del Rey ha subrayado también que “en política no vale todo” y ha instado al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arganda del Rey y, en especial, a su Portavoz, a una “pública e inmediata rectificación; solicitando, a su vez, su compromiso de lealtad en el ejercicio honorable de la oposición política y desterrando para siempre las prácticas de ataque personal, discriminatorio y ofensivo para sus compañeros de Corporación Municipal y de cualquier persona, hombre o mujer, que no piensen como ellos”.
Para finalizar, Ginés López ha aclarado que el Gobierno Municipal se reserva el ejercicio de las acciones judiciales oportunas por la vulneración de los derechos fundamentales y de las libertades públicas que también lo son del concejal de Juventud del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Según publica Telemadrid en su página web, el secretario general de Juventudes Socialistas de Arganda del Rey, David Azcona, ha pedido disculpas en un comunicado al concejal de Juventud de Arganda, Francisco Javier Díaz. “Reconocemos lo desacertado del comentario y rectificaremos en el próximo número".
El alcalde de Arganda del Rey ha exigido una rectificación al PSOE por un artículo aparecido en la revista de las Juventudes Socialistas de la localidad con conmentarios ofensivos aludiendo a la orientación sexual del concejal de Juventud y Cultura.
El artículo aparece en el número 28 de la Revista del Grupo Municipal Socialista de Arganda del Rey correspondiente al mes de noviembre. En él, las juventudes socialistas dicen literalmente:
* “Porque tenemos a un concejal de juventud que no sabe ni preparar un programa de actividades de Otoño. ¡Ojo al documento! Actividades que bien las podía haber organizado la revista 'Super Pop', y todas las películas seleccionadas de 'un gran interés cultural', por ejemplo '300' que con tanto torso desnudo podemos suponer cual es el tipo de interés que ha visto en ella nuestro concejal”.
El alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, acompañado por los miembros del Gobierno de la ciudad y cargos políticos, leyó este lunes un comunicado denunciado que en el escrito “se vierten críticas sobre la gestión de la Concejalía de Juventud de este Ayuntamiento que, claramente, rebasan los límites lógicos, razonables y respetables de la crítica política, intentando desprestigiar la gestión del Concejal de Juventud por su orientación sexual, en una actitud claramente homofóbica y atentatoria contra las libertades y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”.
Asimismo, a través del comunicado, el alcalde de Arganda del Rey, ha apoyado, en nombre del Gobierno de la ciudad, al concejal de Juventud de Arganda del Rey, “por su gestión participativa, abierta y plural al servicio de todos los jóvenes de nuestra ciudad sin distinción alguna de sexo, raza, religión o pensamiento”.
De la misma manera, Ginés López ha querido resaltar el absoluto rechazo del Gobierno Municipal “a todos aquellos que no respeten, se burlen, acosen, discriminen o sean intolerantes con la libertad sexual de cualquier ciudadano o ciudadana y, en este caso particular, del concejal de Juventud, bien sea de forma física, psicológica o propagandística, demostrando una clara homofobia”.
El alcalde de Arganda del Rey ha subrayado también que “en política no vale todo” y ha instado al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arganda del Rey y, en especial, a su Portavoz, a una “pública e inmediata rectificación; solicitando, a su vez, su compromiso de lealtad en el ejercicio honorable de la oposición política y desterrando para siempre las prácticas de ataque personal, discriminatorio y ofensivo para sus compañeros de Corporación Municipal y de cualquier persona, hombre o mujer, que no piensen como ellos”.
Para finalizar, Ginés López ha aclarado que el Gobierno Municipal se reserva el ejercicio de las acciones judiciales oportunas por la vulneración de los derechos fundamentales y de las libertades públicas que también lo son del concejal de Juventud del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Según publica Telemadrid en su página web, el secretario general de Juventudes Socialistas de Arganda del Rey, David Azcona, ha pedido disculpas en un comunicado al concejal de Juventud de Arganda, Francisco Javier Díaz. “Reconocemos lo desacertado del comentario y rectificaremos en el próximo número".
domingo, noviembre 23, 2008
La Xunta impone el gallego en las escuelas a través de un Consorcio dirigido por Quintana
Según informa La Razón, la Xunta ha creado un Consorcio para gestionar las "galescolas" con el fin de "ideologizar" a los niños de 0 a 3 años. Además, está presionando a los municipios con restarles las subvenciones de las guarderías si no se adhieren a él.
La Xunta quiere que los niños aprendan gallego antes incluso de que sepan hablar. Tal y como dice La Razón, las "galescolas" se han convertido en una pesadilla para muchos desde que el BNG se percatara de que la "mejor cantera" para la lengua gallega son los niños: ahora, los niños de 0 a 3 años tomarán el biberón de la mañana al ritmo del Himno gallego.
El proyecto del Consorcio gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, promovido y presidido por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, está regido por ex altos cargos del propio BNG. Éste se ofrece como un sistema de "colaboración entre iguales" dirigido a conseguir la "conciliación de la vida familiar y la laboral". De ese modo, se presentaban a los gallegos unas escuelas que, sin embargo, empiezan ahora a tener problemas debido a la confrontación de competencias.
Hasta ahora, los ayuntamientos dirigían los servicios sociales, según La Razón, y era la Xunta la que estaba obligada a transferir las ayudas. Pero la creación del Consorcio busca controlar y gestionar las "galescolas", de tal manera que si un consistorio no se adhiere a dicha sociedad ve mermadas sus subvenciones o se queda sin ellas.
