Recurso previo de inconstitucionalidad: ¿La forma de evitar otros Estatuts?

Recordemos uno de los múltiples casos históricos en los que el PSOE eliminó procedimientos democráticos que no le interesaban. Todo con tal de eliminar la separación de poderes y hacer el parlamento una dictadura de partidos, demostrando una vez más el espíritu totalitario de la izquierda.

Año 1984. La mayoría del PSOE en el Congreso, que dos años antes había arrollado en las generales, aprueba la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad, culpable de retrasar, entre otras, la Ley del Aborto. Quince años después, el debate vuelve de la mano del Estatut.

El recurso previo de incostitucionalidad, implantado en 1979, establecía la posibilidad de recurrir al tribunal estatutos de autonomía y leyes orgánicas de manera que se paralizara su entrada en vigor hasta que los magistrados dieran su dictamen. Lo que unos pocos años había parecido un mecanismo adecuado para evitar abusos de poder y asegurarse un veredicto del TC ante leyes de especial relevancia, en la práctica se tradujo en una incómoda traba para el PSOE con continuos retrasos en la entrada en vigor de algunas de las reformas estrella de las socialistas.

El ejemplo más elocuente fue el de la ley del aborto. El 6 de octubre de 1983 se aprobó en el Congreso la despenalización del aborto en tres supuestos. Y Alianza Popular respondió con un recurso previo de inconstitucionalidad ante el TC que paralizó su implantación durante dos años. La norma no se aprobaría definitivamente hasta junio de 1985, después de que el TC declarara inconstitucional el proyecto original y se incorporaran algunos cambios.

Reveses como estos llevaron al Gobierno de Felipe González, que disfrutaba de una amplia mayoría absoluta, a atajar de raíz la posibilidad de que la oposición, liderada por AP, pudiera retrasar sus reformas. Así, el PSOE llevó al Congreso, en octubre de 1984, la derogación del recurso en un debate que, como el resto de los celebrados en la época, pudo ganar ampliamente. Al año siguiente, en 1985, el recurso previo quedaba definitivamente eliminado de nuestra normativa.

• Ley Orgánica 4/1985: “(…) La experiencia acumulada por más de tres años de justicia constitucional ha venido a mostrar que este recurso previo se ha configurado como un factor distorsionador de la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del estado, con consecuencias inesperadas y metaconstitucionales en la ultima fase de procedimiento de formación de la ley”

En un debate de cuatro horas que las crónicas de esos años calificaron de “duro”, AP vio cómo le quitaban de las manos uno de sus instrumentos más útiles para hacer oposición y pidió, infructuosamente, que al menos el TC pudiera decidir sobre la suspensión o no de la aplicación de una norma –con el recurso entonces vigente, su mera tramitación implicaba la paralización de la ley–. El PSOE no necesitaba acuerdos con ningún grupo político y no aceptó sugerencias como estas. Escudándose en el “obstruccionismo” que practicaba la oposición contra el Gobierno, sus votos sirvieron para eliminarlo.

El debate, quince años después
Tendrían que pasar quince años para que volviera al debate político una figura controvertida también para los juristas. De fondo, de nuevo, un Gobierno socialista. Y la ley en discordia, ahora, un Estatuto de Autonomía.
A su llegada al poder, y después de prometer en un mitin que daría su visto bueno a lo que aprobara el Parlamento catalán, José Luis Rodríguez Zapatero impulsó desde el Gobierno la reforma de los estatutos autonómicos. En junio de 2006, tras un intensísimo debate político dentro y fuera de Cataluña, varias reuniones en Moncloa y un referéndum con escasa participación, entraba en vigor el Estatut. Sólo unas semanas más tarde, el PP presentaba un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, al que seguirían seis más: el del Defensor del Pueblo, y el de otras cinco comunidades autónomas.

Todas las miradas se volvían ahora hacia el TC y la sentencia que debía decidir sobre si el Estatuto se ajustaba o no a la Carta Magna. Pero mientras, el Gobierno catalán aprovechaba para aplicar el texto. En tres años y medio ya de retrasos ha habido tiempo más que suficiente para la aprobación de leyes como la Ley de Educación Catalana y para ver las demandas del Estatut ya recogidas en la nueva financiación autonómica. Una situación que ha llevado a algunos a añorar ese recurso previo que permitía, al menos, tener el dictamen del TC antes de que la ley recurrida se hiciera, en la práctica, realidad.

El Gobierno lo descarta aunque se proponga desde el PSOE
El PP ha venido hablando del recurso previo desde la anterior legislatura. Ya en su batería de propuestas para la Justicia para las elecciones de 2008 incluían la posibilidad de introducirlo para los estatutos autonómicos, a fin de evitar situaciones como estas. Y ahora, cuando suena con más fuerza la posibilidad de que llegue el fallo y se acentúan las presiones sobre los magistrados, los populares llevaron la posibilidad de reincorporar el recurso previo al Congreso. El debate en la Comisión Constitucional del pasado 3 de diciembre habló del asunto y, sorprendentemente, un veterano socialista como Txiqui Benegas afirmó que dentro de su partido están dispuestos a estudiarlo "a la vista de lo que está sucediendo" con el Estatuto de Cataluña y "resolver el problema que se plantea en la práctica política de que un Tribunal se tenga que pronunciar sobre un Estatuto que ya ha sido refrendado por los ciudadanos".

Pronto se vio que no es esa la posición predominante en el grupo socialista: José Antonio Alonso se apresuró a corregirle, diciendo que se trataba de una reflexión “personal” y María Teresa Fernández de la Vega sentenció que no está en los planes del Gobierno recuperar esa “figura jurídica”.

Aunque el asunto es mucho más complejo, muchos se preguntan si no habría sido todo más fácil si siguiera en vigor un recurso previo que hubiera detenido la implantación de un Estatuto que supone, en la práctica, la modificación de la Constitución de todos. La clave ahora, en cualquier caso, sigue estando en una decisión judicial que casi cuatro años después sigue sin llegar. El debate, en este caso, ha llegado tarde.