Un juzgado de Barcelona ha ordenado bloquear el acceso desde España a diez páginas web críticas con el nacionalismo catalán. El Ministerio de Industria ya ha ordenado aplicar esta medida cautelar contra Stop Nacionalismo, Hasta los Huevos, Catalanes No Gracias, Boicot Ya, Nacionalismo No y Stop Nacionalismos, entre otras. Mientras, en la red operan diversas páginas promovidas por asociaciones independentistas radicales, en las que se denigran símbolos e instituciones españolas, se promueve el boicot a todo lo español e incluso se amenaza a políticos y periodistas que no se pliegan a la imposición nacionalista. No obstante, por razones técnicas es improbable que la orden sea cumplida por los proveedores españoles.
El Ministerio de Industria ha dictado el pasado 13 de noviembre una orden, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, dirigida a los proveedores de acceso a Internet y transmisión de datos. El Gobierno les insta a bloquear nueve sitios web, alguno de ellos ya inactivo, críticos con el nacionalismo catalán. En algunos se promueve el boicot contra productos de esta región.
El Gobierno aplica, así, un Auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, de medidas cautelares contra Stop Nacionalismo, Boicot Ya, Stopnacionalismos, Nacionalismo No, El Boicot, Catalanes No Gracias, Hasta Los Huevos (tanto el dominio .com como el blog al que dicho dominio redirige) y Estatuto.
Según fuentes consultadas por Libertad Digital, la decisión del juez tiene su origen en una demanda interpuesta por la Cámara de Comercio catalana hace más de un año contra diversas páginas web que incluían listas de productos catalanes y alternativas de otras empresas de fuera de dicha región, aunque algunas de ellas no hacían llamamientos explícitos a boicot alguno.
Dominios abandonados y direcciones repetidas
Se da la circunstancia de que dos de los dominios que el juez ha ordenado bloquear, con fecha 10 de septiembre, hace tiempo que dejaron de estar activos. Nacionalismo-no.com pertenece a la empresa californiana Portfolio Brains, especializada en adquirir nombres de dominio al por mayor para luego revenderlos a los interesados, al menos desde el 6 de diciembre de 2006, que es el último cambio de datos de dominio registrado. Tampoco stopnacionalismo.org está ya activo. El blog boicot-ya.blogspot.com tiene como fecha de su última anotación el 18 de diciembre de 2005.
También resulta curioso que el juez haya pedido el bloqueo tanto del dominio hasta-los-huevos.com como del blog hastaloshuevos-com.blogspot.com, puesto que dicho dominio tiene como única función redirigir a dicho blog y no alberga ningún contenido por sí mismo. Por otro lado, se ordena bloquear stopnacionalismos.iespana.es, pero no stopnacionalismo.galeon.com, cuyo contenido es el mismo.
Fuentes técnicas consultadas por Libertad Digital afirman que un bloqueo semejante no es tecnológicamente imposible, pero para hacerse correctamente debería filtrarse todo el tráfico de internet, lo que requeriría inversiones prohibitivas, además de posibles problemas legales al obligar a los proveedores a vigilar lo que hacen en internet los usuarios. Se pueden estudiar soluciones alternativas, como el bloqueo de direcciones IP concretas, pero eso no sólo no sería factible con algunas de las web, pues están alojadas en servicios gratuitos como Blogger en los que comparten IP con infinidad de webs legítimas, sino que además sería fácilmente eludible por los afectados.
Mientras que proveedores extranjeros suelen colaborar sin poner problemas a la hora de dejar de alojar páginas web a las que se acusa de contener pornografía infantil o estar relacionadas con el terrorismo, no se encuentra la misma colaboración por cosas como ésta. Esa sería la razón por la que se ha pedido el bloqueo en España, en lugar de pedir a los proveedores que alojan las páginas su retirada.
