Para aquellos que no logran palpar mi obra de gobierno, a continuación detallo:
1. Logré separar a los venezolanos para que se tengan arrechera unos a otros (lo más importante). Así mismo induje al odio de clases, de razas y de credos.
2. Logré llevar el US$ de Bs. 500 a Bs. 6.000 más el control de cambio.
3. Logré aumentar la deuda interna de Bs. 2.3 billones a 35 billones de bolívares.
4. Logré que seamos el país más caro de Latinoamérica.
5. Logré que tengamos la inflación más grande de Latinoamérica
6. Logré que tengamos la segunda inflación más alta del mundo.
7. Logré que colapsaran las vías más importantes del país.
8. Logré que los niños sean payasos de circo en los semáforos.
9. Logré ser el presidente del MUNDO, menos de Venezuela.
10. Logré acabar con los hospitales de Venezuela.
11. Logré invadir 3.500 viviendas en 7 años.
12. Logré construir 130.000 viviendas en 7 años aunque no me explico cómo lo hice.
13. Logré que tengamos 19.000 homicidios en 7 años a razón de 2.714 por año; más muertos que en las últimas guerras del Golfo Pérsico, Afganistán e Irak (aquí si se mata gente no en esas guerras tontas).
14. Logré controlar en mis manos todos los poderes públicos.
15. Logré insertar en la Policía Metropolitana a los Tupamaros y convertirlos en agentes policiales (mosca con la PM).
16. Logré que el pueblo no saliera a votar en las parlamentarias para que ustedes vean que con apenas 12% de aceptación quise meterles por el buche 10.000.000 millones de votos en el 2006 como hace mi pana Fidel.
17. Logré la mayor pobreza extrema en la última década.
18. Salvé al pueblo cubano de la muerte por inanición.
19. Le pagué la deuda externa a la Argentina.
20. Gasté 950.000 Millones de dólares en 10 años, ( la cuarta república gasto 250.000 Millones en 40 años); regalando, robando, dejando robar tus riquezas y repartiendo algunas migajas al soberano imbécil.
21. Enriquecí a todos los "revolucionarios" que me acompañan en mi gestión.
22. Escoñeté todos los hospitales del país para que los enfermos no jodan tanto, muy especialmente el otrora hospital estrella de este país el Hospital Militar "Dr. Carlos Arvelo" (en la total y absoluta inopia). Le entregue así mismo el piso 12 del ala Norte de ese Hospital a los cubanos, quienes manejan desde allí la llamada operación milagro (debe ser milagro de destrucción) y en donde está absolutamente prohibido el paso aún a los militares y familiares...
23. Permití la invasión cubana, en todas las instancias e instituciones del país.
24. Destruí las Fuerzas Armadas Nacionales.
25. Me asocié con las guerrillas colombianas, el Hammas Palestino y el terrorismo iraní y que para joder a los gringos.
27. Permití los vuelos a la Habana para ayudar a mi compadre Fidel.
28. Le regalo 100.000 barriles diarios de petróleo a Cuba porque me da la gana, total el petróleo es MÍO... ¿OK?
29. Instruí a mis lacayos del Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional y Consejo Supremo de Justicia para que me preparen el terreno para una presidencia vitalicia. Que viva la Revolución Bonita y espero que voten nuevamente por mí.
30. Insulté públicamente a presidentes que parecen mis enemigos, para que no sospeches que trabajamos para la misma gente.
31. Violé la constitución y me burlé del pueblo con mis acciones más veces que ningún otro presidente en la historia de Venezuela.
32. Logré vendarle los ojos a la gran mayoría de mis lacayos para que piensen que la DICTADURA es lo mejor para el pueblo.
33. Logré destruir la producción de caña de azúcar, leche, arroz, maíz, café, entre otros; para que el Imperio pudiera vender con mayor facilidad sus productos subsidiados.
33. Logré destrir la producción de alimentos para que mis lacayos puedan importar con dolares preferenciales de Estados Unidos, Europa, Basil y Argentina su producción agroalimentaria, logrando arrodillar cada día más a los imbéciles que creen que seguridad alimentaria es comprar productos importados en Mercal.
34. Logré atraparles con un sin número de leyes que día a día limitan más su Libertad.
35. Logré que estos estupidos balbuceen que el pueblo es el soberono, jeje, soberano estupido! sin que puedan ver quien es el Rey.
