La Cumbre de Copenhague incluye la creación de un "Gobierno" Mundial

Simplemente, da miedo. El borrador sobre el que están trabajando a toda máquina las principales potencias del planeta de cara a alcanzar un nuevo acuerdo sobre cambio climático incluye toda una batería de propuestas contra el libre mercado. El extenso documento, de casi 180 folios, es la base sobre la que se construirá el Protocolo de Kioto II, que entrará en vigor a partir de 2012.

La cumbre sobre cambio climático que se celebrará en Copenhague en diciembre esconde la mayor amenaza para el libre mercado desde la caída del Muro de Berlín. Bajo la excusa del calentamiento, la ONU prevé un "Gobierno" con capacidad para recaudar impuestos y redistribuir riqueza a nivel mundial.

• Documentos: El borrador de la Cumbre de Copenhague | El borrador de la Cumbre de Copenhague (en español)
• Vídeo: La amenaza de un Gobierno mundial
• El "nuevo orden mundial": fin del dólar, impuesto global de CO2 y tasa Tobin 

A principios del próximo diciembre, Copenhague (Dinamarca) acogerá la Cumbre del Clima 2009, en donde los países miembros de la ONU negociarán la firma de un nuevo acuerdo con el fin de frenar el temido calentamiento global, cuyo origen, según el IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), se debe a las emisiones de gases contaminantes (CO2) generadas por la actividad económica humana. Y ello, pese a las crecientes pruebas que ponen en duda toda esta teoría.

El pasado junio, los responsables del proyecto ya desvelaron claramente sus intenciones. Entonces, el secretario general de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Yvo De Boer, dijo estar convencido de que Copenhague abriría las puertas a un drástico cambio en el "modelo industrial mundial".

"Creo que podremos ver un acuerdo en Copenhague porque las advertencias de la comunidad científica han sido muy claras al decir que hay que actuar ya, y porque la crisis ha demostrado nítidamente que hay que cambiar radicalmente el modelo de crecimiento económico". Para ello, De Boer explicó que la lucha contra el cambio climático necesitará "inversiones ingentes", cercanas a los 200.000 millones de dólares al año en 2030. Una cantidad de dinero inmensa, cuya factura será sufragada por los contribuyentes de los países desarrollados.

La cuestión es... ¿Cómo? ¿Cómo poner en marcha un sistema de redistribución de riqueza a nivel mundial? ¿Cómo cambiar el actual modelo industrial y, por tanto, de crecimiento económico? ¿Cómo recaudar tantísimo dinero? ¿Cómo aplicarlo?

Las respuestas a estas y otras cuestiones están incluidas en el citado borrador de la Cumbre, un documento que obra en poder de la ONU y que, pese a ser público, está escondido entre la maraña de ingente documentación que maneja el organismo multilateral.

En concreto, el documento en cuestión (también disponible en castellano), con fecha del pasado 15 de septiembre, establece las líneas generales de discusión, así como los diferentes mecanismos que se barajan para poner en marcha Kioto II, cuyo fin es crear una "sociedad baja en carbono". Las opciones son diversas, pero los ejes básicos en cambio son transparentes como el agua.

En la página 18, el documento señala lo siguiente: "El nuevo acuerdo institucional que se alcance bajo la Convención estará basado en tres pilares básicos: Gobierno; un mecanismo de facilitación; y un mecanismo financiero".

Y la "organización" de la nueva estructura pivotará sobre los siguientes puntos:

"El Gobierno se regirá por el COP (Conferencia de Copenhague), con el apoyo de un nuevo órgano [supranacional] subsidiario de adaptación y de un Consejo Ejecutivo encargado de la gestión de los nuevos fondos y los procesos de facilitación [redistribución de recursos desde los países ricos a los pobres]".

El mecanismo financiero incluye la creación de un "fondo multilateral de cambio climático", en referencia a los 200.000 millones de dólares anuales que recaudará la nueva institución. De hecho, en su informe anual (World Energy Outlook 2009) presentado la semana pasada en Madrid, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) cifra en 10,5 billones de dólares (7,1 billones de euros) la factura del nuevo Protocolo de Kioto hasta 2030.

