El CGPJ decide por unanimidad suspender a Garzón

Hoy es un día grande para la Justicia en España. Por fin hemos asistido a la demostración de que la división de poderes no está del todo destruída en nuestro país. Hoy, el juez estrella de la izquierda, ha sido suspendido por prevaricar, como no podçia haber sido de otra manera.

El Pleno del CGPJ ha decidido por unanimidad suspender a Garzón como juez de la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo haya abierto juicio oral contra él por presunta prevaricación en la causa general contra el franquismo. Garzon salió llorando de la Audiencia Nacional.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido finalmente suspender al juez Garzón de sus funciones en la Audiencia Nacional. El GCPJ comenzó sus deliberaciones sobre las 11.30 de la mañana tras rechazar la recusación de la magistrada Enma Gallego. Gómez Benítez, Fernando de Rosa y Margarita Robles no participaron en la votación tras haber anunciado su abstención. Tampoco participó el vocal José Manuel Gómez Benítez, que se ausentó voluntariamente en su condición de ex abogado y amigo personal de Garzón. Dívar obligó a los vocales a dejar fuera sus móviles para evitar filtraciones.

El CGPJ ha tomado esta decision tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por supuesta prevaricación en la causa del franquismo. Una decena de personas se manifestaron fuera con carteles en los que se leía: "Tapan el Gürtel echando a Garzón" o "Varela, nos avergonzamos de ti" y finalmente fueron desalojados.

Previamente, el Pleno rechazó apartar a la vocal Gemma Gallego del debate. Gallego había sido recusada por Garzón al considerar éste que la vocal mantenía con él una "enemistad manifiesta" que podría incidir en su votación para apartarle cautelarmente de la Audiencia Nacional.

Así, nada más comenzar el Pleno extraordinario en el CGPJ, la vocal Gallego permaneció fuera de la sesión mientras se estudiaba su recusación que fue, finalmente, rechazada. Tras comunicarle esa decisión, Gallego volvió a entrar en la Sala.

Así las cosas, el Pleno estuvo integrado por un total de 18 vocales, además de por el presidente Dívar. Los vocales designados a propuesta del PP (Gemma Gallego, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Concepción Espejel y Antonio Montserrat), los nombrados a instancias del PSOE (Almudena lastra, Felix Azón, Miguel Carmona, Gabriela Bravo, Manuel Torres-Vela, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz) y los designados a propuesta de Ciu (Ramón Camp) y PNV (Margarita Uría).  


Carlos Divar ha convocado para las 18.00 horas de este viernes a la Comisión Permanente de este órgano con el fin de estudiar la solicitud realizada por Garzón para ser declarado en situación de "servicios especiales" con el fin de ocupar una plaza de asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya (Holanda).

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) obliga al gobierno de los jueces a apartar temporalmente a Garzón de la Audiencia Nacional.

 El motivo es que así lo establece el punto segundo del artículo 383 de la LOPJ. “La suspensión de los jueces y magistrados tendrá lugar cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento”. En el procedimiento abreviado, por el que se tramita la investigación penal contra Garzón por abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo, el auto de apertura de juicio oral equivale al auto de procesamiento en el procedimiento ordinario. Es decir, aquel que se tramita mediante sumario para delitos penados con más de nueve años de cárcel.

Por su parte, el artículo 384 de la citada ley especifica que, en tal supuesto, "el juez o tribunal que conociera de la causa lo comunicará al CGPJ, quien hará efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal". Este paso está ya dado ya que el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, dio este mismo miércoles traslado del auto de Varela al gobierno de los jueces. También se informó ya al fiscal de la situación procesal de Garzón en la primera ocasión que el Alto Tribunal envió dos de los autos confirmando los indicios delictivos del juez.

Los costes millonarios a los que Zapatero no está dispuesto a renunciar

De nuevo, la realidad les saca los colores a los socialistas. Mientras pretenden vender sacrificio y unión, ellos siguen manteniendo sus cuotas de poder y sus subvenciones a los amigos. Otro ejercicio de cinismo político más.

