Hubo aquí un tiempo glorioso en que todo el mundo era capitán. Una época en que el más tonto no hacía relojes porque dedicaba su tiempo a arreglar el accidente de un petrolero. Iba uno a comprar el pan, y por el mismo precio de la barra se llevaba la solución final del chapapote. Acudía al cerrajero y éste le entregaba la llave del saber qué hacer con un monocasco de 81.589 toneladas que soltaba fuel en medio de una borrasca. El furor praestigis afectaba tanto al actor rebelde con serie en la televisión fraguista como a la señora usuaria de visones ajena a los futuros dictados del modisto y no modesto Pepiño. Poseídos por él, muchos medios perdieron la cuenta de las mareas negras que iban y venían de sus titulares, aunque no la de los ingresos extra que trae una buena catástrofe. Pocas veces disfrutamos de tal elenco de charlatanes y profetas como en la era de la negra sombra del Prestige. Qué espectáculo. Hasta se echa de menos a los más estrafalarios. ¿Dónde estarán los que anunciaron el percebe mutante? ¿Aferrados a la roca de la subvención, tal vez?
Cualquiera sabía entonces qué decisiones procedía haber tomado. Cualquiera, menos quien tuviera alguna responsabilidad en el asunto, que ése naturalmente carecía de conocimientos. Y el caso es que no bulleron en balde tantas neuronas. Aquel intelectual colectivo produjo algo. Alumbró un dogma. El cual venía a decir que nunca, bajo ninguna circunstancia, había de alejarse a un buque accidentado de la costa. Jamás de los jamases debía enviarse tal marrón al quinto pino. A ese pino, y a ser posible para colgarlo de una de sus ramas, tenía que mandarse a quien diera tal orden. Y si, además, al barco en cuestión se le cambiaba de rumbo en su periplo, entonces el delito era para juicio sumarísimo y fusilamiento en el acto. Por esos artículos de fe juraron muchos. Entre ellos, los que hoy ocupan las poltronas del gobierno central y del gallego. O sea, los mismos que hace unos días apartaban del litoral al Ostedijk con sus fertilizantes descompuestos. Y los mismos que acto seguido lo hacían pasear de sur a norte.
Es lo que tienen los dogmas inspirados por el oportunismo. Que sus mismos creadores han de incumplirlos cuando les toca bailar con los sucesos. Y entonces el espectáculo consiste en oírles decir digo donde dijeron Diego. En que Touriño defienda el alejamiento y reconozca que los vientos condicionan el rumbo. En que acepten él y su segundo de a bordo que no toque puerto el Ostedijk, por la sencilla razón de que no hay alcalde que quiera envolver a su pueblo, a sólo meses de las municipales, en una nube tóxica. Y consiste en escuchar el silencio de los intelectuales comprometidos con la mar sagrada y salada. Y en contemplar la discreción de los medios que hicieron su agosto un invierno con el alarmismo. Es cosa de ver su contención, la prudencia que destilan, el modo en que aseguran que no hay riesgos. Aún no se había enfriado la carga y ya enfriaban la noticia. Las obvias diferencias entre uno y otro caso no explican por sí solas tan completa mutación. La clave de que sea bueno ahora lo que antes era dañino reside en que no hace falta mandar al quinto pino al Gobierno en ejercicio. No hay que atizar la movilización ni el odio a cuenta de un accidente marítimo.
Reina la calma mientras serpea la gestión más o menos desafortunada del estropicio. Hubiera sido lo suyo cuando el Prestige. Pero lo convirtieron en un Apocalipsis. Entonces se acababa el mundo, ahora no pasa nada. Los que provocaron aquel estallido de histeria callan. Fueron tóxicos entonces y hoy, sólo irritantes. Como los gases del barco holandés que ya se ha ganado el sobrenombre del errante.
jueves, febrero 22, 2007
miércoles, febrero 21, 2007
El PP acusa a Cultura de beneficiar al entorno de Nunca Máis con contratos
El grupo del PP solicitó ayer la comparecencia parlamentaria de la conselleira de Cultura, la nacionalista Ánxela Bugallo, para explicar la «sucesión de anomalías» cometidas con el programa A cultura circula y el supuesto «trato de favor» hacia personas del entorno del BNG y de la plataforma Nunca Máis. El diputado Ignacio López-Chaves aseguró en rueda de prensa que el contrato suscrito con una firma vinculada al hermano del conselleiro de Innovación, el también nacionalista Fernando Blanco, es sólo «a punta do iceberg» de lo que considera es un programa utilizado para pagar «favores políticos» a quienes habrían ayudado a derrocar al Gobierno de Fraga.