Para limitar el aumento de la temperatura terrestre en dos grados centígrados (lo que se traduce en 450 partes/millón equivalente de CO2) y con el horizonte de 2030, la AIE calcula que serán necesarias unas inversiones de 10,5 billones de dólares hasta ese año en los sectores relacionados con la energía. El 75% de esa inversión deberá acometerse antes de 2020 y los países de la OCDE -los más ricos y desarrollados-, entre ellos España, correrán con el 48% del gasto.

El borrador de Copenhague establece hasta cinco "ventanillas" distintas de financiación dentro del fondo general: "adaptación", destinado al fomento de energías verdes en países poco desarrollados; "compensación", para atender las pérdidas económicas derivadas del cambio de modelo productivo y daños derivados del supuesto impacto del cambio climático; fomento de tecnología verde; "mitigación" del cambio climático; y otras de "ordenación forestal".

Para gestionar toda esta compleja estructura financiera multilateral será necesario crear un nuevo cuerpo administrativo. Una especie de "Gobierno", según el documento original (en su versión en castellano este término aparece traducido por "administración", pero en inglés aparece como "government"), con competencias de corte tributario, financiero y regulatorio a nivel internacional.

Redistribución de la riqueza

El coste de adaptación al nuevo sistema productivo global en los países en vías de desarrollo será sufragado mediante el traspaso de recursos por parte de las potencias ricas (página 43). Pero, ¿cómo recaudar el ingente dinero necesario? Los mecanismos que se barajan son diversos: desde el 0,7% del PIB anual de los países ricos destinado a la mitigación de emisiones de CO2, hasta toda una recua de tasas e impuestos verdes a nivel mundial sobre productos, CO2, derechos de emisión a empresas y sectores, comercio de CO2 (mecanismo del actual Procolo de Kioto)...

De hecho, la Cumbre estudia incluso la posibilidad de implantar un impuesto global del 2% sobre transacciones financieras internacionales. Una especie de Tasa Tobin verde que, en lugar de luchar contra la pobreza (tal y como se concibió en un principio) serviría ahora combatir el temido calentamiento global (página 135, opción 7).

En cuanto a la organización administrativa, el borrador desgrana los puntos básicos del nuevo Gobierno (páginas 141, 142 y 143). Se habla literalmente de la creación de un "Cuerpo Ejecutivo", con competencias plenas a nivel financiero, tributario y regulatorio. Un "Gobierno" para recaudar dinero, gestionar el Fondo de Cambio Climático, redistribuirlo entre los países y orientar el modelo productivo verde a nivel mundial. Se trata, pues, de un organismo de planificación central.

Por otro lado, una simple búsqueda en el documento de la palabra "tax" (impuesto en inglés) da un reflejo claro sobre la intención del nuevo plan. Mientras que este término salpica todo el documento, llama la atención la ausencia total de la palabra "democracia" o "elecciones". Y es que, si el objetivo es crear un nuevo gobierno multilateral, en ningún caso se contempla la posibilidad de que los ciudadanos elijan a sus miembros.

La polémica ha saltado a diferentes medios de comunicación internacionales en las últimas semanas. Así, en un reciente artículo en The Wall Street Journal, Janet Albrechtsen arremetía duramente contra la Cumbre, supuestamente climática, bajo el título ¿Se ha leído alguien el Acuerdo de Copenhague?.

La espita saltó a la luz hace escasos días de la mano de Lord Christopher Monckton, escéptico climático y uno de los principales asesores de la ex primera ministra británica Margaret Tatcher durante su etapa de Gobierno.

El pasado 14 de octubre, Monckton participó en una conferencia organizada por The Minnesota Free Market Institute (EEUU). El vídeo completo, colgado en youtube, ya ha recibido decenas de miles de visitas. Un extracto de su intervención subtitulado en español condensa la conclusiones de su intervención sobre la amenaza real que para la libertad supone este proyecto de acuerdo climático a nivel mundial.

A continuación algunas perlas:

"El próximo diciembre en Copenhague un tratado será firmado, EEUU lo firmará, la mayor parte de los países del tercer mundo que necesitan dinero lo firmarán, los países desarrollados lo firmarán, nadie dejará de firmarlo. Yo he leído ese tratado, y lo que dice ese tratado es lo siguiente: Que el gobierno mundial será creado".

