En Galicia...

24 de Agosto de 2007 - 12:27:33 - Pío Moa

La “Mesa pola normalización lingüística” ha hecho público el manifiesto “Ensino en galego” en el que, tras repetir las falacias habituales en que se sustenta el discurso normalizador, llama a la comunidad educativa a cumplir plenamente el Decreto 124/07 (que impone la docencia en gallego de todas las asignaturas troncales y de la polémica EPC, y hace depender de la voluntad de los centros que se imparta en gallego o en español el resto -educación física, plástica y religión o alternativa-). Llama también a la Administración a poner al servicio de esta imposición más personal, “planes ambiciosos” de formación, es decir, de adoctrinamiento, “una actitud diligente de los inspectores”, es decir, más represión, y más campañas de propaganda. La normalización es cara -incalculablemente-, pero como la pagamos todos, la soportamos los que no estamos a la Mesa, y la disfrutan y usufructúan sus comensales, no se repara en gastos.
Mientras que los partidarios de la libertad de idioma defendemos el derecho de los que se sientan a esa Mesa o piensan como ellos a “vivir y aprender” en el idioma oficial de su elección, ellos pretenden convertir su derecho en obligación de todos y para todo. La asimetría de los dos proyectos es evidente, y la injusticia de uno es manifiesta.

La normalización lingüística, en cuanto rebasa el establecimiento de la cooficialidad en régimen de libertad e igualdad, es un proyecto de ingeniería social totalitario, sin fundamento lógico, ético o jurídico alguno, más que la pura voluntad de sus impulsores, que quieren ahormar a toda la sociedad conforme a una concepción unánime y excluyente.

El manifesto es otra muestra más de retórica tramposa y de desprecio por la libertad. Para quienes sostienen el discurso de la normalización lingüística, hay que normalizar a los ciudadanos que somos anormales, convirtiéndonos así en objeto de su fobiapor nuestros hábitos lingüísticos, que pretenden modificar mediante el ejercicio del poder público, es decir, mediante la discriminación, la imposición, la coacción y, eventualmente, la represión de las conductas rebeldes.

La Mesa repite el mantra fundacional de la normalización: “a lingua propia do noso país: o galego”. Si los comensales quieren vivir en ese país monolingüe de ficción, no hay ningún inconveniente por nuestra parte, siempre que nos dejen vivir a nosotros en el nuestro, es decir, siempre que no pretendan el monopolio de un sistema educativo que pagamos todos, y del privado -salvo la partes que paguen ellos-, para ahormarnos a todos conforme a su capricho. En nuestro país, en el que pagamos impuestos como los de la Mesa, hay una lengua franca o común a todos los ciudadanos que nadie está obligado a usar, y en nuestra región, que es Galicia, hay también otra lengua de ámbito regional. Ambas son cooficiales en el territorio de la comunidad autónoma, y no hay más regla justa de convivencia que la plena libertad e igualdad de los usuarios de cualquiera de ellas, o de ambas. Hay dos asignaturas obligatorias que dan cuenta de cada una, y, fuera de eso, después de la primera enseñanza y de la adquisición de la lectoescritura, en que debe primar, sin excepción, la lengua materna, ninguna obligación de uso puede imponerse a ningún ciudadano, y menos abusando de que sea menor e indefenso, caso de los alumnos, o dependa de una nómina, caso de los profesores.

Es una crueldad contraproducente, como todas, abusar de niños para obligarles a estudiar en una lengua que no es la suya en aplicación del dogma de que es “la propia”; es una malversación -además de algo bastante más grave- imponer a los profesores el uso de una lengua distinta a la de su preferencia, con la consiguiente pérdida de calidad de la docencia; y es una estupidez sostener que tales abusos mejoran esa calidad.

La Mesa pretende abusar también de la ignorancia que supone en los demás, invistiéndose de prestigio internacional y pasando de la mitología a la superchería: ni la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos ni la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias dan cobertura a ningún proyecto totalitario de “normalización lingüística” como el que se pretende ejecutar con el decreto aprobado el 28 de junio.

Baste pensar que la República Francesa también ha ratificado, y cumple, la famosa Carta, y no reconoce más lengua oficial que el francés, en un país en el que hay varias lenguas regionales minoritarias. El Reino de España aventaja a cualquier otro estado europeo en el nivel de adhesión -la Carta prevé varios-. En ningún otro se ha llegado a las situaciones absurdas que padecemos aquí por la invención de “derechos de disfrute forzoso”.

Ni siquiera el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, engendro unánime de nuestro parlamento, da cobertura al Decreto 124/07. Su incorporación parcial al sistema de fuentes del derecho como mero anexo pone de manifiesto la contradicción evidente entre “se fomentará que se impartan en (gallego) materias troncales”; “se tenderá a que ...” con la dicción del Decreto, que no fomenta ni recomienda. Impone.

Nosotros también hacemos un llamamiento al conjunto de la comunidad educativa, y aún lo extendemos a toda la sociedad, para que se resista a la imposición lingüística, para que deje que la libertad se adueñe de las aulas, para que facilite a los alumnos los libros y material escrito en el idioma que prefieran, para que a los profesores no les esté prohibido usar la lengua en la que mejor den las clases a nuestros hijos, para que desafíen y dejen en ridículo a la espesa maquinaria burocrática de imposición. Recuerden la ocurrencia de las programaciones.

