El Gobierno respalda el "referéndum con todas las consecuencias" de Patxi López

El Gobierno está "de acuerdo" con la sugerencia de Patxi López de hacer un referéndum en el País Vasco "con todas las consecuencias". Así lo ha asegurado la vicepresidenta Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros, que ha dicho no ver diferencias entre esta petición y "lo que decimos siempre". El presidente de los socialistas vascos abogó el jueves por construir una "nacionalidad vasca desde la integración y desechando el frenetismo y la exclusión" previo acuerdo entre partidos.

De la Vega no ve mal el referéndum "con todas las consecuencias" prometido por Patxi López para el País Vasco. En declaraciones tras el Consejo de Ministros, ha aseverado que "lo que dijo el presidente de los socialistas vascos" es "lo que decimos siempre". Y es que, según ha apostillado, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero respalda "las reformas estatutarias" bajo los límites establecidos.

Concretamente, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, abogaba por "construir la nacionalidad vasca desde la integración y desechando el frentismo y la exclusión". En este sentido, insistió en la necesidad de lograr un "acuerdo entre vascos" es "posible y absolutamente necesario" y apostó, en este sentido, por "volver a la Euskadi del consenso político".

De este modo, reivindicó, frente a "la consulta vinculante" del lehendakari, Juan José Ibarretxe, "que sólo lleva a la división y al enfrentamiento", un referéndum "con todas las consecuencias" tras alcanzar un amplio acuerdo en el País Vasco que sea aprobado por el Parlamento vasco y ratificado en Cortes Generales.

Según recoge Europa Press, López indicó que "lo que hace falta" en el País Vasco es una negociación entre todos los partidos políticos democráticos con el objetivo de lograr un acuerdo que parta de los "principios básicos" del rechazo a la violencia y el apoyo a las víctimas, el respeto a las reglas de juego establecidas, el compromiso de que cualquier cambio en el marco jurídico debe tener "un acuerdo amplio y transversal", así como de "construir la nacionalidad vasca desde la integración y desechando el frenetismo y la exclusión".

Cabrera vuelve a la carga y recurre los programas de EpC de las autonomías del PP

El Gobierno de Educación ha vuelto a emprender una ofensiva contra todos aquellos que se oponen al adoctrinamiento ideológico a través de Educación para la Ciudadanía. La ministra de Educación avisó primero a los padres sobre las consecuencias de la objeción y, según informa ABC, ahora ha recurrido el decreto que desarrolla la polémica asignatura en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. En estas autonomías se han suprimido ciertos contenidos que tenían como fin la imposición a los niños de principios ideológicos defendidos por el Ejecutivo.

La polémica con la asignatura de EpC parece no tener fin después de que el Ministerio de Educación haya recurrido los decretos que desarrollan la asignatura en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular. Más concretamente en las autonomías de Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja aunque en la Comunidad Valenciana no ha ocurrido por problemas técnicos.

De este modo, el Ministerio dirigido por Mercedes Cabrera persigue a todos aquellos que no siguen fielmente los postulados que defiende íntegramente el Ejecutivo en Educación para la Ciudadanía. En estas comunidades, se han suprimido ciertos aspectos polémicos de la asignatura como la homofobia o la orientación afectivo sexual. Sin embargo, cada autonomía lucha contra el Ministerio de distinta forma. Las menos resignadas a aceptar la asignatura son Madrid y en menor medida Murcia, que aceptan la objeción de conciencia de los padres.

Sin embargo, Castilla y León y La Rioja, aunque se oponen, no apoyan directamente las objeciones, sino que los padres deberán luchar en los tribunales, e impartirán la polémica asignatura. En Valencia, para no caer en el adoctrinamiento del Gobierno socialista, la asignatura se impartirá pero en inglés. Por ello, los padres tienen dos opciones, aceptar que los hijos estudien esta asignatura de inglés o realizar un trabajo trimestral sobre parte del temario oficial aunque controlado por los mismos padres.

El Gobierno italiano reclama que Zapatero frene los insultos de los ministros españoles

El ministro de Exteriores Italiano se ha referido a la polémica que abrió la vicepresidenta de la Vega al insinuar en unas declaraciones que el gobierno de Berlusconi había apostado por una política de Inmigración “violenta, xenófoba y racista”. A continuación, los ministros Corbacho y Aído echaron más leña al fuego.

Después de que la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega diera inicio a la polémica la semana pasada, el ministro de Exteriores de Italia, Franco Frattini, ha tildado de “inaceptables” sus palabras y ha confiado en que el presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, intervenga para evitar nuevas declaraciones de ministros que son "inútilmente polémicas".

Además de De la Vega, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, retomó las críticas, al asegurar que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, "quiere criminalizar al diferente". Declaraciones que Frattini ha calificado como "imprudentes y extemporáneas".

