Las diez falacias sobre la política lingüística

1-El catalán es la lengua mayoritaria en Cataluña
Según las encuestas de la propia Generalidad, es la lengua habitual para el 35% de los ciudadanos de esta región. Un 10% menos que en 2003, cuando el Tripartito relevó a CIU en el Gobierno.

2-Las sentencias de los tribunales obedecen a reivindicaciones minoritarias de unas pocas familias
Las tres sentencias del Tribunal Supremo de diciembre de 2010 se refieren, efectivamente, a denuncias concretas de tres familias en particular. Pero no son las únicas familias que han mostrado su oposición a la política de inmersión lingüística. Desde los miles de profesores de secundaria que abandonaron Cataluña en los primeros Gobiernos de Pujol, la respuesta ciudadana a las políticas sobre la lengua del nacionalismo ha sido importante desde el punto de vista numérico. Baste citar el Manifiesto de los 2.300 de 1981 suscrito por intelecutales y profesores o, más recientemente, las 50.000 firmas recogidas por el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, en contra del sistema de inmersión.

3-La oposición a la inmersión responde a razones partidistas.
Al margen de lo dicho en el punto anterior, ocurre más bien al contrario. Han sido los movimientos nacidos en la sociedad civil los que han espoleado a los partidos políticos a tomar postura e incluso a nacer. De lo último da ejemplo la creación de Ciudadanos en 2006, fruto de una plataforma de intelectuales ajenos a las siglas partidarias, como Albert Boadella o Francesc de Carreras. Y de lo segundo se podrían citar muchos casos, pero hay una imagen que vale más que mil palabras: la de Alicia Sánchez Camacho junto a Francisco Caja presentando el pasado junio una instancia en la consejería de educación catalana para que su hijo sea educado en castellano y catalán. Un gesto que repitieron centenares de familias.

4-Se permite la educación en castellano
Para no decir la verdad, los nacionalistas suelen hablar de enseñar el castellano, en lugar de en castellano. El matiz no es superfluo, ya que lo primero se cumple en la actualidad. Basta con que se imparta la asignatura de Lengua Española, que forma parte del examen de selectividad, y sin ni siquiera llegar a la tercera hora que pretendió imponer un decreto del Gobierno central. Enseñar en castellano, por tanto, implicaría impartir en esa lengua varias asignaturas relevantes, como por otra parte se hace en los colegios de élite a los que acuden los hijos de muchos nacionalistas.

5-Los alumnos catalanes tienen un buen nivel de castellano.
Lo que tienen son unos buenos resultados en la prueba de selectividad. En unas pruebas que son mucho más fáciles que las de lengua catalana, pues así las diseñan las propias universidades de Cataluña, con autonomía para ello. Como relató en un artículo en ABC Xavier Pericay, en una de las pruebas se les daba a los examinados un texto de Miguel Delibes y se les hacía la siguiente pregunta: "Escriba todos los nombres de animales que se citan en el texto y clasifíquelos en aves y no aves". Juzgue el lector si es necesario estudiar todo un curso para terminar sabiendo distinguir a un gorrión de un perro. Por lo demás, si fuese cierto que el hecho de que los niños escuchen el castellano en la televisión o en la radio, además de en la calle, les hace competentes en ese idioma habría que preguntarse, por ejemplo, por qué los escolares ingleses se educan en la lengua de su majestad teniendo a mano la BBC.

6-La inmersión garantiza la cohesión social
No parece que lo haga si el niño cuyos padres quieren educación en castellano tiene que ser atendido al margen de sus compañeros. Tratamiento que consiste en explicaciones discrecionales en castellano por parte del profesor señalando al alumno del resto de sus compañeros. Al menos, así reconocen los nacionalistas que sucede. Tampoco si el que acaba de llegar a la región catalana, o está de paso, no puede expresarse oralmente y por escrito en la lengua vehícular de la enseñanza, o si hasta en los recreos se impone el catalán y se excluye el castellano.

