A un mes y medio para que concluya 2008, las familias y empresas españolas se preparan para un nuevo año de dificultades. Los últimos datos oficiales constatan la primera contracción del PIB en 15 años y España será el país con una mayor tasa de paro y un menor crecimiento del mundo desarrollado.
Continúan los malos augurios para la economía española. A falta de un mes y medio para el cierre del año, el Gobierno ha decidido, por fin, admitir la gravedad de la situación y los máximos responsables de Moncloa reconocen abiertamente que estamos ante la mayor crisis de los últimos decenios.
Precisamente, este viernes el avance de Contabilidad Nacional Trimestral publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) certifica la primera contracción del Producto Interior Bruto (PIB) en 15 años.
La economía se desinfla un 0,2% y la UE no podrá salvar a España, ya que el PIB de la Eurozona ha vuelto a bajar en el tercer trimestre, un 0,2%, constatando la existencia de recesión (dos trimestres consecutivos de reducción del PIB).
Pese a los mensajes triunfalistas que hace pocos meses eran utilizados por el Ministerio de Economía y Hacienda que negaban la existencia de problemas estructurales en España. El hundimiento del sector inmobiliario y el aumento del paro, han dinamitado los dos pilares en los que se sustenta la economía nacional: la construcción y la demanda interna (el consumo).
Por ello, a la crisis financiera internacional se suma otra de carácter estructural que pone a España en el furgón de cola de los países desarrollados. De hecho, el grupo que engloba a las economías más industrializadas –la OCDE- acaba de realizar unas previsiones en las que España no sale bien parada en términos de productividad, PIB y paro.
España será el país que menos productividad y más desempleo en porcentaje de la población activa tendrá en 2008 de toda la OCDE. Pero lo más destacable es que es el país que peor gestiona su aparato productivo.
En concreto, la desviación del PIB real respecto al potencial (el que debería tener la economía si sus gobernantes adoptaran las políticas adecuadas), es del 3%, la mayor del mundo desarrollado, detras de Islandia e Irlanda, según la OCDE.
La única buena noticia deriva -paradojicamente- del alto componente del crudo en la inflación nacional. El Índice de Precios al Consumo evolucionará en España de una forma más favorable que en el resto de países desarrollados, aunque se trata de una cuestión que habrá que solucionar en el futuro para no sufrir los efectos de la subida del barril de petróleo más que los demás, como ha sucedido en la mayor parte de 2008.
Los datos de Economía son preocupantes
Y no son solamente los organismos internacionales los que pintan este escenario tan negro para España. Pese a que durante el conjunto del año el Gobierno ha pasado más tiempo negando los problemas que buscando vías para solucionarlos, el Ministerio de Economía ha puesto las cartas sobre la mesa.
Eso sí, la forma de hacerlo ha sido mediante la Síntesis de Indicadores Económicos, un documento que periódicamente elabora el departamento que dirige el vicepresidente Solbes y que sirve para anticipar la evolución futura de la economía, así como para analizar la situación actual, a modo de “foto fija”.
Una de las variables estrella a la hora de augurar la marcha de la economía es el Indicador Sintético de Actividad (ISA). Este dato ha estado prácticamente plano durante los últimos años, para iniciar en 2008 un derrumbe sin precedentes. El desplome se ha visto acompañado (o generado) por el hundimiento de las ventas de grandes empresas y la caída de los ciudadanos que trabajan.
Como consecuencia de ello, el clima de confianza ha seguido una senda similar, tanto en el Índice de Producción Industrial (IPI) como en la confianza del sector secundario. Un dato revelador es que el consumo de energía eléctrica (fundamental para producir bienes y servicios) cayó en octubre un 1,7%.
En la misma dirección apunta el indicador PMI de la industria manufacturera, que ha descendido en octubre por segundo mes consecutivo, anotando un nivel de 34,6, inferior en 3,7 puntos al de agosto. Esta cifra sigue alejada del umbral de contracción (50 puntos) que no ha sido rebasado desde noviembre de 2007.
Y qué decir del sector constructor. La confianza de los agentes que operan en este mercado intensificó en octubre su proceso de deterioro anotando un saldo de –38 unidades, doce puntos por debajo del correspondiente al mes de septiembre (-26). Y los indicadores sintéticos de este sector así lo constatan.
Finalmente, todo ello se traduce en más paro. La mayoría de los indicadores del mercado laboral muestran desde hace varios trimestres un tono preocupante, que se está intensificando en los últimos meses, en consonancia con las dificultades económicas.
Ello se ha evidenciado una vez más en la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2008, así como en los registros de afiliación a la Seguridad Social (SS) y del paro registrado de los Servicios Públicos de empleo. Con una caída brutal de las afiliaciones y 800.000 parados más en lo que va de año.
viernes, noviembre 14, 2008
miércoles, noviembre 12, 2008
Menos de veinte diputados acuden al pleno del Congreso
ESTA ES LA LAMENTABLE CLASE POLITICA QUE TENEMOS EN ESPAÑA...
Sus señorías sólo tienen que acudir al pleno del Congreso tres días a la semana, como mucho. Cobran del erario público, pero parece que les importa muy poco que quienes les pagamos el sueldo, los contribuyentes, veamos día sí, día también el hemiciclo vacío. Este miércoles por la mañana no había ni veinte.
Ante semejante escándalo el presidente del Congreso, José Bono, se limitó a dar un pequeño toque de atención al pedir la conformidad del Pleno del Congreso para reordenar la sesión, señaló que "la opinión de los presentes es mucho más importante que la de los ausentes".
El debate de los Presupuestos Generales del Estado que se celebra estos días en el Pleno del Congreso está siendo seguido en el hemiciclo por pocas decenas de diputados, pese a que comparecen todos los ministros del Gobierno. Este miércoles por la mañana no había ni veinte.
