domingo, abril 27, 2008

Las autonomías del PSOE disparan la nómina de altos cargos y asesores

Extremadura crea cinco empresas públicas con directivos de libre designación ? Castilla-La Mancha sube un 25% el sueldo de los directores generales ? Andalucía, la comunidad con más consejerías.

Nuevos departamentos, más personal eventual y aumento de presupuesto para altos cargos. Así se enfrentan a la crisis. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha aceptado poco a poco y a regañadientes que vivimos inmersos en una crisis económica. Incluso ha reducido al 2,3% las previsiones de crecimiento. Aunque esta recesión no ha llegado todavía ni al organigrama del Ejecutivo central ni al de las comunidades autónomas socialistas. Rodríguez Zapatero está al frente del Gobierno con más altos cargos desde la etapa de Felipe González, y a pesar de sus promesas de austeridad, para esta nueva Legislatura ha creado dos nuevos ministerios -Innovación e Igualdad-. Además, hay siete secretarías de Estado, 19 direcciones generales y 44 asesores más que en las legislaturas anteriores. Pero es que las regiones gobernadas por los socialistas tampoco han dado señal de «apretarse el cinturón». Todo lo contrario.
? Andalucía, 15 consejerías
El nuevo Gobierno andaluz diseñado por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, se ha convertido en el Ejecutivo autonómico que cuenta con mayor número de consejerías, al alcanzar las 15 en la nueva Legislatura con la creación de un departamento específico de Vivienda y Ordenación del Territorio. Además, una veintena de altos cargos, entre viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos y delegados provinciales, estrenaron puesto esta semana tras la composición del segundo escalafón administrativo.
Mientras, en Aragón, el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2008, diseñado y aprobado por el Gobierno de coalición PSOE-PAR, que preside el socialista Marcelino Iglesias, incluye un aumento de cerca de un 30% del gasto para personal eventual, cargos de confianza y asesores.
Se destinan 6,45 millones de euros, 1,35 millones más que en 2007, cifrado en 5,1 millones. La coalición ha incrementado en los últimos nueve años la cantidad dedicada a este concepto en más de cinco millones de euros.
La Diputación General ha duplicado en dos años el número de cargos de confianza, de 60 en 2005 a 116 para 2008, sin incluir los puestos de personal y cargos de confianza de los organismos autónomos y empresas públicas, cuyo número e importe total se desconoce.
Marcelino Iglesias dispone en 2008, como presidente de la Comunidad Autónoma, de medio millón de euros para once puestos de libre designación. El vicepresidente, José Ángel Biel, del PAR, cuenta con ocho trabajadores eventuales. La Consejería de Presidencia tiene presupuestados para 2008 cuarenta y cuatro puestos de libre designación.
? Asturias, 41% más de gasto
El Gobierno del Principado «insinuó» que en la presente Legislatura no crecerían los altos cargos. La realidad es que, de 2004 a 2007 pasaron de 79 a 94. Además, los cargos de alta dirección crecieron de 13 a 36. Esto ha supuesto que los asturianos tengan que hacer frente a un incremento en el gasto de personal de confianza de un 41 por ciento. El personal eventual de gabinete también aumentó de 47 a 64. Así, entre altos cargos y personal eventual se superan los 300, lo que supone un coste de 18 millones de euros al año.
? «Supersueldos» en Castilla
En Castilla-La Mancha, José María Barreda tampoco ha optado por la contención dentro del organigrama del Gobierno. En 2008 la Junta cuenta con dos consejerías más, aparte de 14 direcciones generales y cinco delegados provinciales. Pero en el caso del Ejecutivo castellano-manchego el aumento del número de altos cargos es especialmente preocupante, ya que con la denominada «Ley Barreda», es decir, con la modificación de los presupuestos de la región aprobada el año pasado, el incremento de sus sueldos es estratosférico. Así, mientras el presidente regional cuenta con una subida del 14,38%, a los viceconsejeros y directores generales se les aumenta un 25%. Los consejeros «sólo» se benefician de un aumento de sueldo del 19,27%.
Por su parte, la llegada de Guillermo Fernández Vara a la Presidencia de la Junta de Extremadura ha supuesto un engorde de la Administración regional en lo que a cargos y empresas públicas se refiere. Nada más formar su Gobierno anunció la creación de la nueva Consejería de los Jóvenes y el Deporte, antes inexistente y cuyas competencias dependían de la Consejería de Cultura.
Ahora, al nuevo consejero del ramo, Carlos Javier Rodríguez, y su equipo directo de trabajo, jefe de Gabinete, asesores y secretario general, hay que sumar la Dirección General del Instituto de la Juventud y la Dirección General de Deportes, que ya existían en la anterior Legislatura pero que no desaparecen con la nueva Consejería. Al contrario, se mantienen con la misma estructura e igual número de altos cargos.
? Vara duplica funciones
En lo que a empresas públicas se refiere, se crean cinco más -que elevan el número a 24- al amparo de la Ley de Entidades Públicas. Contarán con una participación del 100% de la Junta, no tendrán control parlamentario alguno y todos sus cargos directivos serán de libre designación. Muchas asumen competencias que ejercen en la actualidad algunas consejerías, lo que provocará la duplicidad de funciones.
Los Presupuestos de la Xunta de Galicia reflejan, desde 2005 a 2008, un aumento espectacular en gastos de personal, especialmente a los cargos de confianza. Así, en 2005 la Xunta gastaba 6,25 millones de euros, mientras que ahora se derrochan 8,51. En los grupos locales bipartitos también se ha disparado el gasto.
Según datos del PP, Emilio Pérez Touriño, presidente de la comunidad autónoma, ha aumentado el gasto en personal de confianza en un 50% más que Manuel Fraga y «tanto como las 11 consellerías del anterior Gobierno».
Touriño gasta hasta 2,42 millones de euros al año para pagar el sueldo de los asesores presidenciales. El gasto en asesores ha crecido un 36,2%. Y eso que los socialistas se comprometieron, al llegar al Gobierno, a reducir al «mínimo imprescindible» el número de contratados a dedo.

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