El Gobierno se está escudando en un vacío legal de la ley aprobada en 1996 para evitar auditar las cuentas de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE). Según informa el diario El Economista, fue el Gobierno del Partido Popular el último en revisar las cuentas de la Sociedad de Autores hace diez años. Desde ese momento ninguna entidad pública ha verificado sus cuentas y si éstas son veraces.
La SGAE, que durante estos últimos días está cobrando indemnizaciones de varias compañías, como las de algunas de autobuses escolares, ha encontrado en el Ministerio de Cultura un aliado para que sus cuentas no sean auditadas. El ministerio de César Antonio Molina asegura que es algo que "ya no les corresponde a ellos", ya que tanto Cataluña como el País Vasco recurrieron al Constitucional para obtener la posibilidad de auditar.
El Tribunal aprobó la petición de estas autonomías pero todavía no se ha llevado a la práctica, a pesar de que la ley ha sido modificada en varias ocasiones. Y es ahí donde se escuda el Gobierno para no comprobar si las cuentas de la SGAE son reales.
Los partidos políticos del Parlamento han pedido ya en más de una ocasión que se revisen las cuentas de esta sociedad, ya que la Ley aprobada en 1996 afirmaba que "el Ministerio de Cultura podrá exigir a las entidades de gestión cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administración u órganos análogos".
Pero Cataluña y País Vasco recurrieron el artículo 157 de esta ley, el centrado en el control y en la inspección de la propiedad intelectual, al Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal dio la razón a estas autonomías pero todavía no se ha llevado a la práctica aunque se han hecho ya varias modificaciones de la ley. La última, realizada en julio de 2006, añade una frase aclaratoria en el preámbulo que dice que "existen aspectos propios de la realidad española que deberán ser abordados en el futuro inmediato, como la clara delimitación de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas".
Algunos partidos, como CIU, han pedido en el Congreso que un organismo independiente audite las cuentas de la SGAE. Pero el Partido Popular ha dado un paso más y pretende crear una Agencia Estatal de Propiedad Intelectual que controle sus cuentas. La Sociedad de Autores intenta defenderse aclarando que sus cuentas están controladas por diversas firmas auditoras aunque no aclaran donde va a parar el dinero de los impuestos y de las multas que reciben.
viernes, enero 11, 2008
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