36. Logré hacerles creer que soy anti-imperialista, sin que puedan ver las extraordinarias ganancias que le doy al Imperio, pues gozo cada uno de tus dolares que me envían desde allá.
37. Logré la mayor fuga de cerebros que se haya registrado en el país, sólo me interesan los estupidos borregos!!!
38.- Logre que el pueblo supiera como son los militares, engreidos, sucios, corruptos, homosexuales y lo mas triste traficantes de drogas y protectores de caminos.
Con gran afecto para mi querido pueblo conformista !
Hugo Rafael CHAVEZ FRIAS, El Verdadero Soberano!!!
sábado, enero 16, 2010
viernes, enero 15, 2010
Chaves dio más de 5,4 millones en contratos a su hija Paula en Telvent
Otro escándalo socialista... y casualmente de "él de siempre". Hay que recordar que es vicepresidente del Gobierno de España. No contento con empobrecer a Andalucía durante muchos años, se dedica a enriquecer a la familia. Luego hablan de mafias...
Un análisis de las adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía –la que otorgó la polémica subvención de 10,1 millones a Minas de Aguas Teñidas, Matsa, de la que es apoderada Paula Chaves Iborra, hija del que fue presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves– revela que en las autonomías se sigue el criterio de Carmen Calvo –“el dinero público no es de nadie”–, con un añadido singular: “Entonces, nada mejor que repartirlo entre los nuestros”.
Así, la misma consejería que entregó las subvenciones a Minas de Aguas Teñidas, concertó contratas por 5,4 millones con otra empresa apoderada por la hija de Chaves (Telvent).
Eludir concursos
Del total de las adjudicaciones efectuadas por la consejería en el periodo 2008-2009, un 40% se han producido por el procedimiento de negociación con los proveedores, no por el procedimiento de adjudicación abierto que es el que la ley de contratos del Sector público regula como el método que “ordinariamente” deben utilizar las Administraciones públicas (artículo 122 de la ley 30/2007, de 30 de octubre).
Esta regulación tiene como objeto que las adjudicaciones sean más transparentes y se beneficien de la libre concurrencia para, así, obtener la oferta más ventajosa para la Administración que gasta.
La Consejería andaluza adjudicó 449 contrataciones, de las que 167 se negociaron sin procedimiento abierto (un 68%) y casi todas sin publicidad. Una actuación escandalosa de la consejería y sus organismos dependientes, ya que la misma ley fija como nivel adecuado que el 90% de los contratos se hagan en abierto con competencia de ofertas.
En el caso concreto de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, produjo 22 adjudicaciones entre 2007 y 2008, de las que sólo 7 fueron por procedimiento abierto, por lo que un 68% de las adjudicaciones se hicieron de forma negociada; es decir, mucho peor que la propia consejería. En 26 casos los contratos “negociados” son superiores a 100.000 euros en el apartado de los servicios y 500.000 euros en casos de obras –los límites establecidos por la ley–. Así, la consejería contrató 8,5 millones de euros por procedimiento "negociado" –sin competencia– a las empresas Novasoft Ingeniería y Telvent Interactiva. Esta última perteneciente al Grupo Telvent, del cual fue apoderada en varias empresas la hija del ex presidente, Paula Chaves Iborra.
La consejería andaluza, que dirige Francisco Vallejo Serrano, resolvió 24 adjudicaciones a favor de Sadiel Tecnologías de la Información, por un importe de 5,2 millones de euros.
Una empresa presidida por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica (cuya matriz es la misma Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), tiene como consejero delegado de esta empresa al socialista Rafael Camacho Ordóñez (Baena, Córdoba, 1955), ex secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2000; y luego director general de la RTVA (Canal Sur), de la que cesó en noviembre de hace dos años.
Lo significativo es que son personas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa las que elaboran los pliegos o especificaciones técnicas de las adjudicaciones que luego se otorgan a Sadiel, en la que mantienen cargos en el consejo y en la dirección ejecutiva. Un privilegio que discrimina a posibles competidores y que contraviene el artículo 45 de la ley, que dice: "No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato”.