Orden ministerial
La instrucción ministerial, firmada por David Cierco Jiménez de Parga, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, invoca la obligatoriedad del cumplimiento de las decisiones judiciales y el artículo 8 de la Ley de la Sociedad de la Información vigente –aprobada en 2002–, en el que se reconoce a "los órganos competentes" la facultad para "adoptar las medidas necesarias" cuando los contenidos de un sitio web vulneren, entre otros, "el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social".
El artículo invocado tanto por el Auto Judicial como por la resolución del Ministerio habla del principio de "respeto a la dignidad de la persona", pero en ningún caso habla de colectivos, territorios o empresas.
También señala el punto 2 del mismo artículo de la LSI que "si para garantizar la efectividad de l a resolución que acuerde la interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de datos procedentes de un prestador establecido en otro Estado, el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los mismos, podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España, directamente o mediante solicitud motivada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tomen las medidas necesarias para impedir dicho acceso".
Basándose en esta fundamentación, el Ministerio de Industria comunica a los prestadores de servicios de acceso el Auto judicial y les insta a tomar las "medidas técnicas apropiadas para impedir el acceso desde España" a las citadas páginas.
jueves, noviembre 22, 2007
miércoles, noviembre 21, 2007
Los libros de texto del País Vasco eliminan la palabra España "sistemáticamente"
El periodista Manuel Romero ha destapado, a través de una serie de reportajes en el diario El Mundo, la ofensiva nacionalista a través de los libros de texto. En declaraciones a "La Mañana" de la Cadena Cope, ha destacado "la desfachatez con la que se manipula si ningún tipo de sutileza" y ha apuntado que "la palabra España se elimina sistemáticamente de muchos libros de texto". En el País Vasco, por ejemplo, la editorial Santillana fulmina de sus manuales las referencias a la bandera, la Fiesta Nacional o ETA. LEA AQUÍ el blog de Libertad Digital sobre Educación para la Ciudadanía.
El escándalo de los libros de texto suma este miércoles un nuevo capítulo. Su autor, Manuel Romero, ha asegurado a la Cope que "los manuales para el País Vasco minimizan o ignoran los crímenes de ETA". En este sentido, apunta que en el capítulo dedicado a dicha Comunidad Autónoma de la editorial Santillana no se dedica "ni una sola palabra" a la banda terrorista.
Concretamente, los libros escolares de Historia llegan a eliminar imágenes de protesta contra los crímenes de los sanguinarios terroristas. Por su parte, en Cataluña, la editorial nacionalista La Galera llega a dedicar dos páginas al bandolero Serrallonga y una sola línea los "Grupos radicales ETA y Grapo".
"Lo más aberrante es la desfachatez con la que se manipula, no se busca la sutiliza" afirma el periodista Manuel Romero que destaca que en Cataluña hay manuales que no incluyen ni una sola referencia al Siglo de Oro español pero sí una página entera dedicada a los graffitis con ejercicios a realizar por el estudiante incluidos.
Los ejemplos de manipulación se suceden pero, no sólo en regiones como Cataluña o el País Vasco, sino también en Andalucía donde argumentan que la Guerra Civil consistió en la invasión de un ejército de ocupación a dicha Comunidad Autónoma. En el País Vasco se elimina el Camino de Santiago por sus referencia a España.
Ante esta situación, el periodista denuncia que los profesores se mantiene "callados" y no denuncia la "manipulación en los contenidos".
El escándalo de los libros de texto suma este miércoles un nuevo capítulo. Su autor, Manuel Romero, ha asegurado a la Cope que "los manuales para el País Vasco minimizan o ignoran los crímenes de ETA". En este sentido, apunta que en el capítulo dedicado a dicha Comunidad Autónoma de la editorial Santillana no se dedica "ni una sola palabra" a la banda terrorista.
Concretamente, los libros escolares de Historia llegan a eliminar imágenes de protesta contra los crímenes de los sanguinarios terroristas. Por su parte, en Cataluña, la editorial nacionalista La Galera llega a dedicar dos páginas al bandolero Serrallonga y una sola línea los "Grupos radicales ETA y Grapo".
