España, condenada por no aplicar la norma contra la financiación del terrorismo

Otro nuevo logro negativo que conseguimos gracias a Zapatero y sus acólitos inútiles...

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por ser el único país que no aplica la normativa contra la financiación del terrorismo, como ya informó LD. La directiva se aprobó en el año 2006, pero Zapatero no la acató y el Ejecutivo español fue denunciado el pasado Enero.

Se trata de una directiva comunitaria de 2006, que desarrollaba la definición de "personas del medio político", los criterios técnicos a seguir en los procedimientos de diligencia debida al cliente y la exención en caso de limitada actividad financiera.Según ese texto, son "personas del medio político" aquellas a las que se les confían funciones públicas importantes, sus familiares más próximos y otras personas reconocidas como allegados a ellas.

La norma controvertida establece cómo ha de aplicarse a estas personas otra directiva de 2005 sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.Los Estados miembros debían tomar las medidas pertinentes para la entrada en vigor de la norma como muy tarde el 15 de diciembre de 2007 y comunicar a la Comisión Europea (CE) las disposiciones adoptadas.

Pero, según recuerda en su sentencia el Tribunal de Justicia, España aún no lo había hecho en junio de 2008, lo que motivó al Ejecutivo comunitario a llevar el caso ante la corte luxemburguesa.En su argumentación ante el Tribunal, las autoridades españolas aseguraron que el proceso legislativo destinado a garantizar la adaptación del Derecho nacional a la citada norma estaba a punto de terminar.

Pero el Tribunal deja claro que la existencia de un incumplimiento se determina en función de la situación al final del plazo fijado y subraya que "los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta".

Concluye que cuando expiró el último plazo establecido por la CE aún no se habían adoptado todas las medidas destinadas a garantizar la transposición efectiva de la norma comunitaria y, por ello, considera fundado el recurso del Ejecutivo de la UE y decide condenar a España.