La sombra de la corrupción acecha a la Generalidad de Cataluña, presidida por el Partido socialista. Según informan COPE y ABC, el tripartito encargó informes a personas afines que costaron más de 300.000 euros, algunos sobre asuntos tan estrambóticos como "Seguimiento de la concha brillante". Costó 27.956 euros. Los responsables de tales documentos eran ex diputados, asesores y antiguos cargos del PSC, ERC e ICV. El PP habla de "trama clientelar".
Cuarenta informes por más de 300.000 euros. La Generalidad vuelve a verse ensombrecida por actuaciones nada decorosas. Según revelan la Cadena Cope y el diario ABC, el tripartito catalán encargó dichos documentos a personas afines al PSC, ERC e ICV. De igual manera, sólo el año pasado, el Ejecutivo autonómico gastó 31 millones de euros en 1.583 estudios externos que podrían haber sido realizados por los funcionarios.
Los datos, facilitados por la Consejería de Interior y Relaciones Institucionales bajo petición del PP, demuestran la existencia de informes, cuanto menos, estrambóticos: el "Seguimiento de la concha brillante" costó 27.956 euros.
Uno de los informes más caros fue el adjudicado a la ex socialista Elisabet Comín Olivares, que realizó un estudio sobre la viabilidad de una escuela de captación agraria ecuestre en Caldes de Montbuí (Barcelona). La Generalidad le pagó 29.881 euros. Una cifra, según el rotativo de Vocento, muy similar a la que recibió por un estudio económico y de gestión del nuevo Centro del Caballo de Cataluña.
Más ejemplos. Lourdes Peruchet Font, arquitecta del Ayuntamiento de Cornellá, recibió 11.900 euros por redactar un expediente sobre la calificación de la iglesia de Santa María de Almenar como bien cultural.
"Trama clientelar", según el PP
El escándalo se ha destapado a raíz de una pregunta del popular Daniel Sirera en el parlamento catalán. El presidente del PP en dicha comunidad autónoma ha asegurado que estos cargos son "una forma encubierta de pagar favores a amigos del partido" y calificó de "trama clientelar" que la Generalidad haga estudios externos que podrían hacer sus propios funcionarios.
sábado, marzo 29, 2008
viernes, marzo 28, 2008
La Generalidad aprueba que se expediente a un mosso por escribir en castellano
Un agente de policía autonómica de Cataluña ha sido sancionado por escribir unas diligencias en castellano. El mosso así lo hizo al comprobar que los imputados, por presunta estafa financiera, habían declarado en esta lengua. Cuando sus superiores le exigieron que lo tradujera al catalán, él se negó. El consejero de Interior de la Generalidad, Joan Saura, ha defendido esta actuación ya que "el catalán es la lengua propia de Cataluña".
Nuevo caso de marginación del castellano. Según informa el diario La Razón, un mosso de Esquadra se negó a traducir al catalán unas diligencias abiertas en castellano, después de que los imputados hicieran su declaración en esta lengua. Ante su negativa, la policía autonómica optó por abrirle un expediente de Información Reservada alegando desobediencia.
Un caso que este jueves llegaba al Parlamento catalán de manos de Ciudadanos. Preguntado por el parlamentario José Domingo, el consejero de Interior de Generalidad no sólo no se disculpaba sino que defendía la polémica decisión. Concretamente, Saura espetó que el agente estaba en la obligación de escribir en catalán ya que "es la lengua propia de la administración catalana, como lo es el castellano de la española".
Ante esta respuesta, Domingo replicó que "es sarcástico que sea más importante la lengua en que están escritas las diligencias que el contenido, aunque es más sarcástico aún que se abra un expediente a un agente alegando desobediencia por no traducir el escrito del castellano al catalán". "Es totalitarismo", sentenció.
Según explica el rotativo de Planeta, el mosso sancionado no está de acuerdo con el consejero Saura y ya ha llevado el caso al Contencioso Administrativo de Gerona, donde se produjeron los hechos. Está pendiente de escolarización.
Nuevo caso de marginación del castellano. Según informa el diario La Razón, un mosso de Esquadra se negó a traducir al catalán unas diligencias abiertas en castellano, después de que los imputados hicieran su declaración en esta lengua. Ante su negativa, la policía autonómica optó por abrirle un expediente de Información Reservada alegando desobediencia.