"Lo más aberrante es la desfachatez con la que se manipula, no se busca la sutiliza" afirma el periodista Manuel Romero que destaca que en Cataluña hay manuales que no incluyen ni una sola referencia al Siglo de Oro español pero sí una página entera dedicada a los graffitis con ejercicios a realizar por el estudiante incluidos.
Los ejemplos de manipulación se suceden pero, no sólo en regiones como Cataluña o el País Vasco, sino también en Andalucía donde argumentan que la Guerra Civil consistió en la invasión de un ejército de ocupación a dicha Comunidad Autónoma. En el País Vasco se elimina el Camino de Santiago por sus referencia a España.
Ante esta situación, el periodista denuncia que los profesores se mantiene "callados" y no denuncia la "manipulación en los contenidos".
martes, noviembre 20, 2007
Los Internautas reclaman que Cultura "o desconocía" la trama "o está en connivencia" con la SGAE
Varias asociaciones, entre las que se encuentran la de Usuarios de Internet (AUI) y la de Internautas (AI), han denunciado ante Anticorrupción una presunta trama de desvío de fondos de los directivos de la SGAE hacia sociedades creadas por ellos mismos, en lugar de cedérselos a los autores. En declaraciones a Libertad Digital, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha apuntado que el Ministerio de Cultura "o desconocía este asunto, o ha actuado en connivencia", y le exige "explicaciones" tanto a Cultura como a la SGAE. Recientemente Teddy Bautista defendía la "concepción humanista" de los derechos de autor defendidos por la SGAE.
La Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de Internautas (AI), Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y, la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), todos ellos miembros de la plataforma todoscontraelcanon.es, han llevado a la SGAE ante la Fiscalía Anticorrupción. El motivo es la aparición en los medios de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)".
Según el texto de la denuncia, a raíz de la publicación de recientes reportajes periodísticos en la prensa de tirada nacional, "se ha puesto de relieve que en el seno de la Junta Directiva de la SGAE, existe una actividad económica con aparentes tintes delictivos". "La prensa viene advirtiendo desde hace días de que, supuestamente, el reparto de las múltiples y variadas clases de recaudaciones de la SGAE (incluido el canon digital), se realiza en gran medida de forma ilegal entre sus filiales, y no entre sus socios, como ordena el artículo 154 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)", dice el comunicado.
Según ha declarado a Libertad Digital Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, "estas noticias ya habían aparecido antes" y la SGAE "ha reaccionado siempre con el silencio". Ahora exige "explicaciones" a la sociedad de derechos de autor. Por lo que se refiere al Ministerio de Cultura, "o desconocía lo que estaba pasando, o ha actuado en connivencia con la SGAE". Ahora "el Ministerio debe reaccionar. Cómo, no lo sé, pero nosotros lo que queremos es que haya explicaciones". Debe clarificar totalmente su posición, porque "no nos gustaría que el Ministerio de Cultura fuese partícipe en este asunto".
La presunta trama de enriquecimiento ilícito muestra que la gestión del canon digital "no es clara y transparente" y "pone en cuestión todo el modelo" del canon. "Es", ha recordado, Domingo, "una imposición, una tasa que se destina a una organización privada", y ante la que los usuarios, el ciudadano de a pie, se siente "desamparado". No obstante, Víctor Domingo ha recordado el enorme respaldo popular de la plataforma todoscontraelcanon.com, que cuenta con la firma de millón y medio de ciudadanos.
Trama societaria
Los internautas denuncian también que los directivos de la SGAE "vienen participando en la creación y gestión de empresas filiales de la entidad y, podrían estar envueltos en una trama societaria supuestamente utilizada para la gestión fraudulenta de sus fondos" y creen que, según las noticias publicadas, las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se han estado invirtiendo en actividades de "lucro propio" para los directivos de la SGAE.