La solvencia
En la larga lista de contratos, llaman la atención las que han favorecido a BB Arquitectura de Espectáculos, S. L. (315.172 euros, en dos contratos). Una empresa dirigida por Julio Pedro Bermúdez Ávila. Al igual que Hapaxmedia, S. L., de Pedro Jiménez Álvarez (tres contratos, por 154.828 euros) de Andalucía Emprende y Fundación Pública Andaluza. Por no hablar de Enerocean, S.L, de Ana Isabel Mayorga Rubio, que recibió dos contratos por 76.800 euros en total. Lo mismo que Cink Shaking Business, S. L., que recibió cuatro contratos por un total de 403.155,68 euros.
Estas empresas, recién creadas en el momento de la contratación, recibieron dinero público sin que se les exigiesen los pliegos acreditativos de su solvencia, lo que va en contra de la ley.
Lo mismo ocurre con Taso Desarrollos, S. L., de Antonio Ruiz Molina, de la que consta tener un empleado y que recibió tres contratos por 87.536 euros, que difícilmente pudo acreditar cifra de facturación en los tres últimos ejercicios como establece la norma, al haber sido constituida en septiembre del año 2007.
Un análisis de las adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía –la que otorgó la polémica subvención de 10,1 millones a Minas de Aguas Teñidas, Matsa, de la que es apoderada Paula Chaves Iborra, hija del que fue presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves– revela que en las autonomías se sigue el criterio de Carmen Calvo –“el dinero público no es de nadie”–, con un añadido singular: “Entonces, nada mejor que repartirlo entre los nuestros”.
Así, la misma consejería que entregó las subvenciones a Minas de Aguas Teñidas, concertó contratas por 5,4 millones con otra empresa apoderada por la hija de Chaves (Telvent).
Eludir concursos
Del total de las adjudicaciones efectuadas por la consejería en el periodo 2008-2009, un 40% se han producido por el procedimiento de negociación con los proveedores, no por el procedimiento de adjudicación abierto que es el que la ley de contratos del Sector público regula como el método que “ordinariamente” deben utilizar las Administraciones públicas (artículo 122 de la ley 30/2007, de 30 de octubre).
Esta regulación tiene como objeto que las adjudicaciones sean más transparentes y se beneficien de la libre concurrencia para, así, obtener la oferta más ventajosa para la Administración que gasta.
La Consejería andaluza adjudicó 449 contrataciones, de las que 167 se negociaron sin procedimiento abierto (un 68%) y casi todas sin publicidad. Una actuación escandalosa de la consejería y sus organismos dependientes, ya que la misma ley fija como nivel adecuado que el 90% de los contratos se hagan en abierto con competencia de ofertas.
En el caso concreto de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, produjo 22 adjudicaciones entre 2007 y 2008, de las que sólo 7 fueron por procedimiento abierto, por lo que un 68% de las adjudicaciones se hicieron de forma negociada; es decir, mucho peor que la propia consejería. En 26 casos los contratos “negociados” son superiores a 100.000 euros en el apartado de los servicios y 500.000 euros en casos de obras –los límites establecidos por la ley–. Así, la consejería contrató 8,5 millones de euros por procedimiento "negociado" –sin competencia– a las empresas Novasoft Ingeniería y Telvent Interactiva. Esta última perteneciente al Grupo Telvent, del cual fue apoderada en varias empresas la hija del ex presidente, Paula Chaves Iborra.
La consejería andaluza, que dirige Francisco Vallejo Serrano, resolvió 24 adjudicaciones a favor de Sadiel Tecnologías de la Información, por un importe de 5,2 millones de euros.
Una empresa presidida por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica (cuya matriz es la misma Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), tiene como consejero delegado de esta empresa al socialista Rafael Camacho Ordóñez (Baena, Córdoba, 1955), ex secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2000; y luego director general de la RTVA (Canal Sur), de la que cesó en noviembre de hace dos años.
Lo significativo es que son personas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa las que elaboran los pliegos o especificaciones técnicas de las adjudicaciones que luego se otorgan a Sadiel, en la que mantienen cargos en el consejo y en la dirección ejecutiva. Un privilegio que discrimina a posibles competidores y que contraviene el artículo 45 de la ley, que dice: "No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato”.
La solvencia
En la larga lista de contratos, llaman la atención las que han favorecido a BB Arquitectura de Espectáculos, S. L. (315.172 euros, en dos contratos). Una empresa dirigida por Julio Pedro Bermúdez Ávila. Al igual que Hapaxmedia, S. L., de Pedro Jiménez Álvarez (tres contratos, por 154.828 euros) de Andalucía Emprende y Fundación Pública Andaluza. Por no hablar de Enerocean, S.L, de Ana Isabel Mayorga Rubio, que recibió dos contratos por 76.800 euros en total. Lo mismo que Cink Shaking Business, S. L., que recibió cuatro contratos por un total de 403.155,68 euros.