Zapatero podía haber recurrido a suprimir subvenciones y leyes, unas innecesarias y otras con un fuerte rechazo en gran parte de la sociedad. El coste de normas como la del aborto o la memoria histórica o las subvenciones que otorga Moratinos asciende a 205.235.000 euros.

Este miércoles el Presidente del Gobierno, respondiendo a la llamada de Barack Obama, decidía por fin reducir el déficit público. Sin embargo, una vez más quiso demostrar quién es y atacó, primero, a los colectivos más débiles: dependientes, futuros padres, pensionistas y funcionarios, en el que es uno de los mayores recortes de derechos sociales de la democracia.

Llama la atención que no se le haya pasado por la cabeza reducir otro tipo de gastos que son completamente prescindibles. Estos son algunos ejemplos:

Ley del aborto
El próximo 5 de julio, si nadie lo evita, entrará en vigor la nueva Ley del Aborto que provocará un importante aumento de las interrupciones voluntarias del embarazo. A día de hoy, según datos del Instituto de Política Familiar, en España abortan 112.000 mujeres cada año, una cifra que aumentará a partir del verano. Con la aplicación de la nueva normativa, no sólo aumentará el número de abortos sino que, además, muchas de las mujeres que decidan no seguir adelante con el embarazo acudirán a la sanidad pública.

El precio medio de cada aborto es de 350 euros, una tarifa que se incrementa a partir de la semana 12 de gestación. Suponiendo que al menos la mitad de las mujeres que decidieran abortar lo hicieran en un Hospital de la red pública, el coste sería de 19,6 millones de euros.

Pero no sólo la nueva Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo genera gastos innecesarios. Ocurre algo similar con la Ley de la Memoria Histórica.

Ley de Memoria Histórica
En los últimos Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio de Presidencia con María Teresa Fernández De la Vega al frente, otorgó una partida de 1,5 millones de euros a la aplicación de la normativa. Sin embargo, a esta cantidad hay que sumar otras ayudas y subvenciones suman un total de 3,5 millones de euros.

Una polémica ley que pronto podría ser modificada en el Congreso de los Diputados a petición de ER-IU-ICV. Pretenden que las administraciones públicas sean responsables de garantizar los derechos de los familiares de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Cada sale más dinero de las arcas públicas y entra menos.

Las lenguas cooficiales, al Senado
Otra opción con la que no ha contado el presidente del Gobierno a la hora de recortar el gasto es la limitación del uso de las lenguas minoritarias.
La pasada semana, el Senado apostaba por estudiar un posible cambio en el reglamento de la Cámara Alta. Si finalmente se aprobase, después de las negociaciones pertinentes, los senadores podrían usar las lenguas cooficiales de Galicia, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana en los Plenos.

La versión oficial es que la aplicación de este cambio reglamentario costaría 120.000 euros destinados a la compra de auriculares y a la contratación de traductores. Sin embargo, la realidad es que el gasto superaría el millón de euros.

Las “embajadas fantasma”
También son completamente prescindibles los gastos derivados de las “embajadas fantasma” que las comunidades autónomas tienen repartidas por el mundo. Las diferentes regiones españolas tienen 189 oficinas repartidas por diversos países como México, Argentina, Estados Unidos e incluso Senegal.
Cataluña es la comunidad que más dinero destina a este fin: 25 millones de euros al año, según Ciudadanos, a repartir entre sus 69 delegaciones. El resto de oficinas de Aragón, La Rioja, Valencia… y que dependen de la Secretaría de Asuntos Exteriores, cuestan otros 20 millones de euros más.
Subvenciones al cine

El cine español también mete la mano en el bolsillo de los españoles. Este 2010, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) se ha llevado 120,5 millones a los que hay que sumar los 270.000 euros que la Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha destinado por primera vez a la Academia del Cine.

