El Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ya ha acumulado un aumento del 736% en subvenciones a los sindicatos, a quienes discrimina positivamente en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
Si en las cuentas de 2004 el Ejecutivo de José María Aznar presupuestó 153.260 euros destinados al “apoyo instrumental a la negociación colectiva” en la función pública –esto es, a las reuniones entre sindicatos, delegados de los empleados públicos y representantes ministeriales–, José Luis Rodríguez Zapatero la ha incrementado durante su mandato hasta 1.281.000 euros. Entonces, en pleno crecimiento de la Economía española; hoy, en la cola de salida de la crisis.
Suponiendo que estas tareas requirieran, por ejemplo, un centenar de reuniones anuales entre las partes (según todas las fuentes consultadas no llegan a ese número “ni de casualidad”), cada una de ellas costaría a los contribuyentes la friolera de 13.000 euros. Una factura más que elevada con o sin crisis. Además, las citas se celebran en dependencias públicas y no requieren de alquiler alguno. Si los funcionarios o altos cargos políticos que representan a la Administración en los encuentros no hacen otra cosa que su trabajo durante las mismas, los delegados sindicales suelen ser liberados precisamente para ocuparse de actividades como éstas, tal y como inciden fuentes parlamentarias.
El agravio sindical aún va más lejos. Tal y como se informó ayer desde estas páginas, la partida de 1,3 millones de euros no varía, independientemente del número de encuentros que se celebren. Asimismo, Presidencia distingue entre trabajadores y trabajadores. Los sindicatos, los mismos que hace escasos días amagaban con un simulacro de huelga general el pasado 29 de septiembre, quedan a salvo del “esfuerzo colectivo” al que apela Zapatero y no ven mermada su subvención por este concepto, pese a la necesidad de acometer la misma reducción drástica del déficit que el presidente decidió tres días después de negársela al líder de la oposición, Mariano Rajoy.
Pese a que la partida del Ministerio de Presidencia en los Presupuestos Generales del Estado ha sufrido un recorte del 17,38%, los sindicatos, a los que el Gobierno bajo ningún concepto quiere dejar en evidencia, no pierden un sólo euro de esta asignación –representan a gran parte de sus bases, véase el ejercicio de funambulismo del Ejecutivo a la hora de valorar la incidencia de la huelga general de los sindicatos de clase, CC OO y UGT–.
Cuando el portavoz de la Función Pública del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Barrachina, ha puesto en evidencia estos privilegios sindicales, la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, esgrimió que “hay que apostar por austeridad con racionalidad, aplicándola donde es oportuna en función de los efectos de la crisis”. Más de lo mismo desde el PSOE, desde donde no sólo justifican las prebendas de los sindicatos de clase, sino que pasaron a arremeter contra el Partido Popular con el siguiente argumento: los populares se dedican a “erosionar el sistema democrático con sus ataques a unos organismos que forman parte del mismo”.
En el PP no entienden que se baje el 5% del sueldo de los funcionarios y se reduzcan los mismos en la Administración General del Estado, hasta 11.000 personas, y que los sindicatos de clase no “arrimen el hombro” ante la crisis.
Barrachina no se calla. “Mientras estos presupuestos anuncian una reducción para 2011 de 11.000 funcionarios, y hasta el 2013 de 30.000, sus representantes mantienen intactos sus confortables sillones”, enfatiza en declaraciones a LA GACETA.
El incremento del “apoyo instrumental a la negociación colectiva” supone un total de 1.127.830 euros respecto a los último presupuestos del PP con Aznar en el Gobierno. Barrachina considera que “los funcionarios están pagando el derroche del Gobierno de Zapatero, ajustándose el cinturón un 5% este año y, sin embargo, sus supuestos representantes siguen tirando con pólvora del Rey”. También denuncia que “pueden pasar meses sin reuniones y el peaje sigue siendo el mismo”, y, por ello, anuncia preguntas parlamentarias al respecto.
El portavoz de la Función Pública del PP destaca que “es injustificable que los que dicen representar a unos empleados públicos –que han sufrido un recorte en sus nóminas– no renuncien a uno sólo de sus privilegios”.
