Ocho años por una factura en español

La imposición del gallego genera un aluvión de denuncias contra la Xunta. Lograr que el recibo de la basura llegue en castellano supone casi una década de pleitos. Más de 700 ciudadanos se han quejado formalmente por la discriminación lingüística que sufren.

A Xosé, pagar el suministro de agua o el servicio de recogida de basuras no le duele más que al resto de los españoles. Lo que más quebraderos de cabeza le ha costado es conseguir algo tan elemental como que le envíen los recibos en castellano. Ni más ni menos que ¡ocho años! de peleas con el Concello de Pontevedra, tres denuncias ante el Valedor do Pobo (el Defensor del Pueblo gallego) y otra ante el Defensor del Pueblo estatal. Ahora quiere conseguir lo mismo con el Impuesto de Bienes Inmuebles. Después, si le quedan fuerzas, plantará cara a aquellos organismos que se niegan a atenderle en uno de los dos idiomas oficiales de Galicia, desde el Servicio de Salud hasta la Universidad de Vigo o la Escuela de Idiomas de esta ciudad.
Xosé, en realidad, no se llama Xosé. Es uno de los más de 700 ciudadanos anónimos que en el último año han vencido el miedo y han enviado sus quejas a la asociación Galicia Bilingüe para denunciar la discriminación lingüística que sufren por el simple hecho de pretender expresarse o ser atendidos en castellano. Y es sólo el principio. Sus casos, desalentadores muchos de ellos, demuestran que la cruzada por el bilingüismo se libra en Galicia en todos los campos, desde la basura hasta los libros de texto, pasando por las ventanillas de información o incluso los muertos. He aquí algunos ejemplos.
Morirse en gallego
Uno de los denunciantes, un gallego que lleva dos décadas viviendo en Madrid, se queja de que cuando acudió a Hacienda a cumplimentar la documentación sobre el impuesto de sucesiones al fallecer su padre sólo encontró impresos en la lengua autonómica. Peregrinó por varias delegaciones de la Agencia Tributaria, pero sus súplicas se rechazaron, incluso pese al argumento de que el impreso debía entregarlo en Madrid. Que aprendan gallego en la capital...
Doble rasero
Una de cada tres quejas se refiere al trato que da a sus clientes la Xunta. Abundan las referidas al Servicio de Salud («¡hasta la tarjeta sanitaria está en gallego, y yo la necesito para otra comunidad!», se quejan algunos) y a organismos como el Consello de Cultura Galega, donde, según una denuncia escrita, se despachó a uno de los empleados con un «usted no tiene derechos lingüísticos» cuando pidió un texto en castellano. El premio gordo se lo llevó un contribuyente que fue respondido con un «ten a obriga de falar galego» («tengo la obligación de hablar gallego») cuando suplicó ser atendido en español. La sorpresa llegó cuando reclamó un impreso y escuchó la petición que esa misma funcionaria hizo a una compañera. «Tere, neniña. ¿Tienes por ahí los impresos para solicitar ayuda...? Gracias, ya le digo al señor que pase por ahí», replicó en perfecto español.
La educación, lo peor
La mitad de las quejas se refieren a la enseñanza, desde las reprimendas que reciben los escolares por usar el español hasta las denuncias de que se les baja la nota por no expresarse en la lengua de Rosalía de Castro. Más costoso le ha resultado a una estudiante de Vigo que pidió a su universidad un certificado de estudios para trasladarse a Oviedo. El centro se negó a redactarlo en español. Tuvo que pagarse de su bolsillo -80 euros- la traducción. Y todo porque en Asturias no «falan galego».
«No se puede traducir»
Tampoco logró una traducción un empresario vigués que pidió a la Cámara de Comercio de su ciudad un documento en español. «La Lei Galega de Cámaras especifica que el gallego es la lengua de comunicación», fue la respuesta.