El Gobierno está "de acuerdo" con la sugerencia de Patxi López de hacer un referéndum en el País Vasco "con todas las consecuencias". Así lo ha asegurado la vicepresidenta Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros, que ha dicho no ver diferencias entre esta petición y "lo que decimos siempre". El presidente de los socialistas vascos abogó el jueves por construir una "nacionalidad vasca desde la integración y desechando el frenetismo y la exclusión" previo acuerdo entre partidos.
De la Vega no ve mal el referéndum "con todas las consecuencias" prometido por Patxi López para el País Vasco. En declaraciones tras el Consejo de Ministros, ha aseverado que "lo que dijo el presidente de los socialistas vascos" es "lo que decimos siempre". Y es que, según ha apostillado, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero respalda "las reformas estatutarias" bajo los límites establecidos.
Concretamente, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, abogaba por "construir la nacionalidad vasca desde la integración y desechando el frentismo y la exclusión". En este sentido, insistió en la necesidad de lograr un "acuerdo entre vascos" es "posible y absolutamente necesario" y apostó, en este sentido, por "volver a la Euskadi del consenso político".
De este modo, reivindicó, frente a "la consulta vinculante" del lehendakari, Juan José Ibarretxe, "que sólo lleva a la división y al enfrentamiento", un referéndum "con todas las consecuencias" tras alcanzar un amplio acuerdo en el País Vasco que sea aprobado por el Parlamento vasco y ratificado en Cortes Generales.
Según recoge Europa Press, López indicó que "lo que hace falta" en el País Vasco es una negociación entre todos los partidos políticos democráticos con el objetivo de lograr un acuerdo que parta de los "principios básicos" del rechazo a la violencia y el apoyo a las víctimas, el respeto a las reglas de juego establecidas, el compromiso de que cualquier cambio en el marco jurídico debe tener "un acuerdo amplio y transversal", así como de "construir la nacionalidad vasca desde la integración y desechando el frenetismo y la exclusión".
viernes, mayo 23, 2008
martes, mayo 20, 2008
Cabrera vuelve a la carga y recurre los programas de EpC de las autonomías del PP
El Gobierno de Educación ha vuelto a emprender una ofensiva contra todos aquellos que se oponen al adoctrinamiento ideológico a través de Educación para la Ciudadanía. La ministra de Educación avisó primero a los padres sobre las consecuencias de la objeción y, según informa ABC, ahora ha recurrido el decreto que desarrolla la polémica asignatura en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. En estas autonomías se han suprimido ciertos contenidos que tenían como fin la imposición a los niños de principios ideológicos defendidos por el Ejecutivo.
La polémica con la asignatura de EpC parece no tener fin después de que el Ministerio de Educación haya recurrido los decretos que desarrollan la asignatura en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular. Más concretamente en las autonomías de Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja aunque en la Comunidad Valenciana no ha ocurrido por problemas técnicos.
De este modo, el Ministerio dirigido por Mercedes Cabrera persigue a todos aquellos que no siguen fielmente los postulados que defiende íntegramente el Ejecutivo en Educación para la Ciudadanía. En estas comunidades, se han suprimido ciertos aspectos polémicos de la asignatura como la homofobia o la orientación afectivo sexual. Sin embargo, cada autonomía lucha contra el Ministerio de distinta forma. Las menos resignadas a aceptar la asignatura son Madrid y en menor medida Murcia, que aceptan la objeción de conciencia de los padres.
Sin embargo, Castilla y León y La Rioja, aunque se oponen, no apoyan directamente las objeciones, sino que los padres deberán luchar en los tribunales, e impartirán la polémica asignatura. En Valencia, para no caer en el adoctrinamiento del Gobierno socialista, la asignatura se impartirá pero en inglés. Por ello, los padres tienen dos opciones, aceptar que los hijos estudien esta asignatura de inglés o realizar un trabajo trimestral sobre parte del temario oficial aunque controlado por los mismos padres.
La polémica con la asignatura de EpC parece no tener fin después de que el Ministerio de Educación haya recurrido los decretos que desarrollan la asignatura en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular. Más concretamente en las autonomías de Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja aunque en la Comunidad Valenciana no ha ocurrido por problemas técnicos.
De este modo, el Ministerio dirigido por Mercedes Cabrera persigue a todos aquellos que no siguen fielmente los postulados que defiende íntegramente el Ejecutivo en Educación para la Ciudadanía. En estas comunidades, se han suprimido ciertos aspectos polémicos de la asignatura como la homofobia o la orientación afectivo sexual. Sin embargo, cada autonomía lucha contra el Ministerio de distinta forma. Las menos resignadas a aceptar la asignatura son Madrid y en menor medida Murcia, que aceptan la objeción de conciencia de los padres.
