sábado, noviembre 22, 2008

La Diputación de La Coruña dice que el uso del castellano es "otra forma de violencia de género"

Los nacionalistas gallegos siguen derrochando el erario público en pos de sus fines políticos y su última ocurrencia ha sido el editar un díptico que asegura que la utilización del castellano por parte de las mujeres y el poco uso del gallego que hacen "es otra forma de violencia de género".

La utilización del castellano por parte de las mujeres gallegas "es otra forma de violencia de género". Esto es lo que opinan los nacionalistas de esta comunidad, que creen que las féminas de Galicia no utilizan mucho la lengua cooficial debido a la presión social. Sin embargo, lo más grave es que esta consideración esta financiada con dinero público a través de un díptico editado por el Servicio de Normalización Lingüística de la Universidad de La Coruña, realizado en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación provincial, y que lleva como título Contra la violencia, defendamos la lengua.

"Queremos aprovechar la fecha del 25 de noviembre, día de la no violencia contra las mujeres, para hacer pública nuestra denuncia de ser esta otra forma de violencia que debe ser erradicada para recuperar nuestra dignidad y manifestar públicamente nuestro compromiso de construirnos, individual y colectivamente, en la lengua propia de este país", se asegura en el texto.

Esta nueva ocurrencia del nacionalismo gallego, recogido por el blog Contando Estrelas, dice también que "el preocupante escaso uso del gallego" por parte de las mujeres provoca "una subordinación exigida por el mismo sistema que promueve la división del trabajo entre los sexos y que saca beneficios del oculto trabajo femenino". Es decir, según los nacionalistas la desigualdad existente entre hombres y mujeres viene determinada por el uso del castellano y los posibles maltratos por culpa de los castellanoparlantes que presionan para que se use esta lengua.

jueves, noviembre 20, 2008

Los ingenieros informáticos colapsan la web de Justicia

Ingenieros de informática han logrado que el sitio web del Ministerio de Justicia "esté inestable" a base de visitar la página. El colectivo denuncia así la falta de compromiso del Gobierno y reivindica "de forma pacífica y legal" equiparar la informática con el resto de las ingenierías.

Según un correo electrónico emitido a las redacciones de todos los diarios nacionales, la caída de la página web del ministerio de Justicia se ha conseguido de forma pacífica y legal, "al no hacer uso de ningún tipo de código malicioso, sino a base de entrar y salir todo el rato en la página", haciendo que la misma no cargue correctamente, provocando lentitud en su servicio, así como diversos mensajes de error.

Los ingenieros informáticos reivindican que el Ministerio de Ciencia e Innovación el compromiso de elaborar una ficha de directrices específicas para las titulaciones de Ingenierías Técnicas e Ingeniería en Informática, en las mismas condiciones que el resto de ingenierías. Asimismo, reclaman el compromiso de incluir en la transposición de la directiva europea de servicios las profesiones de ingeniero técnico e ingeniero de informática.

Por último, tanto estudiantes como licenciados desean obtener del Ministerio de Industria el compromiso de elaborar y llevar al Parlamento una ley que regule las atribuciones profesionales del sector.

Según el colectivo, la ingeniería informática se encuentra en una situación de agravio comparativo respecto al resto de las ingenierías. El miércoles los ingenieros informáticos se manifestaron (de 35.000 a 40.000 personas, según el colectivo) y afirman no confiar en las palabras del director general de universidades, Felipe Petriz, que les "transmitió buenas palabras, pero nada más". Es por ello que aseguran que seguirán con sus actividades de protesta, siempre bajo la legalidad vigente.

"No comprendemos como puede ser tan difícil que se pongan de acuerdo dos ministerios siendo del mismo Gobierno y del mismo partido político", concluye el comunicado.

miércoles, noviembre 19, 2008

Ingenieros informáticos y estudiantes se movilizan por una regulación

En una convocatoria sin precedentes, miles ingenieros informáticos de toda España, así como los estudiantes de las facultades y escuelas universitarias de Informática, se han manifestado durante la jornada de hoy por la regulación de su profesión y el futuro de su titulación.

En Madrid la marcha tuvo lugar enfrente del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, donde se ha congregado al menos un millar de personas, según testigos. En Valencia, se han congregado unas 2.500 personas, mientras que en Barcelona también han salido a las calles. En Valladolid, medio millar. Y así, en otras capitales como Zaragoza, Sevilla, Alicante, Santiago de Compostela, Murcia, Mérida, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo y León.

