Enfervorecido, Zapatero negó ante los suyos que su Gobierno gobernara "a bandazos". Puede que los asistentes le creyeran, pero lo cierto es que la realidad es exactamente la contraria.
Un desencajado José Luis Rodríguez Zapatero emprendió, hace dos semanas, el que ha sido, de hecho, el mayor bandazo de su improvisada política económica. Con el anuncio de su plan de ajuste, saltaba por los aires algunos de sus argumentos preferidos, y el de todo su Gobierno, para defender su gestión ante la crisis: que nunca iba a sacrificar el "gasto social" y que nunca iba a gobernar a golpe de decretazo.Quizás lo más gráfico sea recordar a Zapatero, tras reunirse con Rajoy , descartando, ufano, recortes "drásticos" para contener el déficit. Ni Rajoy se atrevió a sugerir, por drásticos precisamente, los recortes que finalmente llegaron.
Y es que, aunque Zapatero lo niegue con tanto énfasis, la improvisación ha sido la nota común de su política económica. La última muestra ha sido clara: este lunes, en el decreto-ley del Gobierno con los recortes, se prohibía a los ayuntamientos endeudarse a largo plazo. La rectificación llegaba sólo unas horas después: la prohibición, matizaban, empezaría en 2011.
Además, el Gobierno quedaba en ridículo después de que Pedro Castro se jactara de que fue la FEMP la que logró el cambio. Casi a la misma hora, Elena Salgado atribuía la confusión al "error" de un funcionario.
Otro sonado ejemplo fue el del impuesto fantasma de la semana pasada. El jueves, el día del larguísimo Consejo de Ministros que iba a aprobar los recortes, circuló por las redacciones el rumor de un futuro impuesto para gravar los patrimonios de más de un millón de euros. La información, filtrada a la Cadena Ser, fue sucesivamente confirmada y desmentida por fuentes próximas al Gobierno. Finalmente, Salgado anunció que aún no era el momento.
Meses antes, la fuente de contradicciones y desmentidos fueron los cambios en el sistema de pensiones. En febrero, el Gobierno anunciaba el retraso en la edad de jubilación y enviaba un documento a Bruselas en el que comunicaba su intención de ampliar la base de cálculo, lo que implicaría una rebaja de las prestaciones. Pocas horas después, Salgado lo desmentía y alegaba que se trataba de un "ejemplo". Fue una explicación de cara a la galería porque el documento sobre el Plan de Austeridad sigue citando la medida.
La reforma laboral también ha traído -y sigue trayendo- quebraderos de cabeza al Ejecutivo. Las negociaciones continúan atascadas, quizás por culpa de quienes, desde el Gobierno, se han dedicado a lanzar ideas erráticas y contradictorias. Corbacho sugirió una rebaja de las indemnizaciones y poco después presentó a los agentes sociales una propuesta llena de generalidades en la que abogaba por el modelo austriaco, incompatible con lo anterior.
El tema del PER nacional trajo una polémica similar. El Gobierno se apresuró a anunciarlo: el problema llegó con las fechas. Miles de parados se sintieron estafados cuando se enteraron, tras el anuncio del Ejecutivo a bombo y platillo, de que sólo tenían derecho a la paga quienes se hubieran quedado en paro a partir del 1 de agosto de 2009. Una situación que creó situaciones de caos en las oficinas del INEM ante la demanda de información de los desempleados.
