Caso Chiclana: 40.000 viviendas ilegales no motivan la acción de la Justicia

En la localidad gaditana de Chiclana se han construido cerca de 40.000 viviendas ilegales y se acumulan delitos urbanísticos, más de 1.700 expedientes, y contra el medioambiente. Sin embargo la justicia hace oídos sordos.

El gobierno municipal de Chiclana, formado por PP, IU y PA encuentra inexplicable por qué no se ha impulsado desde la Fiscalía Anticorrupción, desde la propia Fiscalía de Cádiz o desde los juzgados de Chiclana, la instrucción de un Caso Chiclana similar a los casos de Marbella y Estepona, a pesar de que la envergadura cuantitativa y cualitativa de las irregularidades (nada menos que de 35 a 40.000 viviendas y construcciones ilegales), es igual o superior a los ejemplos mencionados.
La decisión de investigaciones sistemáticas y agrupadas en Marbella y Estepona destaparon y siguen destapando amplias y complejas redes de corrupción político - empresariales - urbanísticas con las consecuencias penales de todos conocidas. En el caso de Chiclana, aunque en la Ley de Procedimiento Criminal se contempla la posibilidad de que tanto jueces como fiscales puedan encabezar la instrucción de casos que por sus indicios, denuncias o informes policiales merezcan tratamientos singulares, no se ha hecho para sorpresa de una corporación municipal que ha denunciado ante la Fiscalía y ante el Juzgado de Guardia algunos hechos clamorosos.

Una gestión del PSOE

Hay que tener en cuenta que en el caso Chiclana toda la gestión urbanística en su conjunto, la que afecta al Ayuntamiento y la correspondiente a la Junta de Andalucía, corresponde única y exclusivamente el Partido Socialista desde el comienzo de la avalancha de irregularidades en 1983 y hasta el año 2007, año en que la coalición de PP, IU, PA y PSA, el partido de Pedro Pacheco, logró la victoria electoral. Fue entonces cuando se comenzó a denunciar activamente el caso Chiclana.

En el caso Marbella, la operación abierta por el Juez Torres fue dirigida preferentemente hacia Jesús Gil y el partido de GIL. Aunque era sabido que el PSOE había gobernado desde 1979 a 1991 y que los ya entonces numerosos casos de corrupción fueron denunciados incluso por los propios alcaldes socialistas – alguno de aquellos implicó directamente a Jaime Montaner y a José Miguel Salinas, consejero y vicepresidente de la Junta de Andalucía respectivamente aunque fue archivado por prescripción -, el GIL y los Gil así como sus sucesores fueron los principales destinatarios de la investigación.

En el caso Estepona, igualmente, se han superpuesto las gestiones políticas de PSOE y de GIL desde 1983 a 2007 si bien está quedando claro cuál ha sido el comportamiento ilegal y corrupto de su último alcalde, el socialista Antonio Barrientos, que abarca desde irregularidades urbanísticas a compra de votos con empleos municipales.

Operación política

En Chiclana, las irregularidades y presuntos delitos son ampliamente conocidas por la población. Aunque el PP de Chiclana y una parte de IU llevan años denunciando públicamente estas irregularidades y a pesar de que los concejales del PP han presentado denuncias y querellas desde el 22 de julio pasado en la Fiscalía y en el Juzgado de Guardia, sigue sin abrirse una operación especial judicial-policial del caso Chiclana. Sin embargo y no extrañamente, lo que sí se ha puesto en marcha es una operación, en este caso política, para echar del gobierno de Chiclana a quienes quieren que se investigue a fondo y hasta el final el caso Chiclana.

La operación consiste en una moción de censura impulsada por el PSOE tras haber conseguido el apoyo de Pedro Pacheco. De salir adelante dicha moción de censura anunciada por el PSOE para esta misma semana, los que quieren tapar el caso echarán a los que quieren que todo salga a la luz. De ese modo, los responsables políticos de, cuando menos, la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística que ha tenido como resultado la existencia de miles de irregularidades urbanísticas cometidas durante los 24 años de gobiernos socialistas, de 1983 a 2007, desplazarán del gobierno municipal a quienes las han denunciado.