Hasta aquí, entre el aborto, el cine, las embajadas y la Ley de la Memoria Histórica la suma asciende a 189.870.000 euros

Moratinos se lleva la palma
Sin embargo, a esta cantidad hay que sumar otros gastos. Porque la primera posición en el ranking de despropósitos es, sin lugar a dudas, para el Ministerio de Asuntos Exteriores con las subvenciones que otorga a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En los últimos tiempos ha despilfarrado dinero público como ningún otro ministerio: 50.000 euros para enseñar a tocar la marimba, 300.000 para la Fundación presidida por Narcís Serra, 500.000 euros para la Cúpula de las Naciones Unidas, 30.000 euros destinados a las Lesbianas y Gays de Zimbabwe, otros 400.000 para el empoderamiento de la mujer en Palestina, o los 285.000 euros, casi 50 millones de las antiguas pesetas para “la gestión comunitaria del bosque del pistacho y rehabilitación de pastizales”. Mientras, por su parte, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, dependiente de Presidencia de la Junta, 13,8 millones de euros a Cuba. La factura de estos despropósitos es: 15.365.000 euros.

En resumen, si el Presidente del Gobierno quiere hacer recortes, lo normal es que reduzca gastos innecesarios como estos, que suman 205.235.000 euros.

Zapatero frena el derroche del gasto castigando a funcionarios y pensionistas

 Se acabó el tiempo de la demagogia, de la manipulación y de las mentiras socialistas. Al final, a Zapatero y a su banda de ineptos les ha llegado su hora. ¿Qué dirán ahora los sindicatos amamantados? ¿Qué diran ahora los fanáticos seguidores del PSOE?

España sigue la senda de Irlanda y Grecia. Zapatero claudica en su despilfarro:

• Reduce un 5% el sueldo a los funcionarios
• Congela las pensiones y baja transferencias a CCAA
• Medicamentos más caros y fin del cheque bebé
• Reducción de más de 6.000 millones en inversión pública

El Gobierno español ha recibido un rapapolvo internacional de enorme calado que ha hecho mella en el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Primero Bruselas y después la Casa Blanca han instado al inquilino de La Moncloa a frenar el derroche de dinero público, cerrar el agujero en las cuentas del Estado y aprobar un plan de recortes en el Estado del Bienestar para evitar la suspensión de pagos del país y su posterior rescate.

En la comparecencia más esperada de los últimos tiempos, Zapatero ha realizado un discurso en el Congreso que supone un giro de 180 grados respecto a los mensajes optimistas que suele lanzar en las Cortes. Todo cambia cuando a uno le llama por teléfono el presidente de EEUU para exigirle una reducción del gasto que antes descartaba, o cuando la canciller de Alemania amenaza con imponer sanciones a España si se mantiene el despilfarro del sector público.

Zapatero ha anunciado que recorta un 5% el sueldo a los funcionarios (bajando el 15% a los altos cargos), elimina el "cheque bebé", congela las pensiones y reduce las ayudas a las personas dependientes, elimina 1.200 millones de euros en transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos, baja la inversión estatal en 6.045 millones y reduce las ayudas al desarrollo en 600 millones de euros (sólo en 20% del total).

Pide "comprensión" a los ciudadanos
El presidente, consciente de su discurso ha cambiado por completo, pidió "comprensión" a los ciudadanos y afirmó "comprender su desconcierto" porque hace unos días "anunciaba la llegada de la recuperación y ahora propongo estos cambios". Dijo que este paquete de recortes es "imprescindible" para "garantizar la estabilidad financiera de la eurozona y la confianza de los inversores", los mismos que ha calificado en los últimos días de "criminales especuladores".

Añadió que "procuran ser lo más equitativas posibles" con el objetivo de alcanzar la reducción del déficit, para reforzar la confianza exterior en la economía española. "Muchos ciudadanos no entenderán que cuando estamos saliendo de la crisis les esté pidiendo más esfuerzos y sectores determinados aún más grandes". Incluso rogó la aprobación de estas medidas porque "lo necesitamos para mantener nuestro Estado del Bienestar".

