Chaves dio más de 5,4 millones en contratos a su hija Paula en Telvent

Otro escándalo socialista... y casualmente de "él de siempre". Hay que recordar que es vicepresidente del Gobierno de España. No contento con empobrecer a Andalucía durante muchos años, se dedica a enriquecer a la familia. Luego hablan de mafias...

Un análisis de las adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía –la que otorgó la polémica subvención de 10,1 millones a Minas de Aguas Teñidas, Matsa, de la que es apoderada Paula Chaves Iborra, hija del que fue presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves– revela que en las autonomías se sigue el criterio de Carmen Calvo –“el dinero público no es de nadie”–, con un añadido singular: “Entonces, nada mejor que repartirlo entre los nuestros”.
 Así, la misma consejería que entregó las subvenciones a Minas de Aguas Teñidas, concertó contratas por 5,4 millones con otra empresa apoderada por la hija de Chaves (Telvent).

Eludir concursos
Del total de las adjudicaciones efectuadas por la consejería en el periodo 2008-2009, un 40% se han producido por el procedimiento de negociación con los proveedores, no por el procedimiento de adjudicación abierto que es el que la ley de contratos del Sector público regula como el método que “ordinariamente” deben utilizar las Administraciones públicas (artículo 122 de la ley 30/2007, de 30 de octubre).

 Esta regulación tiene como objeto que las adjudicaciones sean más transparentes y se beneficien de la libre concurrencia para, así, obtener la oferta más ventajosa para la Administración que gasta.
 La Consejería andaluza adjudicó 449 contrataciones, de las que 167 se negociaron sin procedimiento abierto (un 68%) y casi todas sin publicidad. Una actuación escandalosa de la consejería y sus organismos dependientes, ya que la misma ley fija como nivel adecuado que el 90% de los contratos se hagan en abierto con competencia de ofertas.

 En el caso concreto de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, produjo 22 adjudicaciones entre 2007 y 2008, de las que sólo 7 fueron por procedimiento abierto, por lo que un 68% de las adjudicaciones se hicieron de forma negociada; es decir, mucho peor que la propia consejería. En 26 casos los contratos “negociados” son superiores a 100.000 euros en el apartado de los servicios y 500.000 euros en casos de obras –los límites establecidos por la ley–. Así, la consejería contrató 8,5 millones de euros por procedimiento "negociado" –sin competencia– a las empresas Novasoft Ingeniería y Telvent Interactiva. Esta última perteneciente al Grupo Telvent, del cual fue apoderada en varias empresas la hija del ex presidente, Paula Chaves Iborra.

 La consejería andaluza, que dirige Francisco Vallejo Serrano, resolvió 24 adjudicaciones a favor de Sadiel Tecnologías de la Información, por un importe de 5,2 millones de euros.
 Una empresa presidida por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica (cuya matriz es la misma Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), tiene como consejero delegado de esta empresa al socialista Rafael Camacho Ordóñez (Baena, Córdoba, 1955), ex secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2000; y luego director general de la RTVA (Canal Sur), de la que cesó en noviembre de hace dos años.

 Lo significativo es que son personas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa las que elaboran los pliegos o especificaciones técnicas de las adjudicaciones que luego se otorgan a Sadiel, en la que mantienen cargos en el consejo y en la dirección ejecutiva. Un privilegio que discrimina a posibles competidores y que contraviene el artículo 45 de la ley, que dice: "No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato”.

La solvencia
En la larga lista de contratos, llaman la atención las que han favorecido a BB Arquitectura de Espectáculos, S. L. (315.172 euros, en dos contratos). Una empresa dirigida por Julio Pedro Bermúdez Ávila. Al igual que Hapaxmedia, S. L., de Pedro Jiménez Álvarez (tres contratos, por 154.828 euros) de Andalucía Emprende y Fundación Pública Andaluza. Por no hablar de Enerocean, S.L, de Ana Isabel Mayorga Rubio, que recibió dos contratos por 76.800 euros en total. Lo mismo que Cink Shaking Business, S. L., que recibió cuatro contratos por un total de 403.155,68 euros.

 Estas empresas, recién creadas en el momento de la contratación, recibieron dinero público sin que se les exigiesen los pliegos acreditativos de su solvencia, lo que va en contra de la ley.
 Lo mismo ocurre con Taso Desarrollos, S. L., de Antonio Ruiz Molina, de la que consta tener un empleado y que recibió tres contratos por 87.536 euros, que difícilmente pudo acreditar cifra de facturación en los tres últimos ejercicios como establece la norma, al haber sido constituida en septiembre del año 2007.