"El segundo propósito del Tratado es la transferencia de riqueza de los países occidentales a los del Tercer Mundo, y el tercer apartado está dedicado a la aplicación de la ley. ¿Cuántas veces aparece en el tratado de 200 páginas, las palabras referéndum, democracia, elecciones o algo similar? Ninguna".

"Lo que van a hacer es imponernos un mundo comunista, tenéis un presidente (Obama) que simpatiza mucho con esa ideología, y él por supuesto va a firmarlo [...] Si ese tratado es firmado en las próximas semanas vuestro presidente se llevará vuestra democracia, vuestra libertad y vuestra prosperidad, y no habrá otro gobierno o poder elegido capaz de recuperarlo jamás".

Tal y como explica Nigel Lawson, ex ministro de Economía y de Energía en los gobiernos de Margaret Thatcher y miembro de la Cámara de los Lores desde 1992, y autor del libro Una mirada fría al calentamiento global, la "nueva religión" está en marcha y, desde luego, sus preceptos no pintan un futuro optimista al libre mercado.

Octubre rojo: el ritmo de destrucción laboral se duplica en el último año

Prosiguen los logros del Gobierno del PSOE. Con esta gente da gusto... aunque yo no se si tendrán más culpa ellos, o los necios que todavía les apoyan. Y por cierto... ¿dónde están los sindicatos? Chupando más subvenciones del PSOE supongo, no vaya a ser que digan algo...              

España sigue destruyendo empleo a un ritmo récord. La Seguridad Social pierde 1.009.528 cotizantes (-5,34%) en los últimos doce meses, el doble que en octubre de 2008. El mercado laboral español retrocede cuatro años, ya que el volumen de ocupados se sitúa en 17,9 millones.

La crisis económica se ha cobrado más de 1 millón de puestos de trabajo en el último año. En la actualidad, el volumen de ocupados retrocede hasta los 17.908.945 personas, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, la menor cifra desde mayo de 2005. De este modo, el mercado laboral español ha retrocedido cuatro años o, lo que es lo mismo, la crisis se ha cobrado la creación de empleo generada en el último lustro.

En concreto, según los datos del Ministerio de Trabajo publicados este martes, la Seguridad Social perdió 26.149 cotizantes en octubre, un -0,15% respecto a septiembre, situando el número de afiliados medios en 17.908.945 ocupados.

El pasado septiembre la Seguridad Social perdió más de 66.000 afiliados. Por ello, el Gobierno se agarra a este dato para afirmar que el ritmo de destrucción de empleo se está desacelerando. Así, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, estos datos vienen a confirmar que desde hace seis meses el sistema se encuentra en una "meseta de afiliación sostenida".

Sin embargo, tales cifras no son comparables. El análisis de estos datos se debe realizar a nivel interanual. Es decir, octubre de 2009 respecto a octubre de 2008. De este modo, la destrucción de empleo en España no sólo se está frenando sino que se acelera. De hecho, se ha duplicado en el último año.

La Seguridad Social ha perdido 1.009.528 cotizantes (-5,34% interanual) en los últimos doce meses. Más del doble que la pérdida de afiliados registrada en octubre de 2008 (-2,34% interanual). Se trata de nuevo récord de destrucción laboral en un mes de octubre, superior al de la crisis económica de los 90 y 80, según los datos históricos de afiliación a la Seguridad Social.

En términos interanuales, todas las comunidades autónomas experimentaron caídas de la afiliación. La que menos afiliados perdió en términos relativos fue Extremadura, con una reducción interanual del 1,1%, y la que más, la Comunidad Valenciana, con un -8,5%.

En términos mensuales, el Régimen General, el más numeroso del sistema, fue el que registró el mayor descenso de la afiliación, al perder 30.235 ocupados en octubre, un 0,22% menos respecto a septiembre, seguido del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con 12.310 afiliados menos (-0,39%).

Con esta nueva caída, el RETA lleva 18 meses consecutivos perdiendo cotizantes mensualmente, mientras que el Régimen General encadenó su tercera caída consecutiva tras haber estado tres meses ganando afiliación.