Estas empresas, recién creadas en el momento de la contratación, recibieron dinero público sin que se les exigiesen los pliegos acreditativos de su solvencia, lo que va en contra de la ley.
Lo mismo ocurre con Taso Desarrollos, S. L., de Antonio Ruiz Molina, de la que consta tener un empleado y que recibió tres contratos por 87.536 euros, que difícilmente pudo acreditar cifra de facturación en los tres últimos ejercicios como establece la norma, al haber sido constituida en septiembre del año 2007.
jueves, enero 14, 2010
La Junta regaló 55 liberados a CCOO, UGT y CSIF en su VI Convenio para Laborales
Otra muestra más del trapicheo que tiene el PSOE con los sindicatos. Todo una gran mentira siempre a costa del contribuyente.
Tales "liberados" conocidos en la Junta de Andalucía como "liberados institucionales" están al margen de las horas sindicales y permisos concedidos a los Comités de Empresas surgidos de las elecciones sindicales. A estos liberados incluso se les conserva al plus medio de productividad. El pacto-regalo tuvo lugar en 2002 y sigue en vigor.
La Junta de Andalucía que preside Manuel Chaves concedió, además, otras 60 "liberaciones" de sindicalistas en la Administración Pública andaluza, pero impuso a las organizaciones sindicales qué personas pueden ser liberadas. Estos hechos están recogidos en el acuerdo de 7 de julio de 2008, entre la Administración de la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de negociación con la Administración de la Junta de Andalucía, común para el personal funcionario, estatutario y laboral, sobre derechos de representación sindical. Según fuentes sindicales, "este es al mayor escándalo sindical desde la constitución del 78."
"Es decir, que es la Junta de Andalucía la que decide quién se "libera" o no de los sindicatos en la función pública, por primera vez en España. Esto debería servir de ejemplo a Esperanza Aguirre en Madrid, que mientras allí los sindicatos están levantados en armas, aquí firman todo lo que les diga don manué.", según comunicaron estas fuentes a Libertad Digital.
En dicho acuerdo se contemplaba la creación de 60 nuevos liberados sindicales en la Junta de Andalucía, lo que significa que la Junta debía proveer en realidad 120 salarios para pagar a los que son liberados y además a los 60 que sustituyen a estos liberados en sus puestos habituales de trabajo. Es decir, que la Junta pone en manos de los tres sindicatos firmantes del acuerdo, CCOO, UGT y CSI-CSIF una empresa de 60 trabajadores al servicio sindical sin gastos de personal y dotándolos de locales y medios para su funcionamiento al costa de una empresa de 120 trabajadores para la Junta. Si se tiene en cuenta que el tamaño medio de la empresa en Andalucía no llega a los 5 trabajadores, se comprenderá la importancia de esta medida. De hecho, el 99,12 por ciento de las empresas andaluzas no llegan a los 50 trabajadores.
Los firmantes de este acuerdo fueron" la Excma. Sra. doña Evangelina Naranjo Márquez, Consejera de Justicia y Administración Pública, con la representación legal que por su cargo tiene atribuida. De otra, don Antonio Tirado Blanco, Secretario General de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Andalucía; don Felipe Falcó Hornos, Secretario General de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO de Andalucía; y don Rafael Hurtado de Mendoza y Alba, Presidente Autonómico de Andalucía de CSI-CSIF, con la representación legal que por sus cargos tienen atribuidas."
Según el texto de este acuerdo, que puede leer íntegramente aquí, la creación de estos nuevos 60 liberados sindicales se produce de este modo: "Cláusula segunda. Permisos sindicales por pertenecer a la Mesa General de Negociación de la Administración de la Junta de Andalucía, común para el personal funcionario, estatutario y laboral (art. 36.3, EBEP).
1. En la Administración de la Junta de Andalucía, la Secretaría General parala Administración Pública concederá al personal que presta servicios en la Administración de la Junta de Andalucía propuesto por cada Organización Sindical firmante del presente Acuerdo, y representada en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Junta de Andalucía, común para el personal funcionario, estatutario y laboral (art. 36.3, EBEP), al objeto de que puedan realizar sus actividades en las estructuras sindicales y representativas, permisos para la realización de funciones sindicales relacionadas con dicho órgano de negociación.