Un caso que este jueves llegaba al Parlamento catalán de manos de Ciudadanos. Preguntado por el parlamentario José Domingo, el consejero de Interior de Generalidad no sólo no se disculpaba sino que defendía la polémica decisión. Concretamente, Saura espetó que el agente estaba en la obligación de escribir en catalán ya que "es la lengua propia de la administración catalana, como lo es el castellano de la española".
Ante esta respuesta, Domingo replicó que "es sarcástico que sea más importante la lengua en que están escritas las diligencias que el contenido, aunque es más sarcástico aún que se abra un expediente a un agente alegando desobediencia por no traducir el escrito del castellano al catalán". "Es totalitarismo", sentenció.
Según explica el rotativo de Planeta, el mosso sancionado no está de acuerdo con el consejero Saura y ya ha llevado el caso al Contencioso Administrativo de Gerona, donde se produjeron los hechos. Está pendiente de escolarización.
jueves, marzo 27, 2008
PSOE y BNG aprueban una ley para impedir que Fraga, Suárez o Gutiérrez Mellado den nombre a calles gallegas
La alianza socialista-nacionalista que gobierna Galicia ha aprobado una ley para que ninguna persona "partidaria de la dictadura" dé nombre a calles, plazas o edificios públicos de Galicia. Lo que pretenden es vetar a personas como Fraga, Suárez o Gutiérrez Mellado. Habrá que ver si BNG y PSOE también la aplican a insignes escritores galleguistas como Álvaro Cunqueiro o Vicente Risco, que tras el triunfo de Franco se convirtieron gustosos al falangismo, y dan nombre a numerosos colegios e institutos. Sin ir más lejos, el entonces príncipe Juan Carlos juró los principios del Movimiento.
El BNG ha impulsado una ley en el Parlamento gallego, que también han apoyado sus socios del PSOE, para que ninguna persona "representante o partidaria de la dictadura franquista" dé nombre a calles, plazas o edificios públicos –colegios, institutos, bibliotecas, hospitales...–de la región. La "memoria histórica" sirve de coartada moral a los nacionalistas para encubrir lo que esconde esta iniciativa: su odio obsesivo hacia Manuel Fraga.
El representante nacionalista que ha defendido la iniciativa, un diputado autonómico llamado Manuel Parga dijo que al PP le cuesta condenar el franquismo y volvió a la cantinela de que los populares son los herederos de esta dictadura. No deja de llamar la atención que el partido que se negó a condenar el Holocausto en el Parlamento de Galicia se dedique a repartir certificados de democracia. Tan demócratas son estos bloqueiros que un concejal de este partido en un pueblo de La Coruña se vio obligado a dimitir, asustado por el "odio" antisemita de los dirigentes nacionalistas.
El PSOE gallego como viene siendo habitual se ha sumado a esta iniciativa sectaria que han revestido como una ley para eliminar la "simbología franquista". Si toda persona, como dicen los nacionalistas, "representante o partidaria de la dictadura franquista" entre 1939 y 1977 no va poder dar su nombre a calles y edificios públicos gallegos, estamos hablando como mínimo de más del 80 por ciento de la población gallega durante los años de la dictadura.
Y afecta, especialmente, al galleguismo histórico del que pretende declararse heredero el BNG. De hecho, al menos tres de los nombres más importantes de la literatura gallega y del galleguismo de los años 30 como son Vicente Risco y Álvaro Cunqueiro, no sólo fueron "partidarios de la dictadura franquista" sino que se convirtieron en destacados falangistas. La pregunta es si la Xunta va cambiar el nombre a los colegios e institutos, que son muchos en Galicia, que llevan el nombre de Risco y Cunqueiro, entre otros muchos.
Otros destacados galleguistas del ámbito político que se convirtieron al falangismo fueron Filgueira Valverde, que llegó a ser alcalde de Pontevedra en pleno franquismo, o Eugenio Montes. Aunque menos relacionado con el galleguismo, tampoco podrá tener ningún tipo de reconocimiento en su tierra el gran escritor Gonzalo Torrente Ballester, otro destacado falangista. O el premio nobel gallego Camilo José Cela, que trabajó de censor.
EL PP de Galicia se ha opuesto a esta nueva demostración de totalitarismo del bipartito gallego. Los populares consideran además especialmente sangrante que al mismo tiempo en otras partes de España como el pueblo guipuzcoano de Zizurquil se dedique una plaza más, ya hay varias, a un etarra. Esta para el coautor de los asesinatos de Fernando Múgica y Miguel Ángel Blanco.