Sólo en las votaciones se puede registrar un aforo completo en el Salón de Plenos pero esas votaciones se concentran y hasta ahora sólo hubo una tanda anoche. Durante los debates, la presencia máxima de diputados en el hemiciclo ronda el centenar, menos de un tercio de la Cámara.
Este miércoles por la mañana, en la tercera jornada de debate, Bono quiso hacer una referencia a la situación. Al informar de un cambio en la organización de la sesión plenaria y del horario de las votaciones, que no se celebrarán antes de las cinco y media de la tarde, el presidente pidió la conformidad de la Cámara y obtuvo el asentimiento de los escasos diputados que estaban en ese momento en el hemiciclo: "La opinión de los presentes es mucho más importante que la de los ausentes", sentenció.
Sus señorías sólo tienen que acudir al pleno del Congreso tres días a la semana, como mucho. Cobran del erario público, pero parece que les importa muy poco que quienes les pagamos el sueldo, los contribuyentes, veamos día sí, día también el hemiciclo vacío. Este miércoles por la mañana no había ni veinte.
Ante semejante escándalo el presidente del Congreso, José Bono, se limitó a dar un pequeño toque de atención al pedir la conformidad del Pleno del Congreso para reordenar la sesión, señaló que "la opinión de los presentes es mucho más importante que la de los ausentes".
El debate de los Presupuestos Generales del Estado que se celebra estos días en el Pleno del Congreso está siendo seguido en el hemiciclo por pocas decenas de diputados, pese a que comparecen todos los ministros del Gobierno. Este miércoles por la mañana no había ni veinte.
Sólo en las votaciones se puede registrar un aforo completo en el Salón de Plenos pero esas votaciones se concentran y hasta ahora sólo hubo una tanda anoche. Durante los debates, la presencia máxima de diputados en el hemiciclo ronda el centenar, menos de un tercio de la Cámara.
Este miércoles por la mañana, en la tercera jornada de debate, Bono quiso hacer una referencia a la situación. Al informar de un cambio en la organización de la sesión plenaria y del horario de las votaciones, que no se celebrarán antes de las cinco y media de la tarde, el presidente pidió la conformidad de la Cámara y obtuvo el asentimiento de los escasos diputados que estaban en ese momento en el hemiciclo: "La opinión de los presentes es mucho más importante que la de los ausentes", sentenció.
A pesar del Ministerio de Aído España cae en el ranking de contribución a la igualdad
El Ministerio de Igualdad parece no conseguir el único objetivo por el que fue creado. Según ha publicado el Foro Económico Mundial, España cae siete puestos en la clasificación de países que más contribuyen a la igualdad de géneros por detrás de países como Filipinas o Sri Lanka.
España ha caído siete puestos en el Índice Global de Disparidad entre Géneros 2008, un ranking entre 128 Estados elaborado por el Foro Económico Mundial, que clasifica cada año a los países que más reducen las desigualdades entre hombres y mujeres, atendiendo a materias como educación, sanidad, participación pública, nivel económico o poder político.
Con estos criterios, Noruega es el país que mejores resultados ha obtenido este año, con una reducción de la "brecha" entre géneros estimada en el 82,39 por ciento respecto de 2007. Le sigue Suecia, con un 81,95 por ciento menos de disparidad y después, Finlandia, desplazada por los países nórdicos a la tercera posición de la tabla, con un porcentaje del 81,39.
España, que el año pasado era uno de los diez países que más avanzaban en el terreno de la igualdad, ocupa ahora el puesto 17, con una reducción de la "brecha" entre géneros del 72,81 por ciento respecto de 2007. Así, se coloca por detrás de vecinos europeos como Francia (puesto número 15), Reino Unido (13) Alemania (11) o Irlanda (8), y de Estados no comunitarios como Filipinas (6), Sri Lanka (12) o Lesotho (16).
El informe del Foro Económico Mundial destaca que más del 75 por ciento de los 128 países analizados ha mejorado sus resultados, lo que "sugiere un progreso global hacia la igualdad entre hombres y mujeres" en todas las materias estudiadas. No obstante, señala la diferencia entre el 80 por ciento de reducción logrado por los tres primeros países de la tabla y el 45 por ciento escaso de los países situados al final de la clasificación: Pakistán, Emiratos Árabes y Yemen.
"Una mayor representación de la mujer en posiciones de liderazgo en gobiernos y entidades financieras es vital tanto para hallar soluciones a la crisis económica actual, como para evitar turbulencias futuras", explicó el fundador y presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab.
El informe de este año abarca a los países donde vive el 92 por ciento de la población mundial, ya que cubre todos los países miembros y candidatos a la Unión Europea, 23 países de Latinoamérica y el Caribe, 23 del África Subsahariana, más de 20 de Asia y 15 de Oriente Medio y África Septentrional.
Por ello, según sus promotores ofrece pruebas sobre el vínculo entre la disparidad entre géneros y el rendimiento económico de países. "Si bien esto no implica causalidad, los posibles pilares teóricos de este vínculo son claros: los países que no capitalizan total y efectivamente una de las mitades de sus recursos humanos corren el riesgo de deteriorar su potencial competitivo", matizó la profesora de Administración de Negocios y Económicas de la Universidad de Berkeley (California), Laura Tyson.
España ha caído siete puestos en el Índice Global de Disparidad entre Géneros 2008, un ranking entre 128 Estados elaborado por el Foro Económico Mundial, que clasifica cada año a los países que más reducen las desigualdades entre hombres y mujeres, atendiendo a materias como educación, sanidad, participación pública, nivel económico o poder político.
Con estos criterios, Noruega es el país que mejores resultados ha obtenido este año, con una reducción de la "brecha" entre géneros estimada en el 82,39 por ciento respecto de 2007. Le sigue Suecia, con un 81,95 por ciento menos de disparidad y después, Finlandia, desplazada por los países nórdicos a la tercera posición de la tabla, con un porcentaje del 81,39.
