Manifiesto de los 2.300

En el año 1983, la Xunta de Galicia, gobernada entonces por el PP, aprobó la infausta ley de normalización lingüística, a imagen y semejanza de la ley que bajo el mismo eufemismo “normalización” perpetró la Generalidad de Jordi Pujol para llevar a cabo la imposición del catalán y el destierro del castellano de la vida pública.

Sin embargo, en Galicia los primeros años de vigencia de esta ley no tuvo el mismo efecto que en Cataluña. Hasta la década de los 90, ya con Manuel Fraga en la presidencia de la Xunta de Galicia, las políticas ‘normalizadoras’ no tenían el mismo carácter agresivo que en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, se estaba incubando el virus de la imposición. Se fomentó, durante esos años, vía subvenciones millonarias una cultura oficial de corte claramente nacionalista. Con la coartada de la promoción de la lengua gallega se engordó a todo tipo de entidades de esta ideología que acabaron monopolizando la producción cultural en Galicia.

Como consecuencia de esto entre 1989, primer Gobierno de Fraga, y 2005, cuando pierde la mayoría absoluta, el nacionalismo político experimentó un crecimiento exponencial. El BNG sólo tenía dos diputados cuando Fraga llegó al poder y multiplicó por diez esa representación. Al mismo tiempo los sindicatos nacionalistas fueron ganando poder, especialmente en la enseñanza.

Al no existir una normativa que garantizase el derecho a los padres a escoger en que lengua se escolarizan sus hijos, el empleo de una lengua u otra quedaba en manos de lo que decidiese el profesor de cada materia o los centros de enseñanza sin ningún control de la administración Fraga. Así, en función del colegio o instituto en el que le tocase a cada alumno podía recibir más o menos asignaturas en una lengua u otra, sin que la voluntad del niño y sus padres contase en absoluto. Un descontrol que aprovecharon los sindicatos nacionalistas, con la complicidad de los sindicatos de izquierda y amparados por la Xunta, para, con una política de hechos consumados, extender la enseñanza en gallego sin alternativa en castellano.

La imposición del gallego en la enseñanza se convierte en una realidad legal en el año 2007. El Gobierno bipartito de PSOE y BNG promulgó el llamado Decreto del gallego que, de forma torticera –un falso reparto entre las dos lenguas oficiales– suponía la implantación del gallego como única lengua vehicular de la enseñanza tanto primaria como secundaria, marginando al castellano que sólo se utilizaría en las asignaturas marías como gimnasia, plástica o religión.

Este fue el detonante para una autentica rebelión social, que se canalizó a través de asociaciones como Galicia Bilingüe. Muchos ciudadanos se movilizaron en defensa de la libertad de los padres para elegir la lengua en la que educan a sus hijos. El candidato del PP, Núñez Feijóo supo ver el filón y se comprometió a garantizar la libertad lingüística, al menos en las llamas asignaturas llamas troncales, las más importantes curricularmente. Pero después de ganar con mayoría absoluta contra pronóstico, nombró Secretario General de Política Lingüística a un nacionalista e incumplió fe forma flagrante sus promesas.

Hoy en día, los padres gallegos siguen sin tener voz para decidir en que lengua estudian sus hijos. El gallego sigue siendo la única lengua que utiliza la administración y los medios de comunicación públicos. En el Parlamento gallego sigue sin escuchar se una sola palabra en castellano, lengua que habla la mitad de los ciudadanos allí representados. El chiringuito de subvenciones públicas y todo tipo de discriminaciones a favor del gallego sigue funcionando a pleno rendimiento. La enseñanza pública es utilizada para el adoctrinamiento nacionalista no sólo impunemente sino con el respaldo de la propia administración. Desde la Xunta y sus medios de comunicación subvencionados se criminaliza a quienes, como Galicia Bilingüe, defienden la igualdad de derechos para quienes usan una u otra lengua oficial. Y eso que gobierna el PP…

La "política social" de Zapatero duplica el índice de miseria en España

Ya lo decía Churchill: "El socialismo es la filosofia del fracaso,el credo de la ignorancia, la prédica de la envidia y su virtud inherente es la distribucion igualitaria de la miseria"

El Gobierno reivindicó una salida "social" de la
crisis. El resultado salta a la vista: el nivel de miseria se ha
duplicado desde 2007. 

"La salida de la crisis será social o no será", José Luis Rodríguez Zapatero,
abril de 2009. Con esta frase, el presidente del Gobierno resumía su
visión acerca de cómo afrontar la crisis financiera y la recesión en
España.

 

Desde entonces, la reivindicación de las "políticas sociales", la
"solidaridad" y, en general, el "progresismo" de tinte keynesiano han
impregnado con intensidad inusitada la política económica puesta en
marcha por el Ejecutivo socialista, en contraposición a las medidas
liberales de austeridad, reformas estructurales y total liberalización y
flexibilidad de sectores productivos y ámbitos clave, tales como el
laboral.

 

Tras más de tres años de crisis a nivel internacional y, especialmente,
nacional, los resultados de esta particular estrategia pueden
comprobarse ya mediante datos específicos: el índice de miseria se ha duplicado en España desde 2007; en la actualidad, España lidera este indicador de pobreza a nivel de la UE-27; y las previsiones de paro e inflación apuntan a un futuro deterioro en este ámbito.