También se perdieron afiliados en el Régimen Especial del Mar, donde se registraron 1.970 bajas (-2,88%), mientras que en el resto de regímenes de ganaron cotizantes, especialmente en el Régimen Agrario, que sumó 17.628 afiliados (+2,19%). En el Régimen Especial del Hogar se registraron 731 altas (+0,25%) y en el del Carbón hubo siete nuevos afiliados (+0,09%).

Al finalizar el mes pasado, el Régimen General contaba con 13.541.932 cotizantes, 893.512 menos que hace un año (-6,2%), mientras que al RETA estaban afiliados 3.182.563 trabajadores, 173.023 menos (-5,2%) en comparación con la media de octubre de 2008.

Dentro del Régimen General, la afiliación se comportó de forma dispar. Las pérdidas de afiliación se concentraron sobre todo en las actividades sanitarias y los servicios sociales, con 36.083 bajas (-2,64%), y en la hostelería, que perdió 29.470 cotizantes (-2,9%).

Entre los aumentos, los mayores fueron los de Educación, con 71.943 cotizantes más (+11,9%) por el inicio del curso escolar y universitario, y administración pública, que ganó 12.459 afiliados en el mes (+1,1%), informa Europa Press.

Baja la afiliación de hombres y extranjeros

En octubre, la afiliación femenina subió en 29.582 personas (+0,37%), mientras que la masculina bajó en 55.732 personas (-0,55%). En total, al finalizar octubre estaban afiliadas a la Seguridad Social una media de 7.934.359 mujeres y 9.974.586 hombres, con descensos interanuales del 7,2% y del 2,9%, respectivamente. Es la primera vez en años que la cifra de afiliados varones baja de los 10 millones.

Por su parte, la afiliación media de trabajadores extranjeros bajó en 16.297 personas en octubre (-0,85%), hasta un total de 1.892.298 ocupados. De ellos, 1.256.571 cotizaban al Régimen General, 254.184 al Agrario, 201.704 al de Autónomos, 173.960 al del Hogar, 5.170 al del Mar y 709 al del Carbón.

En valores mensuales, la afiliación aumentó en octubre en ocho comunidades autónomas, especialmente en Comunidad Valenciana, con 16.315 cotizantes más, y Madrid (+10.167), y descendió en el resto, principalmente en Baleares (-26.682 cotizantes) y Cataluña (-14.869).

¿Hacia el déficit en Seguridad Social?

Pese a todo, Granado insiste en que "los indicadores relativos [mensuales] mejoran, lo que es una clara indicación de que la economía española está volviendo a recuperar el tono vital de todos los sectores de actividad económica".

Por ello, añadió que los datos de afiliación a la Seguridad Social "indican con claridad" que las previsiones que se realizaron a principios de año van a mejorarse y que el ejercicio de 2009 cerrará con un superávit "muy cercano" al presupuestado (más de 8.000 millones de euros). 

El problema, sin embargo, es que el ratio entre afiliados y pensionistas sigue en caída libre. Según los datos de Trabajo, este ratio bajó hasta los 2,62 puntos (esto es, cada pensionista es mantenido por 2,62 afiliados), el menor nivel desde diciembre de 2005.

Aunque si tan sólo se toma en consideración el número de afiliados ocupados (trabajadores), el ratio se redice a apenas 2,29. Lo grave aquí es la tendencia: cada vez hay menos afiliados, mientras que el número de parados y pensionistas sigue aumentando de forma constante. Por ello, se seguir así, es cuestión de tiempo que la Seguridad Social registre números rojos.

UGT y CCOO dependen de las subvenciones: las cuotas no costean sus actividades, 1

¡No con mi dinero! ¡No con mis impuestos! Hipocresía clásica de la izquierda: no aceptar el subvencionar algo que no comparte sus ideas, pero callar ante la subvención de organizaciones pseudo-política que sí apoyan sus ideas. Otro ejemplo claro de corrupción ideológica.

Ni Comisiones Obreras ni UGT costean totalmente sus actividades con el dinero procedente de las cuotas de sus afiliados. Manifiestan así una dependencia de las administraciones y, por ello, de los partidos en el poder, que limita y castra toda independencia.

