El juez tumba la querella contra Aznar que propició una denuncia de Zapatero

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha desestimado las querellas criminales interpuestas por la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones (Apedanica) y por un particular contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por un supuesto borrado de archivos antes de dejar La Moncloa.

Fue el propio Rodríguez Zapatero quien encendió la mecha en su comparecencia en la comisión parlamentaria que investigaba el 11-M, al denunciar que la información relativa al periodo del 11 al 14 de marzo, que debía existir en Presidencia del Gobierno, desapareció a causa de un borrado masivo «de todo» ordenado por el anterior Ejecutivo. Estas declaraciones fueron debidamente amplificadas por el corifeo mediático del PSOE y las informaciones entonces publicadas sirvieron de base para promover las citadas demandas.

Casi dos años después de aquel capítulo, dentro de la campaña de desprestigio contra Aznar que los socialistas inauguraron con la tragedia del «Prestige» y culminaron con motivo de la intervención en Irak, el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid determina que no hay fundamento en las dos querellas formuladas «invocando las informaciones periodísticas en el diario “El País” que citan». Sin razones «específicas» «Debe resaltarse el especulativo carácter delictivo de los hechos que se describen en las respectivas querellas, hechos basados en informaciones periodísticas relativas a una comparecencia del presidente del Gobierno de la Nación en la Comisión del Congreso de los Diputados sobre el atentado terrorista del 11 de marzo, o bien relativas a supuestos datos proporcionados por fuentes no identificadas del Ministerio de Interior», alega el auto. La conclusión del examen realizado es que «informes políticos y técnicos de todo tipo [...] constituyen el material lógico archivado en los ordenadores de La Moncloa, y tal como señala el Ministerio Fiscal en su informe, no existe ninguna razón específica para alimentar la hipótesis de que entre el material eliminado se hallaba algún documento con trascendencia jurídica cuya desaparición del soporte informático afectase a su destino legal e implicase el quebrantamiento del deber de custodia. Entender lo contrario es entrar en la conjetura y en la especulación».

La sentencia subraya que la fuente principal de la noticia de «El País» a la que se refieren los querellantes fue Rodríguez Zapatero, quien se limitó a hacer una denuncia en el plano político, sin que ulteriormente incitase la actuación del fiscal por considerar que, en función de lo verificado en la sede de la Presidencia del Gobierno, «concurrieran indicios relativos a la desaparición de algún concreto documento con relevancia jurídica, probatoria o de otro tipo como consecuencia de la eliminación de los archivos informáticos».

La conclusión es que «se trata, en definitiva, de una imputación que no merece crédito», pero las acusaciones de Zapatero que la animaron dieron lugar a ríos de tinta, tantos como cuando se dijo de Aznar que había comprado con dinero público una medalla del Congreso de EE UU que nunca le ha sido concedida o a raíz de su fichaje por Murdoch. Apedanica, una de las partes demandantes, ha presentado recurso de apelación.