7-Es un modelo integrador para los inmigrantes
Al margen de lo que ocurre en la escuela, el nacionalismo ha intentado extender la inmersión a otros ámbitos. Buena prueba de ello es la Ley de Acogida que el año pasado recurrió ante el Tribunal Constitucional la Defensora del Pueblo a instancias del entonces diputado José Domingo. La norma, aprobada con la oposición del PP y Ciudadanos, aseguraba que el inmigrante debe alcanzar las competencias básicas en catalán y castellano, si bien precisaba: "...el catalán, como lengua propia de Cataluña (el concepto que introdujo el nuevo Estatuto), es la lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración" y añadía "el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana"

8-La señalización viaria respeta el bilingüismo
Los espectadores de LDTV recordarán la cara de pasmo del ex alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, cuando una redactora de esta cadena le preguntó por qué el consistorio prefería no cobrar muchas multas de tráfico a establecer una señalización bilingüe en la Ciudad Condal. El entonces primer edil, del PSC, atribuyó la pregunta a las obsesiones de determinada prensa y aseguró que nunca se le había quejado un ciudadano por esta cuestión. Lo cierto es que en Barcelona no se respeta el bilingüismo en las señales viarias y eso permite recurrir con éxito las multas.

9-El catalán no sobreviviría sin discriminación positiva
En este punto el nacionalismo no deja de caer en una cierta contradicción. Pues si el catalán necesita de la discriminación positiva para existir, como dicen, parece difícil sostener al mismo tiempo que ya es la lengua mayoritaria en Cataluña y que de ahí su preeminencia en la escuela pública.

10-Existen prácticas de discriminación del catalán, particularmente en los medios de comunicación
Cualquiera que haya frecuentado las ruedas de prensa políticas en Madrid habrá observado que el catalán es un idioma muy hablado en los corrillos. Algo lógico dada la gran cantidad de periodistas que trabajan en medios de Cataluña, muchos de los cuales emiten en la lengua catalana. Más allá de la anécdota, cualquier espectador de televisión en España puede escuchar declaraciones en catalán, convenientemente subtituladas, de protagonistas de la vida política o social. Por ejemplo muchas de las palabras públicas del entrenador del Barcelona, Josep Guardiola. Sin embargo, la obsesión por excluir el castellano llevó a TV3 a establecer en su libro de estilo que los mensajes de móvil con los que el público participa en determinados programas se tradujesen de manera automática al catalán.

Sinde reparte 30 millones entre sus ex colegas del cine español

Así es el socialismo español: recortando a los más humildes para dárselo a los más privilegiados. La hipocresía en grado sumo

Las subvenciones al cine español no disminuyen ni en tiempos de crisis. Los recortes presupuestarios, a otros sectores.

Las subvenciones para el cine español son tan abundantes como variadas en sus objetivos, puesto que los españoles, todos, financiamos la confección de guiones, la producción de películas, su distribución y, por si todo eso fuera poco, también pagamos a nuestros cineastas y toda su troupe para que acudan a promocionar sus maravillas audiovisuales en los festivales nacionales y extranjeros.

En la primera entrega del despilfarro cinematográfico de lo que va de año, el ministerio de Cultura ha repartido un total que roza los 30 millones de euros entre las productoras de cine español. Este dispendio responde a dos conceptos denominados "ayuda general" y "ayuda complementaria".

La primera supone que todos los contribuyentes, hayamos o no ido a ver estas películas, entregamos a los cineastas una subvención equivalente al 15 por ciento de lo que cada película ha recaudado en taquilla, lo que implica un gasto de 4,5 millones de euros. Por su parte la otra subvención, denominada, "complementaria", nos obliga a pagar al productor la tercera parte de los costes de la película según los cálculos del aspirante al trinque, lo que en esta primera edición nos va a costar un total de 24,8 millones de euros.

La mayor subvención de las distribuidas en esta primera entrega ha correspondido a la productora Fernando Trueba P.C., S.A., que se lleva 848.383 euros por la producción de la película "El Baile de la Victoria".

