La hipocresía nacional-socialista no tiene límites...
Anna Hernández prefiere que estudien alemán e inglés, porque son una garantía para tener trabajo seguro. "El catalán lo hablan, pero lo escriben con muchas faltas", señala.
En la biografía sobre su esposo, José Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña, presentada ayer, su esposa, Anna Hernández, detalla que dos de sus tres hijos gemelos van al Colegio Alemán.
Asegurando que no es un centro elitista, a pesar de su carácter privado.
Hernández dijo que escogió esta escuela porque está cerca de casa y conoce a sus profesores, y por la importancia que le da a las lenguas extranjeras. "Los niños saldrán de allí dominando perfectamente el
alemán y el inglés. Es una maravilla. Sólo por saber alemán ya encontrarán trabajo. Es como tener una carrera", agregó. Explicó que fue difícil matricularlos y que en el centro, "todo se hace en alemán", incluso las reuniones de padres, y en inglés que se estudia a través del alemán. El tercero de los gemelos va en otro centro, porque así se lo aconsejaron los psicólogos, aunque por la tarde, los tres hijos hacen clases de repaso con un profesor particular que tiene el alemán con su lengua nativa. Así, Hernández comenta que a veces los niños hablan entre ellos alemán con total normalidad, y cuando los oye, la madre les pregunta: "Qué, ¿ya estás hablando mal de mi?".Esa apuesta por el alemán e inglés ha dejado en un segundo plano al catalán y, por supuesto al castellano. Hernández no tiene problemas en reconocerlo. Asegura que sus dos hijos reciben clase de catalán sólo una hora a la semana. "Saben el catalán perfectamente, aunque cuando lo escriben hacen muchas faltas. Hacen poco catalán, esta es la verdad, una hora a la semana es poquísimo, pero ya lo arreglaré más adelante", añadió.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, José Montilla, restó este viernes importancia a que lleve a dos de sus hijos al Colegio Alemán situado en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ante la polémica que ha suscitado porque en este centro la lengua básica de escolarización no es el catalán, como ocurre con la práctica totalidad de escuelas catalanas.
"Quiero que mis hijos sepan castellano y catalán, pero también alemán e inglés", aseguró Montilla, quien recordó que otros de sus hijos han sido escolarizados en centros públicos, en declaraciones a Onda Cero Radio recogidas por Europa Press.
"Que se lo hagan mirar", dijo Montilla a quienes lo critican, y añadió que a él no le interesa a qué centro lleva a sus hijos el presidente del PP, Mariano Rajoy.
sábado, febrero 27, 2010
viernes, febrero 26, 2010
Pérez Reverte y la memoria histórica: "Aquí todos hemos sido igual de hijos de puta"
Sin pelos en la lengua. Así se ha expresado el escritor Arturo Pérez Reverte, que ha cargado contra la Ley de la Memoria Histórica, porque considera que el problema "atribuir los males de un período a cuatro fascistas y dos generales es desvincular la explicación y hacerla imposible".
Arturo Pérez Reverte, entrevistado en El Mundo con motivo de su nuevo libro, El asedio. Como suele ser habitual, el escritor no tiene problema en arremeter contra todo y contra todos, y especialmente contra la "dictadura impuesta con la Ley de Memoria Histórica. Reverte considera que "España es un país gozosametne inculto, deliberadamente inculto, que incluso alardea de ser inculto, y con gente así, hacer esa ley de memoria histórica es ponerle una pistola en la mano"."Mi memoria histórica tiene tres mil años ¿sabes?, y el problema es que la memoria histórica analfabeta es muy peligrosa" añade "Porque contemplar el conflicto del año 36 al 39 y la represión posterior como un elemento aislado, como un período concreto y estanco respecto al resto de nuestra historia es un error, poque el cainismo del español solo se entiende en un contexto muy amplio".
Para el célebre escritor "atribuir los males de un período a cuatro fascistas y dos generales es desvincular la explicación y hacerla imposible. Que un político analfabeto, sea del partido que sea, que no ha leído un libro en su vida, me hable de memoria histórica porque le contó su abuelo algo no me vale para nada".