De consumarse esta “operación Chiclana”, el actual equipo de gobierno considera que nunca más volverá a investigarse lo ocurrido en Chiclana durante un cuarto de siglo de irregularidades y corrupción urbanística.

El caso Chiclana

El periodista Pepe Contreras resumía hace casi dos años en El Mundo en qué consiste el caso Chiclana:

“Veinticinco mil fosas sépticas, cientos de inmobiliarias, más de treinta y cinco mil viviendas sin licencia municipal, uno de los principales destinos turísticos de los turoperadores mundiales (con diez mil plazas hoteleras), patria de uno de los clanes más poderosos del PSOE andaluz, sede del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco), valiosos pinares amenazados por la especulación, playas espectaculares, doce núcleos de población definidos, casi dos mil extranjeros censados, setenta y tres mil ciudadanos, trabajo para quien lo quiera y a destajo en el sector de la construcción (aunque hay 4.624 parados oficiales) y un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado desde octubre de 2006 por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).”

25.000 fosas sépticas – lo que puede extrañar a muchos -, son el resultado de otras tantas construcciones irregulares de viviendas y chalés ya que, al no estar consideradas propias del Ayuntamiento ni asunto de su responsabilidad, carecen de los sistemas urbanos habituales de saneamiento y conducción de aguas residuales. Consecuentemente, la evacuación de las aguas fecales se realiza en fosas sépticas, “pozos ciegos” para los andaluces, en su mayoría de carácter individual.

Se está dando el caso de serios problemas de contaminación e incluso de graves riesgos para la salud debido a que los pozos ciegos o fosas sépticas están conectando con los pozos de aguas subterráneas. Tal contacto puede generar un problema sanitario de gran importancia de consumarse una conexión generalizada de los pozos tóxicos con los otros y la contaminación del agua potable.

Alcaldes socialistas

Todas estas irregularidades han ido creciendo desde 1983 a 2007, período gobernado por los siguientes alcaldes socialistas:

a) Sebastián Saucedo Moreno, 1983-1986, que ha sido después y curiosamente Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y es en la actualidad subdelegado del gobierno de España en Cádiz.

b) José Joaquín de Mier Guerra, 1986- 1994, fue además presidente de la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz, vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Desde 1994 fue delegado de la consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz y ahora es el delegado especial del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

c) Manuel Jiménez Barrios, 1994-2003, de mote “chiqui”, actual secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, fue con anterioridad presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. También ha sido consejero de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y de Estadio Olímpico de Sevilla, SA donde coincide nuevamente con Leonardo Chaves, hermano de Manuel Chaves.

d) José María Román Guerrero, 2003-2007, aunque fue teniente de alcalde desde mucho antes. Es hermano de Rafael Román, alias “Franquito” por su parecido con Francisco Franco. Rafael Román es un poder fáctico del PSOE de Cádiz y fue Consejero de Cultura en los primeros tiempos de la Junta de Andalucía.

Aunque la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decidía abrir varias líneas de investigación a promotoras y constructores para esclarecer un posible delito urbanístico no sólo en esta localidad, sino en toda la Costa de la Luz como consecuencia de las informaciones de El Economista, el “caso Chiclana” sigue sin investigarse global e interrelacionadamente.

Según el mencionado diario, el mismo fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, presentó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un informe demoledor en 2006 que ponía el acento en problemas de gran calado como "los delitos urbanísticos, los daños a la naturaleza por obra humana o los atentados al patrimonio histórico". En la memoria de 2007, abogó directamente por la demolición de las construcciones ilegales:

"Mantenemos que, hasta cierto punto, el restablecimiento de la legalidad que supone la demolición es un prius a la sanción, más importante que ésta, sin la cual la represión (penal o administrativa) es una entelequia que no puede cumplir ninguna función preventiva, pues aparece como un coste superior (e incierto) de esa vía heterodoxa de obtener lo que la Ley prohíbe", dice textualmente en la Memoria de 2007. Y agrega: "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?".

Cádiz se convirtió en 2005 en la provincia andaluza donde más diligencias se abrieron por este tipo de delitos: 102; una cifra que supuso un fuerte incremento frente a la registrada en 2004 (73 en total). En 2006 fueron incoadas y tramitadas 101 diligencias informativas. En 2007, 385. De ellas, 211 en la Fiscalía de Cádiz y 174 en la Fiscalía de área de Algeciras. A pesar de la repercusión mediática que han tenido las irregularidades urbanísticas en otras zonas del litoral, como la costa de Málaga, y sobre todo, Marbella, en esta última provincia sólo se investigaron 59 casos durante el año pasado, según el informe del fiscal.