Así desvalijan el bolsillo del contribuyente patronal y sindicatos

Esta es una de las mayores lacras que tenemos que mantener los españoles. ¿Por qué tenemos que subvencionar algo que no queremos y que no sirve para nada (5 millones de parados)?¿Por qué nos tienen que subir los impuestos para pagarles los lujos a estos chupópteros?

UGT, CCOO y CEOE suman 3.284 franquicias, cada una de las cuales recibe subvenciones del sector público nacional, autonómico, provincial y local.

Las subvenciones que reciben la patronal y los sindicatos "más representativos" no llegan únicamente a sus órganos centrales, como tal vez podría suponerse. Muy al contrario, en España existen 2.910 agrupaciones empresariales y 374 federaciones sindicales entre la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), lo que da como resultado 3.284 franquicias de patronal y sindicatos, las cuales reciben subvenciones en sus ámbitos respectivos: nacional, autonómico, provincial y local.

UGT y CCOO tienen cada una once federaciones que, multiplicadas por 17 comunidades autónomas, suman las 374 federaciones antes referidas. En cuanto a las organizaciones empresariales, a continuación se muestra el listado del número de entidades existentes por comunidad autónoma, con la salvedad de que en el cómputo no se han tenido en cuenta las federaciones empresariales de Toledo, Guipúzcoa, Álava y Lugo por no mostrar en sus páginas web los datos de las asociaciones de empresarios existentes en esas provincias:

La clave está en que tanto la CEOE como UGT y CCOO son entes constituidos como "confederaciones", de forma que sus afiliados no son personas físicas o jurídicas individuales sino "federaciones" de entidades asociadas repartidas por todo el país con criterios sectoriales y territoriales. Todas ellas cuentan con su correspondiente cédula de identificación fiscal independiente, lo que les permite gestionar dinero público y operar mercantilmente al margen de los órganos centrales de su corporación.

Así pues, cualquier federación de asociaciones vinculada a uno de estos tres acorazados sociales puede recibir, y de hecho recibe, un número indeterminado de subvenciones, cuyo único requisito es cumplir las leves exigencias que la normativa de cada convocatoria establezca.

Como prueba de que no sólo reciben subvenciones las organizaciones matriz sino toda una catarata de entidades asociadas, a continuación puede ver parte del listado de entidades beneficiarias de subvenciones procedentes del Ministerio de Trabajo durante el tercer trimestre de 2010.
Como se puede ver, en el listado se acumulan las subvenciones concedidas a federaciones y asociaciones empresariales de todo tipo, además de distintas federaciones de los sindicatos, también agraciadas por el maná presupuestario al margen de sus "centrales".

Boletín Oficial del Estado (BOE), págs. 102511 y 102512

Nota: FECOHT-CCOO es la "Federación de Trabajadores del Comercio , la Hostelería y el Turismo". FECOMA-CCOO es, a su vez, la "Federación de Trabajadores de la Construcción, la Madera y Afines"

Pero los grandes sindicatos y la patronal no sólo obtienen sus abundantes recursos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las comunidades autónomas también compiten entre sí para otorgar fondos a las "organizaciones sociales" para que cumplan el elevado fin al que, aparentemente, consagran su existencia. Como muestra, aquí se puede ver una parte de los beneficiarios de las últimas subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para "formación para el empleo".

Se puede comprobar que, junto a empresas individuales, aparecen las inevitables organizaciones territoriales y sectoriales de la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO. Como curiosidad, también recibió su correspondiente subvención una sorprendente "Fundació Centre D’iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània" que, al parecer, desarrolla en tierras andaluzas el grueso de sus operaciones fundacionales.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 23 de marzo de 2011

Lo más asombroso es que estos miles de entes asociados a patronal y sindicatos no sólo se dedican a obtener subvenciones para los fines bajo cuyos auspicios fueron creadas. Lejos de ello, la voracidad presupuestaria de estos chiringuitos y su destreza a la hora de gestionar la burocracia subvencionadora hace que aparezcan como beneficiarios en las convocatorias más pintorescas como, por ejemplo, ésta en la que se repartían subvenciones a entidades para fomentar la "igualdad".