2. Se concederán, en los términos previstos en la normativa vigente y en el presente Acuerdo, hasta un máximo de sesenta permisos a tiempo completo para la realización de funciones sindicales relacionadas con la actuación de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Junta de Andalucía común para el personal funcionario, estatutario y laboral (art. 36.3, EBEP), a distribuir de manera lineal entre las Organizaciones Sindicales que forman parte de la citada Mesa y firman el presente Acuerdo."
Es decir, que a UTG le corresponden 20 liberados, 20 a Comisiones Obreras y otros 20 a CSIF, salvo que se entienda que "lineal" se refiere a la proporción directa a la representación de cada una, y entonces esos 60 liberados se distribuirían en función del porcentaje de delegados totales en la Junta de Andalucía.
En dicho acuerdo, queda absolutamente claro que es la Junta quien decide, finalmente, qué trabajadores y sindicalistas podrán ser liberados.
La Junta pactó la "liberación sindical" de 55 trabajadores a tiempo completo beneficiando a tres organizaciones sindicales, al margen de las horas regladas para los miembros del Comité en el VI Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta.
Tales "liberados" conocidos en la Junta de Andalucía como "liberados institucionales" están al margen de las horas sindicales y permisos concedidos a los Comités de Empresas surgidos de las elecciones sindicales. A estos liberados incluso se les conserva al plus medio de productividad. El pacto-regalo tuvo lugar en 2002 y sigue en vigor.
Estos liberados "institucionales" no están sujetos a la normativa interna del Convenio para los Comités de Empresa y Delegados de Personal. Se dice en el Convenio: "Los Comités de Empresa, los Delegados y Delegadas de Personal, que dispondrán de 40 horas anuales, así como las Secciones Sindicales de las organizaciones sindicales que tengan presencia en los órganos de representación del personal, que dispondrán de 20 horas anuales, siempre que alcancen un índice de afiliación del 10% del colectivo de la plantilla del Centro o del Servicio de que se trate (estas horas se reducirán a 10 anuales en el caso de que el índice de afiliación sea del 5% y a 5 horas anuales cuando el índice de afiliación sea inferior al 5%), podrán convocar asambleas en el centro de trabajo dentro del horario laboral, previo aviso a la Dirección del centro con una antelación mínima de 24 horas."
Estos Delegados podrán superar incluso los máximos establecidos legalmente como "tiempo liberado" para la acción sindical. Así:
"Los Comités de Empresa y Delegados o Delegadas de Personal tendrán, como mínimo, el derecho al tiempo retribuido para realizar las gestiones conducentes a la defensa de los intereses del personal que representan. Las horas mensuales necesarias para cubrir esta finalidad se fijan de acuerdo con las siguientes escalas, en función del número de trabajadores y trabajadoras de cada unidad electoral:
a) Unidad electoral de hasta doscientas cincuenta personas: cuarenta horas.
b) Unidad electoral de doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores y trabajadoras: cincuenta horas.
c) Unidad electoral de más de quinientas personas: setenta y cinco horas."
Sin embargo, y con carácter general, en toda España el máximo está fijado en 40 horas mensuales. Y por si fuera poco, "5. No se incluirá en el cómputo de horas el empleado en actuaciones y reuniones llevadas a cabo por iniciativa de la Junta de Andalucía o la Dirección del centro o servicio.
Pero todas estas horas liberadas no tienen que ver con la concesión pactada de 55 liberados a las centrales sindicales CC.OO, UGT y CSIF. En el texto del Convenio se recoge tal concesión como sigue:
"Artículo 65. Derechos de las Organizaciones Sindicales y afiliados.
"1. Las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Convenio podrán solicitar mediante escrito dirigido a la Consejería competente en materia de Función Pública, la dispensa total de asistencia al trabajo de un número máximo de cincuenta y cinco trabajadores o trabajadoras que presten servicios en el ámbito de aplicación de este Convenio, de acuerdo con el siguiente reparto: veintisiete por UGT.; veintiuno por CC.OO.; y siete por CSI-CSIF.
