miércoles, noviembre 25, 2009

Los climatólogos británicos habrían violado la ley para ocultar sus investigaciones

Prosiguen las trolas del cambio climático...

Tanto el GISS de la NASA como el CRU, los principales centros propagandistas de la teoría del calentamiento global, se han negado a facilitar los datos en los que basan sus estudios. Hasta tal extremo que podrían haber violado las leyes de transparencia de sus respectivos países.

Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido existen leyes similares que comparten incluso el nombre (Ley de Libertad de Información o Freedom of Information Act), cuyo objetivo es aumentar la transparencia de las administraciones públicas. Cualquier ciudadano interesado, y no sólo los representantes políticos como sucede en España, pueden solicitar a los gobiernos determinada información como documentos, correo electrónico y otro tipo de datos.

El posible origen de los datos filtrados
Los científicos del CRU, al pertenecer a un centro público y recibir dinero público, están obligados a facilitar la información que se los solicite según esa ley británica de transparencia. De hecho, Steven McIntyre, el científico que descubrió que la gráfica del palo de hockey era un invento del estadounidense Michael Mann, quería revisar los estudios publicados por miembros del CRU, así como los datos de temperaturas de los que disponen. Como éstos se negaron a facilitárselos voluntariamente, los pidió por medio de la ley. Se lo denegaron porque los datos formaban parte de "acuerdos de confidencialidad" con terceras partes, decisión a la que recurrió porque ya habían publicado parte de los datos en otras ocasiones, lo cual era incongruente con su argumento de que no podían publicar ningún dato.

Este recurso fue rechazado el 13 de noviembre. Es una fecha interesante, porque el correo más reciente de entre los más de mil publicados en internet tiene como fecha el día inmediatamente anterior, 12 de noviembre de 2009. Y el fichero fue filtrado con el nombre de "FOIA2009.zip", las siglas de la Freedom of Information Act. Fuera robado por un cracker o publicado por alguien de dentro, parece probable que la recopilación de correos, datos y código fuente que contiene el fichero fuera realizada internamente por si finalmente la Universidad de East Anglia decidía que debían responder a esta petición de McIntyre.

Para los perjudicados por esta filtración resulta conveniente indicar que han sido piratas informáticos quienes han sacado a la luz esta información, porque los coloca como víctimas. Además, en caso de que hubiera sido alguien de dentro, o que simplemente el fichero hubiera sido "encontrado" en algún servidor sin necesidad de violar la seguridad del mismo, no habría ninguna violación de la ley en su comunicación pública.

Borrado de pruebas
Aparte de que las razones aportadas para negarse a facilitar correos, documentos, código fuente y datos originales pudieran ser falsas, existe otra clara violación de la ley de transparencia, considerada en el Reino Unido como delito penal, aunque castigado sólo con una multa. Es el borrado de información para evitar tener que facilitarlo tras haber recibido una petición.

Y es que McIntyre no fue el primero en recurrir a esa ley. Antes lo hizo David Holland, un oceanógrafo canadiense que poco antes había publicado un artículo crítico con el palo de hockey y el IPCC. La reacción de estos científicos fue de todo menos edificante. El 27 de mayo de 2008, David Palmer, encargado de "protección de datos" en la Universidad de East Anglia, escribió a Tim Osborn, climatólogo del CRU, sobre esta petición, en el que le pedía que escribiese al estadounidense Caspar Amman para averiguar si consideraba "confidencial" un intercambio de correos que tuvo con los científicos del CRU sobre el cuarto informe del IPCC y que Holland había solicitado. Si así fuera, tendría una base para negarse a publicarlos.
Osborn y Amman tuvieron entonces un intercambio de correos que terminó el día 30 con un mensaje final de Amman en el que reconocía que, pese a que habría escrito los mensajes de otra manera si hubiera sabido que se iban a hacer públicos, no había nada en ellos que pudiera considerarse "estrictamente confidencial".

Daba lo mismo. Otro de los mensajes publicados es del día anterior, 29 de mayo, y en el Phil Jones, director del CRU, pedía a Michael Mann, inventor del palo de hockey, lo siguiente:
Mike, ¿puedes borrar cualquier correo que hayas tenido con Keith sobre AR4? Keith hará lo mismo. No está ahora mismo, tiene una pequeña crisis familiar.
¿Puedes escribir a Gene para que haga lo mismo? No tengo su nueva dirección de correo.
Haremos que Caspar haga lo mismo.
AR4 es una abreviatura común al cuarto informe del IPCC, que fue finalmente publicado en 2007. Keith posiblemente sea Keith Briffa, autor de algunos estudios puestos también en cuestión por McIntyre, y Gene es Eugene R. Wahl, paleoclimatólogo, que junto a Amman intentó contestar a la refutación de McIntyre sobre el palo de hockey sin demasiado éxito. El correo muestra que, ante una petición legítima de información, la reacción de los climatólogos fue borrarla. Todo un ejemplo de búsqueda de la verdad de estos "científicos".

Costumbre en el gremio: la NASA también
No sólo el CRU parece resistirse a publicar la información. También lo hace el GISS, un instituto de la NASA situado en la Universidad de Columbia y dirigido por James Hansen, quien con su testimonio en el Senado en 1988 y sus primeros –y erróneos– modelos climáticos dio el pistoletazo de salida a la histeria del calentamiento global.

Hace ya casi tres años, en enero de 2007, el Competitive Enterprise Institute (CEI), think tank con sede en Washington, solicitó bajo la ley de transparencia estadounidense las discusiones internas del organismo sobre la corrección que hizo sobre sus registros de temperaturas después de que McIntyre y McKitrick publicaran que habían cometido un error que, naturalmente, aumentaba artificialmente las temperaturas.
La NASA no ha contestado, de modo que el CEI ha registrado un Anuncio de Intención de Demanda, paso previo a su presentación y que se lleva a cabo con la intención de que el futuro demandado pueda cumplir con aquello que se le pide antes de llegar a los tribunales.

 

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