Así, junto a asociaciones "progresistas" y "feministas" de todo pelaje y condición...

... también aparecen los dos sindicatos mayoritarios como beneficiarios de las correspondientes "ayudas" económicas.

BOE del 24 de enero del 2011

En definitiva, los fondos públicos que llenan anualmente las arcas de patronal y sindicatos surgen de las formas más imaginativas gracias al entramado de organismos intermedios con que llegan a copar las convocatorias de subvenciones para los objetivos más diversos.

Por eso, el hecho de que los sindicatos llamados mayoritarios y la representación patronal sean renuentes a informar del dinero que reciben del bolsillo de los ciudadanos españoles no responda, quizás, a un deseo voluntario de ocultamiento. A la vista del complejo entramado patronal-sindical, una explicación alternativa bien podría ser que con tal caudal de subvenciones afluyendo por tan variopintas razones, probablemente, ni ellos mismos sepan a cuánto asciende el trinque anual que financian todos los contribuyentes de España con el dinero de su bolsillo.

Méndez 'chulea' a Merkel disparando hasta un 7% el sueldo de sus empleados

¿Para cuando una protesta seria contra esta lacra que vive a costa de nuestro dinero y no hace nada para solucionar el mayor problema que tienen los españoles?

El sindicato de Cándido Méndez incrementa en 1,2 millones de euros sus ingresos respecto a 2010.

A todo el mundo le afecta la crisis... Menos a los sindicatos, cuya financiación depende de las cuentas públicas. Según datos del Boletín Oficial del Estado, los empleados de UGT obtendrán subidas salariales que oscilan entre un 4,5% y un 7% anual gracias a la aprobación del nuevo convenio. De este modo, la organización que dirige Cándido Méndez hace caso omiso a la tesis de la canciller alemana, Angela Merkel, quien exige que los salarios se liguen a la productividad y no a la inflación para mejorar la competitividad.

Según informa Expansión, el incremento salarial que aplica el sindicato se explica porque se ha producido una reclasificación profesional de los distintos grupos laborales. Además, en el convenio firmado antes de la crisis, se preveía un incremento medio de las retribuciones del 3,5% anual (1,75% en los sueldos y otro 1,75% en otros conceptos salariales). Así, estos nuevos incrementos salariales se suman a los registrados en 2008 y 2009, cuando los trabajadores de este sindicato ya se beneficiaron de incrementos retributivos del 3,75% cada año.

El sueldo subirá en función de la categoría que tenga cada trabajador. Por ejemplo, un titulado superior que trabaje bajo las órdenes de Cándido Méndez cobrará 1.982,80 euros al mes durante 2011. Esta cantidad supone un 4,5% más que el año pasado. Para un organizador sindical, un vigilante, una limpiadora, un conserje o algún puesto más bajo, la subida salarial será cercana al 7%. Estas subidas son muy superiores al IPC, que aumentó en febrero a un ritmo del 3,6%.
 
Los sindicatos reciben más dinero
Lejos de las "medidas de austeridad" de las que habla el Gobierno, UGT sigue recibiendo cuantiosas sumas de dinero. Según los datos de ejecución presupuestaria del cierre de 2010, los compromisos de pago a los sindicatos ascienden a 15,86 millones de euros: 1,2 millones más que el año anterior. Mientras Elena Salgado recorta el sueldo a los funcionarios, elimina el "cheque bebé", congela las pensiones y reduce las ayudas a las personas dependientes, las ayudas directas a UGT y CC.OO. crecieron un 0,8% en 2010.

 

La lección de Fukushima

El pasado viernes, 11 de marzo de 2011, tuvo lugar en el Japón uno de los mayores terremotos de los que tenemos registro: 8,9 puntos en la escala de Richter equivalen a la explosión de 220 millones de toneladas de TNT o, si lo prefieren, 11 bombas atómicas.