Frattini añadió que es "interés de España, más allá del de Italia, tener una colaboración mediterránea" y "europea" para gobernar las políticas migratorias y ha recordado que ha sido la "mano dura" de Zapatero la que ha "expulsado a decenas de miles de personas con métodos diría que muy rigurosos y muy severos".

Además de Corbacho, la ministra de Igualdad, Bibiana Aido, contribuyó a aumentar la tensión con Italia después de declarar al diario que le pagaría un psiquiatra a Berlusconi, "aunque no sé si sería demasiado efectivo" porque, añadió, le harían falta muchas sesiones", añadió.

En declaraciones al diario 'Corriere della Sera', el ministro italiano para las Políticas Comunitarias de Italia, Andrea Ronchi, ha pedido a Zapatero que "tome distancias del bajo tono utilizado por la ministra Bibiana Aido, que dando por loco a Berlusconi también ha dado por locos a los italianos que lo han votado y lo han elegido".

Desde España, El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, ha asegurado que no hay problemas entre el gobierno español y el italiano y ha anunciado que el jueves recibirá al ministro de Políticas Comunitarias, Andrea Ronchi, para aclarar su postura en materia de inmigración.

Según López Garrido, tanto España como Italia "coincidimos en que la inmigración tiene que estar regulada por leyes, tanto la lícita como la ilícita y estamos de acuerdo en la necesidad de una política europea común" en la materia.

En opinión de López Garrido, "lo mejor que podemos hacer es no seguir en esta línea y no añadir más polémica" porque con eso, ha añadido, "no se consigue nada" y porque además, España e Italia tienen una política en materia de inmigración "de fondo bastante afín".

El Gobierno incrementa en un 21 por ciento su número de altos cargos y asesores

El Ejecutivo ha creado 112 puestos más que los que necesitaba el primer Gobierno de Aznar para funcionar. Según informa ABC en su edición del domingo, Zapatero y sus ministros han aumentado en un 21 por ciento el número de altos cargos y asesores en su estructura orgánica, lo que supone nada menos que hasta 453 puestos de dicha índole, 79 más que en 2004. La pretendida y anunciada austeridad de Zapatero se transforma en derroche, debido a una realidad matemática: a más asesores, más gastos.

Zapatero prometió en su día que la "austeridad" sería una de sus señas, e incluso lo plasmó por escrito, en el Código del Buen Gobierno de 2005. De la Vega también reforzó esta línea pocas semanas después de las elecciones.

Pero debido a la evidencia de los datos, el PP aprovechará el Pleno de control al Gobierno del miércoles para preguntar a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, si cree lógico que cuando peor va la economía más aumente el número de altos cargos y asesores de la Administración General del Estado. A ello se añade, además, la reciente reorganización ministerial, que incluyó la creación de dos ministerios y la remodelación de algún otro.

Precisamente, según afirma ABC, el vicepresidente segundo y ministro de Economía Pedro Solbes, y Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas, han enviado una carta a todos los ministros, según El País, para exigirles el control del gasto tras el espectacular aumento de altos cargos experimentado.

La estructura orgánica del Gobierno que menciona ABC arroja un balance de 453 altos cargos y asesores en el Ejecutivo, un 21 por ciento más que en 2004 y, atención, nada menos que 112 más que en el primer gobierno de José María Aznar (que contaba con 341). En el año 2000, el número de puestos del PP durante su segunda legislatura ascendió a 388, cifra aún muy inferior a la redondeada por Zapatero.

El mayor incremento se sitúa en el ámbito de los directores generales, que de 110 en la pasada legislatura han pasado a 132. Los secretarios de Estado han pasado de 20 a 28 (de ellas, siete nuevas creadas en esta legislatura), y en la misma línea los subsecretarios: de 18 a 20.

La cifra de asesores manifiesta la política seguida por el Ejecutivo al respecto. Para poder presentar una imagen de austeridad frente al anterior Gobierno, Zapatero redujo el número de éstos de 205 a 176, sólo para aumentarla en esta legislatura hasta 222, casi medio centenar más que en 2004.

ABC señala que los ministerios con más personal son los de Asuntos Exteriores y el de Economía y Hacienda, con 24 altos cargos, seguido de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural, con 18.

El PP gallego corrige su web e incluye la versión en castellano

Coincidiendo con la celebración del Día de la letras gallegas, el próximo 17 de mayo, el PP de Galicia ha corregido su página web y ya ofrece la posibilidad de consultar una versión en español. Dos semanas después de que Libertad Digital informase de que la web sólo se podía ver en gallego. Una de las noticias destacadas es, además, la oposición del PP a la última iniciativa de imposición lingüística de la Xunta: Pagará a los comerciantes que rotulen sólo en gallego.

El PP de Galicia ha llevado a la práctica, el menos en su página web, el bilingüismo que predica. Como informó Libertad Digital el pasado 29 de abril hasta ahora el portal de internet del PP galaico sólo se podía consultar en gallego.

La corrección de la web llega en las fechas que se conmemora el llamado Día de las letras gallegas, que se celebra el próximo 17 de mayo y que este año se dedica al escritor José María Álvarez Blázquez.