La Consejería citada comunicará a las respectivas Consejerías, Organismos Autónomos y Delegaciones Provinciales las solicitudes de dispensa concedidas a fin de que se adopten las medidas oportunas en orden a garantizar a las personas afectadas en la situación de dispensas para asistir al trabajo, mientras subsistan las circunstancias que motivan tal dispensa, así como la percepción del salario por cada persona con dispensa, con cargo a la Junta de Andalucía y el respeto de su puesto de trabajo, con mantenimiento de los derechos que pudieran corresponderle en razón de su vínculo contractual con aquélla."
El interés de la Junta en controlar los liberados sindicales
La Junta de Andalucía que preside Manuel Chaves concedió, además, otras 60 "liberaciones" de sindicalistas en la Administración Pública andaluza, pero impuso a las organizaciones sindicales qué personas pueden ser liberadas. Estos hechos están recogidos en el acuerdo de 7 de julio de 2008, entre la Administración de la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de negociación con la Administración de la Junta de Andalucía, común para el personal funcionario, estatutario y laboral, sobre derechos de representación sindical. Según fuentes sindicales, "este es al mayor escándalo sindical desde la constitución del 78.""Es decir, que es la Junta de Andalucía la que decide quién se "libera" o no de los sindicatos en la función pública, por primera vez en España. Esto debería servir de ejemplo a Esperanza Aguirre en Madrid, que mientras allí los sindicatos están levantados en armas, aquí firman todo lo que les diga don manué.", según comunicaron estas fuentes a Libertad Digital.
En dicho acuerdo se contemplaba la creación de 60 nuevos liberados sindicales en la Junta de Andalucía, lo que significa que la Junta debía proveer en realidad 120 salarios para pagar a los que son liberados y además a los 60 que sustituyen a estos liberados en sus puestos habituales de trabajo. Es decir, que la Junta pone en manos de los tres sindicatos firmantes del acuerdo, CCOO, UGT y CSI-CSIF una empresa de 60 trabajadores al servicio sindical sin gastos de personal y dotándolos de locales y medios para su funcionamiento al costa de una empresa de 120 trabajadores para la Junta. Si se tiene en cuenta que el tamaño medio de la empresa en Andalucía no llega a los 5 trabajadores, se comprenderá la importancia de esta medida. De hecho, el 99,12 por ciento de las empresas andaluzas no llegan a los 50 trabajadores.
Los firmantes de este acuerdo fueron" la Excma. Sra. doña Evangelina Naranjo Márquez, Consejera de Justicia y Administración Pública, con la representación legal que por su cargo tiene atribuida. De otra, don Antonio Tirado Blanco, Secretario General de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Andalucía; don Felipe Falcó Hornos, Secretario General de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO de Andalucía; y don Rafael Hurtado de Mendoza y Alba, Presidente Autonómico de Andalucía de CSI-CSIF, con la representación legal que por sus cargos tienen atribuidas."
Según el texto de este acuerdo, que puede leer íntegramente aquí, la creación de estos nuevos 60 liberados sindicales se produce de este modo: "Cláusula segunda. Permisos sindicales por pertenecer a la Mesa General de Negociación de la Administración de la Junta de Andalucía, común para el personal funcionario, estatutario y laboral (art. 36.3, EBEP).
1. En la Administración de la Junta de Andalucía, la Secretaría General parala Administración Pública concederá al personal que presta servicios en la Administración de la Junta de Andalucía propuesto por cada Organización Sindical firmante del presente Acuerdo, y representada en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Junta de Andalucía, común para el personal funcionario, estatutario y laboral (art. 36.3, EBEP), al objeto de que puedan realizar sus actividades en las estructuras sindicales y representativas, permisos para la realización de funciones sindicales relacionadas con dicho órgano de negociación.
2. Se concederán, en los términos previstos en la normativa vigente y en el presente Acuerdo, hasta un máximo de sesenta permisos a tiempo completo para la realización de funciones sindicales relacionadas con la actuación de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Junta de Andalucía común para el personal funcionario, estatutario y laboral (art. 36.3, EBEP), a distribuir de manera lineal entre las Organizaciones Sindicales que forman parte de la citada Mesa y firman el presente Acuerdo."
Es decir, que a UTG le corresponden 20 liberados, 20 a Comisiones Obreras y otros 20 a CSIF, salvo que se entienda que "lineal" se refiere a la proporción directa a la representación de cada una, y entonces esos 60 liberados se distribuirían en función del porcentaje de delegados totales en la Junta de Andalucía.