Sin embargo, Castilla y León y La Rioja, aunque se oponen, no apoyan directamente las objeciones, sino que los padres deberán luchar en los tribunales, e impartirán la polémica asignatura. En Valencia, para no caer en el adoctrinamiento del Gobierno socialista, la asignatura se impartirá pero en inglés. Por ello, los padres tienen dos opciones, aceptar que los hijos estudien esta asignatura de inglés o realizar un trabajo trimestral sobre parte del temario oficial aunque controlado por los mismos padres.
lunes, mayo 19, 2008
El Gobierno italiano reclama que Zapatero frene los insultos de los ministros españoles
El ministro de Exteriores Italiano se ha referido a la polémica que abrió la vicepresidenta de la Vega al insinuar en unas declaraciones que el gobierno de Berlusconi había apostado por una política de Inmigración “violenta, xenófoba y racista”. A continuación, los ministros Corbacho y Aído echaron más leña al fuego.
Después de que la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega diera inicio a la polémica la semana pasada, el ministro de Exteriores de Italia, Franco Frattini, ha tildado de “inaceptables” sus palabras y ha confiado en que el presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, intervenga para evitar nuevas declaraciones de ministros que son "inútilmente polémicas".
Además de De la Vega, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, retomó las críticas, al asegurar que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, "quiere criminalizar al diferente". Declaraciones que Frattini ha calificado como "imprudentes y extemporáneas".
Frattini añadió que es "interés de España, más allá del de Italia, tener una colaboración mediterránea" y "europea" para gobernar las políticas migratorias y ha recordado que ha sido la "mano dura" de Zapatero la que ha "expulsado a decenas de miles de personas con métodos diría que muy rigurosos y muy severos".
Además de Corbacho, la ministra de Igualdad, Bibiana Aido, contribuyó a aumentar la tensión con Italia después de declarar al diario que le pagaría un psiquiatra a Berlusconi, "aunque no sé si sería demasiado efectivo" porque, añadió, le harían falta muchas sesiones", añadió.
En declaraciones al diario 'Corriere della Sera', el ministro italiano para las Políticas Comunitarias de Italia, Andrea Ronchi, ha pedido a Zapatero que "tome distancias del bajo tono utilizado por la ministra Bibiana Aido, que dando por loco a Berlusconi también ha dado por locos a los italianos que lo han votado y lo han elegido".
Desde España, El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, ha asegurado que no hay problemas entre el gobierno español y el italiano y ha anunciado que el jueves recibirá al ministro de Políticas Comunitarias, Andrea Ronchi, para aclarar su postura en materia de inmigración.
Según López Garrido, tanto España como Italia "coincidimos en que la inmigración tiene que estar regulada por leyes, tanto la lícita como la ilícita y estamos de acuerdo en la necesidad de una política europea común" en la materia.
En opinión de López Garrido, "lo mejor que podemos hacer es no seguir en esta línea y no añadir más polémica" porque con eso, ha añadido, "no se consigue nada" y porque además, España e Italia tienen una política en materia de inmigración "de fondo bastante afín".
Después de que la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega diera inicio a la polémica la semana pasada, el ministro de Exteriores de Italia, Franco Frattini, ha tildado de “inaceptables” sus palabras y ha confiado en que el presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, intervenga para evitar nuevas declaraciones de ministros que son "inútilmente polémicas".
Además de De la Vega, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, retomó las críticas, al asegurar que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, "quiere criminalizar al diferente". Declaraciones que Frattini ha calificado como "imprudentes y extemporáneas".
Frattini añadió que es "interés de España, más allá del de Italia, tener una colaboración mediterránea" y "europea" para gobernar las políticas migratorias y ha recordado que ha sido la "mano dura" de Zapatero la que ha "expulsado a decenas de miles de personas con métodos diría que muy rigurosos y muy severos".
Además de Corbacho, la ministra de Igualdad, Bibiana Aido, contribuyó a aumentar la tensión con Italia después de declarar al diario que le pagaría un psiquiatra a Berlusconi, "aunque no sé si sería demasiado efectivo" porque, añadió, le harían falta muchas sesiones", añadió.
En declaraciones al diario 'Corriere della Sera', el ministro italiano para las Políticas Comunitarias de Italia, Andrea Ronchi, ha pedido a Zapatero que "tome distancias del bajo tono utilizado por la ministra Bibiana Aido, que dando por loco a Berlusconi también ha dado por locos a los italianos que lo han votado y lo han elegido".
Desde España, El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, ha asegurado que no hay problemas entre el gobierno español y el italiano y ha anunciado que el jueves recibirá al ministro de Políticas Comunitarias, Andrea Ronchi, para aclarar su postura en materia de inmigración.
Según López Garrido, tanto España como Italia "coincidimos en que la inmigración tiene que estar regulada por leyes, tanto la lícita como la ilícita y estamos de acuerdo en la necesidad de una política europea común" en la materia.