Además, el PP se ha desmarcado de la última iniciativa de discriminación lingüística de la Xunta de Galicia. Socialistas y nacionalistas pretenden subvencionar a los comercios que únicamente rotulen en gallego. Esta es la proposición no de ley que defienden tanto el PSOE como el BNG y a la que el Partido Popular se ha opuesto alegando que "no es igual promover que imponer".

Según informa ABC, los nacionalistas acusaron al PP de apoyar a los que "combaten la identidad del país". "Es triste que siga habiendo prejuicios y que traigan una enmienda que rebaja los contenidos del Plan General de Normalización Lingüística, cuando no debe haber nada por debajo de la norma", añadió el diputado del BNG Bietio Lobeira.

Desde el PP han declarado ante esta medida discriminatoria que "se puede alentar y promover, pero nunca debe haber ni imposición directa o indirecta ni exclusión". Sin embargo, los socialistas hablaron de la "necesidad de salvar el gallego" alegando que los que "quieran vivir en gallego puedan hacerlo". Para argumentar, el diputado del PSOE Francisco Cerviño dijo que "los que quieren vivir en castellano no tienen dificultades, o solamente pueden tenerlas en algún caso concreto".

PSOE y BNG se oponen a que los comercios rotulen en castellano

El PP defiende que se garantice la libertad de elegir el idioma

El Gobierno gallego (PSOE-BNG) parece que cada día se mira más en el espejo del tripartito catalán en su actitud excluyente en materia identitaria. Y ha hecho de la lengua uno de sus caballos de batalla.

Ayer se debatía en el Parlamento autonómico una proposición no de ley del BNG para hacer obligatorio el uso del gallego en la rotulación y atención comercial. El PP presentó una enmienda en la que defendía que se reconociese el derecho de los comerciantes a contar con libertad plena para elegir el idioma oficial -gallego o castellano- o cualquier otro que consideren apropiado utilizar en la rotulación interior y exterior y en las relaciones con sus clientes y proveedores.
PSOE y BNG rechazaron la propuesta del partido que preside Alberto Núñez Feijóo. De hecho, ni siquiera aceptaron sentarse a negociarla, lo que, a juicio de los populares, refleja el carácter «excluyente» de las dos formaciones que conforman el bipartito.

La enmienda del PP gallego sobre la que los socialistas y el Bloque no quisieron hablar decía textualmente: «Garantizar que la rotulación y la sinalética exterior e interior de los comercios en Galicia se haga en el idioma que libremente decida el titular del establecimiento. Animando e impulsando el empleo de la lengua gallega».
En relación al debate lingüístico, el PP se muestra partidario de las ayudas para el uso del gallego, siempre que la Xunta no prohíba el uso simultáneo del castellano o de cualquier otro idioma que el comerciante estime oportuno utilizar de acuerdo con sus intereses empresariales.

Además, advierte de los efectos «perversos» de la política lingüística del bipartito, ya que «la imposición, e incluso la presión, provocan rechazo, cierran fuertas e hipotecan el futuro».

Por tanto, los populares están de acuerdo en que se concedan ayudas para la edición de material impreso, rótulos o cualquier otra acción comercial en gallego, sin que la percepción de esa subvención condicione la libertad.

San Gil abandona la redacción de la ponencia política del PP por "diferencias de criterio fundamentales"

Nueva brecha en la crisis que viene arrastrando el PP desde el 9-M. María San Gil ha decidido abandonar la redacción de la ponencia política que la formación pensaba presentar al Congreso de junio. En un escueto comunicado, la dirigente popular justifica su decisión en "diferencias de criterio fundamentales". La noticia llega después de conocerse al primer elegido de Rajoy, Esteban González Pons, tras las reiteradas exigencias de miembros de su partido para que revele su equipo.

Fuentes del PP han indicado que para la dirigente popular se trata de diferencias de criterio "fundamentales". No han concretado, sin embargo, el contenido de las discrepancias que han llevado a María San Gil a tomar tal decisión.

A través de un escueto comunicado, el PP vasco ha puntualizado que la decisión adoptada "no supone renuncia" por parte de la presidenta del PP vasco "a seguir aportando sus puntos de vista para colaborar en la mejor propuesta y estrategia políticas del partido".

María San Gil era una de las personas encargadas, junto a José Manuel Soria y Alicia Sánchez Camacho, de la ponencia política que el PP presentará en su XVI Congreso Nacional, que se celebrará del 20 al 22 de junio en Valencia.

La presidenta de los populares vascos ha hecho pública su decisión de abandonar su redacción en la víspera del día previsto, este mismo lunes, para que los textos de las ponencias Política, Estatutos del partido y Economía que se presentarán en el Congreso del PP estuviesen acabados, antes de abrir un período de enmiendas de quince días.

A la cita congresual del PP únicamente Mariano Rajoy ha anunciado ya su candidatura para ser reelegido líder del Partido Popular.