"Cualquiera que haya leído historia de España sabe aquí todos hemos sido hijos de puta. TODOS" sostiene el escritor, que además, añade sorprendentes opiniones: "El problema de España, a diferencia de Francia, es que no hubo una guillotina en la Puerta del Sol que le picara el billete a los curas, a los reyes, a los obispos y a los aristócratas... y al que no quisiera ser libre le obligara a ser libre a la fuerza".
Y continúa: "Hemos fusilado tarde y mal, y no ha servido de nada. El momento histórico era ese, el final del siglo XVIII. Las cabezas de Carlos IV y de Fernando VII en un cesto, y de paso de algunos obispos y unos cuantos más, habrían cambiado mucho, y para bien, la Historia de España" asegura.
jueves, febrero 25, 2010
El Supremo abre el tercer proceso contra Garzón
El juez estrella de la izquierda sigue siendo noticia (como a él le encanta), pero esta vez siendo la víctima de sus propias fechorías. Y es que no hay dos sin tres, y menos mal que se supone que un juez debe predicar con el ejemplo...
La admisión de esta acción penal se suma a las que ya tramita el Supremo contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York.
El Tribunal Supremo admitió este jueves a trámite una tercera querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, presentada por el ex fiscal de este órgano y abogado Ignacio Pelaez que considera que Garzón prevaricó al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cerebros de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
La admisión de esta acción penal contra Garzón se suma a las que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que este magistrado permaneció durante un permiso de estudios.
La admisión de esta acción penal se suma a las que ya tramita el Supremo contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York.
El Tribunal Supremo admitió este jueves a trámite una tercera querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, presentada por el ex fiscal de este órgano y abogado Ignacio Pelaez que considera que Garzón prevaricó al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cerebros de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
La admisión de esta acción penal contra Garzón se suma a las que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que este magistrado permaneció durante un permiso de estudios.
martes, febrero 23, 2010
El líder de CC OO preside una consultora de pensiones privadas
La hipocresía en grado sumo. Menuda banda...
Los sindicatos salen hoy a la calle para protestar contra la pretensión del Gobierno de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y para reivindicar el sistema público de pensiones como “patrimonio de la sociedad española”, según defendió el pasado viernes un vehemente Cándido Méndez ante la Asamblea de delegados sindicales de Madrid. Lo que seguramente no sepan esos delegados –ni nadie prácticamente porque ya se encargan ellos de ocultarlo con celo– es que tanto la Unión General de Trabajadores como Comisiones Obreras vienen obteniendo desde hace años suculentos ingresos de la gestión de los fondos y planes privados de pensiones.
El día 1 de julio de 2005, el consejo de administración de la Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL, cuyo secretario era y es Antonio Ferrer Sais (el Toni Ferrer al que todos conocemos como secretario de Acción Sindical de UGT) certificaba ante el Registro Mercantil el nombramiento como nuevo presidente de la firma de Ignacio Fernández Toxo (por aquel entonces secretario de Políticas Sectoriales; hoy, secretario general de CC OO) en sustitución del también sindicalista de Comisiones Fernando Puig-Samper.
La sede social de dicha consultora se ubica en Madrid, en el número 54 de la calle Bravo Murillo, y en el ejercicio 2007 (últimas cuentas a las que ha tenido acceso LA GACETA) declaró unos beneficios de 91.680,82 euros. Según consta en el Registro, el objeto social y la actividad de la consultora que encabeza Fernández Toxo “es la realización de estudios, asesoramiento, consultoría, auditoría, evaluación y revisión de los estados económicos, financiero, jurídico y actuarial, de Planes y Fondos de Pensiones y de todas las variedades y concepciones de previsión social, por lo que dedicará su actividad a cuantas cuestiones afecten a su desarrollo”.
Piensan los representantes de los trabajadores, y lo dicen cada vez que tienen ocasión, que las pensiones privadas no son la solución, sino el negocio de unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. ¿Suscribirán ese mensaje en la intimidad el mandamás y los consejeros de la Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL?