No importa si se trata del cuarto o el quinto en el ránking de terremotos devastadores. Ha sido una catástrofe sin parangón para miles de personas, sobre todo –claro– para las que ya no pueden contarlo. Ha sido una catástrofe para la economía y la infraestructura japonesas; una catástrofe de tal envergadura, que es difícil prever cuál será la salida de la crisis postseísmo, y cuánto tiempo será necesario para devolver la normalidad a la zona afectada.
El terremoto está teniendo también consecuencias que van más allá de la materialidad, de las ruinas, de los muertos. Estamos asistiendo a uno de los momentos cumbre de la deshumanización de las almas (o como quieran llamarlo): millones de televidentes asisten impertérritos –como mucho, con un "Qué lamentable es todo esto" susurrado al aire– al espectáculo de muerte y putrefacción que nos ofrecen los medios. Uno podría pensar que las calles de todas las ciudades el mundo se llenarían de velas, recuerdos y oraciones por las víctimas, por sus familiares, por quienes lo han perdido todo. Uno podría pensar que las televisiones ocuparían buena parte de sus emisiones en la recolección de dinero, enseres, cualquier tipo de ayuda para paliar –si cabe– la desgracia de tanta gente. Grave error. Lo harán, por supuesto. No me cabe duda. Pero de momento parece que estamos todos hipnotizados con el espectáculo visual.
Las ondas del seísmo han llegado a todo el mundo y han vuelto a demostrarnos lo sencillo que es apagar el raciocinio de las masas, su capacidad de pensar, de hacer uso de la lógica. A falta de emociones por los muertos anónimos, los medios de comunicación se dedican a cultivar el miedo. Atávico, incivilizado, irracional. Las secuelas del terremoto en las centrales nucleares japonesas se han convertido en el pretexto perfecto para lanzar una nueva campaña de desinformación. ¡Qué oportuno, el mortífero temblor!
El complejo nuclear de Fukushima, situado a apenas 80 kilómetros del epicentro del terremoto, sufrió no sólo las consecuencias del mismo, también las del tsunami subsiguiente. Busco en las primeras páginas de los diarios titulares como estos:

"La ordenación estatal del territorio y las normas de urbanismo no han servido para evitar la muerte de miles de personas y la desaparición de más de 10.000 en las zonas costeras del norte de Japón".

"La regulación estatal sobre construcción de viviendas no sirvió para paliar los estragos del seísmo japonés".

"Trenes desaparecidos, industrias químicas borradas del mapa, aeropuertos inutilizados, cientos de muertos en naves industriales: ¿dónde queda la labor protectora del estado?".

"Gracias a las magníficas medidas de seguridad de las centrales nucleares japonesas, y pese a la magnitud del terremoto, las autoridades logran poner a salvo a 200.000 personas. Continúan los trabajos para evitar escapes radioactivos y limitar su incidencia sobre las personas y el medio ambiente".

Los busco y rebusco, pero no los encuentro.
Nos han apagado los cerebros.
En casos como el que nos ocupa, poco podemos hacer ante la furia desatada de la naturaleza. O casi nada. Sería absurdo culpar de las desapariciones de los trenes cargados de pasajeros que se llevó por delante la gran ola a los responsables del sistema ferroviario japonés, del mismo modo que sería absurdo renunciar a construir más trenes y líneas ferroviarias por ello.
Igual de absurdo es hacer responsable a la industria nuclear de... ¿hay ya datos sobre las víctimas que se ha cobrado el incidente de Fukushima? ¿Ya ha conseguido el concierto mediático que olvidemos las razones por las que existe un accidente nuclear clase 4 (lo dice la Agencia Internacional de la Energía Atómica) en Fukushima? ¿Nadie nos cuenta que, mientras todas las demás, repito, todas las demás, infraestructuras colapsaron enseguida, lo cual costó la vida a aún no sabemos cuánta gente, los protocolos de seguridad de esa central nuclear han permitido poner a salvo a cientos de miles de personas?
Las 26.000 víctimas que se cobró la rotura de la presa de Banquiao (China), lejos de suponer el fin de la construcción de presas hidroeléctricas, fueron el altísimo precio que se pagó en el proceso de mejora –en términos de estabilidad, eficiencia y seguridad– de ese tipo de infraestructuras. Las decenas de miles de vidas que se han perdido en los incontables accidentes de aviación no nos han llevado a renunciar a volar; todo lo contrario: gracias a esos accidentes, los aviones son cada vez más seguros, más fiables, más cómodos, más rápidos.
La lección de Fukushima –dura como pocas– no puede llevarnos a comportamientos viscerales: es nuestra razón lo que nos permite diseñar y fabricar ingenios nucleares, o de cualquier otro tipo. Es nuestra razón lo que nos permite hacerlo cumpliendo las más estrictas normas de seguridad y lo que –en casos extremos como el que nos ocupa– nos permite reinventar las técnicas y procedimientos empleados.
Las propuestas concretas procedentes de países como Austria o Alemania se me antojan llenas de sensatez y libres de maniqueísmos cobardes: reconsideremos nuestros sistemas de seguridad; revisemos –parándolas si es necesario– las centrales más antiguas o menos actualizadas; hagamos un alto en el camino, reconsideremos las razones por las que nuestro ingenio ha fallado y mejoremos lo que haya que mejorar. ¡No permitamos, en definitiva, que nos apaguen el cerebro!

