He aquí las soluciones habitacionales de la Ministra Trujillo del PSOE
miércoles, abril 13, 2005
Internet lanza un grito unánime para mostrar su "absoluto" rechazo al canon sobre soportes digitales
Cabe recordar que este canon está respaldado por el Gobierno, el PSOE y la UGT (sindicato del PSOE). También es criticable la tibieza del PP con este tema, teniendo una grandísima oportunidad de hacer una buena oposición.
Doce organizaciones de usuarios, profesionales, empresas y sindicatos han firmado un manifiesto conjunto para expresar su rechazo "absoluto" al establecimiento de un canon que grave a los soportes, equipos, redes de telecomunicaciones o accesos a Internet. Bien al contrario, abogan por la utilización de los sistemas digitales de control ya existentes para gestionar los derechos de autor.
L D (Europa Press) Este manifiesto se firma frente a la opinión expresada por entidades gestoras de derechos de autor, partidarias del canon, y como respuesta al plan antipiratería aprobado por el Gobierno el pasado viernes. Se trata de la primera vez que todo el sector de Internet (empresas, usuarios, ingenieros, etcétera) publican un texto común para que no se perjudique el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.
Las organizaciones expresan su rechazo a gravar los soportes, los equipos o redes y la tecnología en general con cánones o impuestos "cuyos beneficiarios sean un sector económico determinado o una actividad de intermediación específica". Además, rechazan que los que fabrican soportes, equipos o gestionan las redes de telecomunicaciones sean correponsables de los contenidos que se almacenan o se mueven por ellos.
Los firmantes exigen el uso "único y masivo" de medidas técnicas de protección (TPMs) y de sistemas digitales de gestión de derechos (DRMs) para la protección de los derechos de autor, bajo el principio de la libertad tecnológica. Además, abogan por la participación de todos los agentes involucrados en la búsqueda de soluciones adecuadas y sostenibles en el nuevo entorno digital, "que permitan el desarrollo de la Sociedad de la Información, la mejora de la competitividad de las empresas y la libertad de acceso a los contenidos".
El canon no ataja la piratería
En opinión de los firmantes, el canon digital "no erradica en ningún caso las actividades vulneradoras de los derechos de autor, como la piratería o el top manta, e incentiva el fraude por los beneficios que supone hurtar su pago". Añaden que un canon "incrementaría el coste de soportes, equipos y servicios, propiciando la deslocalización de actividades en otros países que no tienen este gravamen". Además, resaltan que el establecimiento de un canon "es una manera de penalizar indiscriminadamente a todos los usuarios, independientemente del uso que luego den a los soportes digitales gravados con el mismo".
Las asociaciones denuncian que en este momento se está "presionando" en los medios de comunicación "con la pretensión de legislar en favor de un canon o impuesto que grave a los soportes, equipos, redes de telecomunicaciones o accesos a Internet". Para ello, añaden, "se criminaliza al usuario y al proveedor de tecnologías, comparándolos con los grupos que vulneran sistemáticamente y con ánimo de lucro los derechos de propiedad intelectual y las mafias que los sustentan". A su juicio, un "anacrónico e injusto" canon "daría al traste" con el esfuerzo colectivo desarrollado por Administración, empresas y ciudadanos.
El manifiesto 'Todos contra el canon digital' está firmado por la Asociación de Usuarios de Internet (AI), la Confederación de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACU), la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Comisiones Obreras (CCOO), la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL), la Asociación Música en Internet (AMI), la Confederación Española de Centros de Formación y Academias Privadas (CECAP)) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT).
lunes, abril 11, 2005
Trujillo apuesta por "soluciones imaginativas" de 25 metros cuadrados "adecuadas a cada ciclo vital"
NUEVAS "VIVIENDAS MODULARES" DE PROTECCIÓN OFICIAL
El Gobierno estudia modificar la legislación sobre la Vivienda de Protección Oficial (VPO) para que puedan ser más pequeñas, incluso de sólo unos 25 metros cuadrados, según ha anunciado la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. La idea es poner en marcha "soluciones imaginativas y sostenibles" con "espacios comunes para todos los vecinos, como pasillos, lavaderos, portería, trasteros o puntos de reciclaje". El PP ha calificado este anuncio de "bochornoso" y contrario al derecho constitucional.