GPP
Pero no acaba aquí la aventura de las dos centrales mayoritarias en el negocio de las pensiones privadas. Ni mucho menos. CC OO y UGT –siempre al alimón, como en las jugosas subvenciones que reciben del Gobierno de Zapatero– se dan la mano con una entidad bancaria en Gestión de Previsión y Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones SA. El banco que preside Francisco González posee el 60% del capital; Comisiones, el 20% y la Unión General de Trabajadores, el 20% restante.
Como consta en el Registro Mercantil de Madrid “de conformidad con lo dispuesto en las normas de funcionamiento de los distintos Fondos, las comisiones de gestión no pueden exceder del 2% anual del patrimonio del Fondo gestionado”.
Los especialistas consultados por este diario consideran más que viable la opción de que ambos sindicatos “estén jugando” hasta ese límite con las nóminas de sus afiliados en las empresas, a fin de obtener el máximo beneficio para la gestora de la que forman parte.
Fonditel
Antes de que la crisis económica empezara a dar sus primeros síntomas, a cierre de 2007, GPP gestionaba un total de 46 fondos de pensiones. Muchos, lógicamente, llevan la rúbrica del Bilbao Vizcaya Argentaria, pero en la relación aparecen un total de 46 compañías tanto públicas como privadas. En el primer grupo se incluyen la Corporación RTVE o el gestor de las infraestructuras aeroportuarias AENA; en el segundo, la petrolera Repsol, Enagás, la cervecera Mahou o Unilever.
A diferencia de la consultora que preside Toxo, en este caso los sindicatos son menos reacios a reconocer su papel como gestores del sistema complementario de pensiones. Hace un par de años, sin ir más lejos, Comisiones Obreras presumía de que GPP era la primera institución española en adherirse a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Todo por la pasta, sí, pero también por la ideología.
La otra gestora de pensiones donde participan los dos sindicatos mayoritarios con un 30% del accionariado es Fonditel, del Grupo Telefónica.
Fue constituida en 1992 como entidad para administrar el plan privado de prestaciones de los empleados de la operadora. Una década después, al calor del boom de los mercados, la gestora estaba autorizada en 2003 para comercializar también fondos de inversión, una iniciativa que hizo brillar y mucho a Fonditel por el éxito de algunos de sus productos, como los rentabilísimos Velociraptor o Albatros. Pero aquella trayectoria se truncó a comienzos de 2007, aunque las primeras señales de alarma saltaron con los discretos resultados que cosechó el plan de pensiones en el ejercicio 2006 a pesar de la excelente evolución de las Bolsas.
Mucho más cerca en el tiempo, a comienzos del año pasado, se supo que el plan de pensiones de Fonditel había sido uno de los principales afectados por la quiebra de Lehman Brothers, como después llegaría la confirmación de que tampoco se libró del escándalo Madoff. La gestora de Telefónica es noticia estos días por los cambios en su equipo directivo.
Denunciaba Gaspar Llamazares la semana pasada en el Congreso de los Diputados que, detrás de la propuesta del Gobierno de elevar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, “podría esconderse la intención de favorecer las pensiones privadas frente a las públicas, pues las primeras han perdido un 20% de su valor”. Para disgusto de los líderes de CC OO y UGT, debió añadir el diputado de Izquierda Unida.
Papá Estado
La reforma que se plantea para sostener el modelo de previsión del Estado se reclama igualmente para una actividad que, si se compara con los países de nuestro entorno, ha quedado disminuida. En España, los planes privados representan el 12% del PIB, mientras que en Holanda, por ejemplo, alcanzan el 140%. El régimen fiscal con el que se trata el capital acumulado como salario diferido, es la principal crítica que se le hace al sistema desde los sindicatos, las empresas y el propio sector de la inversión colectiva. Pero no es la única. La idea de que el sistema público será suficiente para mantener un buen poder adquisitivo tras la jubilación resulta tan extendida como equivocada.
Desde la patronal Inverco se insiste en el mensaje de que nuestros gobernantes nunca se han atrevido a explicar a los ciudadanos que el sistema público no aguanta. Y es obvio que no se puede confiar al 100% en papá Estado. Y menos en estos tiempos que corren.
