¿Austeridad? Los funcionarios de las CCAA se disparan un 92% en la última década

El empleo público está de moda. Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos disparan la contratación de funcionarios y la única forma de financiar el incremento de los costes salariales es mediante la subida de tasas e impuestos.

Los españoles prefieren trabajar para las Administraciones Públicas, ya que, como norma general, las exigencias en el desempeño de la actividad laboral no son tan importantes como en el sector privado, el puesto de trabajo está asegurado y los horarios suelen ser mejores que los de los ciudadanos que son empleados por empresas privadas.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recogen este testigo y disparan las contrataciones de funcionarios, en contra de los criterios de austeridad y eficiencia que deberían caracterizar las políticas que desarrollan este tipo de instituciones públicas.

Y como el empleo público estatal se reduce, aumentan las desigualdades en la prestación de servicios públicos que no dependen de la Administración Central.

Los datos así lo reflejan. Entre 1998 y 2007, la población de España ha crecido un 12,2% según la oficina estadística europea (Eurostat), contando con los procesos de regularización de inmigrantes acometidos durante la pasada legislatura por el entonces ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Jesús Caldera. Sin embargo, en el mismo periodo los funcionarios han aumentado un 22%.



Fuente: Patronal catalana con datos de Trabajo


Un funcionario por cada 9 trabajadores

Como consecuencia, al cierre del pasado año había un funcionario por cada 8,7 trabajadores en activo, cifra calculada en virtud de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Y las “estrellas” de este aumento son las Comunidades Autónomas, que han elevado en un 92% su personal, lo que supone un aumento de más de 623.000 personas cuyos sueldos los pagan todas las personas que trabajan en el sector privado.

El proceso de descentralización parece estar detrás de este increíble incremento en las plantillas autonómicas. Y, como casi siempre, el mayor volumen en términos absolutos lo tiene Andalucía, que con 489.671 empleados lidera la contratación de empleados públicos, al mismo tiempo que ocupa los primeros lugares en las cifras de parados que publica el Ministerio de Trabajo.

Tras los gobiernos regionales, los ayuntamientos también han engordado sus plantillas, con un aumento del 18,74% en el personas al servicio consistorial, lo que representa un crecimiento en valores absolutos de 465.682 personas. Y financiar sus salarios no va a ser fácil, una vez que la principal fuente de financiación municipal -el suelo- ha perdido valor como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.



Subidas de tasas e impuestos municipales

Como consecuencia de este mayor coste que deberán soportar las arcas consistoriales, los municipios ya han comenzado a subir los impuestos y las tasas que son de su competencia. Los ciudadanos y pequeñas empesas van a ver cómo aumentan sus facturas de pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los impuestos de circulación, entre otros.

La principal novedad de este aumento de la carga fiscal es el momento en el que se produce. Alimentados por la sobrevaloración de los inmuebles, los ayuntamientos y los gobiernos regionales han tirado la casa por la ventana y se han comprometido con una estructura de costes que, en la actualidad, no pueden afrontar. Y esto ocurre al mismo tiempo que la economía española destruye empleo a una velocidad de vértigo, lo que lastra el poder adquisitivo de las familias y, por lo tanto, cercena el consumo y las tasas e impuestos asociados a esta variable.

Dentro de este proceso descentralizador, el Estado ha reducido el personal a su cargo en 267.345 personas, para situar el volumen total de empleados públicos en las 561.551 personas. Con todo ello, los ciudadanos que trabajan para las Administraciones Públicas han crecido un 22%, con un total de 2,58 millones de personas.

Pero la trasferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas y ayuntamientos no es la única razón de este aumento del personal que trabaja para los gobiernos regionales y municipales.

De hecho, el personal autonómico y consistorial ha aumentado de forma conjunta en más de un millón de trabajadores entre 1997 y 2008, mientras que la reducción de plantilla estatal no alcanza ni la cuarta parte de este volumen.

Empleados públicos vs Sector privado

Si se analiza el índice que compara los empleados públicos respecto a los asalariados del sector privado, la región que más apuesta por los funcionarios es Extremadura, con una tasa del 28,68%. Le siguen Castilla y León, con un 20,53%; Andalucía, con un 18,51% y Aragón, con el 17,44%. En el total nacional, existen 15,4 empleados públicos por cada 100 trabajadores de empresas no públicas.