© Desde el Exilio
LUIS I. GÓMEZ, editor de Desde el Exilio y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Manifiesto de los 2.300

En el año 1983, la Xunta de Galicia, gobernada entonces por el PP, aprobó la infausta ley de normalización lingüística, a imagen y semejanza de la ley que bajo el mismo eufemismo “normalización” perpetró la Generalidad de Jordi Pujol para llevar a cabo la imposición del catalán y el destierro del castellano de la vida pública.

Sin embargo, en Galicia los primeros años de vigencia de esta ley no tuvo el mismo efecto que en Cataluña. Hasta la década de los 90, ya con Manuel Fraga en la presidencia de la Xunta de Galicia, las políticas ‘normalizadoras’ no tenían el mismo carácter agresivo que en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, se estaba incubando el virus de la imposición. Se fomentó, durante esos años, vía subvenciones millonarias una cultura oficial de corte claramente nacionalista. Con la coartada de la promoción de la lengua gallega se engordó a todo tipo de entidades de esta ideología que acabaron monopolizando la producción cultural en Galicia.

Como consecuencia de esto entre 1989, primer Gobierno de Fraga, y 2005, cuando pierde la mayoría absoluta, el nacionalismo político experimentó un crecimiento exponencial. El BNG sólo tenía dos diputados cuando Fraga llegó al poder y multiplicó por diez esa representación. Al mismo tiempo los sindicatos nacionalistas fueron ganando poder, especialmente en la enseñanza.

Al no existir una normativa que garantizase el derecho a los padres a escoger en que lengua se escolarizan sus hijos, el empleo de una lengua u otra quedaba en manos de lo que decidiese el profesor de cada materia o los centros de enseñanza sin ningún control de la administración Fraga. Así, en función del colegio o instituto en el que le tocase a cada alumno podía recibir más o menos asignaturas en una lengua u otra, sin que la voluntad del niño y sus padres contase en absoluto. Un descontrol que aprovecharon los sindicatos nacionalistas, con la complicidad de los sindicatos de izquierda y amparados por la Xunta, para, con una política de hechos consumados, extender la enseñanza en gallego sin alternativa en castellano.

La imposición del gallego en la enseñanza se convierte en una realidad legal en el año 2007. El Gobierno bipartito de PSOE y BNG promulgó el llamado Decreto del gallego que, de forma torticera –un falso reparto entre las dos lenguas oficiales– suponía la implantación del gallego como única lengua vehicular de la enseñanza tanto primaria como secundaria, marginando al castellano que sólo se utilizaría en las asignaturas marías como gimnasia, plástica o religión.

Este fue el detonante para una autentica rebelión social, que se canalizó a través de asociaciones como Galicia Bilingüe. Muchos ciudadanos se movilizaron en defensa de la libertad de los padres para elegir la lengua en la que educan a sus hijos. El candidato del PP, Núñez Feijóo supo ver el filón y se comprometió a garantizar la libertad lingüística, al menos en las llamas asignaturas llamas troncales, las más importantes curricularmente. Pero después de ganar con mayoría absoluta contra pronóstico, nombró Secretario General de Política Lingüística a un nacionalista e incumplió fe forma flagrante sus promesas.