La Fiscalía advirtió ya entonces que la proliferación de casas ilegales, un fenómeno que sigue en plena expansión, se debía a la impunidad que reina en la costa gaditana, propiciada por sentencias laxas contra los propietarios de las mismas, la falta de recursos en los juzgados y la "absoluta renuncia" que hace la Audiencia Provincial "a decretar la demolición de lo construido ilícitamente".

1.700 expedientes dejados prescribir por el equipo de gobierno del PSOE

El PP andaluz ratificó el pasado día 7, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, sus denuncias sobre el presunto archivo masivo de 1.717 expedientes urbanísticos, tras lo que, se espera se impulse definitivamente una investigación por parte de la Fiscalía semejante a las del caso Marbella y Estepona. Este archivo masivo es un procedimiento similar al que se ha dado en Estepona y que originó la “Operación Astapa” contra la corrupción urbanística en este municipio malagueño.

El archivo masivo de expedientes ha producido un perjuicio mínimo de 100 millones de euros para las arcas municipales chiclaneras por esta dejación de funciones, según los cálculos del PP.

El Defensor del Pueblo Andaluz contra el fraude fiscal en Chiclana y por los cortes de luz

Incluso el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, pidió hace un año también la intervención de la Agencia Tributaria ante la sospecha de que pudiese haber también un delito fiscal en Chiclana de la Frontera, donde se contabilizan hasta 40.000 viviendas sin licencia y en condiciones completamente irregulares.

Además, ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad gaditana que corte los servicios a las viviendas ilegales y evite que se firmen nuevos contratos, tal y como explicó el propio Chamizo al diario El Economista:

"Reconozco que es una medida difícil de llevar a cabo en la práctica con las viviendas de uso habitual, pero sí se puede hacer con las segundas residencias. Lo que no se puede permitir es que las construcciones ilegales puedan disponer de los mismos servicios que las legales".

Añadía dicho diario que la clave de todas las irregularidades que se están cometiendo en esta ciudad, que podría acabar por convertirse en otra Marbella, la tiene lo que se conoce ya en ámbitos políticos como el clan socialista de Chiclana, responsables de que en la zona se hayan levantado en pocos años unas 40.000 viviendas ilegales. Los cuatro alcaldes ya mencionados y José Antonio Gómez Periñán, ex concejal de Chiclana y alto cargo de la Junta de Andalucía en Cádiz forman parte del conocido como Clan de Chiclana. Este último es, además, uno de los nexos de unión del clan de Chiclana con el clan de Alcalá, cuyo máximo representante actual es Luís Pizarro, vicesecretario general del PSOE de Andalucía.

Amenazas de muerte contra quienes quieren destapar el caso

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Chiclana, José Pedro Butrón, actualmente miembro de la coalición de gobierno, denunció en 2007 ser objeto de una campaña de descrédito por parte de personas del entorno del PSOE –incluso con supuestas amenazas de muerte y agresiones- tras sus denuncias por las irregularidades urbanísticas que se estaban registrando en el término municipal

Según Izquierda Unida, al socialista José María Román, ahora ex alcalde, la ciudad se le fue de las manos por su ineficacia y por las irregularidades denunciadas e intentaba echar la culpa de todos los problemas, presentes y futuros, a los que nada tienen que ver con los mismos. Se intentó crispar la ciudad y el ambiente con acusaciones falsas.

El PSOE, por su parte, anunció la presentación de una querella criminal por calumnias contra José Pedro Butrón, tras culpar éste públicamente al Partido Socialista de haber sido el instigador de las amenazas de muerte recibidas a través de comentarios realizados a personas de su entorno familiar. Butrón dijo: “si me pasa algo a mí o a alguien de mi entorno, haré responsable de ello al PSOE”.

El actual concejal del gobierno de Chiclana por IU-CA es quien, junto a los ecologistas de Agadén y el PP, ha animado las voces críticas ante el caos urbanístico de Chiclana.