Manifiesto de los 2.300

En el año 1983, la Xunta de Galicia, gobernada entonces por el PP, aprobó la infausta ley de normalización lingüística, a imagen y semejanza de la ley que bajo el mismo eufemismo “normalización” perpetró la Generalidad de Jordi Pujol para llevar a cabo la imposición del catalán y el destierro del castellano de la vida pública.

Sin embargo, en Galicia los primeros años de vigencia de esta ley no tuvo el mismo efecto que en Cataluña. Hasta la década de los 90, ya con Manuel Fraga en la presidencia de la Xunta de Galicia, las políticas ‘normalizadoras’ no tenían el mismo carácter agresivo que en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, se estaba incubando el virus de la imposición. Se fomentó, durante esos años, vía subvenciones millonarias una cultura oficial de corte claramente nacionalista. Con la coartada de la promoción de la lengua gallega se engordó a todo tipo de entidades de esta ideología que acabaron monopolizando la producción cultural en Galicia.

Como consecuencia de esto entre 1989, primer Gobierno de Fraga, y 2005, cuando pierde la mayoría absoluta, el nacionalismo político experimentó un crecimiento exponencial. El BNG sólo tenía dos diputados cuando Fraga llegó al poder y multiplicó por diez esa representación. Al mismo tiempo los sindicatos nacionalistas fueron ganando poder, especialmente en la enseñanza.

Al no existir una normativa que garantizase el derecho a los padres a escoger en que lengua se escolarizan sus hijos, el empleo de una lengua u otra quedaba en manos de lo que decidiese el profesor de cada materia o los centros de enseñanza sin ningún control de la administración Fraga. Así, en función del colegio o instituto en el que le tocase a cada alumno podía recibir más o menos asignaturas en una lengua u otra, sin que la voluntad del niño y sus padres contase en absoluto. Un descontrol que aprovecharon los sindicatos nacionalistas, con la complicidad de los sindicatos de izquierda y amparados por la Xunta, para, con una política de hechos consumados, extender la enseñanza en gallego sin alternativa en castellano.

La imposición del gallego en la enseñanza se convierte en una realidad legal en el año 2007. El Gobierno bipartito de PSOE y BNG promulgó el llamado Decreto del gallego que, de forma torticera –un falso reparto entre las dos lenguas oficiales– suponía la implantación del gallego como única lengua vehicular de la enseñanza tanto primaria como secundaria, marginando al castellano que sólo se utilizaría en las asignaturas marías como gimnasia, plástica o religión.

Este fue el detonante para una autentica rebelión social, que se canalizó a través de asociaciones como Galicia Bilingüe. Muchos ciudadanos se movilizaron en defensa de la libertad de los padres para elegir la lengua en la que educan a sus hijos. El candidato del PP, Núñez Feijóo supo ver el filón y se comprometió a garantizar la libertad lingüística, al menos en las llamas asignaturas llamas troncales, las más importantes curricularmente. Pero después de ganar con mayoría absoluta contra pronóstico, nombró Secretario General de Política Lingüística a un nacionalista e incumplió fe forma flagrante sus promesas.

Hoy en día, los padres gallegos siguen sin tener voz para decidir en que lengua estudian sus hijos. El gallego sigue siendo la única lengua que utiliza la administración y los medios de comunicación públicos. En el Parlamento gallego sigue sin escuchar se una sola palabra en castellano, lengua que habla la mitad de los ciudadanos allí representados. El chiringuito de subvenciones públicas y todo tipo de discriminaciones a favor del gallego sigue funcionando a pleno rendimiento. La enseñanza pública es utilizada para el adoctrinamiento nacionalista no sólo impunemente sino con el respaldo de la propia administración. Desde la Xunta y sus medios de comunicación subvencionados se criminaliza a quienes, como Galicia Bilingüe, defienden la igualdad de derechos para quienes usan una u otra lengua oficial. Y eso que gobierna el PP…