En una nota remitida a este diario, el el PPdeG señala que "el Gobierno bipartito de la Xunta de Galicia y los grupos parlamentarios que lo apoyan perdieron hoy cualquier rubor al avanzar un escalón más en sus intentos de manipulación de la figura del ex-presidente de la Xunta, Manuel Fraga". El diputado del PP Agustín Baamonde considera que lo sucedido en el Parlamento esta mañana fue "una estrategia premediatada, trataron de vincular al Partido Popular con el franquismo", que "evidencia la verdadera catadura moral de los socios del Gobierno bipartito, dispuestos a mentir y manipular sin límite con tal de mantenerse en el poder, aunque sea vulnerando las normas establecidas y la tradición democrática".
El BNG ha impulsado una ley en el Parlamento gallego, que también han apoyado sus socios del PSOE, para que ninguna persona "representante o partidaria de la dictadura franquista" dé nombre a calles, plazas o edificios públicos –colegios, institutos, bibliotecas, hospitales...–de la región. La "memoria histórica" sirve de coartada moral a los nacionalistas para encubrir lo que esconde esta iniciativa: su odio obsesivo hacia Manuel Fraga.
El representante nacionalista que ha defendido la iniciativa, un diputado autonómico llamado Manuel Parga dijo que al PP le cuesta condenar el franquismo y volvió a la cantinela de que los populares son los herederos de esta dictadura. No deja de llamar la atención que el partido que se negó a condenar el Holocausto en el Parlamento de Galicia se dedique a repartir certificados de democracia. Tan demócratas son estos bloqueiros que un concejal de este partido en un pueblo de La Coruña se vio obligado a dimitir, asustado por el "odio" antisemita de los dirigentes nacionalistas.
El PSOE gallego como viene siendo habitual se ha sumado a esta iniciativa sectaria que han revestido como una ley para eliminar la "simbología franquista". Si toda persona, como dicen los nacionalistas, "representante o partidaria de la dictadura franquista" entre 1939 y 1977 no va poder dar su nombre a calles y edificios públicos gallegos, estamos hablando como mínimo de más del 80 por ciento de la población gallega durante los años de la dictadura.
Y afecta, especialmente, al galleguismo histórico del que pretende declararse heredero el BNG. De hecho, al menos tres de los nombres más importantes de la literatura gallega y del galleguismo de los años 30 como son Vicente Risco y Álvaro Cunqueiro, no sólo fueron "partidarios de la dictadura franquista" sino que se convirtieron en destacados falangistas. La pregunta es si la Xunta va cambiar el nombre a los colegios e institutos, que son muchos en Galicia, que llevan el nombre de Risco y Cunqueiro, entre otros muchos.
Otros destacados galleguistas del ámbito político que se convirtieron al falangismo fueron Filgueira Valverde, que llegó a ser alcalde de Pontevedra en pleno franquismo, o Eugenio Montes. Aunque menos relacionado con el galleguismo, tampoco podrá tener ningún tipo de reconocimiento en su tierra el gran escritor Gonzalo Torrente Ballester, otro destacado falangista. O el premio nobel gallego Camilo José Cela, que trabajó de censor.
EL PP de Galicia se ha opuesto a esta nueva demostración de totalitarismo del bipartito gallego. Los populares consideran además especialmente sangrante que al mismo tiempo en otras partes de España como el pueblo guipuzcoano de Zizurquil se dedique una plaza más, ya hay varias, a un etarra. Esta para el coautor de los asesinatos de Fernando Múgica y Miguel Ángel Blanco.
En una nota remitida a este diario, el el PPdeG señala que "el Gobierno bipartito de la Xunta de Galicia y los grupos parlamentarios que lo apoyan perdieron hoy cualquier rubor al avanzar un escalón más en sus intentos de manipulación de la figura del ex-presidente de la Xunta, Manuel Fraga". El diputado del PP Agustín Baamonde considera que lo sucedido en el Parlamento esta mañana fue "una estrategia premediatada, trataron de vincular al Partido Popular con el franquismo", que "evidencia la verdadera catadura moral de los socios del Gobierno bipartito, dispuestos a mentir y manipular sin límite con tal de mantenerse en el poder, aunque sea vulnerando las normas establecidas y la tradición democrática".
miércoles, marzo 26, 2008
La asociación de las fosas dice que "sólo estamos para las familias de republicanos"
La asociación de las fosas de la Guerra Civil admite su interés en una memoria selectiva, por lo que no se personará en la exhumación de los restos hallados en el antiguo cuartel de la Brigada Paracaidista de Alcalá (Madrid). Según informa este miércoles ABC, el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha invocado los estatutos: "Nosotros sólo estamos para familias de desaparecidos republicanos", ha dicho.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene el mutismo sobre unos restos hallados en una zona que fue de dominio del Ejército Popular hasta el final de la Guerra.