De momento, hay un reglamento ilegal impugnado ante el poder judicial y un gobierno regional con todos sus terminales y apéndices, Mesas y sillas presos de cierto nerviosismo productor de manifiestos serviles y liberticidas. Eso es todo.

La socialista Rosa Regás defiende a Chávez frente a la "tergiversación" de la Prensa

La directora de la Biblioteca Nacional ha vuelto a sorprender a los partidarios de los derechos fundamentales y la libertad de expresión con un artículo en el que hace una defensa a ultranza del presidente –que cierra emisoras críticas con el régimen– Hugo Chávez. En un artículo en El Periódico, Rosa Regás quiere hacer creer que los medios de comunicación tergiversan los datos en detrimento de un mandatario totalitario que, entre otras cosas impone su reelección automática para perpetuarse en el poder. Regás vende los méritos económicos del presidente de Venezuela, pero olvida que Chávez ha gastado tres mil millones de dólares en armas en dos años cuando reconoce que existe pobreza en su país.

La directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regás, dice en El Periódico que "a veces se manipulan las noticias tergiversando los datos disponibles". Y añade que "con el silencio se pueden transmitir al lector noticias escoradas hacia la defensa de la ideología de la Agencia de noticias, el periódico, el periodista, o directamente, el poder".

En escorarse hacia el poder y en defender lo indefendible de Hugo Chávez está la escritora directora de la Biblioteca Nacional, que ha vuelto a sorprender en un artículo en el que enumera los méritos de un presidente que se está caracterizando por cualquier cosa menos por dar prosperidad a Venezuela.

Olvida Rosa Regás que el presidente venezolano parece dispuesto a no dejar un solo resquicio de democracia en Venezuela y en la nueva reforma constitucional impone su reelección automática sin restricción alguna con el único y claro objetivo de perpetuarse en el poder. No menciona la escritora que el ex presidente de este país, Carlos Andrés Pérez, ha calificado el régimen de Hugo Chávez, al margen de su deriva totalitaria, como el más "ineficiente y corrupto" de la historia de Venezuela que ha llevado al empobrecimiento del país.

Tres mil millones de dólares en armas

A este respecto del empobrecimiento, Regás hace una lista de los logros del presidente venezolano, pero no comenta o no quiere comentar que la última operación de compra-venta de armas incluye cinco mil fusiles tipo "Dragunov" destinadas a francotiradores que actuarían en una eventual "guerra de guerrillas" contra EEUU. Esto después de que en los últimos dos años se hayan adquirido por parte del Gobierno venezolano unos tres mil millones de dólares por la compra de medio millar de helicópteros, 24 aviones cazas tipo "Sukhoi-30" y cien mil fusiles "AK-103" de fabricación rusa.

Igualmente, parece que la directora de la Biblioteca Nacional ignora la poca producción que las industrias venezolanas han venido registrando en los últimos meses y que está provocando un preocupante desabastecimiento de al menos nueve productos de primera necesidad. Según los datos de una encuesta realizada en marzo por la empresa privada "Datanalisis", actualmente hay escasez de azúcar, carne, leche en polvo, pollo, huevos, arroz, harina de maíz, sardinas y alubias.

Habría que recordarle también a Rosa Regás que el presidente Hugo Chávez impulsó sin éxito las cooperativas agrícolas que pretenden sustituir la importación de alimentos y que enfrentarse a bancos como el BBVA y Santander amenazándoles con nacionalizar sus bancos si no "se unen al proyecto socialista" no es la mejor forma de solucionar problemas.

Libertad de expresión

Esto en materia económica, porque en materia de derechos fundamentales como la libertad de expresión, Rosa Regás quizá piense que se tergiversan los datos cuando Chávez legisla que se podrá expulsar del país a los extranjeros que hablen mal del régimen. O cuando cerró la cadena RCTV por no seguir la línea oficial del Gobierno. Y cuando dirigentes de los grupos de estudiantes venezolanos salieron a la calle para manifestarse a favor de la cadena RCTV y contra el régimen de Hugo Chávez, y entregaron una nota al Tribunal Supremo en la que piden sea garantizado su derecho a protestar.

Además, RCTV denunció que el régimen de Hugo Chávez le impuso obstáculos para emitir por su única alternativa: el sistema por cable de pago. El presidente de la empresa, Marcel Granier, dijo que "lamentablemente el gobierno, en su empeño por terminar de destrozar la libertad, está haciendo todo lo que puede para impedir que salgamos al aire".

O cuando la cadena privada de televisión Globovisión denunció que el régimen del presidente Hugo Chávez impide que amplié su cobertura "mientras concede frecuencias y permisos a los medios oficiales o pro-oficialistas". Lo dijo de manera muy clara Guillermo Zuluaga, presidente de Globovisión, en una carta enviada al vicepresidente de Venezuela, Jorge Rodríguez, cuando le dijo que en su país "existe una verdadera política de Estado de hostigamiento e intimidación, que busca restringir la libertad de expresión". Además, lamentó que "también se utilice al sistema de Justicia como mecanismo para amedrentar a la prensa libre".
El presidente de Venezuela calificó como "enemigos de la patria" a los medios de comunicación privados, en especial a Globovisión y a los miles de estudiantes que protestaron a favor de RCTV que fue cerrada después de 53 años de transmisiones ininterrumpidas.