Asimismo, consideran que "del entramado societario de la SGAE parece dibujarse que estas actividades y servicios, se han estado contratando y remunerando de forma directa a sus propios directivos, a través de las empresas filiales que precisamente y al efecto, éstos han creado o dirigen".
Los casos de Iberautor y SDAE
En la denuncia los internautas ponen como ejemplo uno de los artículos periodísticos referidos en los que se asegura que los resultados económicos de una filial de la SGAE, Iberautor, "debe su facturación (que ha rondado entre 2002 y 2005 los 10 millones de euros anuales) fundamentalmente a SGAE, que aportó el 93% del total en 2004 y el 84% en 2005. La factura de 2005 equivale al 3,4% de todo el dinero recaudado ese año por SGAE como derechos. No se especifican las actividades de Iberautor porque, aclaran, eso puede 'provocar perjuicios' a la sociedad. En el caso de SDAE, el 99% de su facturación la obtiene de SGAE".
De ser ciertas estas cuentas, los internautas consideran que se podría justificar que la actividad de la entidad denunciada "no cumple el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, empresas que además lo son de sus socios y, que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley".
Multiplicación de beneficios por el canon
Para el colectivo denunciante es aún "más injusto y grave, si tenemos en cuenta que la SGAE no deja de multiplicar los beneficios obtenidos del canon digital (dinero que obtienen directamente de los consumidores de tecnología digital)".
Aseguran que en 1999 la entidad obtuvo 2,2 millones de euros con el sistema de remuneración compensatoria y, en 2005, obtuvo 23,6 millones de euros, según las últimas cifras publicadas por la propia SGAE. Dicen también que en el 2008, distintas fuentes han afirmado que la SGAE recaudará 100 millones de euros por este concepto, multiplicando por 50 la recaudación obtenida en 1999 y señalan, haciéndose eco de lo publicado, que "de la recaudación de SGAE no han escapado ni Inditex, ni TVE, ni las bodas, ni lo van a hacer los móviles".
Los internautas aventuran en su denuncia que podría estar sucediendo que "los únicos beneficiarios de las recaudaciones, no sólo no las estuviesen recibiendo, sino que además ni siquiera tuviesen claro que la gestión de los derechos será encomendada por sus titulares (autores) a la entidad mediante contrato cuya duración no podrá ser superior a cinco años, indefinidamente renovables, ni podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación ni la de la totalidad de la obra o producción futura (art. 153 de la LPI)".
Finalmente la denuncia pone de manifiesto "la subsidiaria culpa 'in vigilando' del Ministerio de Cultura, por ser el principal fiscalizador de la actividad de este tipo de sociedades".
La Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de Internautas (AI), Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y, la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), todos ellos miembros de la plataforma todoscontraelcanon.es, han llevado a la SGAE ante la Fiscalía Anticorrupción. El motivo es la aparición en los medios de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)".
Según el texto de la denuncia, a raíz de la publicación de recientes reportajes periodísticos en la prensa de tirada nacional, "se ha puesto de relieve que en el seno de la Junta Directiva de la SGAE, existe una actividad económica con aparentes tintes delictivos". "La prensa viene advirtiendo desde hace días de que, supuestamente, el reparto de las múltiples y variadas clases de recaudaciones de la SGAE (incluido el canon digital), se realiza en gran medida de forma ilegal entre sus filiales, y no entre sus socios, como ordena el artículo 154 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)", dice el comunicado.
Según ha declarado a Libertad Digital Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, "estas noticias ya habían aparecido antes" y la SGAE "ha reaccionado siempre con el silencio". Ahora exige "explicaciones" a la sociedad de derechos de autor. Por lo que se refiere al Ministerio de Cultura, "o desconocía lo que estaba pasando, o ha actuado en connivencia con la SGAE". Ahora "el Ministerio debe reaccionar. Cómo, no lo sé, pero nosotros lo que queremos es que haya explicaciones". Debe clarificar totalmente su posición, porque "no nos gustaría que el Ministerio de Cultura fuese partícipe en este asunto".