Son muchas las organizaciones, colegios autonómicos y asociaciones que se han sumado a las protestas y apoyan las reivindicaciones de un sector que suma más de 200.000 personas, entre ingenieros informáticos y estudiantes.

El origen de las protestas está en una serie de reivindicaciones encaminadas a garantizar el futuro de la titulación de Ingeniería Informática, la única ingeniería que no cuenta con ficha académica.

Así, los convocantes exigen al Ministerio de Ciencia e Innovación que elabore una ficha de directrices específicas para las titulaciones de Ingenierías Técnicas e Ingeniería en Informática, en las mismas condiciones que el resto de ingenierías; al Gobierno, que incluya en la transposición de la directiva europea de servicios las profesiones de Ingeniero Técnico y de Ingeniero en Informática; y al Ministerio de Industria, que elabore y entregue al Parlamento una ley que regule las atribuciones profesionales del sector.
Por una regulación
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En un comunicado, la Asociación de Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Informática (ALI) recuerda que la profesión no está regulada.

"La regulación profesional es una competencia reservada al Estado, por lo que es el Ministerio correspondiente (en este caso, el de Industria) el que debe tomar la iniciativa legislativa, ya que constitucionalmente tiene que hacerse por Ley aprobada en el Congreso de los Diputados, previo informe del Ministerio de Ciencia e Innovación", explica el comunicado.

Asimismo, la nota recuerda que los informáticos "tienen un título universitario, por lo que disponemos de conocimientos específicos reglados". "El ámbito profesional de la informática no ha sido regulado, por más que algunas ingenierías como Telecomunicaciones pretendan apropiárselo ante la actitud pasiva del Gobierno", afirma.
El futuro de la titulación

La ALI asegura que "las titulaciones de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática, y aún en el supuesto de que se descatalogaran, no pueden perder sus competencias académicas" en ningún caso.

En cuanto al futuro de los títulos, la nueva ordenación de las enseñanzas Universitarias Oficiales, da al Gobierno potestad para la creación de los títulos y para establecer las "directrices propias de esos títulos" cuando den lugar a profesiones reguladas. En los títulos correspondientes a las profesiones no reguladas (como los de Informática), son las Universidades las que crean los títulos Oficiales.

A pesar de que la CODDI (Conferencia de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Informática) se ha comprometido a establecer determinadas titulaciones en informática, así como sus fichas, existe un riesgo de que los conocimientos de las Ingenierías informáticas queden demasiado dispersos.
Garmendia escucha

En declaraciones en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a EFE, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, la titular ministerial, Cristina Garmendia, ha precisado esta mañana que la regulación de las profesiones no es competencia del departamento, pero sí el reconocimiento académico y las titulaciones.

"Desde luego, ahí estamos abiertos a escuchar -ha señalado-, a ayudar, y a entender las reivindicaciones, y también a trabajar en colaboración con los otros dos Ministerios competentes aquí: Industria y Economía y Hacienda".

Gloria Lago, en Estrasburgo: "Europa ya sabe lo que está sucediendo en Galicia"

La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, explicó este miércoles en Estrasburgo a los representantes de todos los grupos con representación en el Parlamento Europeo, excepto el socialista, la imposición del gallego que pretende la Xunta de Galicia y pidió la ayuda de las instituciones europeas para defender los derechos de los hablantes en castellano.

Gloria Lago y José Manuel Pousada, presidenta y vicepresidente de Galicia Bilingüe viajaron este miércoles a Estrasburgo para alertar a los representantes políticos europeos de la la pérdida de derechos que están sufriendo muchos ciudadanos gallegos como consecuencia de la política lingüística que desarrolla el Gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño.

Según informa Galicia Bilingüe en un comunicado, se desplazaron hasta Estrasburgo "tanto para demandar el apoyo de las instituciones europeas como para abrirles los ojos a la realidad de la imposición idiomática que las autoridades autonómicas disfrazan cuando
acuden a justificarse ante la UE".

Les escucharon en persona representantes de más de 16 países, varios eurodiputados del Grupo Popular –el Partido Socialista no respondió a la solicitud de entrevista de Galicia Bilingüe– los portavoces de las demás organizaciones con representación en la Cámara europea y el presidente del Parlamento, Hans-Gert Pöttering.