Los populares tienen constancia de que, con cargo al citado programa, se firmaron contratos con al menos 59 empresas o profesionales por valor de 1,5 millones de euros. En el listado, siempre según el PP, existen varios nombres vinculados a las plataformas Nunca Máis y Burla Negra, ambas creadas para criticar la gestión de la Administración en el caso del Prestige .
Los populares tienen constancia de que, con cargo al citado programa, se firmaron contratos con al menos 59 empresas o profesionales por valor de 1,5 millones de euros. En el listado, siempre según el PP, existen varios nombres vinculados a las plataformas Nunca Máis y Burla Negra, ambas creadas para criticar la gestión de la Administración en el caso del Prestige .
Europa niega ayudas a Galicia por las tramas que denunció el Gobierno
Dice que el fuego que asoló la región no causó los «daños necesarios»
La Comisión Europea rechazó ayer la petición presentada el pasado 6 de octubre de 2006 por el Gobierno español para recibir ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea con el objetivo de hacer frente a los daños que causaron en agosto de ese mismo año los incendios en Galicia, que arrasaron en 12 días más de 82.000 hectáreas.
Los servicios de Política Regional, Presupuestos, y Agricultura y Desarrollo Rural del Ejecutivo comunitario han llegado a la conclusión de que la solicitud española no cumple las condiciones exigidas para tener derecho a las ayudas previstas en dicho Fondo. Entre otras cosas, señala la CE, porque «las autoridades españolas presentaron la catástrofe como de origen natural», pero el Ejecutivo comunitario observó que los medios de comunicación «difundieron las sospechas de las autoridades sobre un plan organizado» y que hubo varios arrestos relacionados con el fuego, sospechas anunciadas a los cuatro vientos por el Gobierno de Zapatero.
Bruselas argumenta que los gastos ocasionados por el fuego en Galicia no alcanzan los 3.000 millones de euros ni representan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta, criterios exigibles para poder movilizar el Fondo de Solidaridad, dotado con 1.000 millones de euros anuales. Las estimaciones presentadas por el Gobierno a Europa indican que los daños del fuego en Galicia fueron de 90,9 millones de euros.
No obstante, la comisaria de Política Regional ha dado instrucciones para que se examine si España puede beneficiarse del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, adaptando la dotación financiera prevista en el programa operativo para Galicia 2000-2006.
Nada más conocer la decisión, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pidió de nuevo que se cambien los criterios de concesión del Fondo de Solidaridad para que pueda destinarse también a paliar los efectos de incendios como los de Galicia.
El presidente de la comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, el eurodiputado del PP Gerardo Galeote, responsabilizó al anterior presidente de la Eurocámara, el socialista Josep Borrell,
y a Narbona de que la Comisión Europea se haya negado a flexibilizar la aplicación del Fondo Europeo de Solidaridad. Según explicó, Borrell «bloqueó» una decisión del pleno del Parlamento que, en septiembre de 2006, decidió enviar una delegación parlamentaria a Galicia con la intención de «sensibilizar» a la CE para que la catástrofe gallega se acogiese a la financiación prevista por este mecanismo.
La Comisión Europea rechazó ayer la petición presentada el pasado 6 de octubre de 2006 por el Gobierno español para recibir ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea con el objetivo de hacer frente a los daños que causaron en agosto de ese mismo año los incendios en Galicia, que arrasaron en 12 días más de 82.000 hectáreas.