Hoy en día, los padres gallegos siguen sin tener voz para decidir en que lengua estudian sus hijos. El gallego sigue siendo la única lengua que utiliza la administración y los medios de comunicación públicos. En el Parlamento gallego sigue sin escuchar se una sola palabra en castellano, lengua que habla la mitad de los ciudadanos allí representados. El chiringuito de subvenciones públicas y todo tipo de discriminaciones a favor del gallego sigue funcionando a pleno rendimiento. La enseñanza pública es utilizada para el adoctrinamiento nacionalista no sólo impunemente sino con el respaldo de la propia administración. Desde la Xunta y sus medios de comunicación subvencionados se criminaliza a quienes, como Galicia Bilingüe, defienden la igualdad de derechos para quienes usan una u otra lengua oficial. Y eso que gobierna el PP…

La "política social" de Zapatero duplica el índice de miseria en España

Ya lo decía Churchill: "El socialismo es la filosofia del fracaso,el credo de la ignorancia, la prédica de la envidia y su virtud inherente es la distribucion igualitaria de la miseria"

El Gobierno reivindicó una salida "social" de la
crisis. El resultado salta a la vista: el nivel de miseria se ha
duplicado desde 2007. 

"La salida de la crisis será social o no será", José Luis Rodríguez Zapatero,
abril de 2009. Con esta frase, el presidente del Gobierno resumía su
visión acerca de cómo afrontar la crisis financiera y la recesión en
España.

 

Desde entonces, la reivindicación de las "políticas sociales", la
"solidaridad" y, en general, el "progresismo" de tinte keynesiano han
impregnado con intensidad inusitada la política económica puesta en
marcha por el Ejecutivo socialista, en contraposición a las medidas
liberales de austeridad, reformas estructurales y total liberalización y
flexibilidad de sectores productivos y ámbitos clave, tales como el
laboral.

 

Tras más de tres años de crisis a nivel internacional y, especialmente,
nacional, los resultados de esta particular estrategia pueden
comprobarse ya mediante datos específicos: el índice de miseria se ha duplicado en España desde 2007; en la actualidad, España lidera este indicador de pobreza a nivel de la UE-27; y las previsiones de paro e inflación apuntan a un futuro deterioro en este ámbito.

 

Éstas son las principales conclusiones del último Avance del Mercado Laboral Afi-Agett,
elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) y la
Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett). En concreto,
España sitúa en diciembre de 2010 su Índice de Miseria en el 22,9%, mientras que en el mismo periodo de 2007, éste era del 12,36%, lo cual supone un aumento de más de 10 puntos porcentuales (casi el doble que hace tres años).

 

El Índice de Miseria es la suma de las tasas de paro e inflación.
"Con ello se puede conocer el alcance de la crisis, en función del
deterioro de los niveles de vida de los ciudadanos", señala el informe.
"Tanto el crecimiento del desempleo como el de los precios provocan una caída de la renta disponible, por lo que la suma de ambos factores provoca un efecto pobreza que deprime el consumo y frena asimismo la actividad económica", advierte.

 

Comparación regional

 

A nivel regional, el feudo socialista de Andalucía presenta, junto a Canarias, los mayores Índices de Miseria a nivel nacional, mientras que País Vasco y Navarra son las mejor posicionadas.

 

 

"La diferencia entre los Índices de Miseria de unas regiones y otras es abrumadora". Así, Andalucía es la región española con un mayor Índice de Miseria (31,08%). Le sigue Canarias con un Índice de Miseria
del 30,61% y, además, es la región que más ha aumentado este indicador
(15,7 puntos porcentuales); A continuación, se sitúan Murcia (27,52%),
Extremadura (26,38%) y C. Valenciana (25,32%).