España, que el año pasado era uno de los diez países que más avanzaban en el terreno de la igualdad, ocupa ahora el puesto 17, con una reducción de la "brecha" entre géneros del 72,81 por ciento respecto de 2007. Así, se coloca por detrás de vecinos europeos como Francia (puesto número 15), Reino Unido (13) Alemania (11) o Irlanda (8), y de Estados no comunitarios como Filipinas (6), Sri Lanka (12) o Lesotho (16).
El informe del Foro Económico Mundial destaca que más del 75 por ciento de los 128 países analizados ha mejorado sus resultados, lo que "sugiere un progreso global hacia la igualdad entre hombres y mujeres" en todas las materias estudiadas. No obstante, señala la diferencia entre el 80 por ciento de reducción logrado por los tres primeros países de la tabla y el 45 por ciento escaso de los países situados al final de la clasificación: Pakistán, Emiratos Árabes y Yemen.
"Una mayor representación de la mujer en posiciones de liderazgo en gobiernos y entidades financieras es vital tanto para hallar soluciones a la crisis económica actual, como para evitar turbulencias futuras", explicó el fundador y presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab.
El informe de este año abarca a los países donde vive el 92 por ciento de la población mundial, ya que cubre todos los países miembros y candidatos a la Unión Europea, 23 países de Latinoamérica y el Caribe, 23 del África Subsahariana, más de 20 de Asia y 15 de Oriente Medio y África Septentrional.
Por ello, según sus promotores ofrece pruebas sobre el vínculo entre la disparidad entre géneros y el rendimiento económico de países. "Si bien esto no implica causalidad, los posibles pilares teóricos de este vínculo son claros: los países que no capitalizan total y efectivamente una de las mitades de sus recursos humanos corren el riesgo de deteriorar su potencial competitivo", matizó la profesora de Administración de Negocios y Económicas de la Universidad de Berkeley (California), Laura Tyson.
martes, noviembre 11, 2008
El presupuesto para la cúpula de la ONU pintada por Barceló es de 18,5 millones de euros
El representante permanente de España ante la sede europea de la ONU, Javier Garrigues, informó de que el presupuesto global para la renovación de la cúpula de la ONU que ha pintado Miqel Barceló (en la imagen con Zapatero) asciende a 18,5 millones de euros. Previamente, el pintor ya había exigido que se dieran públicamente las cifras.
El diplomático señaló en rueda de prensa que "ese es el presupuesto aprobado por el patronato de la fundación ONUART, además de una desviación autorizada del 10 por ciento sobre esta cantidad". Garrigues es también vicepresidente de ONUART, constituida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para patrocinar la obra de Barceló en Ginebra con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.
Además, agregó que "ello cubre la totalidad de los costes, la obra de arte, la obra de ingeniería, los honorarios del artista, el amueblamiento etc". Aunque indicó que todavía es pronto para conocer el total exacto, dijo que "no creo que nos vayamos a pasar de ese 10 por ciento autorizado por encima del presupuesto".
Barceló exigió que se dieran las cifras
Antes de que Garrigues diera las cifras, Miquel Barceló señaló que la fundación ONUART estaba obligada "a dar todas las cifras y que sean públicas". El pintor recalcó que esperaba que de ese modo no se hablara más de si "hemos robado dinero de la boca de los pobres" para financiar la obra.
La cúpula, que será inaugurada el próximo día 18 en un acto al que asistirán los Reyes, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
En su comparecencia, el embajador de España ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra tiene intención de detallar el coste de la obra y el criterio por el que se destinó a ella medio millón de euros del Fondo de Ayuda al Desarrollo, según aseguró este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores.
OTROS ENLACES:
http://www.abc.es/20081106/cultura-cultura/moratinos-oculta-coste-cupula-200811061807.html
http://www.lanacion.es/2008/11/11/espana-asumio-74-millones-de-euros-de-los-mas-de-18-que-costo-rehabilitar-la-sala-decorada-por-barcelo-en-ginebra/
http://www.lanacion.es/2008/11/11/ill-corriere-della-sera-se-hace-eco-del-escandalo-barcelo/
El diplomático señaló en rueda de prensa que "ese es el presupuesto aprobado por el patronato de la fundación ONUART, además de una desviación autorizada del 10 por ciento sobre esta cantidad". Garrigues es también vicepresidente de ONUART, constituida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para patrocinar la obra de Barceló en Ginebra con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.
Además, agregó que "ello cubre la totalidad de los costes, la obra de arte, la obra de ingeniería, los honorarios del artista, el amueblamiento etc". Aunque indicó que todavía es pronto para conocer el total exacto, dijo que "no creo que nos vayamos a pasar de ese 10 por ciento autorizado por encima del presupuesto".
Barceló exigió que se dieran las cifras
Antes de que Garrigues diera las cifras, Miquel Barceló señaló que la fundación ONUART estaba obligada "a dar todas las cifras y que sean públicas". El pintor recalcó que esperaba que de ese modo no se hablara más de si "hemos robado dinero de la boca de los pobres" para financiar la obra.
La cúpula, que será inaugurada el próximo día 18 en un acto al que asistirán los Reyes, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
En su comparecencia, el embajador de España ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra tiene intención de detallar el coste de la obra y el criterio por el que se destinó a ella medio millón de euros del Fondo de Ayuda al Desarrollo, según aseguró este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores.
OTROS ENLACES:
http://www.abc.es/20081106/cultura-cultura/moratinos-oculta-coste-cupula-200811061807.html
http://www.lanacion.es/2008/11/11/espana-asumio-74-millones-de-euros-de-los-mas-de-18-que-costo-rehabilitar-la-sala-decorada-por-barcelo-en-ginebra/
http://www.lanacion.es/2008/11/11/ill-corriere-della-sera-se-hace-eco-del-escandalo-barcelo/
Caso Chiclana: 40.000 viviendas ilegales no motivan la acción de la Justicia
En la localidad gaditana de Chiclana se han construido cerca de 40.000 viviendas ilegales y se acumulan delitos urbanísticos, más de 1.700 expedientes, y contra el medioambiente. Sin embargo la justicia hace oídos sordos.