La repercusión económica que tiene sobre la actividad productiva española esta enorme carga de empleo público es incalculable. Ya que a la cifra total de los salarios hay que sumar el coste que supone en términos de eficiencia.

Los menores incentivos para desempeñar la actividad laboral que tiene el sector público respecto del sector privado son otro aspecto que dificultan el cálculo del gasto en funcionarios y el retorno de este colectivo en términos de productividad al resto de la economía.

De momento, la Administración y los Sindicatos de la Función Pública han pactado un incremento salarial del 3,8% para el próximo año, en un documento que fija, por primera vez, las condiciones salariales de los funcionarios para un periodo de tres años.

A pesar de que el pacto inicial representaba una subida del 3%, adicionalmente se ha acordado un incremento adicional del 0,8% de la masa salarial en la Administración General del Estado, distribuido en una aportación del 0,5% al Plan de Pensiones y el 0,3% a la adopción de medidas destinadas a la mejora de resultados e incremento de la eficacia de los servicios públicos.

El resto de los mortales deberá conformarse con la actualización del IPC si disponen de cláusula de revisión salarial. Además, el Gobierno ha decidido no actualizar el Impuesto sobre la Renta con la inflación (lo que se denomina técnicamente la deflactación de la tarifa de este impuesto). Como consecuencia, los españoles deberán pagar 400 euros más -de media- cuando hagan su declaración.

¿Se avecinan recortes?

A ello se suma la mayor oferta pública de empleo realizada en España, que fue aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de enero, con 35.895 plazas. Una oferta especialmente dirigida a potenciar los efectivos de la Administración General del Estado (AGE) en las unidades de atención al ciudadano y de prestación directa de servicios.

El Consejo de Ministros aprobó entonces cuatro Reales Decretos de Oferta de Empleo Público 2008 para la AGE y sus organismos, Cuerpo Nacional de Policía, Cuerpo de la Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la crisis económica obligará a las Administraciones públicas a apretarse en cinturón. Tarea, no obstante, difícil dado el aumento sustancial que han experimentado las plantillas públicas a lo largo de los últimos 10 años.

De este modo, el Gobierno dio marcha atrás recientemente al incremento del número de funcionarios. La Oferta de Empleo Público para 2009 se reducirá en 70% respecto a la oferta de 2008, según anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La Generalidad anuncia despidos

Un recorte que comienza a materializarse también en algunas CCAA. Así, la Generalidad prevé que entre 2008 y 2009 se jubilen 2.149 funcionarios autonómicos, cuyas plazas por regla general no se cubrirán, según avanzó el lunes el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, el republicano Jordi Ausàs. La medida forma parte del paquete anticrisis aprobado por el Gobierno autonómico para ahorrar costes, informa Europa Press.

Del total de bajas, 79 tendrán la obligación legal de jubilarse, puesto que ya habrán cumplido los 70 años. El resto, 2.070 trabajadores, se encuentran o se encontrarán en la franja de edad de entre 65 y 69 años, la edad voluntaria de jubilación.

Ausàs dijo que la "amortización" de estos puestos de trabajo mediante jubilaciones irá acompañada de otros medidas orientadas a dibujar "un nuevo modelo" de administración pública catalana que potencie equipos de trabajo especializados y mejor formados.

Decreto anticrisis

Entre el primer paquete de medidas anticrisis que aprobó el Consejo Ejecutivo, destaca la relativa a esta cuestión, que establece que "no se sustituirá el personal de las consejerías y entidades del sector público de la Generalidad que cause baja por jubilación, excedencia o finalización del vínculo laboral".

"En caso de que la baja afecte a lugares de mando, y que sea imprescindible su cobertura, se compensará con bajas" en otras plazas y la "reasignación" de personal entre las consejerías.

Sólo podrán cubrirse estas plazas "excepcionalmente" en casos "debidamente justificados" y con el informe favorable de la Comisión de Coordinación Corporativa de la Generalidad.