Supongo que estará usted de acuerdo conmigo en que la esencia del progresista contemporáneo es su falta de creencias. Los marxistas, hasta Gramsci, creyeron en la revolución violenta y la conquista del poder político; y en los años sesenta confiaron en que la destrucción de la cultura judeo-cristiana alumbraría el hombre nuevo anunciado por sus profetas.
Hasta ese momento, muchos de ellos creían sinceramente que el socialismo era el paraíso, el modelo perfecto de ordenación social, y realmente envidiaban a los habitantes del este de Europa. Tras la caída del Muro de Berlín, los herederos de la tradición de izquierdas ya no creen en nada, salvo en la necesidad de vivir a costa ajena. Los progresistas ya no quieren el advenimiento del socialismo, ni mucho menos la revolución proletaria, sino simplemente preservar su nivel de vida a través de la depredación presupuestaria y la creación de un injustificado complejo de culpa en los demás.
Ya ni siquiera la honestidad intelectual les sirve como atenuante en su labor destructora. Atacan todos los principios y valores que nos han hecho libres y prósperos, simplemente, porque es la actitud más rentable en términos de marketing. De hecho, los autodenominados progresistas saben perfectamente que si sus ideas se llevaran a la práctica, los primeros perjudicados serían ellos mismos, en tanto que forman parte de las clases más acomodadas, las primeras que sufren los efectos de las políticas que patrocinan; de ahí que lleven un cuidado exquisito en hacer en su vida privada exactamente lo contrario de lo que predican en público.
El progresista finge un estado de encandilamiento cuando se refiere a las conquistas del régimen de Fidel Castro o cuando muestra su apoyo a los movimientos antiglobalización. Por supuesto, no soportaría vivir en Cuba ni prescindir de las ventajas que el fenómeno de la globalización ha convertido en cotidianas para la mayoría de los ciudadanos. Tampoco hay noticia hasta la fecha de que un líder de progreso lleve sus hijos a la escuela pública, o de que haya pisado alguna vez la puerta de urgencias del hospital de Leganés. Pero, eso sí, en los manifiestos en defensa de la educación pública y en las campañas estilo "Queremos que nos trate el doctor Montes", sus firmas son las primeras.
La izquierda sabe que no es posible dar marcha atrás en la tarea destructiva llevada a cabo por sus intelectuales orgánicos a lo largo del siglo pasado. La gente ha interiorizado de tal forma sus consignas, que sólo cabe seguir huyendo hacia delante para mantenerse en el poder. Los medios de comunicación de masas, los centros de pensamiento y el sistema público de educación han logrado que los ciudadanos acepten como síntoma de modernidad cualquier postura irracional contra el orden establecido. El radicalismo, la subversión, el pensamiento inmaduro, los ataques a la Iglesia, la ausencia de una moral compartida, el hedonismo, el relativismo y la preferencia por lo colectivo frente a lo individual, todo ello es lo que la izquierda ha inculcado a las nuevas generaciones, hasta el punto de que estas lo han interiorizado como filosofía propia.
Estamos, por tanto, en un punto de no retorno. Los líderes de izquierdas saben que la única forma de mantenerse en el poder es seguir alimentando a la población con dosis cada vez mayores de su estupefaciente radical. Si la izquierda se volviera súbitamente honesta y pusiera una nota de sensatez en su proyecto político, sus votantes elegirían otros partidos que les prometieran raciones más abundantes de progresismo: aborto no ya libre, sino obligatorio, eutanasia a discreción, expropiación de viviendas a sus legítimos propietarios, subvenciones cada vez más abundantes a las clases ociosas de progreso...
Los herederos intelectuales de Marx, Gramsci y Marcuse ya no creen en la utopía. El progresismo contemporáneo no quiere saber nada de la vieja tradición socialista, que aún fingía defender principios como la solidaridad o la igualdad. Si le preguntamos a un progre qué valores defiende, nos abrumará con una verborrea basada en el sentimentalismo, la simplificación y la demagogia más grotescos. La izquierda ha pasado de Marx a Suso de Toro, del materialismo histórico de Bujarin al suplemento dominical del País, de Marcuse a Javier Sardá y de la lucha de clases a la educación para la ciudadanía y el puñetero cambio climático. Y lo peor de todo es que la mayoría de la población opina exactamente igual que ellos, aunque no vote a partidos de izquierda.
Su actitud revolucionaria, su odio al capitalismo, su fascinación por los regímenes autoritarios de izquierdas (valga la redundancia) es simplemente la tramoya tras la que se desarrolla la verdadera función: la protagonizada por unos parásitos que necesitan explotar esa imagen y promocionar esos contravalores para seguir viviendo de quienes, ajenos a esta batalla, trabajan y pagan gustosamente sus impuestos, convencidos de que están contribuyendo al progreso de la humanidad.