Si a ello unimos la sumisión ideológica de formaciones que fueron, una fundada por el PSOE en 1888, y la otra, alimentada y dirigida por el PCE durante demasiados años, tendremos un cuadro general de dos correas de transmisión de la izquierda en lugar de dos sindicatos que defienden los intereses concretos de los trabajadores concretos. Su comportamiento ante la crisis, con uno de cada cinco españoles parados y centenares de miles de familias sin ingresos, ha sido indignante. Que los artistas, ricos en su mayor parte y en su mayoría comunistas, zapateristas o compañeros de viaje de ambos, hayan apoyado tamaña locura, indica cuál es el nivel de degradación racional que se ha alcanzado. Pero vayamos a los datos relativos a Andalucía para mostrar la  hondura de la tela de araña. Hoy tratemos de precisar el número de afiliados andaluces a UGT y a CC.OO porque ninguna de ellas lo publica.

Es difícil conocer de primera mano, como sería lo normal en organizaciones que disfrutan de enormes cantidades de dinero público como ya hemos demostrado, cuál es su número de afiliados, su número de delegados y su número de liberados por empresas públicas, las administraciones y las empresas privadas. Pues no es empresa fácil. Sin embargo el diablo está en los detalles.

En este caso, dado que los sindicatos son a la vez empresarios y empresarios del capitalismo "salvaje", malsano y financiero (sector de los seguros, por ejemplo), a veces los datos salen a la luz. Es el caso de Atlantis Seguros, empresa participada por ambos sindicatos. Pero, naturalmente y como buenos capitalistas, a la hora de decidir cómo se manda en el consejo de administración, ambas organizaciones, a finales de 2008, tuvieron que retratarse en número de afiliados y delegados.

Los resultados del recuento fueron estos:

"Según los datos de los propios sindicatos obtenidos en Atlantis Seguros, empresa de la que UGT y CC.OO son accionistas,

CCOO: Nº afiliados: 1.219.345 Nº de delegados: 126.920
UGT:    Nº afiliados: 1.052.250 Nº de delegados: 123.233*

Vean el documento:

De liberados, vamos, ni hablamos.

El informe de Atlantis, en el que vienen recogidos estos datos, es de finales de 2008 y utiliza los datos de 2008. Por ello, utilizaremos datos de la EPA de 2008 para averiguar el número de asalariados.  El resultado es 16.308.200 a nivel nacional y en Andalucía, a finales de 2008, había 2.070.200 asalariados según la EPA.

Para saber cuántos afiliados tiene CC.OO podemos recurrir a sus propias cifras. Según Francisco Carbonero, su secretario general en Andalucía, los afiliados cotizantes en Andalucía se situaban en febrero de 2009 en 201.439.  Como no sabemos los afiliados cotizantes de UGT apliquemos una regla proporcional a los números andaluces, trasladando la diferencia nacional a nivel andaluz. Esto nos daría una cifra de afiliación de UGT en Andalucía de 173.463.

Como puede comprobarse fácilmente, a escala nacional CCOO y UGT no alcanzan ni de lejos el 10 por ciento de afiliación. Comisiones tendría poco más de 7 afiliados por cada 100 asalariados y UGT no llegaría siquiera al 7 por ciento (6,45%). En Andalucía esas cifras serían un poco más altas. Comisiones Obreras obtendría el 9,7% y UGT un poco más del 8 por ciento.

Es decir, podemos concluir que representando entre ambos al 14 por ciento de los asalariados en España y al 17 por ciento de los asalariados andaluces, UGT y CCOO son intermediarios de la mayoría de las políticas relacionadas con el empleo y la formación para todos los españoles y andaluces sin que sepamos por qué no tendrían que limitarse a recibir el porcentaje adecuado de ellas, no casi la totalidad. La argucia de eliminar a los demás sindicatos con un "listón" preparado ad hoc se lo permite.

Ahora se trata de ver, en el caso de que paguen todos ellos, algo infrecuente e increíble, de cuántos recursos procedentes de sus afiliados disponen cada año Comisiones y UGT en Andalucía. Pero eso, la semana que viene.