La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, tan inquisitiva en casos relacionados con desaparecidos del bando republicano, ha confirmado este martes que no moverá un dedo por saber quiénes fueron apilados en la fosa común encontrada a finales de febrero en el antiguo cuartel de la Brigada Paracaidista, hoy sede de las unidades ligeras del Ejército.
Es probable que los restos pertenezcan a víctimas de la represión republicana contra miembros del bando nacional e incluso contra republicanos purgados en brutales detenciones y torturas por el Ejército Popular y los siniestros comisarios políticos de Stalin en España. La zona donde ha aparecido la fosa fue de dominio republicano hasta el final de la Guerra.
Coincide, además, con el lugar donde fue localizado por última vez Andrés Nin, dirigente del POUM detenido, desollado vivo y asesinado por agentes de la temible NKDV de Stalin, mientras el Gobierno de la República miró para otro lado.
Según ABC, que ha hablado con Emilio Silva, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica "no ayudará a las personas interesadas en saber si entre los restos de la fosa común hallada en Alcalá de Henares pueden encontrarse algunos de sus familiares desaparecidos".
La razón de esta inacción está en los estatutos, según el presidente de la asociación: "Nosotros sólo estamos para familias de desaparecidos republicanos, pero eso no quita que defendamos los derechos humanos, en cuanto a la identidad, y una sepultura digna para los desaparecidos", cita el ABC de su consulta a Silva.
También aducen que "nosotros nunca vamos a frentes de guerra, sino sólo a pueblos donde nos dicen el lugar y los desaparecidos con nombre y apellidos. Tiene que haber indicios y evidencias".
Comienza la ceremonia de la confusión
El Gobierno guarda silencio sobre este hallazgo, mientras su constelación mediática ya ha emprendido la ceremonia de la confusión. El diario El País apuntaba que la zona donde aparecieron los restos fue campo de concentración franquista durante la década de los 40.
ABC puntualiza este miércoles que la conocida como prisión del Manicomio –así llamada porque ocupaba los pabellones a medio construir de un antiguo Instituto Psiquiátrico proyectado por Gonzalo Rodríguez Lafora– "funcionó como centro logístico y de prisioneros" al cuidado del Ejército del bando nacional durante seis meses, entre abril y noviembre de 1939, periodo durante el que llegó a albergar a 3.700 personas.
ABC cita al historiador Javier Rodrigo, autor de Cautivos (Editorial Crítica), al señalar que el centro "apenas sirvió de mero depósito y centro de clasificación de los oficiales y soldados del Ejército Popular que se fueron entregando a los vencedores al final de la Guerra".
Este cometido contradice "el hecho de que en la fosa hayan aparecido vestigios de ropa femenina, por lo que es muy poco probable que se trate de un enterramiento ligado a este depósito de militares republicanos presos", estima el mismo diario.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene el mutismo sobre unos restos hallados en una zona que fue de dominio del Ejército Popular hasta el final de la Guerra.
La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, tan inquisitiva en casos relacionados con desaparecidos del bando republicano, ha confirmado este martes que no moverá un dedo por saber quiénes fueron apilados en la fosa común encontrada a finales de febrero en el antiguo cuartel de la Brigada Paracaidista, hoy sede de las unidades ligeras del Ejército.
Es probable que los restos pertenezcan a víctimas de la represión republicana contra miembros del bando nacional e incluso contra republicanos purgados en brutales detenciones y torturas por el Ejército Popular y los siniestros comisarios políticos de Stalin en España. La zona donde ha aparecido la fosa fue de dominio republicano hasta el final de la Guerra.
Coincide, además, con el lugar donde fue localizado por última vez Andrés Nin, dirigente del POUM detenido, desollado vivo y asesinado por agentes de la temible NKDV de Stalin, mientras el Gobierno de la República miró para otro lado.
Según ABC, que ha hablado con Emilio Silva, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica "no ayudará a las personas interesadas en saber si entre los restos de la fosa común hallada en Alcalá de Henares pueden encontrarse algunos de sus familiares desaparecidos".
La razón de esta inacción está en los estatutos, según el presidente de la asociación: "Nosotros sólo estamos para familias de desaparecidos republicanos, pero eso no quita que defendamos los derechos humanos, en cuanto a la identidad, y una sepultura digna para los desaparecidos", cita el ABC de su consulta a Silva.