Si en las cuentas de 2004 el Ejecutivo de José María Aznar presupuestó 153.260 euros destinados al “apoyo instrumental a la negociación colectiva” en la función pública –esto es, a las reuniones entre sindicatos, delegados de los empleados públicos y representantes ministeriales–, José Luis Rodríguez Zapatero la ha incrementado durante su mandato hasta 1.281.000 euros. Entonces, en pleno crecimiento de la Economía española; hoy, en la cola de salida de la crisis.
Suponiendo que estas tareas requirieran, por ejemplo, un centenar de reuniones anuales entre las partes (según todas las fuentes consultadas no llegan a ese número “ni de casualidad”), cada una de ellas costaría a los contribuyentes la friolera de 13.000 euros. Una factura más que elevada con o sin crisis. Además, las citas se celebran en dependencias públicas y no requieren de alquiler alguno. Si los funcionarios o altos cargos políticos que representan a la Administración en los encuentros no hacen otra cosa que su trabajo durante las mismas, los delegados sindicales suelen ser liberados precisamente para ocuparse de actividades como éstas, tal y como inciden fuentes parlamentarias.
El agravio sindical aún va más lejos. Tal y como se informó ayer desde estas páginas, la partida de 1,3 millones de euros no varía, independientemente del número de encuentros que se celebren. Asimismo, Presidencia distingue entre trabajadores y trabajadores. Los sindicatos, los mismos que hace escasos días amagaban con un simulacro de huelga general el pasado 29 de septiembre, quedan a salvo del “esfuerzo colectivo” al que apela Zapatero y no ven mermada su subvención por este concepto, pese a la necesidad de acometer la misma reducción drástica del déficit que el presidente decidió tres días después de negársela al líder de la oposición, Mariano Rajoy.
Pese a que la partida del Ministerio de Presidencia en los Presupuestos Generales del Estado ha sufrido un recorte del 17,38%, los sindicatos, a los que el Gobierno bajo ningún concepto quiere dejar en evidencia, no pierden un sólo euro de esta asignación –representan a gran parte de sus bases, véase el ejercicio de funambulismo del Ejecutivo a la hora de valorar la incidencia de la huelga general de los sindicatos de clase, CC OO y UGT–.
Cuando el portavoz de la Función Pública del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Barrachina, ha puesto en evidencia estos privilegios sindicales, la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, esgrimió que “hay que apostar por austeridad con racionalidad, aplicándola donde es oportuna en función de los efectos de la crisis”. Más de lo mismo desde el PSOE, desde donde no sólo justifican las prebendas de los sindicatos de clase, sino que pasaron a arremeter contra el Partido Popular con el siguiente argumento: los populares se dedican a “erosionar el sistema democrático con sus ataques a unos organismos que forman parte del mismo”.
En el PP no entienden que se baje el 5% del sueldo de los funcionarios y se reduzcan los mismos en la Administración General del Estado, hasta 11.000 personas, y que los sindicatos de clase no “arrimen el hombro” ante la crisis.
Barrachina no se calla. “Mientras estos presupuestos anuncian una reducción para 2011 de 11.000 funcionarios, y hasta el 2013 de 30.000, sus representantes mantienen intactos sus confortables sillones”, enfatiza en declaraciones a LA GACETA.
El incremento del “apoyo instrumental a la negociación colectiva” supone un total de 1.127.830 euros respecto a los último presupuestos del PP con Aznar en el Gobierno. Barrachina considera que “los funcionarios están pagando el derroche del Gobierno de Zapatero, ajustándose el cinturón un 5% este año y, sin embargo, sus supuestos representantes siguen tirando con pólvora del Rey”. También denuncia que “pueden pasar meses sin reuniones y el peaje sigue siendo el mismo”, y, por ello, anuncia preguntas parlamentarias al respecto.
El portavoz de la Función Pública del PP destaca que “es injustificable que los que dicen representar a unos empleados públicos –que han sufrido un recorte en sus nóminas– no renuncien a uno sólo de sus privilegios”.