 

Éstas son las principales conclusiones del último Avance del Mercado Laboral Afi-Agett,
elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) y la
Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett). En concreto,
España sitúa en diciembre de 2010 su Índice de Miseria en el 22,9%, mientras que en el mismo periodo de 2007, éste era del 12,36%, lo cual supone un aumento de más de 10 puntos porcentuales (casi el doble que hace tres años).

 

El Índice de Miseria es la suma de las tasas de paro e inflación.
"Con ello se puede conocer el alcance de la crisis, en función del
deterioro de los niveles de vida de los ciudadanos", señala el informe.
"Tanto el crecimiento del desempleo como el de los precios provocan una caída de la renta disponible, por lo que la suma de ambos factores provoca un efecto pobreza que deprime el consumo y frena asimismo la actividad económica", advierte.

 

Comparación regional

 

A nivel regional, el feudo socialista de Andalucía presenta, junto a Canarias, los mayores Índices de Miseria a nivel nacional, mientras que País Vasco y Navarra son las mejor posicionadas.

 

 

"La diferencia entre los Índices de Miseria de unas regiones y otras es abrumadora". Así, Andalucía es la región española con un mayor Índice de Miseria (31,08%). Le sigue Canarias con un Índice de Miseria
del 30,61% y, además, es la región que más ha aumentado este indicador
(15,7 puntos porcentuales); A continuación, se sitúan Murcia (27,52%),
Extremadura (26,38%) y C. Valenciana (25,32%).

 

En el lado opuesto se encuentra País Vasco con una tasa del 13,33%, casi 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (22,9%); seguida de Navarra (13,95%); Cantabria (17,6%) y La Rioja (18,26%).

 

"Evidentemente, las enormes diferencias que existen entre los Índices de Miseria entre unas CCAA y otras radica esencialmente en el deterioro del mercado de trabajo que padecen las comunidades con un mayor Índice de Miseria, ya que la inflación se mantiene más o menos estable en todas las regiones de nuestro país", aclara el informe.

 

El mayor índice de miseria de la UE

 

Mientras, a nivel internacional, las diferencias son, si cabe, mucho más relevantes. Y es que, España presenta el mayor Índice de Misera de toda la UE-27 con más de 11,1 puntos porcentuales respecto a la media comunitaria.

 

 

Según los últimos datos de Eurostat armonizados para el conjunto de los
27 países de la UE, España es, en enero de 2011, el país con un mayor
Índice de Miseria con el 23,9%, tasa muy superior a la media comunitaria (12,8%).
Esta diferencia es aún mayor si se compara con países como Holanda y
Austria, ambas con un 6,6%, Luxemburgo (8,4%) o Alemania (8,7%). Además,
España también es el país de la UE-27 que más ha visto crecer este
índice (+13 puntos porcentuales), por delante de Lituania, que lo
incrementa en 12 puntos.

 

"El Índice de Miseria español es superior incluso al de
aquellos países que están sufriendo con especial crudeza los efectos de
la crisis o que tienen una renta per cápita muy inferior a la media
comunitaria", indica el informe. Es el caso de Lituania (22,9%), Eslovaquia (18,3%), Letonia y Grecia (18,1%).

 

 

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"Estas diferencias son debidas, fundamentalmente a las deficiencias que presenta el mercado laboral español, ya que el incremento del IPC en nuestro país (3%), se sitúa cercano al que muestra la media comunitaria", aclara el documento.

Por último, "las previsiones de paro e inflación, apuntan a nuevos
aumentos en el Índice de Miseria español". Pese a que el desfavorable
comportamiento del mercado de trabajo ha sido el "causante principal del
aumento en el Índice de Miseria y, por tanto, el culpable de la pérdida
del poder adquisitivo de los ciudadanos, a partir de ahora, la inflación será clave en el inevitable aumento de este indicador", alertan estos expertos.

Así, las previsiones apuntan a que la tasa de paro media para el año
2011 se mantendrá algo por encima del 20%. "La débil recuperación
económica en España no permitirá finalizar este año con una creación de
empleo suficiente como para reducir la tasa de paro, mientras que la
mayoría de países de nuestro entorno ya están inmersos en la senda de
consolidar su recuperación".

Riesgo de "estanflación"

Además, según el estudio, la inestabilidad por la que atraviesan los
principales países productores de petróleo y la amenaza del aumento en
los precios de la energía, debido a la gran dependencia energética española, junto con el aumento del 3,6% del IPC en febrero, pueden "sumir a la economía española en un periodo de estanflación, caracterizado por el estancamiento económico y la subida de precios".

Este aumento de los precios de la energía, puede acarrear la subida de los tipos de intervención del BCE
para tratar de contener la inflación en la Eurozona, algo que, según
estos analistas, "podría terminar por arruinar la leve recuperación
económica de nuestro país y agravar el problema del desempleo",
concluye.

Mayor flexibilidad

¿Solución? Según Agett, "es necesario continuar con la apuesta decidida de reformar, de manera eficaz, nuestro mercado de trabajo.
La rigidez a la que está sometido el mercado laboral español, frente a
los principales países desarrollados de nuestro entorno es manifiesta
[...] Gobierno y agentes sociales deben flexibilizar el mercado laboral, fomentar el contrato a tiempo parcial, las reducciones de jornada como alternativa al despido, flexibilizar la negociación colectiva, facilitar la inserción en el empleo y, en definitiva, agilizar nuestras estructuras laborales con el fin de facilitar la salida de esta terrible crisis laboral que afecta, cada día más, a millones de ciudadanos".