También aducen que "nosotros nunca vamos a frentes de guerra, sino sólo a pueblos donde nos dicen el lugar y los desaparecidos con nombre y apellidos. Tiene que haber indicios y evidencias".
Comienza la ceremonia de la confusión
El Gobierno guarda silencio sobre este hallazgo, mientras su constelación mediática ya ha emprendido la ceremonia de la confusión. El diario El País apuntaba que la zona donde aparecieron los restos fue campo de concentración franquista durante la década de los 40.
ABC puntualiza este miércoles que la conocida como prisión del Manicomio –así llamada porque ocupaba los pabellones a medio construir de un antiguo Instituto Psiquiátrico proyectado por Gonzalo Rodríguez Lafora– "funcionó como centro logístico y de prisioneros" al cuidado del Ejército del bando nacional durante seis meses, entre abril y noviembre de 1939, periodo durante el que llegó a albergar a 3.700 personas.
ABC cita al historiador Javier Rodrigo, autor de Cautivos (Editorial Crítica), al señalar que el centro "apenas sirvió de mero depósito y centro de clasificación de los oficiales y soldados del Ejército Popular que se fueron entregando a los vencedores al final de la Guerra".
Este cometido contradice "el hecho de que en la fosa hayan aparecido vestigios de ropa femenina, por lo que es muy poco probable que se trate de un enterramiento ligado a este depósito de militares republicanos presos", estima el mismo diario.
martes, marzo 25, 2008
El Barcelona vuelve a boicotear el himno de España
Cuando el Barcelona retiró el año pasado a sus jugadores pre benjamines de la formación inicial en la final del Mundialito del Algarve al sonar el himno español, algunos pensaron que podría tratarse de una equivocación o incluso de una anécdota. Pero la reiteración se ha encargado de confirmar el boicot del club azulgrana al himno español, ya que este pasado fin de semana volvió a repetirse la historia.
El Barcelona se negó a que sus jugadores, que sólo tienen ocho años, formaran bajo el himno nacional, dejando solos a los portugueses del Benfica mientras por megafonía ponían el himno español y el portugués.
Es una nueva demostración del catalanismo radical de un club que hace varias temporadas cortó el asta de la bandera española que formaba junto a la azulgrana y la catalana, o que ha impedido que jugadores como Bojan posen con la camiseta nacional ante la Prensa.
"Un ejecutivo del club nos amenazó"
El director general del torneo, Ricardo Godoy, atendió la llamada de MARCA para explicar lo que había sucedido y el desconcierto que había causado tanto en la organización como en el palco de autoridades, donde había representación del gobierno portugués y de los diferentes consulados de los países que participaban. El director añadía que “el año pasado Laporta ya se puso en contacto con nosotros para intentar que no sonase el himno español y esta vez, temiéndonos que pasaría lo mismo, pedimos al club una carta firmada por Laporta con la petición por escrito”.
Godoy denunció que “se presentó en mi despacho un ejecutivo del club azulgrana que nos dio un papel escrito a mano y que se mostró agresivo. Incluso nos amenazó con que el club no iba a participar más en el torneo”.
Respuesta del club
Por parte del club, la respuesta es similar a la del año pasado. La entidad azulgrana se basa en que el equipo pre benjamín pertenece a una escuela, aunque bien es cierto que las equipaciones son oficiales (con camisetas con el logotipo de Unicef incluidas) y participan bajo el nombre de F.C. Barcelona. El club argumenta, no obstante, que no hay ninguna normativa que obligue a un club a formar bajo el himno nacional, al estar participando en una competición de clubes y no de selecciones.
El Barcelona se negó a que sus jugadores, que sólo tienen ocho años, formaran bajo el himno nacional, dejando solos a los portugueses del Benfica mientras por megafonía ponían el himno español y el portugués.
Es una nueva demostración del catalanismo radical de un club que hace varias temporadas cortó el asta de la bandera española que formaba junto a la azulgrana y la catalana, o que ha impedido que jugadores como Bojan posen con la camiseta nacional ante la Prensa.
"Un ejecutivo del club nos amenazó"
El director general del torneo, Ricardo Godoy, atendió la llamada de MARCA para explicar lo que había sucedido y el desconcierto que había causado tanto en la organización como en el palco de autoridades, donde había representación del gobierno portugués y de los diferentes consulados de los países que participaban. El director añadía que “el año pasado Laporta ya se puso en contacto con nosotros para intentar que no sonase el himno español y esta vez, temiéndonos que pasaría lo mismo, pedimos al club una carta firmada por Laporta con la petición por escrito”.