En dicho acuerdo, queda absolutamente claro que es la Junta quien decide, finalmente, qué trabajadores y sindicalistas podrán ser liberados.
martes, enero 12, 2010
Nace la primera asociación que defenderá "a nivel nacional" la libertad lingüística
Desde aquí quisiera mostrar todo mi apoyo a este tipo de iniciativas.
"Queremos concienciar a la gente de que cuando se vulneran los derechos constitucionales se genera un problema nacional no sólo en un lugar determinado", sentenció Yáñez, que actualmente es estudiante de Ciencias Políticas. Esta asociación, creada inicialmente por estudiantes y con un perfil juvenil, es "la primera asociación en España que nace para defender la libertad lingüística en todo el territorio nacional".
La ANLL ha tenido un recuerdo muy especial por todas aquellas plataformas que han defendido la convivencia real del castellano con las lenguas cooficiales en comunidades como País Vasco, Galicía, Cataluña o Baleares. Mención especial han tenido Galicia Bilingüe, Círculo Balear, Ciudadanos y el resto de organizaciones que trabajan por acabar con la imposición que los nacionalistas intentan hacer de las lenguas cooficiales.
De este modo, Yáñez consideró que estas asociaciones "son un ejemplo a seguir" e indicó que la recién nacida plataforma tiene que aparecer con una "conciencia autocrítica pidiendo perdón por haberles dejado solos tanto tiempo". "Es un error que los demócratas hemos cometido", indicó.
La concienciación será su principal prioridad. Por ello, su objetivo es que la gente se dé cuenta de que "cuando en Baleares se impone el catalán para acceder a una plaza de enfermero a uno de Burgos se le está restando su libertad". En opinión del presidente de ANLL "es un problema de todos y el recorte de derechos parecía que sólo afectaba allí cuando no es así, nos afecta a todos".
Para poder conseguir esta concienciación, la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística pretende "recorrer España ganando adeptos y trasladando el mensaje de que se están vulnerando derechos". Para ello, también se servirán de las nuevas tecnologías.
A su juicio, esta "batalla" tiene que ser mediática y su trabajo será conseguir una concienciación mediante acciones con repercusión mediática".
Este martes ha nacido en Madrid una plataforma que luchará por la libertad lingüística. Creada por estudiantes, es "la primera que a nivel nacional" defenderá que no se vulneren los derechos. Su objetivo es concienciar que esta es una "batalla" que afecta a todos y no sólo a una comunidad.
ste martes se ha presentado en Madrid la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, una plataforma que pretende defender el derecho de utilizar este derecho en todo el territorio nacional.
Su presidente, Pablo Yáñez, estudiante de 20 años, ha relatado a Libertad Digital por qué ha nacido esta asociación. Su objetivo es dar "un ámbito nacional" a la defensa de la libertad lingüística para que esta lucha no se realice únicamente en las comunidades en las que el castellano es atacado."Queremos concienciar a la gente de que cuando se vulneran los derechos constitucionales se genera un problema nacional no sólo en un lugar determinado", sentenció Yáñez, que actualmente es estudiante de Ciencias Políticas. Esta asociación, creada inicialmente por estudiantes y con un perfil juvenil, es "la primera asociación en España que nace para defender la libertad lingüística en todo el territorio nacional".
La ANLL ha tenido un recuerdo muy especial por todas aquellas plataformas que han defendido la convivencia real del castellano con las lenguas cooficiales en comunidades como País Vasco, Galicía, Cataluña o Baleares. Mención especial han tenido Galicia Bilingüe, Círculo Balear, Ciudadanos y el resto de organizaciones que trabajan por acabar con la imposición que los nacionalistas intentan hacer de las lenguas cooficiales.
De este modo, Yáñez consideró que estas asociaciones "son un ejemplo a seguir" e indicó que la recién nacida plataforma tiene que aparecer con una "conciencia autocrítica pidiendo perdón por haberles dejado solos tanto tiempo". "Es un error que los demócratas hemos cometido", indicó.
La concienciación será su principal prioridad. Por ello, su objetivo es que la gente se dé cuenta de que "cuando en Baleares se impone el catalán para acceder a una plaza de enfermero a uno de Burgos se le está restando su libertad". En opinión del presidente de ANLL "es un problema de todos y el recorte de derechos parecía que sólo afectaba allí cuando no es así, nos afecta a todos".