El progresismo, a causa de su evidente despolitización, es por tanto mucho más peligroso que el socialismo clásico, ya que ha dejado de ser una doctrina política para transformarse en una moral. Si discrepas sobre los datos seudocientíficos que sustentan el movimiento histérico formado en torno al llamado calentamiento global, o dudas de que subvencionar al infecto cine español o a la SGAE sea algo determinante para la supervivencia de la cultura occidental, no te consideran una persona equivocada, sino un sujeto depravado sin posibilidad de redención. Ante esto hay quien prefiere acomodarse al pensamiento hegemónico y pasar por civilizado, pero en mi caso les aseguro que jamás pensé que me sentiría tan feliz siendo un "inmoral".
sábado, julio 12, 2008
lunes, julio 07, 2008
Piden al Gobierno de Galicia que anteponga la libertad a la promoción del idioma
La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, pidió este lunes personalmente a la directora general de Política Lingüística, Marisol López, que apueste por la libertad de los ciudadanos y la anteponga a las políticas de imposición del idioma gallego que desarrolla actualmente la Xunta de Galicia.
Lago explicó a la directora general, durante un encuentro celebrado en Santiago que se prolongó más allá de una hora, los cuatro principios ideológicos de la asociación: que los territorios no tienen lengua, que las lenguas no tienen derechos, que en terminología jurídica sólo cabe hablar de lenguas oficiales o no oficiales, no propias o naturales, y que la conservación de un idioma o cualquier otro bien cultural está por debajo de los derechos individuales.
Asimismo, la dirigente de Galicia Bilingüe trasladó a López las más de setecientas denuncias de casos de discriminación lingüística que los ciudadanos hicieron llegar a esta entidad durante el último año. Estas quejas, si bien en una mayor parte, alrededor de la mitad, se refieren al Decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza y en otro treinta por ciento, al trato de la Xunta a los administrados, reúnen una casuística enormemente variada y permiten deducir que el castellano ha sido prácticamente erradicado de la mayor parte de los organismos públicos.
La asunción, cada día más evidente, por parte de responsables del Partido Socialista, del mensaje identitario e impositivo nacionalista basado en la lengua también fue objeto de protesta por parte de Gloria Lago, que hizo entrega a Marisol López de una carta dirigida al presidente de la Xunta para que se avenga a expresar su rechazo público a las agresiones y amenazas que están sufriendo los directivos de la asociación, y le informó de los resultados de la encuesta encargada en su día por la entidad que demostró que el 80% de los padres secundan su derecho de elección del idioma docente en los centros educativos.
A pesar de estos y otros argumentos expuestos por Galicia Bilingüe, la directora general de Política Lingüística defendió la imposición lingüística en la enseñanza, negando la libertad de elección de la lengua vehicular que existe en todos los países democráticos con más de un idioma oficial. Sí admitió que prestará más atención a las actividades culturales que se desarrollan en los centros educativos para evitar que se alimente la discriminación por el uso del castellano.
Entre otras demandas, Lago solicitó la implantación de un bilingüismo real en la Administración, con señalizaciones, documentación y demás en las dos lenguas oficiales, y que se otorgue transparencia a los millones de euros que la Xunta dedica anualmente a la denominada normalización lingüística, sobre todo a través de asociaciones de claro corte político.
Lago explicó a la directora general, durante un encuentro celebrado en Santiago que se prolongó más allá de una hora, los cuatro principios ideológicos de la asociación: que los territorios no tienen lengua, que las lenguas no tienen derechos, que en terminología jurídica sólo cabe hablar de lenguas oficiales o no oficiales, no propias o naturales, y que la conservación de un idioma o cualquier otro bien cultural está por debajo de los derechos individuales.
Asimismo, la dirigente de Galicia Bilingüe trasladó a López las más de setecientas denuncias de casos de discriminación lingüística que los ciudadanos hicieron llegar a esta entidad durante el último año. Estas quejas, si bien en una mayor parte, alrededor de la mitad, se refieren al Decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza y en otro treinta por ciento, al trato de la Xunta a los administrados, reúnen una casuística enormemente variada y permiten deducir que el castellano ha sido prácticamente erradicado de la mayor parte de los organismos públicos.
La asunción, cada día más evidente, por parte de responsables del Partido Socialista, del mensaje identitario e impositivo nacionalista basado en la lengua también fue objeto de protesta por parte de Gloria Lago, que hizo entrega a Marisol López de una carta dirigida al presidente de la Xunta para que se avenga a expresar su rechazo público a las agresiones y amenazas que están sufriendo los directivos de la asociación, y le informó de los resultados de la encuesta encargada en su día por la entidad que demostró que el 80% de los padres secundan su derecho de elección del idioma docente en los centros educativos.
A pesar de estos y otros argumentos expuestos por Galicia Bilingüe, la directora general de Política Lingüística defendió la imposición lingüística en la enseñanza, negando la libertad de elección de la lengua vehicular que existe en todos los países democráticos con más de un idioma oficial. Sí admitió que prestará más atención a las actividades culturales que se desarrollan en los centros educativos para evitar que se alimente la discriminación por el uso del castellano.
Entre otras demandas, Lago solicitó la implantación de un bilingüismo real en la Administración, con señalizaciones, documentación y demás en las dos lenguas oficiales, y que se otorgue transparencia a los millones de euros que la Xunta dedica anualmente a la denominada normalización lingüística, sobre todo a través de asociaciones de claro corte político.
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