Artistas y sindicatos calientan la manifestación contra los empresarios.

¡Qué casualidad! La izquierda los cría y ellos se juntan. Los mayores vividores, a base de subvenciones que pagamos injustamente todos los españoles, son precisamente los que más se quejan. Menuda jeta. Y como no, están los de siempre. Que poca vergüenza.

Los habituales abajofirmantes – Juan Diego Botto, Miguel Ríos, Almudena Grandes, Joaquín Sabina...– presentaron un manifiesto junto a CCOO y UGT en el que arremeten contra el mercado y piden más intervención del Estado. Además, llaman a manifestarse contra los empresarios.


Dos de los colectivos más beneficiados de los subsidios y subvenciones del Estado, el autodenominado "mundo cultural" y los sindicatos CCOO y UGT han presentado este viernes un manifiesto con el lema "Otra política y otros valores para salir de la crisis", en el que reclaman una política "verdadera" y "digna" y que luche realmente contra la corrupción.

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, agradecieron profundamente este tipo de apoyos públicos e instaron a los firmantes del manifiesto a unirse a la manifestación convocada por los sindicatos el día 12 de diciembre a favor del "trabajo, la protección social y la iniciativa pública" que, en realidad, es una manifestación contra los empresarios.

El poeta y escritor Luis García Montero, durante la presentación del acto, dijo que la crisis que estamos sufriendo es "esencialmente política", que el manifiesto clama contra la degradación de la política y que este grupo de ciudadanos "pide dignificarla" y que se luche contra la corrupción. Los actores Juan Diego Boto y Juan Diego, la escritora Almudena Grandes, los cantantes Miguel Ríos, Joaquín Sabina y la actriz Lucía Álvarez leyeron el manifiesto que achaca la crisis al hecho de "haber dejado actuar en plena libertad a los capitales financieros".

Destacaron también otros desencadenantes como "la política controlada cada vez más por los mercados, el poder al servicio de los privilegiados, el predominio de la avaricia y el afán de lucro como único impulso ético que quieren imponer al resto del mundo los grandes propietarios y los financieros multimillonarios".

Para los 250 firmantes del manifiesto la política representa en la tradición democrática "el protagonismo de los ciudadanos y palabras como diálogo, compromiso, conciencia, legalidad y bien público están más cerca de la verdadera política que otras más comunes en nuestra vida como corrupción, paraíso fiscal, soborno, opacidad o escándalo".

Por ello, reivindicaron "mayor inversión en educación, investigación y cualificación laboral, que se devuelva la autoridad a los espacios públicos y a los representantes de los ciudadanos para regular las estrategias del mercado y que se consoliden las políticas de igualdad". También reivindicaron "la defensa de los derechos de los inmigrantes y apostaron por la solidaridad frente a la pobreza, el egoísmo y la soledad social".

Tras recibir el manifiesto, Méndez destacó el "giro" que se ha producido sobre el origen de la crisis, porque ahora ya no se habla de lo que se debería: "que la avaricia es mala" y que la economía financiera global y sin límites "es dañina y peligrosa" en vez de "cojonuda, como dijo alguien".

El secretario general de UGT dijo que las empresas en España tienen el menor valor añadido de Europa y que los sueldos de los trabajadores son un 30% menores. Méndez consideró que recuperar el empleo a corto plazo debe pasar por la iniciativa pública, en tanto que en el medio plazo se deben repensar las estructuras empresariales y que es necesario recuperar el papel del Estado en los impuestos.

Por su parte, Toxo subrayó que la crisis no es solo económica, sino "ecológica, alimentaria, moral y de valores", una crisis "de democracia" debida a la hegemonía de un discurso por parte del Banco Mundial, el FMI, el BCE, el Banco de España y las instituciones financieras "que se debe cuestionar". A los firmantes del manifiesto les dijo que son "la conciencia crítica de la sociedad", al tiempo que subrayaba la "tremenda importancia" de su movilización. En su opinión, la solidaridad es una salida a la crisis, ya que cuando el capital privado "cobarde" busca refugio en las SICAV hay que tener capacidad desde la izquierda, el Gobierno y los sindicatos para demostrar que hay otra forma de entender la economía.