LD (Agencias) Durante la inauguración del Salón Construmat en Barcelona, Trujillo ha calificado la actual normativa de VPO de "encorsetada" y ha añadido que el objetivo es modificar la legislación para que se puedan construir viviendas de protección oficial más pequeñas, "adecuadas a cada ciclo vital de las personas".La ministra ha eludido pronunciarse sobre el tamaño mínimo definitivo de las viviendas protegidas, aunque sí ha dicho que "hay que seguir el modelo de los países nórdicos" y ha apuntado que "una persona joven puede necesitar sólo un apartamento de 30 metros cuadrados".
En opinión de la ministra, "esto no es una regresión", sino que se trata de "seguir los modelos de los países más avanzados en temas de vivienda, como son los países nórdicos", donde "se apuesta por viviendas modulares que incluso se pueden ampliar anexionando el piso de al lado cuando cambia el ciclo vital de la persona". A cambio, según la nota de prensa entregada por el Ministerio, "se proponen soluciones imaginativas y sostenibles y la creación de espacios comunes para todos los vecinos del edificio, como pasillo, lavaderos, portería, trasteros o puntos de reciclaje".
De momento, Vivienda ha suscrito un convenio con Fira de Barcelona para estudiar este tipo de soluciones con el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC) y con la Fundación Mies Van der Rohe. El estudio para el proyecto estará dotado con 530.000 euros, de los que el ministerio aporta 120.000 euros, con el objetivo de conseguir "un espacio mínimo habitable con un presupuesto limitado".
Según se reconoce en la nota de prensa de Vivienda, el proyecto APTM (un acrónimo de apartamento) "presenta una propuesta arriesgada: la reducción del espacio mínimo habitable a 25 ó 30 metros cuadrados con cuatro metros de altura". El Ministerio indica que el punto de partida del estudio es "buscar una solución a las dificultades de acceso a una vivienda digna".Los miniapartamentos han sido uno de los puntos que más atentamente ha visitado la ministra Trujillo durante su paseo por los pabellones de Construmat. Los proyectos que se presentan en este Salón muestran pequeños apartamentos con mucho diseño, poco espacio y el uso de materiales reciclados como material de construcción.
El Gobierno estudia modificar la legislación sobre la Vivienda de Protección Oficial (VPO) para que puedan ser más pequeñas, incluso de sólo unos 25 metros cuadrados, según ha anunciado la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. La idea es poner en marcha "soluciones imaginativas y sostenibles" con "espacios comunes para todos los vecinos, como pasillos, lavaderos, portería, trasteros o puntos de reciclaje". El PP ha calificado este anuncio de "bochornoso" y contrario al derecho constitucional.
LD (Agencias) Durante la inauguración del Salón Construmat en Barcelona, Trujillo ha calificado la actual normativa de VPO de "encorsetada" y ha añadido que el objetivo es modificar la legislación para que se puedan construir viviendas de protección oficial más pequeñas, "adecuadas a cada ciclo vital de las personas".La ministra ha eludido pronunciarse sobre el tamaño mínimo definitivo de las viviendas protegidas, aunque sí ha dicho que "hay que seguir el modelo de los países nórdicos" y ha apuntado que "una persona joven puede necesitar sólo un apartamento de 30 metros cuadrados".
En opinión de la ministra, "esto no es una regresión", sino que se trata de "seguir los modelos de los países más avanzados en temas de vivienda, como son los países nórdicos", donde "se apuesta por viviendas modulares que incluso se pueden ampliar anexionando el piso de al lado cuando cambia el ciclo vital de la persona". A cambio, según la nota de prensa entregada por el Ministerio, "se proponen soluciones imaginativas y sostenibles y la creación de espacios comunes para todos los vecinos del edificio, como pasillo, lavaderos, portería, trasteros o puntos de reciclaje".