Los servicios de Política Regional, Presupuestos, y Agricultura y Desarrollo Rural del Ejecutivo comunitario han llegado a la conclusión de que la solicitud española no cumple las condiciones exigidas para tener derecho a las ayudas previstas en dicho Fondo. Entre otras cosas, señala la CE, porque «las autoridades españolas presentaron la catástrofe como de origen natural», pero el Ejecutivo comunitario observó que los medios de comunicación «difundieron las sospechas de las autoridades sobre un plan organizado» y que hubo varios arrestos relacionados con el fuego, sospechas anunciadas a los cuatro vientos por el Gobierno de Zapatero.
Bruselas argumenta que los gastos ocasionados por el fuego en Galicia no alcanzan los 3.000 millones de euros ni representan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta, criterios exigibles para poder movilizar el Fondo de Solidaridad, dotado con 1.000 millones de euros anuales. Las estimaciones presentadas por el Gobierno a Europa indican que los daños del fuego en Galicia fueron de 90,9 millones de euros.
No obstante, la comisaria de Política Regional ha dado instrucciones para que se examine si España puede beneficiarse del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, adaptando la dotación financiera prevista en el programa operativo para Galicia 2000-2006.
Nada más conocer la decisión, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pidió de nuevo que se cambien los criterios de concesión del Fondo de Solidaridad para que pueda destinarse también a paliar los efectos de incendios como los de Galicia.
El presidente de la comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, el eurodiputado del PP Gerardo Galeote, responsabilizó al anterior presidente de la Eurocámara, el socialista Josep Borrell,
y a Narbona de que la Comisión Europea se haya negado a flexibilizar la aplicación del Fondo Europeo de Solidaridad. Según explicó, Borrell «bloqueó» una decisión del pleno del Parlamento que, en septiembre de 2006, decidió enviar una delegación parlamentaria a Galicia con la intención de «sensibilizar» a la CE para que la catástrofe gallega se acogiese a la financiación prevista por este mecanismo.
martes, febrero 20, 2007
La Comisión Europea no dará ayudas a Galicia por los incendios de 2006
La Comisión Europea (CE) decidió hoy no conceder ayudas del Fondo de Solidaridad de la UE a Galicia para paliar los efectos de los incendios forestales del verano de 2006, al estimar que no alcanzan los umbrales de daños necesarios.
La cifra comunicada por España en su petición a la CE -91 millones de euros- queda lejos de los umbrales mínimos de 3.000 millones o del 0,6 por ciento del Producto Nacional Bruto exigidos en el reglamento de este Fondo, dijo la portavoz de Política Regional del Ejecutivo comunitario, Ana-Paula Laissy.
Bruselas tampoco consideró que el fuego en Galicia encaje en la definición de "catástrofe regional fuera de lo común" prevista en el reglamento para desastres "principalmente naturales" que afecten a la mayor parte de la población de una región o causen daños graves y prolongados en sus condiciones de vida o en su economía.
"Lo hemos examinado muy minuciosamente, pero desafortunadamente no se dan las condiciones", dijo la portavoz.
La comisaria de Política Regional, la polaca Danuta Hubner, ha encargado a sus servicios que estudien la opción de compensar a los afectados redistribuyendo ayudas del Fondo Europeo de Garantía Agraria o de los Fondos Europeos de Desarrollo, según la portavoz.
"La voluntad política de la Comisión es ayudar a los Estados miembros de la mejor manera posible", subrayó Laissy, que recordó que España ya se benefició de las ayudas del Fondo de Solidaridad: 8,6 millones tras el hundimiento del Prestige, en 2002, y 1,3 millones por el impacto en España de incendios en Portugal.
España solicitó el pasado 9 de octubre las ayudas para Galicia del Fondo de Solidaridad, un instrumento que cubre gastos relacionados con la asistencia de emergencia a la población civil tras una catástrofe y que no estén cubiertos por los seguros.
En contra de los argumentos empleados por las autoridades españolas, la CE rechazó la petición al entender que la catástrofe no afectó a la mayor parte de la población gallega, ni tuvo efectos graves y prolongados sobre su economía, pues los daños representan sólo el 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto de la autonomía.
Además, según figura en el texto escrito de la decisión, las "autoridades españolas presentaron la catástrofe como de origen natural", pero el Ejecutivo comunitario observó que los medios de comunicación "difundieron las sospechas de las autoridades sobre un plan organizado" y que hubo varios arrestos relacionados con el fuego.