Para poder conseguir esta concienciación, la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística pretende "recorrer España ganando adeptos y trasladando el mensaje de que se están vulnerando derechos". Para ello, también se servirán de las nuevas tecnologías.
A su juicio, esta "batalla" tiene que ser mediática y su trabajo será conseguir una concienciación mediante acciones con repercusión mediática".
lunes, enero 11, 2010
Será el Gobierno quien decida qué sitios web cerrar
La izquierda y la censura siguen yendo de la mano... son muchos años de historia como para poder obviarlo. Mas de uno se ha dado de bruces con la realidad, aunque los habrá que no aprenderán y seguiran creyendo en utopías absurdas...
Así, al eliminar, al menos en apariencia, ambos problemas, el Gobierno espera poder recuperar la iniciativa en un debate que tenía perdido frente a la opinión pública.
Sin embargo, hay varias trampas en este "afeitado" de la ley. La primera es que en el texto no se modifica ningún aspecto de ninguna Ley Orgánica, tal y como prometió Caamaño en rueda de prensa este viernes. Además, la reforma continúa inserta en la Ley de Economía Sostenible. De modo que se sigue hurtando del debate necesario en el parlamento, al incluirse estas medidas dentro de una legislación más amplia.
Además, según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, esta ley no coloca a los jueces en el papel de decidir si un sitio web vulnera o no los derechos de propiedad intelectual de un tercero; ese papel continuará perteneciendo a la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se limitará a evaluar si el cierre vulnera los derechos de libertad de expresión.
La llamada Ley Sinde, en definitiva, elimina de las jurisdicciones penal y civil los casos sobre la posible violación de las leyes sobre propiedad intelectual de las webs de enlaces, que no albergan contenidos protegidos sino sólo facilitan encontrarlos en los ordenadores de otros internautas, y permite al Gobierno cerrar cautelarmente estas web. Tendrían que ser los propietarios de las mismas quienes recurrieran la decisión, a sus expensas. A la SGAE y demás gestoras, en cambio, les saldrá gratis, pues será el Gobierno quien defienda sus intereses en los tribunales.
Los internautas pedían dos cosas: que la regulación se tramitara como Ley Orgánica para que hubiera un amplio debate y que fueran los jueces quienes tomaran la decisión de cerrar una web. Al final el Gobierno ha concedido ambas cosas, pero sólo en apariencia.
La técnica utilizada por Moncloa es ya habitual: proponer una ley impopular y dejar que los críticos se ceben en sus peores aspectos para luego retirar éstos y dejarlos sin argumentos. En general, los internautas se han opuesto desde hace mucho tiempo a la intervención del Gobierno en internet para favorecer los intereses del lobby de la propiedad intelectual, pero centraron sus críticas en la forma subrepticia en que se intentaba pasar la legislación y el órgano administrativo encargado de censurar los sitios web.Así, al eliminar, al menos en apariencia, ambos problemas, el Gobierno espera poder recuperar la iniciativa en un debate que tenía perdido frente a la opinión pública.
Sin embargo, hay varias trampas en este "afeitado" de la ley. La primera es que en el texto no se modifica ningún aspecto de ninguna Ley Orgánica, tal y como prometió Caamaño en rueda de prensa este viernes. Además, la reforma continúa inserta en la Ley de Economía Sostenible. De modo que se sigue hurtando del debate necesario en el parlamento, al incluirse estas medidas dentro de una legislación más amplia.
Además, según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, esta ley no coloca a los jueces en el papel de decidir si un sitio web vulnera o no los derechos de propiedad intelectual de un tercero; ese papel continuará perteneciendo a la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se limitará a evaluar si el cierre vulnera los derechos de libertad de expresión.
La llamada Ley Sinde, en definitiva, elimina de las jurisdicciones penal y civil los casos sobre la posible violación de las leyes sobre propiedad intelectual de las webs de enlaces, que no albergan contenidos protegidos sino sólo facilitan encontrarlos en los ordenadores de otros internautas, y permite al Gobierno cerrar cautelarmente estas web. Tendrían que ser los propietarios de las mismas quienes recurrieran la decisión, a sus expensas. A la SGAE y demás gestoras, en cambio, les saldrá gratis, pues será el Gobierno quien defienda sus intereses en los tribunales.
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