El proyecto ha sido contestado confuerza por algunos municipios, asegura La Razón. Acusan a Quintana de utilizar métodos casi "mafiosos" para conseguir la integración de todos los ayuntamientos gallegos al Consorcio. De ese modo, la "imposición" o "coacción" tiene más rasgos claros.
Desde el PP de Galicia, la Portavoz de Asuntos Sociales, Susana López Abella, acusa a Quintana de querer "asfixiar" económicamente a las escuelas municipales, y así lograr que cierren o se integren. Si no lo hacen, les acosan con inspecciones o disminuyen las ayudas de la Xunta destinadas a las escuelas (incluso cuando provienen de la UE). "Esta entidad se escapa al control parlamentario y en 2009 administrará 100 millones de euros", denuncia López Abella.
"Los contratos y todo lo gestiona el Consorcio, los consistorios son meros convidados de piedra", critica a su vez Celso Rodríguez, concejal de Terras Galegas en La Guardia, Pontevedra. De ese modo, según La Razón, Ayuntamientos como los de Sober, Borborás o Arbo, que en 2006 recibieron 26.000, 18.000 y 20.380 euros para guarderías, en 2007 vieron reducidas sus ayudas en un 37 por ciento.
Ahora, Galicia posee una red de 79 "galescolas" con 3.900 plazas, de las cuales sólo 23 son de nueva creación y 15 de ellas ya estaban comprometidas con los ayuntamientos por el Gobierno gallego del PP. El resto eran guarderías municipales que fueron absorbidas por la sociedad creada por Quintana.
Según un estudio de López Abella "cada plaza de "galescolas" cuesta el doble que las gestionadas por municipios": si las primeras tiene un coste de 2.500 euros, las segundas ven multiplicado su coste hasta los 5.000, según La Razón. La clara intención subyacente es ideologizar a los niños, siguiendo el modelo vasco o catalán. "No sé si lo que quieren es galleguizar o crear al nuevo hombre gallego", dice el concejal de La Guardia.
Como recuerda La Razón, Galicia Bilingüe ya advirtió de que obligar a un niño a cambiar su lengua materna por otra "puede producir perjuicios psicológicos y empujarles al fracaso escolar".
Mas información:
http://www.larazon.es/noticia/el-bng-impone-el-biberon-en-gallego
La Xunta quiere que los niños aprendan gallego antes incluso de que sepan hablar. Tal y como dice La Razón, las "galescolas" se han convertido en una pesadilla para muchos desde que el BNG se percatara de que la "mejor cantera" para la lengua gallega son los niños: ahora, los niños de 0 a 3 años tomarán el biberón de la mañana al ritmo del Himno gallego.
El proyecto del Consorcio gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, promovido y presidido por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, está regido por ex altos cargos del propio BNG. Éste se ofrece como un sistema de "colaboración entre iguales" dirigido a conseguir la "conciliación de la vida familiar y la laboral". De ese modo, se presentaban a los gallegos unas escuelas que, sin embargo, empiezan ahora a tener problemas debido a la confrontación de competencias.
Hasta ahora, los ayuntamientos dirigían los servicios sociales, según La Razón, y era la Xunta la que estaba obligada a transferir las ayudas. Pero la creación del Consorcio busca controlar y gestionar las "galescolas", de tal manera que si un consistorio no se adhiere a dicha sociedad ve mermadas sus subvenciones o se queda sin ellas.
El proyecto ha sido contestado confuerza por algunos municipios, asegura La Razón. Acusan a Quintana de utilizar métodos casi "mafiosos" para conseguir la integración de todos los ayuntamientos gallegos al Consorcio. De ese modo, la "imposición" o "coacción" tiene más rasgos claros.
Desde el PP de Galicia, la Portavoz de Asuntos Sociales, Susana López Abella, acusa a Quintana de querer "asfixiar" económicamente a las escuelas municipales, y así lograr que cierren o se integren. Si no lo hacen, les acosan con inspecciones o disminuyen las ayudas de la Xunta destinadas a las escuelas (incluso cuando provienen de la UE). "Esta entidad se escapa al control parlamentario y en 2009 administrará 100 millones de euros", denuncia López Abella.
"Los contratos y todo lo gestiona el Consorcio, los consistorios son meros convidados de piedra", critica a su vez Celso Rodríguez, concejal de Terras Galegas en La Guardia, Pontevedra. De ese modo, según La Razón, Ayuntamientos como los de Sober, Borborás o Arbo, que en 2006 recibieron 26.000, 18.000 y 20.380 euros para guarderías, en 2007 vieron reducidas sus ayudas en un 37 por ciento.
Ahora, Galicia posee una red de 79 "galescolas" con 3.900 plazas, de las cuales sólo 23 son de nueva creación y 15 de ellas ya estaban comprometidas con los ayuntamientos por el Gobierno gallego del PP. El resto eran guarderías municipales que fueron absorbidas por la sociedad creada por Quintana.
Según un estudio de López Abella "cada plaza de "galescolas" cuesta el doble que las gestionadas por municipios": si las primeras tiene un coste de 2.500 euros, las segundas ven multiplicado su coste hasta los 5.000, según La Razón. La clara intención subyacente es ideologizar a los niños, siguiendo el modelo vasco o catalán. "No sé si lo que quieren es galleguizar o crear al nuevo hombre gallego", dice el concejal de La Guardia.
Como recuerda La Razón, Galicia Bilingüe ya advirtió de que obligar a un niño a cambiar su lengua materna por otra "puede producir perjuicios psicológicos y empujarles al fracaso escolar".
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