El gobierno municipal de Chiclana, formado por PP, IU y PA encuentra inexplicable por qué no se ha impulsado desde la Fiscalía Anticorrupción, desde la propia Fiscalía de Cádiz o desde los juzgados de Chiclana, la instrucción de un Caso Chiclana similar a los casos de Marbella y Estepona, a pesar de que la envergadura cuantitativa y cualitativa de las irregularidades (nada menos que de 35 a 40.000 viviendas y construcciones ilegales), es igual o superior a los ejemplos mencionados.
La decisión de investigaciones sistemáticas y agrupadas en Marbella y Estepona destaparon y siguen destapando amplias y complejas redes de corrupción político - empresariales - urbanísticas con las consecuencias penales de todos conocidas. En el caso de Chiclana, aunque en la Ley de Procedimiento Criminal se contempla la posibilidad de que tanto jueces como fiscales puedan encabezar la instrucción de casos que por sus indicios, denuncias o informes policiales merezcan tratamientos singulares, no se ha hecho para sorpresa de una corporación municipal que ha denunciado ante la Fiscalía y ante el Juzgado de Guardia algunos hechos clamorosos.
Una gestión del PSOE
Hay que tener en cuenta que en el caso Chiclana toda la gestión urbanística en su conjunto, la que afecta al Ayuntamiento y la correspondiente a la Junta de Andalucía, corresponde única y exclusivamente el Partido Socialista desde el comienzo de la avalancha de irregularidades en 1983 y hasta el año 2007, año en que la coalición de PP, IU, PA y PSA, el partido de Pedro Pacheco, logró la victoria electoral. Fue entonces cuando se comenzó a denunciar activamente el caso Chiclana.
En el caso Marbella, la operación abierta por el Juez Torres fue dirigida preferentemente hacia Jesús Gil y el partido de GIL. Aunque era sabido que el PSOE había gobernado desde 1979 a 1991 y que los ya entonces numerosos casos de corrupción fueron denunciados incluso por los propios alcaldes socialistas – alguno de aquellos implicó directamente a Jaime Montaner y a José Miguel Salinas, consejero y vicepresidente de la Junta de Andalucía respectivamente aunque fue archivado por prescripción -, el GIL y los Gil así como sus sucesores fueron los principales destinatarios de la investigación.
En el caso Estepona, igualmente, se han superpuesto las gestiones políticas de PSOE y de GIL desde 1983 a 2007 si bien está quedando claro cuál ha sido el comportamiento ilegal y corrupto de su último alcalde, el socialista Antonio Barrientos, que abarca desde irregularidades urbanísticas a compra de votos con empleos municipales.
Operación política
En Chiclana, las irregularidades y presuntos delitos son ampliamente conocidas por la población. Aunque el PP de Chiclana y una parte de IU llevan años denunciando públicamente estas irregularidades y a pesar de que los concejales del PP han presentado denuncias y querellas desde el 22 de julio pasado en la Fiscalía y en el Juzgado de Guardia, sigue sin abrirse una operación especial judicial-policial del caso Chiclana. Sin embargo y no extrañamente, lo que sí se ha puesto en marcha es una operación, en este caso política, para echar del gobierno de Chiclana a quienes quieren que se investigue a fondo y hasta el final el caso Chiclana.
La operación consiste en una moción de censura impulsada por el PSOE tras haber conseguido el apoyo de Pedro Pacheco. De salir adelante dicha moción de censura anunciada por el PSOE para esta misma semana, los que quieren tapar el caso echarán a los que quieren que todo salga a la luz. De ese modo, los responsables políticos de, cuando menos, la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística que ha tenido como resultado la existencia de miles de irregularidades urbanísticas cometidas durante los 24 años de gobiernos socialistas, de 1983 a 2007, desplazarán del gobierno municipal a quienes las han denunciado.
De consumarse esta “operación Chiclana”, el actual equipo de gobierno considera que nunca más volverá a investigarse lo ocurrido en Chiclana durante un cuarto de siglo de irregularidades y corrupción urbanística.
El caso Chiclana
El periodista Pepe Contreras resumía hace casi dos años en El Mundo en qué consiste el caso Chiclana:
“Veinticinco mil fosas sépticas, cientos de inmobiliarias, más de treinta y cinco mil viviendas sin licencia municipal, uno de los principales destinos turísticos de los turoperadores mundiales (con diez mil plazas hoteleras), patria de uno de los clanes más poderosos del PSOE andaluz, sede del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco), valiosos pinares amenazados por la especulación, playas espectaculares, doce núcleos de población definidos, casi dos mil extranjeros censados, setenta y tres mil ciudadanos, trabajo para quien lo quiera y a destajo en el sector de la construcción (aunque hay 4.624 parados oficiales) y un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado desde octubre de 2006 por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).”
25.000 fosas sépticas – lo que puede extrañar a muchos -, son el resultado de otras tantas construcciones irregulares de viviendas y chalés ya que, al no estar consideradas propias del Ayuntamiento ni asunto de su responsabilidad, carecen de los sistemas urbanos habituales de saneamiento y conducción de aguas residuales. Consecuentemente, la evacuación de las aguas fecales se realiza en fosas sépticas, “pozos ciegos” para los andaluces, en su mayoría de carácter individual.
Se está dando el caso de serios problemas de contaminación e incluso de graves riesgos para la salud debido a que los pozos ciegos o fosas sépticas están conectando con los pozos de aguas subterráneas. Tal contacto puede generar un problema sanitario de gran importancia de consumarse una conexión generalizada de los pozos tóxicos con los otros y la contaminación del agua potable.