La presunta trama de enriquecimiento ilícito muestra que la gestión del canon digital "no es clara y transparente" y "pone en cuestión todo el modelo" del canon. "Es", ha recordado, Domingo, "una imposición, una tasa que se destina a una organización privada", y ante la que los usuarios, el ciudadano de a pie, se siente "desamparado". No obstante, Víctor Domingo ha recordado el enorme respaldo popular de la plataforma todoscontraelcanon.com, que cuenta con la firma de millón y medio de ciudadanos.
Trama societaria
Los internautas denuncian también que los directivos de la SGAE "vienen participando en la creación y gestión de empresas filiales de la entidad y, podrían estar envueltos en una trama societaria supuestamente utilizada para la gestión fraudulenta de sus fondos" y creen que, según las noticias publicadas, las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se han estado invirtiendo en actividades de "lucro propio" para los directivos de la SGAE.
Asimismo, consideran que "del entramado societario de la SGAE parece dibujarse que estas actividades y servicios, se han estado contratando y remunerando de forma directa a sus propios directivos, a través de las empresas filiales que precisamente y al efecto, éstos han creado o dirigen".
Los casos de Iberautor y SDAE
En la denuncia los internautas ponen como ejemplo uno de los artículos periodísticos referidos en los que se asegura que los resultados económicos de una filial de la SGAE, Iberautor, "debe su facturación (que ha rondado entre 2002 y 2005 los 10 millones de euros anuales) fundamentalmente a SGAE, que aportó el 93% del total en 2004 y el 84% en 2005. La factura de 2005 equivale al 3,4% de todo el dinero recaudado ese año por SGAE como derechos. No se especifican las actividades de Iberautor porque, aclaran, eso puede 'provocar perjuicios' a la sociedad. En el caso de SDAE, el 99% de su facturación la obtiene de SGAE".
De ser ciertas estas cuentas, los internautas consideran que se podría justificar que la actividad de la entidad denunciada "no cumple el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, empresas que además lo son de sus socios y, que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley".
Multiplicación de beneficios por el canon
Para el colectivo denunciante es aún "más injusto y grave, si tenemos en cuenta que la SGAE no deja de multiplicar los beneficios obtenidos del canon digital (dinero que obtienen directamente de los consumidores de tecnología digital)".
Aseguran que en 1999 la entidad obtuvo 2,2 millones de euros con el sistema de remuneración compensatoria y, en 2005, obtuvo 23,6 millones de euros, según las últimas cifras publicadas por la propia SGAE. Dicen también que en el 2008, distintas fuentes han afirmado que la SGAE recaudará 100 millones de euros por este concepto, multiplicando por 50 la recaudación obtenida en 1999 y señalan, haciéndose eco de lo publicado, que "de la recaudación de SGAE no han escapado ni Inditex, ni TVE, ni las bodas, ni lo van a hacer los móviles".
Los internautas aventuran en su denuncia que podría estar sucediendo que "los únicos beneficiarios de las recaudaciones, no sólo no las estuviesen recibiendo, sino que además ni siquiera tuviesen claro que la gestión de los derechos será encomendada por sus titulares (autores) a la entidad mediante contrato cuya duración no podrá ser superior a cinco años, indefinidamente renovables, ni podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación ni la de la totalidad de la obra o producción futura (art. 153 de la LPI)".
Finalmente la denuncia pone de manifiesto "la subsidiaria culpa 'in vigilando' del Ministerio de Cultura, por ser el principal fiscalizador de la actividad de este tipo de sociedades".
domingo, noviembre 18, 2007
Un informe encargado por la Xunta califica de "ejemplar" la actuación del PP con el Prestige
Cuando están apunto de cumplirse cinco años del hundimiento del "Prestige", el Gobierno gallego está ocupado en esconder los estudios que él mismo encargó a la Universidad de Santiago de Compostela. El motivo, que sus conclusiones respaldan las medidas tomadas entonces por el entonces presidente de la comunidad autónoma, Manuel Fraga. Los documentos, a los que ha tenido acceso ABC, echan por tierra las tesis que sirvieron al PSOE para atacar al Gobierno: sostienen que las decisiones del PP fueron "ejemplares" y rechazan la opción de remolcar el buque a puerto.