De momento, Vivienda ha suscrito un convenio con Fira de Barcelona para estudiar este tipo de soluciones con el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC) y con la Fundación Mies Van der Rohe. El estudio para el proyecto estará dotado con 530.000 euros, de los que el ministerio aporta 120.000 euros, con el objetivo de conseguir "un espacio mínimo habitable con un presupuesto limitado".
Según se reconoce en la nota de prensa de Vivienda, el proyecto APTM (un acrónimo de apartamento) "presenta una propuesta arriesgada: la reducción del espacio mínimo habitable a 25 ó 30 metros cuadrados con cuatro metros de altura". El Ministerio indica que el punto de partida del estudio es "buscar una solución a las dificultades de acceso a una vivienda digna".Los miniapartamentos han sido uno de los puntos que más atentamente ha visitado la ministra Trujillo durante su paseo por los pabellones de Construmat. Los proyectos que se presentan en este Salón muestran pequeños apartamentos con mucho diseño, poco espacio y el uso de materiales reciclados como material de construcción.
Un eurodiputado alemán pide que se abra una investigación sobre la venta de armas a Venezuela
El presidente de la comisión de Seguridad y Defensa de la Eurocámara, el democristriano alemán Karl Von Wogau, solicitó este lunes en el pleno de Estrasburgo la apertura de una investigación sobre el contrato de venta de armas a Venezuela firmado por el Gobierno español para comprobar si respeta el Código de Conducta sobre Exportación de Armas vigente desde 1998. Von Wogau se mostró preocupado por el uso que Chávez pueda dar a las armas en una región inestable por la existencia de grupos narcoterroristas.
L D (Europa Press) El eurodiputado alemán pidió al presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, que "verifique en qué medida estas acciones vulneran las disposiciones del Código de Conducta sobre Exportación de Armas". A su juicio, el contrato podría incumplir el criterio cuarto de dicho Código, que estable que los Estados miembros deben abstenerse de exportar armas a terceros países si ello supone un peligro para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.
Asimismo, se preguntó si la venta de armas de España a Venezuela va también en contra del “principio de prudencia” que la Unión Europea y sus Estados miembros deben aplicar a la hora de exportar armas a terceros países.
Von Wogau recordó que el contrato firmado implica la venta de cuatro corbetas, cuatro patrulleras, 10 aviones de transporte y 2 de vigilancia marítima, que se suman a 100.000 rifles 'kalasnikov' que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha comprado recientemente a Rusia. "Teniendo en cuenta que el Ejército venezolano sólo tiene 30.000 efectivos, parece mucho armamento", dijo.
El eurodiputado del Partido Popular Europeo señaló que la Eurocámara ha adoptado en varias ocasiones resoluciones para expresar que la cooperación y la contribución de la UE a la paz en esa región "no deben ser en términos militares", y expresó sus dudas sobre los usos que pueda dar Venezuela a dicho armamento en una región de por sí inestable por la existencia de grupos narcoterroristas.
L D (Europa Press) El eurodiputado alemán pidió al presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, que "verifique en qué medida estas acciones vulneran las disposiciones del Código de Conducta sobre Exportación de Armas". A su juicio, el contrato podría incumplir el criterio cuarto de dicho Código, que estable que los Estados miembros deben abstenerse de exportar armas a terceros países si ello supone un peligro para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.
Asimismo, se preguntó si la venta de armas de España a Venezuela va también en contra del “principio de prudencia” que la Unión Europea y sus Estados miembros deben aplicar a la hora de exportar armas a terceros países.
Von Wogau recordó que el contrato firmado implica la venta de cuatro corbetas, cuatro patrulleras, 10 aviones de transporte y 2 de vigilancia marítima, que se suman a 100.000 rifles 'kalasnikov' que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha comprado recientemente a Rusia. "Teniendo en cuenta que el Ejército venezolano sólo tiene 30.000 efectivos, parece mucho armamento", dijo.
El eurodiputado del Partido Popular Europeo señaló que la Eurocámara ha adoptado en varias ocasiones resoluciones para expresar que la cooperación y la contribución de la UE a la paz en esa región "no deben ser en términos militares", y expresó sus dudas sobre los usos que pueda dar Venezuela a dicho armamento en una región de por sí inestable por la existencia de grupos narcoterroristas.
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