Alcaldes socialistas
Todas estas irregularidades han ido creciendo desde 1983 a 2007, período gobernado por los siguientes alcaldes socialistas:
a) Sebastián Saucedo Moreno, 1983-1986, que ha sido después y curiosamente Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y es en la actualidad subdelegado del gobierno de España en Cádiz.
b) José Joaquín de Mier Guerra, 1986- 1994, fue además presidente de la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz, vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Desde 1994 fue delegado de la consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz y ahora es el delegado especial del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
c) Manuel Jiménez Barrios, 1994-2003, de mote “chiqui”, actual secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, fue con anterioridad presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. También ha sido consejero de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y de Estadio Olímpico de Sevilla, SA donde coincide nuevamente con Leonardo Chaves, hermano de Manuel Chaves.
d) José María Román Guerrero, 2003-2007, aunque fue teniente de alcalde desde mucho antes. Es hermano de Rafael Román, alias “Franquito” por su parecido con Francisco Franco. Rafael Román es un poder fáctico del PSOE de Cádiz y fue Consejero de Cultura en los primeros tiempos de la Junta de Andalucía.
Aunque la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decidía abrir varias líneas de investigación a promotoras y constructores para esclarecer un posible delito urbanístico no sólo en esta localidad, sino en toda la Costa de la Luz como consecuencia de las informaciones de El Economista, el “caso Chiclana” sigue sin investigarse global e interrelacionadamente.
Según el mencionado diario, el mismo fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, presentó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un informe demoledor en 2006 que ponía el acento en problemas de gran calado como "los delitos urbanísticos, los daños a la naturaleza por obra humana o los atentados al patrimonio histórico". En la memoria de 2007, abogó directamente por la demolición de las construcciones ilegales:
"Mantenemos que, hasta cierto punto, el restablecimiento de la legalidad que supone la demolición es un prius a la sanción, más importante que ésta, sin la cual la represión (penal o administrativa) es una entelequia que no puede cumplir ninguna función preventiva, pues aparece como un coste superior (e incierto) de esa vía heterodoxa de obtener lo que la Ley prohíbe", dice textualmente en la Memoria de 2007. Y agrega: "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?".
Cádiz se convirtió en 2005 en la provincia andaluza donde más diligencias se abrieron por este tipo de delitos: 102; una cifra que supuso un fuerte incremento frente a la registrada en 2004 (73 en total). En 2006 fueron incoadas y tramitadas 101 diligencias informativas. En 2007, 385. De ellas, 211 en la Fiscalía de Cádiz y 174 en la Fiscalía de área de Algeciras. A pesar de la repercusión mediática que han tenido las irregularidades urbanísticas en otras zonas del litoral, como la costa de Málaga, y sobre todo, Marbella, en esta última provincia sólo se investigaron 59 casos durante el año pasado, según el informe del fiscal.
La Fiscalía advirtió ya entonces que la proliferación de casas ilegales, un fenómeno que sigue en plena expansión, se debía a la impunidad que reina en la costa gaditana, propiciada por sentencias laxas contra los propietarios de las mismas, la falta de recursos en los juzgados y la "absoluta renuncia" que hace la Audiencia Provincial "a decretar la demolición de lo construido ilícitamente".
1.700 expedientes dejados prescribir por el equipo de gobierno del PSOE
El PP andaluz ratificó el pasado día 7, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, sus denuncias sobre el presunto archivo masivo de 1.717 expedientes urbanísticos, tras lo que, se espera se impulse definitivamente una investigación por parte de la Fiscalía semejante a las del caso Marbella y Estepona. Este archivo masivo es un procedimiento similar al que se ha dado en Estepona y que originó la “Operación Astapa” contra la corrupción urbanística en este municipio malagueño.
El archivo masivo de expedientes ha producido un perjuicio mínimo de 100 millones de euros para las arcas municipales chiclaneras por esta dejación de funciones, según los cálculos del PP.
El Defensor del Pueblo Andaluz contra el fraude fiscal en Chiclana y por los cortes de luz
Incluso el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, pidió hace un año también la intervención de la Agencia Tributaria ante la sospecha de que pudiese haber también un delito fiscal en Chiclana de la Frontera, donde se contabilizan hasta 40.000 viviendas sin licencia y en condiciones completamente irregulares.
Además, ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad gaditana que corte los servicios a las viviendas ilegales y evite que se firmen nuevos contratos, tal y como explicó el propio Chamizo al diario El Economista:
"Reconozco que es una medida difícil de llevar a cabo en la práctica con las viviendas de uso habitual, pero sí se puede hacer con las segundas residencias. Lo que no se puede permitir es que las construcciones ilegales puedan disponer de los mismos servicios que las legales".
Añadía dicho diario que la clave de todas las irregularidades que se están cometiendo en esta ciudad, que podría acabar por convertirse en otra Marbella, la tiene lo que se conoce ya en ámbitos políticos como el clan socialista de Chiclana, responsables de que en la zona se hayan levantado en pocos años unas 40.000 viviendas ilegales. Los cuatro alcaldes ya mencionados y José Antonio Gómez Periñán, ex concejal de Chiclana y alto cargo de la Junta de Andalucía en Cádiz forman parte del conocido como Clan de Chiclana. Este último es, además, uno de los nexos de unión del clan de Chiclana con el clan de Alcalá, cuyo máximo representante actual es Luís Pizarro, vicesecretario general del PSOE de Andalucía.
