jueves, marzo 24, 2005

¿Quién está mintiendo, Pepiño? (José García Domínguez)

Encajado el golpe, derrotado pero no vencido, ahora mismo vago cual alma en pena por la Península en busca de ese ungüento amarillo, del maná plastificado que dice regalar Blanco; y entre el chollo y yo, siempre la barrera del nefasto siete

Tras confirmarse que un activista muslime de la Agrupación Socialista Madrileña había participado en la organización de la masacre del 11-M, el compañero Blanco comparecía ante la Prensa y aparentemente refutaba cierta afirmación emitida en el programa La Mañana de la COPE. Un tertuliano, que por más señas era yo mismo, había defendido que militar en cualquier partido político requiere de más trámites que echar una firmita en un impreso, y que es menester, entre otros requisitos, el aval de dos afiliados veteranos. En su intervención, Blanco sostuvo que eso era falso, y mantendría implícitamente que cualquier padre de familia numerosa puede acceder al control una organización local del PSOE en media hora, simplemente presentando las fotocopias de los DNI de su prole.

Fue tal la convicción del secretario de Organización al declamar su desmentido y tan loable el propósito que allí expuso de promover un partido abierto de piernas a la sociedad, que caí del caballo de repente. Sí, escéptico lector, Blanco me convenció de haber vivido en el error hasta ese instante. Huelga decir que tome la decisión de afiliarme al PSOE en el acto. Mas como el acto me pillaba vacando y en gira ociosa por España, di en acercarme a la web de los socialistas valencianos, pues por allí corríamos el pasado lunes. Y bien sabe Dios que de no ser por el artículo siete de sus Estatutos, a estas horas ya se habría realizado mi anhelo de convertirme en el company Josep. Pero ahí estaba el siete, entre mi sueño y la realidad. ¿Y qué dice el siete de Valencia? Pues esto: “Es necesario que los nuevos afiliados y afiliadas vayan avalados por dos firmas de afiliados o afiliadas.”

“Deben ser cosas de los valencianos”, rumié entonces para mis adentros, y proseguí el viaje iniciático en busca del precioso carné. La siguiente escala sería Cuenca la encantada. Y encantado paseé por sus calles antes de topar con el siete de allí. ¿Qué que dice el siete de Cuenca? Pues lo mismo que el otro: “La ficha debe ser firmada por dos personas que ya tienen que estar afiliadas al PSOE.”. Soy hombre de voluntad férrea, y ese nuevo traspié no iba a torcer mi propósito de entrar en comunión con las huestes de Pepiño. Así que, inasequible al desaliento, metí la primera y puse rumbo al norte, por ver si el aire fresco del Cantábrico se compadecía de mi tardía vocación novicia. Bien, pues hasta Torrelavega habría de perseguirme el maldito siete. “Para ser afiliado del PSOE de Torrelavega basta con personarse en la sede del Partido, sita en La Llama, debiendo venir avalado por dos militantes.” Encajado el golpe, derrotado pero no vencido, ahora mismo vago cual alma en pena por la Península en busca de ese ungüento amarillo, del maná plastificado que dice regalar Blanco; y entre el chollo y yo, siempre la barrera del nefasto siete. ¿Por qué no chocaría con el siete el morito? ¿Quién está mintiendo, Pepiño?

lunes, marzo 21, 2005

Dos escoltas que protegieron a Bono dicen que no apreciaron «ninguna agresión» en la marcha de la AVT

El ministro insiste ante el juez en que fue golpeado y el Partido Popular pide el archivo de la causa