Godoy denunció que “se presentó en mi despacho un ejecutivo del club azulgrana que nos dio un papel escrito a mano y que se mostró agresivo. Incluso nos amenazó con que el club no iba a participar más en el torneo”.
Respuesta del club
Por parte del club, la respuesta es similar a la del año pasado. La entidad azulgrana se basa en que el equipo pre benjamín pertenece a una escuela, aunque bien es cierto que las equipaciones son oficiales (con camisetas con el logotipo de Unicef incluidas) y participan bajo el nombre de F.C. Barcelona. El club argumenta, no obstante, que no hay ninguna normativa que obligue a un club a formar bajo el himno nacional, al estar participando en una competición de clubes y no de selecciones.
lunes, marzo 24, 2008
La Xunta suprime el Consejo Escolar de las Galescolas para reducir el control paterno
Las escuelas públicas de enseñanza en gallego pueden estar infringiendo la Ley Orgánica de Educación (LOE). Los centros carecen de Consejo Escolar, un órgano de gobierno de obligatoria constitución en todos los colegios públicos del sistema educativo español. Además, se reduce la representación de los padres a la presencia en un órgano consultivo llamado Consejo de Participación, según el borrador de Reglamento comentado para Libertad Digital por Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe.
La organización de las Galescolas –escuelas públicas de la Xunta para la inmersión lingüística en el gallego– incumple lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación sobre la participación de alumnos y padres en el gobierno de los colegios.
Los centros de enseñanza en gallego no tendrán Consejo Escolar, una institución de obligatoria creación en todos los centros públicos del sistema español, según el borrador de Reglamento sobre el que la plataforma Galicia Bilingüe ha alertado este domingo.
La Xunta se propone suprimir el Consejo e instituir, en su lugar, un órgano llamado Consejo de Participación de las Galescolas, que carecerá de las funciones de gobierno que la LOE asigna a los Consejos Escolares y funcionará como un órgano consultivo.
La Xunta no reconocerá a los Consejos de Participación, entre otras, la competencia para nombrar al director del colegio que la LOE reserva al Consejo Escolar. En las Galescolas, los directores serán nombrados por la Gerencia de la red de centros, dependiente del Gobierno autónomo.
Según el borrador de Reglamento, al que Libertad Digital ha tenido acceso gracias a la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, la participación de los padres en los Consejos de Participación de las Galescolas también se aparta de lo dispuesto en la LOE.
Serán órganos de nueve miembros, con dos padres representando a las familias del centro, cuando la LOE establece que la representación de los padres será de al menos un tercio de los miembros del Consejo Escolar.
Lea aquí [ única versión disponible, en gallego ] el borrador de Reglamento de organización y funcionamiento de las Galescolas, elaborado por la Vicepresidencia de la Xunta, de la que dependen estos centros.
La organización de las Galescolas –escuelas públicas de la Xunta para la inmersión lingüística en el gallego– incumple lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación sobre la participación de alumnos y padres en el gobierno de los colegios.
Los centros de enseñanza en gallego no tendrán Consejo Escolar, una institución de obligatoria creación en todos los centros públicos del sistema español, según el borrador de Reglamento sobre el que la plataforma Galicia Bilingüe ha alertado este domingo.
La Xunta se propone suprimir el Consejo e instituir, en su lugar, un órgano llamado Consejo de Participación de las Galescolas, que carecerá de las funciones de gobierno que la LOE asigna a los Consejos Escolares y funcionará como un órgano consultivo.
La Xunta no reconocerá a los Consejos de Participación, entre otras, la competencia para nombrar al director del colegio que la LOE reserva al Consejo Escolar. En las Galescolas, los directores serán nombrados por la Gerencia de la red de centros, dependiente del Gobierno autónomo.
Según el borrador de Reglamento, al que Libertad Digital ha tenido acceso gracias a la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, la participación de los padres en los Consejos de Participación de las Galescolas también se aparta de lo dispuesto en la LOE.
Serán órganos de nueve miembros, con dos padres representando a las familias del centro, cuando la LOE establece que la representación de los padres será de al menos un tercio de los miembros del Consejo Escolar.
Lea aquí [ única versión disponible, en gallego ] el borrador de Reglamento de organización y funcionamiento de las Galescolas, elaborado por la Vicepresidencia de la Xunta, de la que dependen estos centros.
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