"Parece probable que una parte significativa de los incendios registrados no tuvo origen natural y no entran por tanto en el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad", concluyó la CE.
La portavoz declinó "especular" sobre la posibilidad de que la suma de los daños causados por los incendios y por las posteriores inundaciones hubiese permitido a Galicia realizar una segunda petición esta vez sí dentro de los umbrales del Fondo.
"Es verdad que la comisaria Hubner ha manifestado su voluntad de ayudar por todos los medios posibles y estábamos dispuestos a analizar una segunda petición. Pero esta segunda petición no ha llegado. Suponemos que las autoridades españolas o gallegas no han considerado que los daños fuesen suficientes", explicó.
En paralelo a la decisión sobre Galicia, la Comisión Europea decidió hoy conceder una ayuda de 9,3 millones de euros a Grecia por las inundaciones sufridas en su territorio el pasado marzo.
Laissy explicó que en este caso si se cumplen los requisitos impuestos por el reglamento del fondo.
La cifra comunicada por España en su petición a la CE -91 millones de euros- queda lejos de los umbrales mínimos de 3.000 millones o del 0,6 por ciento del Producto Nacional Bruto exigidos en el reglamento de este Fondo, dijo la portavoz de Política Regional del Ejecutivo comunitario, Ana-Paula Laissy.
Bruselas tampoco consideró que el fuego en Galicia encaje en la definición de "catástrofe regional fuera de lo común" prevista en el reglamento para desastres "principalmente naturales" que afecten a la mayor parte de la población de una región o causen daños graves y prolongados en sus condiciones de vida o en su economía.
"Lo hemos examinado muy minuciosamente, pero desafortunadamente no se dan las condiciones", dijo la portavoz.
La comisaria de Política Regional, la polaca Danuta Hubner, ha encargado a sus servicios que estudien la opción de compensar a los afectados redistribuyendo ayudas del Fondo Europeo de Garantía Agraria o de los Fondos Europeos de Desarrollo, según la portavoz.
"La voluntad política de la Comisión es ayudar a los Estados miembros de la mejor manera posible", subrayó Laissy, que recordó que España ya se benefició de las ayudas del Fondo de Solidaridad: 8,6 millones tras el hundimiento del Prestige, en 2002, y 1,3 millones por el impacto en España de incendios en Portugal.
España solicitó el pasado 9 de octubre las ayudas para Galicia del Fondo de Solidaridad, un instrumento que cubre gastos relacionados con la asistencia de emergencia a la población civil tras una catástrofe y que no estén cubiertos por los seguros.
En contra de los argumentos empleados por las autoridades españolas, la CE rechazó la petición al entender que la catástrofe no afectó a la mayor parte de la población gallega, ni tuvo efectos graves y prolongados sobre su economía, pues los daños representan sólo el 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto de la autonomía.
Además, según figura en el texto escrito de la decisión, las "autoridades españolas presentaron la catástrofe como de origen natural", pero el Ejecutivo comunitario observó que los medios de comunicación "difundieron las sospechas de las autoridades sobre un plan organizado" y que hubo varios arrestos relacionados con el fuego.
"Parece probable que una parte significativa de los incendios registrados no tuvo origen natural y no entran por tanto en el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad", concluyó la CE.
La portavoz declinó "especular" sobre la posibilidad de que la suma de los daños causados por los incendios y por las posteriores inundaciones hubiese permitido a Galicia realizar una segunda petición esta vez sí dentro de los umbrales del Fondo.
"Es verdad que la comisaria Hubner ha manifestado su voluntad de ayudar por todos los medios posibles y estábamos dispuestos a analizar una segunda petición. Pero esta segunda petición no ha llegado. Suponemos que las autoridades españolas o gallegas no han considerado que los daños fuesen suficientes", explicó.
En paralelo a la decisión sobre Galicia, la Comisión Europea decidió hoy conceder una ayuda de 9,3 millones de euros a Grecia por las inundaciones sufridas en su territorio el pasado marzo.
Laissy explicó que en este caso si se cumplen los requisitos impuestos por el reglamento del fondo.
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