Los sindicatos salen hoy a la calle para protestar contra la pretensión del Gobierno de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y para reivindicar el sistema público de pensiones como “patrimonio de la sociedad española”, según defendió el pasado viernes un vehemente Cándido Méndez ante la Asamblea de delegados sindicales de Madrid. Lo que seguramente no sepan esos delegados –ni nadie prácticamente porque ya se encargan ellos de ocultarlo con celo– es que tanto la Unión General de Trabajadores como Comisiones Obreras vienen obteniendo desde hace años suculentos ingresos de la gestión de los fondos y planes privados de pensiones.
El día 1 de julio de 2005, el consejo de administración de la Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL, cuyo secretario era y es Antonio Ferrer Sais (el Toni Ferrer al que todos conocemos como secretario de Acción Sindical de UGT) certificaba ante el Registro Mercantil el nombramiento como nuevo presidente de la firma de Ignacio Fernández Toxo (por aquel entonces secretario de Políticas Sectoriales; hoy, secretario general de CC OO) en sustitución del también sindicalista de Comisiones Fernando Puig-Samper.
La sede social de dicha consultora se ubica en Madrid, en el número 54 de la calle Bravo Murillo, y en el ejercicio 2007 (últimas cuentas a las que ha tenido acceso LA GACETA) declaró unos beneficios de 91.680,82 euros. Según consta en el Registro, el objeto social y la actividad de la consultora que encabeza Fernández Toxo “es la realización de estudios, asesoramiento, consultoría, auditoría, evaluación y revisión de los estados económicos, financiero, jurídico y actuarial, de Planes y Fondos de Pensiones y de todas las variedades y concepciones de previsión social, por lo que dedicará su actividad a cuantas cuestiones afecten a su desarrollo”.
Piensan los representantes de los trabajadores, y lo dicen cada vez que tienen ocasión, que las pensiones privadas no son la solución, sino el negocio de unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. ¿Suscribirán ese mensaje en la intimidad el mandamás y los consejeros de la Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL?
GPP
Pero no acaba aquí la aventura de las dos centrales mayoritarias en el negocio de las pensiones privadas. Ni mucho menos. CC OO y UGT –siempre al alimón, como en las jugosas subvenciones que reciben del Gobierno de Zapatero– se dan la mano con una entidad bancaria en Gestión de Previsión y Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones SA. El banco que preside Francisco González posee el 60% del capital; Comisiones, el 20% y la Unión General de Trabajadores, el 20% restante.
Como consta en el Registro Mercantil de Madrid “de conformidad con lo dispuesto en las normas de funcionamiento de los distintos Fondos, las comisiones de gestión no pueden exceder del 2% anual del patrimonio del Fondo gestionado”.
Los especialistas consultados por este diario consideran más que viable la opción de que ambos sindicatos “estén jugando” hasta ese límite con las nóminas de sus afiliados en las empresas, a fin de obtener el máximo beneficio para la gestora de la que forman parte.
Fonditel
Antes de que la crisis económica empezara a dar sus primeros síntomas, a cierre de 2007, GPP gestionaba un total de 46 fondos de pensiones. Muchos, lógicamente, llevan la rúbrica del Bilbao Vizcaya Argentaria, pero en la relación aparecen un total de 46 compañías tanto públicas como privadas. En el primer grupo se incluyen la Corporación RTVE o el gestor de las infraestructuras aeroportuarias AENA; en el segundo, la petrolera Repsol, Enagás, la cervecera Mahou o Unilever.
A diferencia de la consultora que preside Toxo, en este caso los sindicatos son menos reacios a reconocer su papel como gestores del sistema complementario de pensiones. Hace un par de años, sin ir más lejos, Comisiones Obreras presumía de que GPP era la primera institución española en adherirse a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Todo por la pasta, sí, pero también por la ideología.
La otra gestora de pensiones donde participan los dos sindicatos mayoritarios con un 30% del accionariado es Fonditel, del Grupo Telefónica.