En opinión de López Garrido, "lo mejor que podemos hacer es no seguir en esta línea y no añadir más polémica" porque con eso, ha añadido, "no se consigue nada" y porque además, España e Italia tienen una política en materia de inmigración "de fondo bastante afín".
domingo, mayo 18, 2008
El Gobierno incrementa en un 21 por ciento su número de altos cargos y asesores
El Ejecutivo ha creado 112 puestos más que los que necesitaba el primer Gobierno de Aznar para funcionar. Según informa ABC en su edición del domingo, Zapatero y sus ministros han aumentado en un 21 por ciento el número de altos cargos y asesores en su estructura orgánica, lo que supone nada menos que hasta 453 puestos de dicha índole, 79 más que en 2004. La pretendida y anunciada austeridad de Zapatero se transforma en derroche, debido a una realidad matemática: a más asesores, más gastos.
Zapatero prometió en su día que la "austeridad" sería una de sus señas, e incluso lo plasmó por escrito, en el Código del Buen Gobierno de 2005. De la Vega también reforzó esta línea pocas semanas después de las elecciones.
Pero debido a la evidencia de los datos, el PP aprovechará el Pleno de control al Gobierno del miércoles para preguntar a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, si cree lógico que cuando peor va la economía más aumente el número de altos cargos y asesores de la Administración General del Estado. A ello se añade, además, la reciente reorganización ministerial, que incluyó la creación de dos ministerios y la remodelación de algún otro.
Precisamente, según afirma ABC, el vicepresidente segundo y ministro de Economía Pedro Solbes, y Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas, han enviado una carta a todos los ministros, según El País, para exigirles el control del gasto tras el espectacular aumento de altos cargos experimentado.
La estructura orgánica del Gobierno que menciona ABC arroja un balance de 453 altos cargos y asesores en el Ejecutivo, un 21 por ciento más que en 2004 y, atención, nada menos que 112 más que en el primer gobierno de José María Aznar (que contaba con 341). En el año 2000, el número de puestos del PP durante su segunda legislatura ascendió a 388, cifra aún muy inferior a la redondeada por Zapatero.
El mayor incremento se sitúa en el ámbito de los directores generales, que de 110 en la pasada legislatura han pasado a 132. Los secretarios de Estado han pasado de 20 a 28 (de ellas, siete nuevas creadas en esta legislatura), y en la misma línea los subsecretarios: de 18 a 20.
La cifra de asesores manifiesta la política seguida por el Ejecutivo al respecto. Para poder presentar una imagen de austeridad frente al anterior Gobierno, Zapatero redujo el número de éstos de 205 a 176, sólo para aumentarla en esta legislatura hasta 222, casi medio centenar más que en 2004.
ABC señala que los ministerios con más personal son los de Asuntos Exteriores y el de Economía y Hacienda, con 24 altos cargos, seguido de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural, con 18.
Zapatero prometió en su día que la "austeridad" sería una de sus señas, e incluso lo plasmó por escrito, en el Código del Buen Gobierno de 2005. De la Vega también reforzó esta línea pocas semanas después de las elecciones.
Pero debido a la evidencia de los datos, el PP aprovechará el Pleno de control al Gobierno del miércoles para preguntar a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, si cree lógico que cuando peor va la economía más aumente el número de altos cargos y asesores de la Administración General del Estado. A ello se añade, además, la reciente reorganización ministerial, que incluyó la creación de dos ministerios y la remodelación de algún otro.
Precisamente, según afirma ABC, el vicepresidente segundo y ministro de Economía Pedro Solbes, y Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas, han enviado una carta a todos los ministros, según El País, para exigirles el control del gasto tras el espectacular aumento de altos cargos experimentado.
La estructura orgánica del Gobierno que menciona ABC arroja un balance de 453 altos cargos y asesores en el Ejecutivo, un 21 por ciento más que en 2004 y, atención, nada menos que 112 más que en el primer gobierno de José María Aznar (que contaba con 341). En el año 2000, el número de puestos del PP durante su segunda legislatura ascendió a 388, cifra aún muy inferior a la redondeada por Zapatero.
El mayor incremento se sitúa en el ámbito de los directores generales, que de 110 en la pasada legislatura han pasado a 132. Los secretarios de Estado han pasado de 20 a 28 (de ellas, siete nuevas creadas en esta legislatura), y en la misma línea los subsecretarios: de 18 a 20.
La cifra de asesores manifiesta la política seguida por el Ejecutivo al respecto. Para poder presentar una imagen de austeridad frente al anterior Gobierno, Zapatero redujo el número de éstos de 205 a 176, sólo para aumentarla en esta legislatura hasta 222, casi medio centenar más que en 2004.
ABC señala que los ministerios con más personal son los de Asuntos Exteriores y el de Economía y Hacienda, con 24 altos cargos, seguido de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural, con 18.
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