Con estas medidas el Gobierno quiere reducir el gasto en 15.000 millones de euros en los dos próximos años, lo que supondrá cerrar 2011 -según los cálculos de Zapatero- con un déficit público en torno al 6% del PIB. Es decir, que a pesar de la reducción de estas partidas, el agujero en la caja rondará todavía los 60.000 millones de euros al final del próximo año.

Y todo ello se aprobará sin pasar por el Parlamento. Zapatero anunció que los recortes se aprobarán mediante un decreto-ley en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes, lo que pone de manifiesto el carácter de "urgencia" del paquete de reducción de gasto impuesto por la Unión Europea para dar apoyo financiero a España, especialmente en la refinanciación de la deuda pública.

En cuanto las reformas estructurales, el presidente aseguró que la reforma laboral "estará lista este mes de mayo", que la reforma de las pensiones se tratará en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y que en el marco de la reestructuración del sistema financiero se reformará la Ley de Cajas.

Mayores, dependientes y enfermos

Zapatero aclaró que "se eliminará la retroactividad en la aplicación de la ley de dependencia, con una reforma en la que se establecerá un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes". De esta forma, una vez que entre en vigor la nueva norma, se suprimirá el pago de la cantidad pendiente desde que se hizo la petición. Los derechos de retroactividad que ya se hayan generado podrán pagarse en un plazo máximo de cinco años.

Zapatero anunció, por último, planes para reducir el gasto farmacéutico logrando un consumo de medicamentos "más eficiente" y "vinculado a las necesidades reales de los pacientes, adecuando el número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, de acuerdo a las indicaciones de la comunidad científica".

Se hará también posible la dispensación de los medicamentos en unidosis, mediante el fraccionamiento de los envases, "de manera que el paciente pueda comprar el número exacto de unidades que necesite".

Mantiene ministerios y subvenciones

Sorprende que en este paquete de recortes el presidente no haya incluido una reestructuración de las carteras ministeriales y el fin de subvenciones a determinados colectivos. De hecho, los 600 millones de euros de la Ayuda al Desarrollo que prevé ahorrar el Gobierno no suponen ni el 20% del total anual. De hecho, sin subvenciones y ayudas a dictadores el Estado se ahorraría 30.000 millones de euros de una sola tacada.

Para ponerlo en perspectiva, estos 30.000 millones de euros de gasto superfluo y prescindible (tanto el que propone eliminar el Gobierno como los anteriores 20.000) habrían permitido reducir en el año el IRPF a casi la mitad o el IVA un 62% o, en su caso, eliminar completamente los impuestos especiales (gasolina, alcohol, tabaco...) o el Impuesto de Sociedades.

Zapatero anuncia la posibilidad de más impuestos
En su turno de réplica, Rodríguez Zapatero centrado su discurso en tres aspectos: lamentarse, criticar al PP y exculparse como responsable de esta situación. Afirmó que siempre le han criticado por no tomar decisiones difíciles y ahora que toma una medida complicada también le critican.

Además, Zapatero ha dejado entrever una nueva remesa de medidas fiscales que podrían traducirse en una nueva subida de impuestos. Dijo ser “plenamente sensible” que en el reparto de esfuerzos los que más capacidad tengan deberán “hacer un esfuerzo mayor”.

Posteriormente suplicó al PP clemencia. “Le pediría a Rajoy, no por mí sino por España, que alguna vez dijera que somos un país solvente y fuerte”, llegó a decir el presidente del Gobierno. Y tras acusar el gran déficit de las comunidades populares habló de medidas tomadas en el pasado, recordando la época Aznar. Por ello, exigió “coherencia” al PP y les instó a dejar el “populismo”.

Por último, el jefe del Ejecutivo se refirió en varias ocasiones a los “acontecimientos de esta última semana” y se exculpó escudándose en esa semana negra como si el pasado anterior a esas fechas y lo realizado hasta entonces no hubiese sido causa de la situación actual.