Las teorías catastrofistas del PSOE y del BNG no se han cumplido y las medidas que tomó el PP ante la crisis desatada por el hundimiento del petrolero "Prestige", fueron "ejemplares" y las más acertadas. Éstas son las conclusiones a las que llegan distintos expertos de la Universidad de Santiago de Compostela en sus estudios, que fueron encargados por el Gobierno gallego, el mismo que ahora trata de que no se difundan, según publica este domingo ABC.
"Todas las decisiones tomadas, todas han sido equivocadas", "lo que está enterrado todavía en el mar va a destrozar la costa gallega", "falta lo peor y va a afectar al PIB español", "va a aumentar espectacularmente la emigración que ya existía". Ninguna de estas máximas, repetidas hasta la saciedad por el PSOE y el BNG, son ciertas.
Los socialistas y nacionalistas, en aquellos días de 2002 y 2003, abogaron porque se debía haber acercado a puerto al buque, o bien a Vigo, según el PSOE, o a la Ría de Corcubión, según el BNG, y arremetieron sin descanso contra la decisión tomada, de alejar lo más posible de las costas al petrolero.
Pero según los profesores de la Universidad de Santiago de Compostela Pedro Arias y Miguel Cancio, cualquier operación de acercamiento a puerto "sin certeza razonable de que se pudiera contener el vertido y recuperar el fuel debiera rechazarse" ya que esto sí hubiera producido una "catástrofe real". Además los informes puntualizan que "la peor decisión" hubiera sido la de "tratar de introducir un buque accidentado en la Ría de Corcubión", ya que "por su estrechez, bajo calado, dirección y fuerza de las corrientes es el espacio gallego que ofrece más riesgo para una operación de este tipo".
Además, según ABC, la consultora Berenguer e Ibarren cifró en "un 97 por ciento la probabilidad de que el barco rompiera antes de entrar en la ensenada y su carga se dispersara" por las Rías Bajas. En cuanto a la opción viguesa, defendida por los socialistas, "resulta igualmente inadmisible" por el "daño directo inevitable en la zona de más entidad pesquera de Galicia".
Los informes también desmontan las mentiras de la entonces oposición que advertía sobre los desastres que acaecerían a la economía gallega. Sin embargo, "el tejido productivo modernizado, consistente y en fuerte crecimiento", no fue "sustancialmente alterado por el accidente". Estas conclusiones son avaladas por los datos del PIB gallego, que ese mismo año de 2002, creció un 2,2 por ciento, y en 2003, un 2,3 por ciento.
En cuanto a las aceradas críticas a la gestión de Fraga y de Aznar, los informes precisan que "la gestión económica institucional fue la faceta más acertada", ya que la "reparación de los daños económicos básicos –a través del pago de ayudas a los afectados- fue prácticamente inmediata".
De esto modo, los profesores Cancio y Arias califican la actuación ante el desastre del "Prestige" como un "precedente ejemplar" gracias a la "unidad de acción entre la Xunta y el Estado". Aunque lo que sí critican la "infravaloración" del Gobierno a la hora de "contar la verdad y exponer la información disponible".
Por su parte, el catedrático de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela, Alejo Carballeira, defiende que los efectos tóxicos que provocó en 1992 el accidente del "Mar Egeo", que sí se alojó en La Coruña, fueron superiores a los causados por el "Prestige".
