La campaña de acoso contra el ex presidente José María Aznar que el PSOE, su entorno y medios afines comenzaron con la tragedia del «Prestige» y acentuaron con motivo de la intervención en Irak ha tenido distintos episodios y siempre se ha encontrado con el mismo muro de contención: el desmentido categórico y directo del afectado y, en los casos en los que se ha intentado emponzoñar su nombre por la vía judicial, el archivo de las acciones emprendidas en su contra.
Se le acusó del robo de documentos secretos, se le intentó relacionar con un golpe de Estado en Guinea... y hasta se dijo que había comprado con dinero público una medalla del Congreso de EE UU que nunca le ha sido concedida. Ayer, sobre esto último, se pronunció la Justicia a cuenta de una querella que el abogado José Luis Mazón presentó en diciembre de 2005 en la que denunciaba el gasto de 2,3 millones de euros efectuado por la Administración española para el pago de abogados americanos para la concesión de la citada condecoración.
El juez de Instrucción número 23 de Madrid, David Mamán, ha archivado las diligencias abiertas al no apreciar «existencia de indicio alguno de responsabilidad criminal», así como de «ningún» delito de malversación y de falsedad. En el auto afirma que la concesión de la Medalla de Oro del Congreso americano suponía en esos momentos «un beneficio diplomático» y «una vía presencial en Estados Unidos».
La postura del juez coincide con el criterio de la Fiscalía de Madrid, que pidió el archivo de la querella al considerar que la acusación contra el ex presidente por malversar dinero público y falsedad de facturas no estaba «clara» por «la absoluta falta de concreción» de los hechos denunciados, unido a la «sospecha de la existencia de intereses espurios», tal y como sostuvo en una providencia el fiscal adscrito al caso, Luis Ibáñez, informa Ep. En desacuerdo con la decisión del juez, Mazón interpuso ayer por la mañana un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el archivo de la causa.
«Vía presencial» en EE UU
El magistrado, por su parte, subraya en el auto que «difícilmente se puede deslindar el gasto [que se denuncia en la querella] de su contenido político» y añade que «no puede dudarse el beneficio diplomático» que se obtenía por el hecho de que en esos momentos Aznar obtuviese el reconocimiento del Congreso de Estados Unidos.
Pese a que señala que el gasto fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, el titular del Juzgado número 23 reconoce que «no se ha contrastado oficialmente el documento de contratación de los abogados» norteamericanos.
Sin embargo, destaca que «el otorgamiento de la medalla en cuestión se enmarcaba por tanto dentro del plan aprobado por el Consejo de Ministros, y desde luego suponía una vía presencial en Estados Unidos».
Esta resolución judicial se conoce en coincidencia con la decisión del PSOE, en su momento más crítico por la evolución del «proceso», de recuperar la campaña de acoso contra Aznar y contra el Partido Popular bajo la pancarta del «No a la guerra», aprovechando el cuarto aniversario del inicio de la intervención militar en el país mesopotámico.
viernes, marzo 23, 2007
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