 

En el lado opuesto se encuentra País Vasco con una tasa del 13,33%, casi 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (22,9%); seguida de Navarra (13,95%); Cantabria (17,6%) y La Rioja (18,26%).

 

"Evidentemente, las enormes diferencias que existen entre los Índices de Miseria entre unas CCAA y otras radica esencialmente en el deterioro del mercado de trabajo que padecen las comunidades con un mayor Índice de Miseria, ya que la inflación se mantiene más o menos estable en todas las regiones de nuestro país", aclara el informe.

 

El mayor índice de miseria de la UE

 

Mientras, a nivel internacional, las diferencias son, si cabe, mucho más relevantes. Y es que, España presenta el mayor Índice de Misera de toda la UE-27 con más de 11,1 puntos porcentuales respecto a la media comunitaria.

 

 

Según los últimos datos de Eurostat armonizados para el conjunto de los
27 países de la UE, España es, en enero de 2011, el país con un mayor
Índice de Miseria con el 23,9%, tasa muy superior a la media comunitaria (12,8%).
Esta diferencia es aún mayor si se compara con países como Holanda y
Austria, ambas con un 6,6%, Luxemburgo (8,4%) o Alemania (8,7%). Además,
España también es el país de la UE-27 que más ha visto crecer este
índice (+13 puntos porcentuales), por delante de Lituania, que lo
incrementa en 12 puntos.

 

"El Índice de Miseria español es superior incluso al de
aquellos países que están sufriendo con especial crudeza los efectos de
la crisis o que tienen una renta per cápita muy inferior a la media
comunitaria", indica el informe. Es el caso de Lituania (22,9%), Eslovaquia (18,3%), Letonia y Grecia (18,1%).

 

 

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"Estas diferencias son debidas, fundamentalmente a las deficiencias que presenta el mercado laboral español, ya que el incremento del IPC en nuestro país (3%), se sitúa cercano al que muestra la media comunitaria", aclara el documento.

Por último, "las previsiones de paro e inflación, apuntan a nuevos
aumentos en el Índice de Miseria español". Pese a que el desfavorable
comportamiento del mercado de trabajo ha sido el "causante principal del
aumento en el Índice de Miseria y, por tanto, el culpable de la pérdida
del poder adquisitivo de los ciudadanos, a partir de ahora, la inflación será clave en el inevitable aumento de este indicador", alertan estos expertos.

Así, las previsiones apuntan a que la tasa de paro media para el año
2011 se mantendrá algo por encima del 20%. "La débil recuperación
económica en España no permitirá finalizar este año con una creación de
empleo suficiente como para reducir la tasa de paro, mientras que la
mayoría de países de nuestro entorno ya están inmersos en la senda de
consolidar su recuperación".

Riesgo de "estanflación"

Además, según el estudio, la inestabilidad por la que atraviesan los
principales países productores de petróleo y la amenaza del aumento en
los precios de la energía, debido a la gran dependencia energética española, junto con el aumento del 3,6% del IPC en febrero, pueden "sumir a la economía española en un periodo de estanflación, caracterizado por el estancamiento económico y la subida de precios".

Este aumento de los precios de la energía, puede acarrear la subida de los tipos de intervención del BCE
para tratar de contener la inflación en la Eurozona, algo que, según
estos analistas, "podría terminar por arruinar la leve recuperación
económica de nuestro país y agravar el problema del desempleo",
concluye.

Mayor flexibilidad

¿Solución? Según Agett, "es necesario continuar con la apuesta decidida de reformar, de manera eficaz, nuestro mercado de trabajo.
La rigidez a la que está sometido el mercado laboral español, frente a
los principales países desarrollados de nuestro entorno es manifiesta
[...] Gobierno y agentes sociales deben flexibilizar el mercado laboral, fomentar el contrato a tiempo parcial, las reducciones de jornada como alternativa al despido, flexibilizar la negociación colectiva, facilitar la inserción en el empleo y, en definitiva, agilizar nuestras estructuras laborales con el fin de facilitar la salida de esta terrible crisis laboral que afecta, cada día más, a millones de ciudadanos".