Además, contra todos los pronósticos más desalentadores que decían que llevaría años en retirar el fuel de las costas, el director del Instituto Oceanográfico de Vigo, Juan José González, considera que el litoral gallego se ha recuperado al "98 por ciento" de los daños ocasionados por la marea negra. Y su flora y fauna están "prácticamente igual que antes del accidente".
Las teorías catastrofistas del PSOE y del BNG no se han cumplido y las medidas que tomó el PP ante la crisis desatada por el hundimiento del petrolero "Prestige", fueron "ejemplares" y las más acertadas. Éstas son las conclusiones a las que llegan distintos expertos de la Universidad de Santiago de Compostela en sus estudios, que fueron encargados por el Gobierno gallego, el mismo que ahora trata de que no se difundan, según publica este domingo ABC.
"Todas las decisiones tomadas, todas han sido equivocadas", "lo que está enterrado todavía en el mar va a destrozar la costa gallega", "falta lo peor y va a afectar al PIB español", "va a aumentar espectacularmente la emigración que ya existía". Ninguna de estas máximas, repetidas hasta la saciedad por el PSOE y el BNG, son ciertas.
Los socialistas y nacionalistas, en aquellos días de 2002 y 2003, abogaron porque se debía haber acercado a puerto al buque, o bien a Vigo, según el PSOE, o a la Ría de Corcubión, según el BNG, y arremetieron sin descanso contra la decisión tomada, de alejar lo más posible de las costas al petrolero.
Pero según los profesores de la Universidad de Santiago de Compostela Pedro Arias y Miguel Cancio, cualquier operación de acercamiento a puerto "sin certeza razonable de que se pudiera contener el vertido y recuperar el fuel debiera rechazarse" ya que esto sí hubiera producido una "catástrofe real". Además los informes puntualizan que "la peor decisión" hubiera sido la de "tratar de introducir un buque accidentado en la Ría de Corcubión", ya que "por su estrechez, bajo calado, dirección y fuerza de las corrientes es el espacio gallego que ofrece más riesgo para una operación de este tipo".
Además, según ABC, la consultora Berenguer e Ibarren cifró en "un 97 por ciento la probabilidad de que el barco rompiera antes de entrar en la ensenada y su carga se dispersara" por las Rías Bajas. En cuanto a la opción viguesa, defendida por los socialistas, "resulta igualmente inadmisible" por el "daño directo inevitable en la zona de más entidad pesquera de Galicia".
Los informes también desmontan las mentiras de la entonces oposición que advertía sobre los desastres que acaecerían a la economía gallega. Sin embargo, "el tejido productivo modernizado, consistente y en fuerte crecimiento", no fue "sustancialmente alterado por el accidente". Estas conclusiones son avaladas por los datos del PIB gallego, que ese mismo año de 2002, creció un 2,2 por ciento, y en 2003, un 2,3 por ciento.
En cuanto a las aceradas críticas a la gestión de Fraga y de Aznar, los informes precisan que "la gestión económica institucional fue la faceta más acertada", ya que la "reparación de los daños económicos básicos –a través del pago de ayudas a los afectados- fue prácticamente inmediata".
De esto modo, los profesores Cancio y Arias califican la actuación ante el desastre del "Prestige" como un "precedente ejemplar" gracias a la "unidad de acción entre la Xunta y el Estado". Aunque lo que sí critican la "infravaloración" del Gobierno a la hora de "contar la verdad y exponer la información disponible".
Por su parte, el catedrático de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela, Alejo Carballeira, defiende que los efectos tóxicos que provocó en 1992 el accidente del "Mar Egeo", que sí se alojó en La Coruña, fueron superiores a los causados por el "Prestige".
Además, contra todos los pronósticos más desalentadores que decían que llevaría años en retirar el fuel de las costas, el director del Instituto Oceanográfico de Vigo, Juan José González, considera que el litoral gallego se ha recuperado al "98 por ciento" de los daños ocasionados por la marea negra. Y su flora y fauna están "prácticamente igual que antes del accidente".
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