Gloria Lago informó de las restricciones de derechos que están sufriendo muchos gallegos, especialmente en el ámbito de la Educación. "Recientemente –sostuvo la presidenta del colectivo–, desde la llegada al Gobierno autonómico de Galicia de una coalición formada por nacionalistas y socialistas, los ciudadanos nos estamos viendo sometidos a un proceso de imposición lingüística que nos aboca paulatinamente a un monolingüismo en gallego en la enseñanza y en la Administración, que lleva visos de extenderse a otros ámbitos, coartando las libertades de una parte de la población y perjudicando la formación de muchos escolares".

La asociación exlplica que "tras relacionar múltiples ejemplos de esas políticas de Touriño, como la señalización en carreteras, calles, ayuntamientos y otros organismos oficiales, la redacción de información de interés como la hospitalaria únicamente en gallego, la intención de sancionar a los comerciantes si rotulan en castellano, o la limitación de ayudas y subvenciones a ámbitos y actividades que excluyan el español, Lago se extendió al denunciar los efectos del denostado decreto que regula el uso del gallego en los colegios".

La presidenta de Galicia Bilingüe recordó la recomendación de la UNESCO en cuanto a los beneficios de recibir la enseñanza en lengua materna, como ocurre hoy con más del 90 por ciento de los escolares europeos, y alertó a los eurodiputados sobre el proceso de completa erradicación del español de los centros educativos, donde a menudo se tilda al castellano de idioma invasor no apto para la formación cultural. Añadió además que los libros de texto de lengua gallega no sólo contienen léxico, morfología, sintaxis o literatura, sino en gran medida ideología y política lingüística.

"Las autoridades –expuso Gloria Lago– afirman sin rubor que la educación es un sector estratégico para recuperar o ganar hablantes, y se utilizan argumentos falaces para justificar la inmersión. Se falsean datos sobre las políticas lingüísticas de otros países o se intenta tranquilizar a los padres con el absurdo argumento de que el español ya se aprende en la calle, obviando que el registro culto de un idioma se consigue en la escuela".

Gloria Lago puntualizó que entre los objetivos de Galicia Bilingüe no está la defensa de idioma alguno, sino la de derechos de los hablantes de dos lenguas que son oficiales. "En Galicia no existe conflicto entre comunidades lingüísticas –indicó– y muchos gallego hablantes nos muestran también su descontento con la actual situación, pues aunque quieren que sus hijos reciban la primera enseñanza en el idioma materno, desearían una mayor presencia del español en las etapas posteriores porque son conscientes del beneficio que eso supondría para la formación del alumno".

Lago relacionó después, una a una, las demandas de la asociación, especificando que pretende que las señalizaciones estén en los dos idiomas, que la Administración atienda a los ciudadanos en la lengua que estos elijan, que no se prime el conocimiento del gallego sobre la competencia profesional a la hora de contratar a un empleado público, que las subvenciones oficiales no estén completamente condicionadas por el uso del idioma, que cese el adoctrinamiento en la enseñanza y que los padres o los alumnos, si tienen edad suficiente, puedan elegir la lengua vehicular, teniendo la otra como asignatura obligatoria en todas las etapas educativas.

"Los defensores de la imposición –continuó la presidenta– llaman segregacionistas a los padres que pedimos poder elegir, lo que viene a suponer acusar a muchos gobiernos europeos de segregacionistas. Uno de los principios básicos de un sistema democrático es permitir escoger a los ciudadanos entre varias opciones compatibles". "Por todo eso –añadió finalmente– hemos venido hasta aquí, a una institución que es el símbolo de la democracia en Europa, para hacerles conscientes del grave problema que sufrimos y pedirles que nos ayuden a encontrar los cauces necesarios para denunciar esta injusta imposición. Necesitamos que toda Europa sepa lo que está sucediendo".

Su intervención provocó un debate en el que participaron distintos eurodiputados para expresar su sorpresa y su condena por la situación en Galicia. Algunos de ellos procedían de países con más de una lengua oficial. En todos los casos los ciudadanos son quienes eligen la lengua en la enseñanza y existe un bilingüismo real y respetuoso con los derechos
de todos, por ello la convivencia es tolerante.

Por otra parte, el eurodiputado portugües Vasco Graca Moura explicó que en el informe sobre el multilingüismo que está preparando para la comisión de cultura y educación de la eurocámara y que se aprobará el próximo feberero piensa plantear como principio la libertad de los padres para elegir la lengua en la que educan a susu hijos.