Amenazas de muerte contra quienes quieren destapar el caso
El portavoz municipal de Izquierda Unida en Chiclana, José Pedro Butrón, actualmente miembro de la coalición de gobierno, denunció en 2007 ser objeto de una campaña de descrédito por parte de personas del entorno del PSOE –incluso con supuestas amenazas de muerte y agresiones- tras sus denuncias por las irregularidades urbanísticas que se estaban registrando en el término municipal
Según Izquierda Unida, al socialista José María Román, ahora ex alcalde, la ciudad se le fue de las manos por su ineficacia y por las irregularidades denunciadas e intentaba echar la culpa de todos los problemas, presentes y futuros, a los que nada tienen que ver con los mismos. Se intentó crispar la ciudad y el ambiente con acusaciones falsas.
El PSOE, por su parte, anunció la presentación de una querella criminal por calumnias contra José Pedro Butrón, tras culpar éste públicamente al Partido Socialista de haber sido el instigador de las amenazas de muerte recibidas a través de comentarios realizados a personas de su entorno familiar. Butrón dijo: “si me pasa algo a mí o a alguien de mi entorno, haré responsable de ello al PSOE”.
El actual concejal del gobierno de Chiclana por IU-CA es quien, junto a los ecologistas de Agadén y el PP, ha animado las voces críticas ante el caos urbanístico de Chiclana.
El gobierno municipal de Chiclana, formado por PP, IU y PA encuentra inexplicable por qué no se ha impulsado desde la Fiscalía Anticorrupción, desde la propia Fiscalía de Cádiz o desde los juzgados de Chiclana, la instrucción de un Caso Chiclana similar a los casos de Marbella y Estepona, a pesar de que la envergadura cuantitativa y cualitativa de las irregularidades (nada menos que de 35 a 40.000 viviendas y construcciones ilegales), es igual o superior a los ejemplos mencionados.
La decisión de investigaciones sistemáticas y agrupadas en Marbella y Estepona destaparon y siguen destapando amplias y complejas redes de corrupción político - empresariales - urbanísticas con las consecuencias penales de todos conocidas. En el caso de Chiclana, aunque en la Ley de Procedimiento Criminal se contempla la posibilidad de que tanto jueces como fiscales puedan encabezar la instrucción de casos que por sus indicios, denuncias o informes policiales merezcan tratamientos singulares, no se ha hecho para sorpresa de una corporación municipal que ha denunciado ante la Fiscalía y ante el Juzgado de Guardia algunos hechos clamorosos.
Una gestión del PSOE
Hay que tener en cuenta que en el caso Chiclana toda la gestión urbanística en su conjunto, la que afecta al Ayuntamiento y la correspondiente a la Junta de Andalucía, corresponde única y exclusivamente el Partido Socialista desde el comienzo de la avalancha de irregularidades en 1983 y hasta el año 2007, año en que la coalición de PP, IU, PA y PSA, el partido de Pedro Pacheco, logró la victoria electoral. Fue entonces cuando se comenzó a denunciar activamente el caso Chiclana.
En el caso Marbella, la operación abierta por el Juez Torres fue dirigida preferentemente hacia Jesús Gil y el partido de GIL. Aunque era sabido que el PSOE había gobernado desde 1979 a 1991 y que los ya entonces numerosos casos de corrupción fueron denunciados incluso por los propios alcaldes socialistas – alguno de aquellos implicó directamente a Jaime Montaner y a José Miguel Salinas, consejero y vicepresidente de la Junta de Andalucía respectivamente aunque fue archivado por prescripción -, el GIL y los Gil así como sus sucesores fueron los principales destinatarios de la investigación.
En el caso Estepona, igualmente, se han superpuesto las gestiones políticas de PSOE y de GIL desde 1983 a 2007 si bien está quedando claro cuál ha sido el comportamiento ilegal y corrupto de su último alcalde, el socialista Antonio Barrientos, que abarca desde irregularidades urbanísticas a compra de votos con empleos municipales.
Operación política
En Chiclana, las irregularidades y presuntos delitos son ampliamente conocidas por la población. Aunque el PP de Chiclana y una parte de IU llevan años denunciando públicamente estas irregularidades y a pesar de que los concejales del PP han presentado denuncias y querellas desde el 22 de julio pasado en la Fiscalía y en el Juzgado de Guardia, sigue sin abrirse una operación especial judicial-policial del caso Chiclana. Sin embargo y no extrañamente, lo que sí se ha puesto en marcha es una operación, en este caso política, para echar del gobierno de Chiclana a quienes quieren que se investigue a fondo y hasta el final el caso Chiclana.
La operación consiste en una moción de censura impulsada por el PSOE tras haber conseguido el apoyo de Pedro Pacheco. De salir adelante dicha moción de censura anunciada por el PSOE para esta misma semana, los que quieren tapar el caso echarán a los que quieren que todo salga a la luz. De ese modo, los responsables políticos de, cuando menos, la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística que ha tenido como resultado la existencia de miles de irregularidades urbanísticas cometidas durante los 24 años de gobiernos socialistas, de 1983 a 2007, desplazarán del gobierno municipal a quienes las han denunciado.
De consumarse esta “operación Chiclana”, el actual equipo de gobierno considera que nunca más volverá a investigarse lo ocurrido en Chiclana durante un cuarto de siglo de irregularidades y corrupción urbanística.
El caso Chiclana
El periodista Pepe Contreras resumía hace casi dos años en El Mundo en qué consiste el caso Chiclana:
“Veinticinco mil fosas sépticas, cientos de inmobiliarias, más de treinta y cinco mil viviendas sin licencia municipal, uno de los principales destinos turísticos de los turoperadores mundiales (con diez mil plazas hoteleras), patria de uno de los clanes más poderosos del PSOE andaluz, sede del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco), valiosos pinares amenazados por la especulación, playas espectaculares, doce núcleos de población definidos, casi dos mil extranjeros censados, setenta y tres mil ciudadanos, trabajo para quien lo quiera y a destajo en el sector de la construcción (aunque hay 4.624 parados oficiales) y un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado desde octubre de 2006 por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).”
