Cultura dará once millones al año a los filmes en gallego, vasco y catalán

IU, ERC y CiU retiran sus enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Cine tras arrancar al PSOE un nuevo fondo de ayudas. El PP critica que se discrimine a las Comunidades sin idioma propio

Después de decenas de reuniones secretas y semipúblicas; tras varios borradores generales y otros articulados y de muchas páginas de periódicos, ayer llegó el Proyecto de Ley de Cine al pleno del Congreso de los Diputados. La discusión tuvo lugar inmediatamente después de las votaciones del día, que llenaron los escaños de la Cámara, pero ni siquiera esa coincidencia hizo que se quedaran en sus escaños más que un reducido número de señorías, casi los de siempre, es decir, los que se suelen hacer oír en la Comisión de Cultura. Apenas hubo sorpresa, pues minutos antes IU y ERC habían anunciado que retiraban sus enmiendas a la totalidad tras llegar a un acuerdo con el grupo socialista que, según ellos, evitaba el choque de competencias entre el nuevo Estatut de Cataluña y la norma (ya que el texto catalán fija como competencia exclusiva de la Generalitat el fomento de la producción cinematográfica en su región). Sin embargo, fue el representante de CiU, Jordi Vilajoana, quien ofreció los detalles del acuerdo al pleno. No se produce una división territorial de las ayudas que el Estado aporta al cine, pero «habrá un segundo fondo con dinero de las Comunidades Autónomas y del Gobierno para películas en lenguas distintas del castellano». Es decir, que además del Fondo de Protección a la Cinematografía, ya existente, y que según los presupuestos del próximo año ascenderán a 85 millones de euros; el Gobierno aportará una cantidad similar a la que los ejecutivos autonómicos destinen a subvencionar las producciones en lenguas cooficiales, con un tope fijado en 11 millones de euros como anunció con posterioridad al pleno Molina. Beatriz Rodríguez Salmones, del PP, calificó de lamentable este acuerdo: «Las competencias, como las penas, con pan son menos. Pues que ustedes las disfruten con salud». Rodríguez Salmones consideró «poco defendible» que una cinta rodada en Cataluña, Galicia o País Vasco reciba más ayudas que en el resto de España y anunció que habrá más de cincuenta enmiendas, a pesar de que el proyecto de ley contiene menos de cuarenta artículos. La popular también tuvo palabras para Carmen Calvo, ex ministra de Cultura, que presidía la sesión como vicepresidenta del Congreso: «Ayer mismo ella entró al juego y dijo que esta ley lleva su nombre. Lo peor, es que resulta verdad, porque el nuevo ministro no ha aportado nada. La norma debería llamarse Calvo-De la Vega, la una como ministra y la otra como socorrista».
«Tirar del carro»
Joan Tardá, de ERC, ratificó la posición de CiU y recordó que su posición también salva el conflicto competencial con Andalucia y beneficia a otras dos regiones además de la suya: «Los catalanes seguimos tirando del carro, para que luego digan que somos raritos y sólo miramos por lo nuestro». El debate, por tanto, se quedó en la cuestión competencial, no hubo dialéctica, sin embargo, sobre los problemas que aceptan al sector. Nadie quiso entrar al fondo de la exposición que realizó Molina. Sólo el PP recordó que, además de «corto», el texto es «antiguo»: «El articulado ignora que es una ley del audiovisual. En un mundo en transformación, esta norma podría fecharse en 1997» y no en 2007. Molina, por su parte, no despejó si finalmente se contemplarán ayudas o no al sector de la exhibición, los más descontentos con la norma. El minsitro quiso destacar que en el último «Estudio de hábitos culturales» los españoles valoraban su cine con un 6,3 sobre 10, muy cerca del de EE UU, al que calificaban con un 6,9.