El tumulto que el pasado 22 de enero se montó en torno al ministro de Defensa en la manifestación de la AVT está siendo objeto de investigación judicial tras la denuncia del PP por detención ilegal. Dos escoltas de la europarlamentaria socialista Rosa Díez, que junto con los de Bono establecieron el primer cordón de seguridad, han declarado ante el juez que instruye la causa en la actualidad que repelieron los empujones de los alborotadores «sin que se pudiera apreciar ningún tipo de agresión contra las personalidades protegidas». Este testimonio contradice la declaración escrita de Bono, donde insiste en que fue agredido.
Un momento de los incidentes en los que se vio envuelto el ministro Bono
Jaime G. Treceño Madrid- Los execrables hechos que el pasado 22 de enero obligaron al ministro de Defensa, José Bono, a abandonar la manifestación organizada por la AVT ya tienen un nuevo capítulo. Dos escoltas de la europarlamentaria Rosa Díez –que junto con los del ministro establecieron el primer cordón de seguridad– contradicen la versión de Bono, que insistió, en un escrito remitido ante el juez, en que fue golpeado. En su declaración ante el magistrado aseguraron que los alborotadores produjeron «empujones que son repelidos por la cápsula de seguridad, sin que se pudiera apreciar ningún tipo de agresión contra las personalidades protegidas». Esta declaración es importante, porque según el relato de los hechos que hace el propio ministro en una carta remitida al titular del juzgado número 42, y a la que tuvo acceso este periódico, Bono reconoce que fueron estos escoltas y los suyos los que establecieron la cápsula de seguridad. Luego, narra que «a la altura de la calle Virgen de los Peligros acudieron varios policías uniformados que lograron hacer un círculo o cápsula de protección, alejando a quienes empujaban y golpeaban, e impidiendo a partir de entonces cualquier agresión física por parte de los violentos». Testimonios judiciales. En la primera declaración policial que hicieron estos últimos agentes, negaron haber visto ningún tipo de agresión, testimonio que ratificaron posteriormente ante el juez. De hecho, el propio ministro aclara el por qué de esta circunstancia: «Interesa a la verdad poner de manifiesto que los policías uniformados llegaron para darnos su protección cuando queda dicho; es decir, una vez que ya se habían producido las agresiones y habían amainado los insultos. Por esta razón, no es posible que de sus declaraciones como testigos se pueda obtener luz para esclarecer lo que no vieron». Pero el ministro no echa por tierra el testimonio de los escoltas, de los que dice: «A pesar del buen trabajo de los escoltas y de algunas personas, cuyo nombre ignoro, que les ayudaron, a la altura de la sede de la CECA noté que me tiraban fuertemente del chaquetón y me dieron un puñetazo en la espalda. Recibí varios manotazos, algún puntapié y un golpe con algún objeto resistente que no puede identificar». Estas palabras dan credibilidad a la versión de los escoltas, ya que según reconoce el propio titular de Defensa estuvieron allí en los momentos iniciales del tumulto. La misiva tiene fecha del 1 de marzo. A raíz de estos hechos, dos militantes del PP de Las Rozas, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, fueron detenidos como autores de las agresiones. El pasado 4 de marzo su defensa pidió el archivo de la causa. El escrito, al que también ha tenido acceso este periódico, se basa en el testimonio de los dos escoltas, de cinco agentes de Policía Nacional de la Brigada de Información, otro de la Sección Operativa de Vigilancia de la Comisaria General y de cuatro testigos. Todos los testimonios avalan los argumentos de la defensa, ya que de ellos se extrae que no observaron que Bono fuese agredido. Fuentes judiciales aseguraron que ninguno de los agentes a los que tomó declaración el juez dijo haber presenciado que el ministro fuese golpeado en algún momento. Imágenes sin agresiones. La defensa se basa también en los testimonios policiales realizados tras ver las imágenes y en que éstas no avalan las agresiones. «Visionados en esta Brigada los videos de la citada manifestación grabada por TVE, Telemadrid y Antena 3, no observan en las imágenes ningún tipo de agresión, ni insultos, no reconociendo a persona alguna que mantenga las actitudes descritas». Por todo ello, el abogado alega que «en las cintas visionadas se ha podido constatar la inexistencia de las supuestas agresiones al Sr. Bono, ni que el mismo fuera víctima de agresión alguna, toda vez que lo único que se infiere del examen de las cintas son tanto gritos de abucheo como de apoyo en relación con el mismo, extremos todos ellos que no vienen sino a confirmar la inconsistencia de cualquier atribución de atentado o agresión a la autoridad de los hechos denunciados».