25.000 fosas sépticas – lo que puede extrañar a muchos -, son el resultado de otras tantas construcciones irregulares de viviendas y chalés ya que, al no estar consideradas propias del Ayuntamiento ni asunto de su responsabilidad, carecen de los sistemas urbanos habituales de saneamiento y conducción de aguas residuales. Consecuentemente, la evacuación de las aguas fecales se realiza en fosas sépticas, “pozos ciegos” para los andaluces, en su mayoría de carácter individual.
Se está dando el caso de serios problemas de contaminación e incluso de graves riesgos para la salud debido a que los pozos ciegos o fosas sépticas están conectando con los pozos de aguas subterráneas. Tal contacto puede generar un problema sanitario de gran importancia de consumarse una conexión generalizada de los pozos tóxicos con los otros y la contaminación del agua potable.
Alcaldes socialistas
Todas estas irregularidades han ido creciendo desde 1983 a 2007, período gobernado por los siguientes alcaldes socialistas:
a) Sebastián Saucedo Moreno, 1983-1986, que ha sido después y curiosamente Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y es en la actualidad subdelegado del gobierno de España en Cádiz.
b) José Joaquín de Mier Guerra, 1986- 1994, fue además presidente de la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz, vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Desde 1994 fue delegado de la consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz y ahora es el delegado especial del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
c) Manuel Jiménez Barrios, 1994-2003, de mote “chiqui”, actual secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, fue con anterioridad presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. También ha sido consejero de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y de Estadio Olímpico de Sevilla, SA donde coincide nuevamente con Leonardo Chaves, hermano de Manuel Chaves.
d) José María Román Guerrero, 2003-2007, aunque fue teniente de alcalde desde mucho antes. Es hermano de Rafael Román, alias “Franquito” por su parecido con Francisco Franco. Rafael Román es un poder fáctico del PSOE de Cádiz y fue Consejero de Cultura en los primeros tiempos de la Junta de Andalucía.
Aunque la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decidía abrir varias líneas de investigación a promotoras y constructores para esclarecer un posible delito urbanístico no sólo en esta localidad, sino en toda la Costa de la Luz como consecuencia de las informaciones de El Economista, el “caso Chiclana” sigue sin investigarse global e interrelacionadamente.
Según el mencionado diario, el mismo fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, presentó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un informe demoledor en 2006 que ponía el acento en problemas de gran calado como "los delitos urbanísticos, los daños a la naturaleza por obra humana o los atentados al patrimonio histórico". En la memoria de 2007, abogó directamente por la demolición de las construcciones ilegales:
"Mantenemos que, hasta cierto punto, el restablecimiento de la legalidad que supone la demolición es un prius a la sanción, más importante que ésta, sin la cual la represión (penal o administrativa) es una entelequia que no puede cumplir ninguna función preventiva, pues aparece como un coste superior (e incierto) de esa vía heterodoxa de obtener lo que la Ley prohíbe", dice textualmente en la Memoria de 2007. Y agrega: "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?".
Cádiz se convirtió en 2005 en la provincia andaluza donde más diligencias se abrieron por este tipo de delitos: 102; una cifra que supuso un fuerte incremento frente a la registrada en 2004 (73 en total). En 2006 fueron incoadas y tramitadas 101 diligencias informativas. En 2007, 385. De ellas, 211 en la Fiscalía de Cádiz y 174 en la Fiscalía de área de Algeciras. A pesar de la repercusión mediática que han tenido las irregularidades urbanísticas en otras zonas del litoral, como la costa de Málaga, y sobre todo, Marbella, en esta última provincia sólo se investigaron 59 casos durante el año pasado, según el informe del fiscal.
La Fiscalía advirtió ya entonces que la proliferación de casas ilegales, un fenómeno que sigue en plena expansión, se debía a la impunidad que reina en la costa gaditana, propiciada por sentencias laxas contra los propietarios de las mismas, la falta de recursos en los juzgados y la "absoluta renuncia" que hace la Audiencia Provincial "a decretar la demolición de lo construido ilícitamente".
1.700 expedientes dejados prescribir por el equipo de gobierno del PSOE
El PP andaluz ratificó el pasado día 7, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, sus denuncias sobre el presunto archivo masivo de 1.717 expedientes urbanísticos, tras lo que, se espera se impulse definitivamente una investigación por parte de la Fiscalía semejante a las del caso Marbella y Estepona. Este archivo masivo es un procedimiento similar al que se ha dado en Estepona y que originó la “Operación Astapa” contra la corrupción urbanística en este municipio malagueño.
El archivo masivo de expedientes ha producido un perjuicio mínimo de 100 millones de euros para las arcas municipales chiclaneras por esta dejación de funciones, según los cálculos del PP.
El Defensor del Pueblo Andaluz contra el fraude fiscal en Chiclana y por los cortes de luz
Incluso el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, pidió hace un año también la intervención de la Agencia Tributaria ante la sospecha de que pudiese haber también un delito fiscal en Chiclana de la Frontera, donde se contabilizan hasta 40.000 viviendas sin licencia y en condiciones completamente irregulares.
Además, ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad gaditana que corte los servicios a las viviendas ilegales y evite que se firmen nuevos contratos, tal y como explicó el propio Chamizo al diario El Economista:
"Reconozco que es una medida difícil de llevar a cabo en la práctica con las viviendas de uso habitual, pero sí se puede hacer con las segundas residencias. Lo que no se puede permitir es que las construcciones ilegales puedan disponer de los mismos servicios que las legales".
Añadía dicho diario que la clave de todas las irregularidades que se están cometiendo en esta ciudad, que podría acabar por convertirse en otra Marbella, la tiene lo que se conoce ya en ámbitos políticos como el clan socialista de Chiclana, responsables de que en la zona se hayan levantado en pocos años unas 40.000 viviendas ilegales. Los cuatro alcaldes ya mencionados y José Antonio Gómez Periñán, ex concejal de Chiclana y alto cargo de la Junta de Andalucía en Cádiz forman parte del conocido como Clan de Chiclana. Este último es, además, uno de los nexos de unión del clan de Chiclana con el clan de Alcalá, cuyo máximo representante actual es Luís Pizarro, vicesecretario general del PSOE de Andalucía.