Fue constituida en 1992 como entidad para administrar el plan privado de prestaciones de los empleados de la operadora. Una década después, al calor del boom de los mercados, la gestora estaba autorizada en 2003 para comercializar también fondos de inversión, una iniciativa que hizo brillar y mucho a Fonditel por el éxito de algunos de sus productos, como los rentabilísimos Velociraptor o Albatros. Pero aquella trayectoria se truncó a comienzos de 2007, aunque las primeras señales de alarma saltaron con los discretos resultados que cosechó el plan de pensiones en el ejercicio 2006 a pesar de la excelente evolución de las Bolsas.
Mucho más cerca en el tiempo, a comienzos del año pasado, se supo que el plan de pensiones de Fonditel había sido uno de los principales afectados por la quiebra de Lehman Brothers, como después llegaría la confirmación de que tampoco se libró del escándalo Madoff. La gestora de Telefónica es noticia estos días por los cambios en su equipo directivo.
Denunciaba Gaspar Llamazares la semana pasada en el Congreso de los Diputados que, detrás de la propuesta del Gobierno de elevar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, “podría esconderse la intención de favorecer las pensiones privadas frente a las públicas, pues las primeras han perdido un 20% de su valor”. Para disgusto de los líderes de CC OO y UGT, debió añadir el diputado de Izquierda Unida.
Papá Estado
La reforma que se plantea para sostener el modelo de previsión del Estado se reclama igualmente para una actividad que, si se compara con los países de nuestro entorno, ha quedado disminuida. En España, los planes privados representan el 12% del PIB, mientras que en Holanda, por ejemplo, alcanzan el 140%. El régimen fiscal con el que se trata el capital acumulado como salario diferido, es la principal crítica que se le hace al sistema desde los sindicatos, las empresas y el propio sector de la inversión colectiva. Pero no es la única. La idea de que el sistema público será suficiente para mantener un buen poder adquisitivo tras la jubilación resulta tan extendida como equivocada.
Desde la patronal Inverco se insiste en el mensaje de que nuestros gobernantes nunca se han atrevido a explicar a los ciudadanos que el sistema público no aguanta. Y es obvio que no se puede confiar al 100% en papá Estado. Y menos en estos tiempos que corren.
lunes, febrero 22, 2010
Un alto cargo de Aído cobró más de 30.000 euros por kilometraje sin tener carné
Principio básico del socialismo: choricea mientras puedas, y después... también.
Laura Seara es ahora directora general del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad que dirige Bibiana Aído. La socialista cobró entre 27.000 y 28.000 euros en la anterior legislatura gallega que encabezaba el socialista Touriño y el nacionalista Quintana y unos 4.000 desde el cambio de Gobierno.
La ex diputada se desplazaba desde Orense al Parlamento gallego en un coche oficial de la Xunta conducido por un chofer a cargo del erario público.
http://www.abc.es/20100222/nacional-politica/alto-cargo-aido-cobro-20100222.html
Laura Seara, ex portavoz socialista de Igualdad en la Cámara gallega y ahora directora general del Instituto de la Mujer, dependiente del ministerio de Aído, cobró 31.000 euros por kilometraje pese a no tener ni coche ni carné.
Según informa ABC, Seara cobraba una media de 750 euros al mes en dietas por kilometraje pese a que ni tenía coche, ni tenía carné y utilizaba un automóvil de la Xunta de Galicia, mientras fue portavoz socialista para Políticas Sociales e Igualdad en la Cámara gallega con el Gobierno de Touriño y Quintana.Laura Seara es ahora directora general del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad que dirige Bibiana Aído. La socialista cobró entre 27.000 y 28.000 euros en la anterior legislatura gallega que encabezaba el socialista Touriño y el nacionalista Quintana y unos 4.000 desde el cambio de Gobierno.
La ex diputada se desplazaba desde Orense al Parlamento gallego en un coche oficial de la Xunta conducido por un chofer a cargo del erario público.
http://www.abc.es/20100222/nacional-politica/alto-cargo-aido-cobro-20100222.html
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