Amenazas de muerte contra quienes quieren destapar el caso
El portavoz municipal de Izquierda Unida en Chiclana, José Pedro Butrón, actualmente miembro de la coalición de gobierno, denunció en 2007 ser objeto de una campaña de descrédito por parte de personas del entorno del PSOE –incluso con supuestas amenazas de muerte y agresiones- tras sus denuncias por las irregularidades urbanísticas que se estaban registrando en el término municipal
Según Izquierda Unida, al socialista José María Román, ahora ex alcalde, la ciudad se le fue de las manos por su ineficacia y por las irregularidades denunciadas e intentaba echar la culpa de todos los problemas, presentes y futuros, a los que nada tienen que ver con los mismos. Se intentó crispar la ciudad y el ambiente con acusaciones falsas.
El PSOE, por su parte, anunció la presentación de una querella criminal por calumnias contra José Pedro Butrón, tras culpar éste públicamente al Partido Socialista de haber sido el instigador de las amenazas de muerte recibidas a través de comentarios realizados a personas de su entorno familiar. Butrón dijo: “si me pasa algo a mí o a alguien de mi entorno, haré responsable de ello al PSOE”.
El actual concejal del gobierno de Chiclana por IU-CA es quien, junto a los ecologistas de Agadén y el PP, ha animado las voces críticas ante el caos urbanístico de Chiclana.
domingo, noviembre 09, 2008
Los colegios de ingenieros informáticos apoyan la manifestación del día 19
Los colegios profesionales de ingenieros en informática apoyan las movilizaciones convocadas por el alumnado del sector para reclamar que se regule su profesión sobre la base de una titulación universitaria, como la mayoría de las ingenierías.
Los estudiantes de ingeniería informática han convocado una huelga para el próximo día 19, y aunque los Colegios profesionales respaldan las protestas de los estudiantes, por considerar que se desregulará la profesión, "desautorizan cualquier acción que se pudiera cometer fuera del marco legal".
La decisión de apoyar las protestas de los estudiantes de ingeniería en informática ha sido adoptada durante una reunión del Consejo de los Colegios profesionales de ingenieros en Informática, tal como ha informado a Efe Jacinto Canales, secretario general de dicho órgano, aglutinador de todos los colegios profesionales en esa materia.
En la reunión del Consejo, según Canales, también se ha dado el visto bueno a la propuesta de las escuelas universitarias de Ingeniería Informática de presentar ante el Ministerio las fichas de grado y máster para la Ingeniería Informática. Estos centros han elaborado fichas con los requisitos mínimos que debería tener la titulación de informática, pese a que no les han sido solicitadas, al contrario que al resto de ingenierías, ha explicado Canales.
El pasado 23 de octubre el Ministerio de Educación presentó las fichas de grado y máster de todas las ingenierías menos la de informática, con el argumento, según los ingenieros informáticos, de que la ingeniería informática no tiene atribuciones porque es una materia transversal que no debe concentrarse en una titulación concreta.
Con sus protestas, los ingenieros informáticos advierten de "una diseminación importante de las materias", que impedirá la existencia de un marco para medir qué es la ingeniería informática, ya que carecerá de regulación.
Según los ingenieros informáticos, la consecuencia será la desaparición de esta ingeniería, aparte de que los títulos actuales dejarán de tener validez y no se corresponderán con ninguno de los europeos, por lo que el colectivo no podrá trabajar en Europa.
El colectivo advierte de que "las nuevas fichas de los ingenieros de telecomunicación recogen las competencias de la informática, por lo que serán ellos quienes se queden con la parcela de trabajo de los informáticos".
Los estudiantes de ingeniería informática han convocado una huelga para el próximo día 19, y aunque los Colegios profesionales respaldan las protestas de los estudiantes, por considerar que se desregulará la profesión, "desautorizan cualquier acción que se pudiera cometer fuera del marco legal".
La decisión de apoyar las protestas de los estudiantes de ingeniería en informática ha sido adoptada durante una reunión del Consejo de los Colegios profesionales de ingenieros en Informática, tal como ha informado a Efe Jacinto Canales, secretario general de dicho órgano, aglutinador de todos los colegios profesionales en esa materia.
En la reunión del Consejo, según Canales, también se ha dado el visto bueno a la propuesta de las escuelas universitarias de Ingeniería Informática de presentar ante el Ministerio las fichas de grado y máster para la Ingeniería Informática. Estos centros han elaborado fichas con los requisitos mínimos que debería tener la titulación de informática, pese a que no les han sido solicitadas, al contrario que al resto de ingenierías, ha explicado Canales.
El pasado 23 de octubre el Ministerio de Educación presentó las fichas de grado y máster de todas las ingenierías menos la de informática, con el argumento, según los ingenieros informáticos, de que la ingeniería informática no tiene atribuciones porque es una materia transversal que no debe concentrarse en una titulación concreta.
Con sus protestas, los ingenieros informáticos advierten de "una diseminación importante de las materias", que impedirá la existencia de un marco para medir qué es la ingeniería informática, ya que carecerá de regulación.
Según los ingenieros informáticos, la consecuencia será la desaparición de esta ingeniería, aparte de que los títulos actuales dejarán de tener validez y no se corresponderán con ninguno de los europeos, por lo que el colectivo no podrá trabajar en Europa.
El colectivo advierte de que "las nuevas fichas de los ingenieros de telecomunicación recogen las competencias de la informática, por lo que serán ellos quienes se queden con la parcela de trabajo de los informáticos".
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